Usted lee esto sabiendo el final de la historia: el ganador o ganadores de la primera vuelta presidencial en Colombia. Pero aquí no importa el desenlace o la trama de los «protagonistas», importa el ambiente en el que se mueven quienes votarán o, en su caso, ya votaron. Y para empezar no hay mejor camino que el paro armado realizado por el Clan del Golfo —estructura criminal dedicada al narcotráfico mayoritariamente— entre el 5 y el 9 de mayo de este año. Entre las cifras importantes del paro están los 24 homicidios —aunque abundan en las redes sociales imágenes de ejecuciones sin confirmar— y, aproximadamente, 200 vehículos fueron incinerados para bloquear carreteras. Por cinco días, 11 departamentos del país estuvieron detenidos: la gente no podía comprar alimentos por el cierre de establecimientos —abrirlos era sentencia—, no se pudo trabajar y el Ejército Nacional de Colombia brilló, como el sol de mediodía más punzante que recuerden en la nuca, por su ausencia. Se supo de algunos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la Policía, y de patrullajes nocturnos del grupo armado ilegal con miembros de la fuerza pública. Solo hasta el 8 de mayo se activó un plan por parte del Ejército. El presidente, Iván Duque, no estaba en el país al inicio de todo, estaba en Costa Rica, y tampoco apresuró su regreso.

El paro armado inició porque Duque extraditó a los Estados Unidos a Dairo Antonio Úsaga, alias «Otoniel», máximo líder del Clan del Golfo. El Consejo de Estado había detenido la extradición de Otoniel ya que tenía que responder primero ante la justicia colombiana. Al final, y con una jugada jurídica, se realizó la extradición y ocurrió el paro armado. Otoniel alcanzó a dar una lista de 64 políticos, funcionarios e instituciones vinculadas con grupos paramilitares. Allí está Ecopetrol —empresa pública petrolera—, dos universidades —Sergio Arboleda y de Cartagena— y un candidato presidencial, Luis Pérez.

Durante el paro, la élite política del departamento de Córdoba asistió el 7 de mayo a una lujosa boda en el Club Campestre de Montería. Hasta ese momento no se tenía noticia de que el paro armado aplicaba según el bolsillo. Ni siquiera el fútbol tuvo esas prerrogativas: Independiente Medellín no viajó a la misma ciudad del club campestre para enfrentarse a Jaguares de Córdoba, temieron por la seguridad del equipo. No obstante, Jaguares saltó al campo y la Dimayor —ente encargado del torneo— no suspendió el partido.

El paro golpeó una economía tendida en la lona: la inflación del 2022 es casi cinco veces mayor a la del 2021 en el mismo periodo. Se trata de un problema global que el Gobierno colombiano no ha sabido atender de manera rápida y profunda. Expertos consideran que es el momento para apoyar al campo de Colombia y fortalecer la industria de productos necesarios para el cultivo, ya que la reducción de los aranceles a estos no es suficiente. Se estima que la inflación rondará el 10% durante todo el año.

Duque, que termina su mandato el 7 de agosto, ha visto como Estados Unidos flexibiliza sus relaciones con Cuba y Venezuela. Por Ucrania, petróleo o las razones que consideren, la apuesta de Washington incomodó a un gobierno que siempre quiso distanciarse de esos dos países latinoamericanos, y llegó al poder con la marca de no convertirnos en Venezuela. Lo curioso es que la presión sobre la prensa independiente y el manejo de los entes de control se hicieron más «venezolanos» con Duque: siempre han actuado de manera conveniente para el mandatario. Como ejemplo está la intromisión política del general de las fuerzas militares, Eduardo Enrique Zapateiro, quien no tuvo sanciones por entrometerse en la contienda electoral contra el candidato Gustavo Petro —algo que merece sanción de la Procuraduría—. Zapaterio también fue uno de los grandes ausentes durante el paro armado; frecuente invitado del canal RCN que no apareció en cámara durante esos días. La Procuraduría sí suspendió a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por participar en política a favor de Petro. Como el paro armado, la procuradora Margarita Cabello es selectiva.

Seguramente hay más hechos que podrían incluirse aquí, como la confirmación de que en algunos municipios no se podrá votar por orden del Clan del Golfo, pero esa trama no podrá seguirse desde el pasado. Yo votaré en Ciudad de México, preocupado por un país que en el último año vio cómo empeoraron las relaciones de los ciudadanos con sus instituciones, cómo la corrupción y la violencia ganaron terreno, cómo algunos medios se convirtieron en cómplices del Gobierno y cómo la gente aspira a tomar otro camino político.