En la novela gráfica Watchmen de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, los héroes enmascarados son prohibidos por el gobierno de los Estados Unidos luego de fuertes protestas en las que se repite una y otra vez la frase: «Who Watches the Watchmen?» (¿Quién vigila a los vigilantes?). En Colombia, luego de un mes de protestas y cientos —miles muy seguramente— de videos, quejas, datos y afectados, la pregunta toma relevancia ante las actuaciones de la Policía Nacional de Colombia, actuaciones que han sido presentadas en otros medios internacionales como The Guardian, El País o el New York Times.

Según las cifras de la organización no gubernamental Temblores, con fecha del 21 de mayo, se han presentado 2,905 casos de violencia policial, 153 casos de uso de arma de fuego por parte de los policías contra los manifestantes o población civil, 1,264 detenciones arbitrarias y 43 casos de violencia homicida, por mencionar solo unos datos. De acuerdo con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch en América, al 21 de mayo se han podido confirmar 19 muertes relacionadas con las protestas, 18 manifestantes y un policía. Además, se han registrado en la plataforma Grita, también de la organización Temblores, 27 casos de abuso sexual por parte de la policía y una contra una agente en Cali, ciudad al occidente del país.

Es allí, en Cali, donde han sucedido varios casos que han sorprendido al país y al mundo entero. El 6 de mayo, un camión se detuvo cerca a uno de los bloqueos que están en la ciudad y hombres vestidos de civil descendieron con armas de fuego y empezaron a disparar a los manifestantes; fueron recibidos a tiros por la Policía Militar que estaba allí —por la militarización de la ciudad— y que se sorprendió por su aparición; luego se descubrió que eran policías en un supuesto operativo encubierto del que no se aclaró mucho. El 10 del mismo mes, hombres de civil dispararon contra la Minga —como se le conoce a la movilización indígena por la palabra que reúne varios significados entre los que están la protesta y la reivindicación—, hiriendo a 9 personas; la policía nada hizo para controlar a dichas personas —incluso hay videos donde algunos agentes están cerca de quienes disparan— y hasta el momento poco se sabe de ellas. El 21, fue captado en video cómo un grupo de personas que se movilizaban en una camioneta blanca —las que prefieren para transportarse los hombres de civil que disparan a quienes protestan, y que suelen poner matrículas falsas al vehículo—, estaban intentando derribar un poste de luz para acusar de los daños a los manifestantes. Ese mismo día, se denunció que, en las instalaciones de un hipermercado de la cadena Éxito, la policía retuvo y torturó a jóvenes capturados el día anterior; en el parqueadero del establecimiento se encontraron manchas de sangre, los vecinos escucharon gritos en las noches y miembros de las organizaciones encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos no pudieron ingresar al lugar; posteriormente, la Defensoría del Pueblo dio un parte de tranquilidad ya que ingresó y no encontró nada, pero tampoco se dio respuesta a por qué no se pudo entrar antes y de dónde provenían los gritos escuchados por los vecinos.

Para agravar más la situación, en el Río Cauca han aparecido varios cuerpos de jóvenes y se tiene un listado de 378 desaparecidos durante las protestas. En un video publicado el 17 de mayo por Human Rights International, se ve como la fuerza pública ha usado ambulancias para transportar armamento en Pereira. La policía tampoco ha entregado un listado consolidado de detenidos pese a que ya hay fallos judiciales que le ordenan hacerlo. Como cereza en el pastel, varias misiones médicas han asegurado que las autoridades policiales no les permiten atender heridos de los manifestantes o acercarse a los lugares de conflicto.

Ante la poca intervención de parte de las entidades gubernamentales, los colombianos han buscado llamar la atención de gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias. Amnistía Internacional ya solicitó que Estados Unidos cese la venta a Colombia de armas utilizadas para reprimir la protesta. Desde el congreso del mismo país, ya se está hablando de retirar el apoyo que se le brinda al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía colombiana.

En el momento que se escribe este artículo, los acercamientos entre el gobierno y los representantes del paro han avanzado poco. Entre los puntos que se han tocado está garantizar el libre derecho a la protesta y retirar al ejército de las ciudades. También piden a la fiscalía que investigue con un grupo especial los hechos ocurridos desde el 28 de abril que empezaron las movilizaciones.

La duda que me surge es qué métodos se tomarán en lo que resta de esta presidencia y la que inicie en 2022 para que la población vuelva a confiar en la policía.