La vida en la Tierra está amenazada. Conocemos los problemas y disponemos de todos los conocimientos científicos necesarios para detener esta evolución desastrosa. Sin embargo, los avances son muy, muy lentos. ¿Por qué? La primera alarma llegó hace cincuenta años con el Informe del Club de Roma y la primera Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Ciertamente, ha habido mucho escepticismo, pero hoy en día una gran mayoría de gobiernos y personas están convencidos de que debemos actuar urgentemente para salvarnos a nosotros mismos, a nuestros hijos y nietos, a todos los seres vivos.

Una posible solución reside en el necesario vínculo entre justicia medioambiental y justicia social. La gente no se moverá si no tiene la perspectiva de un mundo mejor con una vida digna para todos.

Entonces, ¿cómo promover una transición justa, que beneficie a los ocho mil millones de personas, que garantice la justicia para todos y promueva la paz? Justicia medioambiental y justicia social van de la mano, sí, pero ¿cómo concretarlo?

La dificultad está relacionada con la negativa de algunos a reconocer y aceptar la responsabilidad humana en el cambio climático, pero también con los numerosos dilemas que surgen al intentar proponer soluciones reales.

Al pensar en varias propuestas de «transición(es) justa(s)», se puede tener fácilmente la impresión de que muchos de los nuevos conceptos que se presentan no son más que reivindicaciones tradicionales a las que se ha añadido la etiqueta del cambio climático. En otras palabras, las reivindicaciones anticapitalistas tradicionales o las reivindicaciones sindicales, así como los valores familiares y comunitarios conservadores, se promueven ahora a causa del cambio climático. Esto puede estar justificado, ya que los cambios que necesitamos para preservar la vida en este planeta suponen sin duda una transformación fundamental de nuestra forma de vivir y trabajar. La cuestión es: ¿tenemos una estrategia?

Desde la perspectiva de la justicia social, hay buenos argumentos para pensar que el problema ecológico ofrece una excelente oportunidad para luchar contra la desigualdad y la pobreza y promover la protección social y los servicios públicos. Sin embargo, esto apenas ocurre. La autora de estas líneas lleva años abogando por dar la vuelta al razonamiento y, en lugar de repartir la carga de la transición ecológica, empezar por la protección social y, a partir de ahí, promover la justicia medioambiental.

En este artículo, quiero poner tres ejemplos para mostrar el dilema que se plantea con estas cuestiones: el trabajo, el des/poscrecimiento y el extractivismo.

Trabajo

En la mayoría de los discursos «fáciles» sobre la transición justa y el trabajo, el principal punto del orden del día, si no el único, es compensar a los trabajadores que puedan perder su empleo cuando se reorganicen las actividades económicas —pensemos en la industria de los combustibles fósiles o la minería— con nuevos puestos de trabajo en nuevos sectores y actividades sostenibles. Pero la transición justa puede ser mucho más.

Si partimos de la justicia social, podríamos reconsiderar la injusta organización actual del mercado laboral, el trabajo improductivo no remunerado, el sector informal, el trabajo de plataforma. También podríamos pensar en la democracia económica y la ciudadanía, dando voz a los trabajadores en sus empresas.

Ya se han realizado muchos trabajos académicos sobre este tema, pero estamos muy lejos de cualquier síntesis.

Como señala Dario Azzellini, aún no existe una definición común de lo que son los «empleos verdes». ¿Es lo mismo que el «trabajo decente» de la OIT? Si estamos de acuerdo en promover condiciones de trabajo más justas para todos, necesariamente hablamos ya de justicia medioambiental, puesto que se tratará de cuidar la salud de las personas y del planeta.

En su Manifiesto por la Democratización del Trabajo, los autores hablan principalmente de «reequilibrar el poder» entre los trabajadores, sus directores generales y los inversores de capital. Esto debería mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores y, a partir de ahí, debería ser más fácil convencer a la gente para que acepte los cambios y contribuya a los esfuerzos de mejora del medio ambiente.

De nuevo, esto va más allá de los «mercados laborales» y afecta a la transformación de toda la economía. Puede ser muy deseable, pero ¿de qué estrategia disponemos? Desde luego, los poseedores del capital no quieren que los trabajadores tengan voz en su toma de decisiones. Por supuesto, se podría pensar en cooperativas y «fábricas recuperadas», pero ¿fabricarán aviones y semiconductores? ¿Y cómo salvar la distancia con el trabajo de cuidados actualmente no remunerado? ¿Qué papel deben desempeñar los sindicatos? ¿Cómo garantizar los derechos económicos y sociales para todos?

Hoy en día, muchos trabajadores tienen miedo de los cambios a los que se enfrentarán debido a la transición ecológica. Temen perder su empleo, temen a los robots, temen que los inmigrantes se conviertan en competidores. Los trabajadores también están enfadados porque las instituciones que normalmente les protegen no lo han hecho en los últimos tiempos. Critican a los partidos políticos y a los sindicatos. Empezar por reforzar la legislación laboral, el trabajo de cuidados no remunerado y las promesas de un mejor equilibrio entre empleo y familia podría ser una estrategia útil para convencer a la gente de que espere la necesaria transición hacia la justicia medioambiental. Hablar de «transición justa» en el sector del trabajo y los mercados laborales va mucho más allá de estos mercados, empieza por mejorarlos para hacer factible la justicia medioambiental.

De/post/más allá del crecimiento

Las múltiples denominaciones que recibe el pensamiento «más allá» del crecimiento indican ya la dificultad de dar un nombre único a toda una serie de temas que el «movimiento de decrecimiento» quiere abordar, mucho más allá de la justicia medioambiental.

El decrecimiento sostenible, como afirman Dengler y Seebacher, no es lo mismo que el decrecimiento generalizado y la «transición justa» es mucho más que «compartir equitativamente la carga de la transición ecológica». Por el contrario, se trata de un esfuerzo interdisciplinar para analizar la «crisis multidimensional (económica, ecológica, de la democracia, del cuidado, de la desigualdad, de la militarización...) del sistema actual y la considera estrechamente vinculada al paradigma de crecimiento capitalista».

En otras palabras, especialmente en este sector el riesgo es real de que abogar por «otro sistema económico» más allá del crecimiento, se reduzca a un pensamiento anticapitalista, añadiéndole algo de ecología. Por eso las reivindicaciones de crecimiento cero o de decrecimiento no siempre son convincentes.

En el pensamiento «verde», se hace hincapié sobre todo en «ser en lugar de tener», más soberanía del tiempo, más convivialidad. Hoy, en 2023, es un hecho que muchos jóvenes rechazan la competencia feroz de los mercados laborales actuales y las concentraciones de consumo, aunque la idea de progreso sigue siendo válida. La mayoría de los jóvenes sí quieren familias estables y un mínimo de comodidad en la vivienda y la movilidad. Quieren, con razón, ordenadores y teléfonos móviles. La mayoría de ellos están convencidos de que todos deberíamos hacer un esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, te dirán que para muchos viajes se puede coger un tren en vez de un avión. Puede que estén de acuerdo en hacerse veganos y promover los productos alimentarios de cadena corta. Bien.

Sin embargo, los jóvenes también quieren una buena calidad de vida con comodidades materiales. Como hemos visto en los últimos treinta o cuarenta años, la perspectiva de «menos» no convence a la gente. Más «convivencia» y más «felicidad» pueden ser positivas, aunque siguen siendo muy vagas y abiertas a interpretaciones sesgadas. La gente no está dispuesta a dar un paso atrás en términos de bienestar, y menos en tiempos de crisis y de subida de los precios de la canasta básica. Además, las grandes mayorías del Sur, así como los pobres y la clase media baja del Norte, nunca han alcanzado un nivel de consumo que contribuya al «rebasamiento».

El decrecimiento sigue siendo un enfoque muy negativo de los problemas ecológicos y sociales. Puede que sea una «utopía concreta», que abarque una «gran visión de transformación hacia un sistema socialmente justo y respetuoso con el medio ambiente», pero en realidad es un «término pesimista para tal visión». Sin embargo, «el término ‘decrecimiento’ conlleva una crítica radical en su propio nombre. Para nosotros, la radicalidad inherente al término ‘decrecimiento’ es una ventaja», escriben Dengler y Seebacher.

Esto es problemático y, de nuevo, el planteamiento no funciona. Los más pobres no pueden y los más ricos no quieren dar un paso hacia la «convivencia» y la «felicidad» de forma voluntaria.

La gente quiere oír un mensaje fácil y positivo, una promesa de crear un mundo mejor para ellos.

Por eso puede ser más prometedor partir de la justicia social y de una perspectiva de vida mejor material y tangiblemente. Empezar por la vivienda: una inversión pública seria en viviendas respetuosas con el medio ambiente puede ayudar a los seres humanos y al planeta. Las políticas sanitarias preventivas pueden exigir el fin de algunos pesticidas tóxicos en la agricultura o del uso de sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo. Se puede ayudar a los start-up para actividades que promuevan la transición ecológica. Se puede desarrollar el transporte público. Hay miles de posibilidades para demostrar que no solo se puede llegar al ciudadano de a pie, sino también a las empresas transnacionales, con políticas sociales bien pensadas.

A partir de ahí y de este mensaje positivo, la justicia medioambiental está al alcance de la mano. ¿Requiere menos crecimiento? Creo que sí, pero será una consecuencia de las medidas de justicia social, no vendrá impuesta desde arriba porque «hay que hacerlo».

Extractivismo

La cuestión del extractivismo es probablemente la más difícil porque existe una clara contradicción entre las demandas de la sociedad y las necesidades económicas. La transición hacia la energía «verde», abandonando los combustibles fósiles, así como la digitalización de la economía, requieren enormes cantidades de minerales que distan mucho de ser sostenibles y que se enfrentan a una enorme resistencia.

En un estudio del Banco Mundial de 2020 se afirma que la industria minera ya consume hasta el 11% del uso mundial de energía y que el 70% se produce en regiones con estrés hídrico. Un futuro con bajas emisiones de carbono será muy intensivo en minerales y tendrá una gran huella material. Para los 17 minerales examinados, la demanda total acumulada hasta 2050 ascenderá a cientos de millones de toneladas. En el caso del litio, el cobalto y el grafito, la demanda aumentará hasta un 500%.

Un estudio de Acción Ecologista confirma esta tendencia y añade que no se pueden depositar demasiadas esperanzas en el reciclaje y la reutilización de materiales. Incluso en un modelo de decrecimiento, las necesidades de varios minerales son mayores que las reservas conocidas.

¿Cómo resolver esta contradicción? En este capítulo, sobre todo, queda claro que el modelo económico tendrá que cambiar, porque en todos los países, en el Norte y en el Sur, la resistencia al extractivismo es muy importante. El extractivismo tiene enormes costes sociales y ecológicos. El uso del hidrógeno no es una solución porque requiere energía para producirlo. Tampoco lo es la captura de carbono, porque es muy costosa con potenciales limitados.

La única respuesta en este caso es que el consumo global tendrá necesariamente que disminuir, que habrá que imponer normas muy estrictas para una extracción «limpia» y que quizá también tengamos que debatir el problema de la superpoblación. Pero, una vez más, ¿cómo hacerlo de forma socialmente equitativa? No es factible pedir a la gente del Sur y a la clase media baja del Norte que contribuyan. Solo puede hacerse mejorando primero las condiciones de vida de todos con medidas de ahorro energético cuidadosamente pensadas. Además, está claro que las autoridades tendrán que tomar algunas medidas impopulares para conseguir alternativas energéticas. Y los movimientos ecologistas tendrán que abandonar sus reivindicaciones para acabar con el extractivismo y las subvenciones para «ecologizar» algunas industrias. También necesitamos estudios más serios sobre lo que realmente necesitamos.

Conclusión

Habrá que tomar decisiones difíciles. Una transición «justa» no parece posible si las autoridades no asumen sus responsabilidades e implican a los ciudadanos y sus organizaciones en la planificación estratégica. La justicia social nunca puede ser consecuencia de un reparto cuidadoso y equitativo de las medidas ecológicas. Por el contrario, es una condición previa para hacer posible y deseable una transición ecológica. Exigir «cada vez menos» nunca funcionará. Una transición justa requiere democracia política y económica con derechos para todos y un mundo mejor en el horizonte.