La tranquilidad tiene hoy la textura de una interfaz. Se compra con un clic, se imprime en vouchers relucientes y se despliega en banners aeroportuarios donde parejas sonrientes atraviesan playas asiáticas o callejuelas europeas sin más inquietud que decidir qué vino pedir al anochecer. “Asistencia global”, “protección integral”, “viajá tranquilo”, “cobertura premium”: letanías publicitarias de un capitalismo que hace tiempo comprendió que el negocio ya no consiste solamente en vender bienes o servicios, sino sedantes emocionales contra el miedo, la fragilidad y el desamparo. Pocas mercancías condensan mejor esa mutación que los seguros y asistencias médicas al viajero –y, en otra escala, buena parte de los sistemas privados de salud–, allí donde la enfermedad deja de ser un derecho socialmente atendido para convertirse en un riesgo administrable según la capacidad de pago.

El viajero no recibe, al contratar, la póliza que regulará efectivamente sus derechos. Obtiene, en cambio, un certificado lustroso, un voucher de diseño amable, una credencial tranquilizadora apta para exhibir en migraciones o guardar en el teléfono como si se tratara de un salvoconducto sanitario global. Las condiciones reales suelen permanecer ocultas, encapsuladas en hipervínculos remotos, disponibles apenas bajo insistencia o sepultadas en cláusulas interminables que casi nadie conoce antes de enfermarse y que se descubren demasiado tarde, cuando la asistencia prometida comienza a evaporarse detrás de tecnicismos, exclusiones y, fundamentalmente, diagnósticos retrospectivos. Bajo esa estética pulida de la protección total se esconde una arquitectura contractual diseñada menos para asistir que para eludir; menos para cuidar que para encontrar, en la letra microscópica de las pólizas, la coartada perfecta para transformar el auxilio prometido en incumplimiento técnicamente justificado.

1. La abolición simbólica de la contingencia

El viajero compra la abolición simbólica de la contingencia. Compra la ilusión de que el cuerpo –esa máquina imprevisible, húmeda, envejecida y caprichosa– permanecerá subordinado al diseño prolijo del itinerario. El seguro no vende solamente atención médica: vende la fantasía de continuidad biográfica. La promesa de que ninguna fiebre, trombosis, bacteria, arritmia o insuficiencia respiratoria interrumpirá el flujo de vuelos, hoteles, fotografías y publicaciones felices en tiempo real. Hasta que, por caso, un pulmón decide recordar que existe.

La escena merece ser narrada lentamente porque contiene, en miniatura y en primera persona, buena parte de la pedagogía moral de nuestro tiempo: la transformación del padecimiento en sospecha, de la fragilidad en culpa y de la necesidad de auxilio en un expediente sometido a verificación contractual.

2. Cuando el cuerpo irrumpe fuera de protocolo

Montevideo. Finales de diciembre. Primeros síntomas respiratorios. Un certificado de cobertura emitido por Chubb –corporación tan omnipresente como desconocida para quien cree estar activando apenas un beneficio bancario –asociada meses atrás por el Banco Santander para usuarios de Visa Signature Black–, ofrecía poco más que un voucher automático obtenido al cargar fechas desde el celular y un teléfono en Estados Unidos para llamar desde el “resto del mundo”. Ningún número uruguayo. Ninguna derivación local. Ninguna lógica sanitaria reconocible. Solo una numeración internacional extraviada en el laberinto burocrático de las corporaciones globales.

Cuando el malestar comenzó a insinuarse detrás de un cuadro gripal todavía difuso, intenté averiguar por correo electrónico el mecanismo concreto para acceder a la asistencia prometida. La respuesta automática informó que las consultas serían atendidas únicamente en días y horarios laborables, franja temporal que, al parecer, virus y bacterias respiratorias deberían respetar con disciplina administrativa para no alterar los horarios de las empresas dedicadas al auxilio médico internacional.

Pero pareciera que ciertos deterioros físicos resultan algo inoportunos para las oficinas cerradas. Disnea. Sensación de asfixia. La respiración transformada en un trabajo agotador. Entonces comenzó el verdadero viaje: no por ciudades ni paisajes, sino por el interior administrativo del capitalismo financiero contemporáneo.

El número de emergencia estadounidense remitía a un menú general de Visa donde coexistían, con una serenidad casi humorística, opciones para pérdida de tarjetas, adelantos de efectivo o consultas comerciales mientras el cuerpo intentaba simplemente incorporar oxígeno (+1 (303) 967-1098: cualquier lector fuera de Estados Unidos puede comprobarlo). Hay algo obscenamente revelador en esa escena. El pasajero hiperventila mientras la máquina pregunta si desea bloquear un plástico extraviado.

Y acaso allí resida una de las claves de época: el capitalismo logró desarrollar sistemas extraordinariamente sofisticados para administrar operaciones financieras instantáneas, pero profundamente rudimentarios cuando la materia viva irrumpe fuera de protocolo. Mientras el dinero circula a velocidad instantánea, el cuerpo enfermo queda atrapado en bucles telefónicos, bots, formularios y derivaciones infinitas que, incluso cuando finalmente conducen a una opción de asistencia humana, suelen concluir del modo más contemporáneo posible: la llamada se interrumpe.

La cobertura existe, sobre todo, mientras no se la necesita. Tras horas de intentos fallidos desde distintos teléfonos, sean de línea o celulares, no hubo asistencia alguna. Ningún médico. Ninguna coordinación. Ninguna derivación. Ninguna llamada efectiva. Las comunicaciones se interrumpían invariablemente después de atravesar el catálogo completo de opciones financieras y alcanzar, finalmente, el menú destinado a la asistencia médica.

El “servicio premium internacional” terminó consistiendo en un taxi autogestionado hacia el Hospital de Clínicas, hospital público de la Universidad de la República (pública, gratuita y cogobernada), donde sí hubo oxigenoterapia, antibióticos, corticoides, laboratorio y radiografías; es decir, atención concreta, aunque no exenta de esperas, incomodidades e infraestructura precaria y sobredemandada. La paradoja resultaba difícil de ignorar: mientras el dispositivo financiero privado globalizado ofrecía menús automatizados y promesas abstractas de cobertura planetaria, la respuesta efectiva provenía de una institución pública sostenida colectivamente y muchas veces despreciada por quienes celebran la supuesta eficiencia superior de los mercados. Allí aparecía una de las contradicciones más reveladoras de época: cuanto más sofisticadas se vuelven las arquitecturas privadas de circulación financiera, más evidente parece su impotencia cuando la fragilidad biológica irrumpe sin turno previo. El cuerpo enfermo necesita tiempo, presencia, infraestructura, trabajo humano y decisión clínica. Necesita cuidados.

Y conviene evitar simplificaciones maniqueas. El problema no se resuelve invirtiendo mecánicamente el catecismo neoliberal si lo estatal carece de recursos, infraestructura o capacidad de respuesta. Existen hospitales públicos degradados hasta convertirse en verdaderos morideros, depósitos burocráticos del sufrimiento, y clínicas privadas de enorme excelencia, accesibles apenas para quienes pueden pagarla. Aunque también existen experiencias exactamente inversas: hospitales públicos de excelencia y clínicas ruinosas del circuito privado. Pero justamente por eso la discusión seria no debería girar alrededor de la dicotomía simplista entre Estado y mercado, sino en torno de una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando la protección sanitaria deja de organizarse como derecho colectivo y pasa a estructurarse, bajo cualquier forma de gestión, como administración financiera del riesgo?

No es este el momento de responder plenamente esa pregunta, sino apenas de dejarla formulada para otra ocasión. ¿Hasta dónde logró desplazarse Uruguay de esa lógica mediante la histórica reforma sanitaria impulsada en los albores del primer gobierno frenteamplista (2007), con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA) establecido por la Ley Nº 18.131?

Las pólizas ayudan a responder esa pregunta. Cuando finalmente se consiguen, porque rara vez acompañan la contratación inicial y suelen entregarse solo tras pedidos insistentes, trámites y demoras, permiten descubrir la otra cara del dispositivo. Detrás de las imágenes de viajeros felices emerge otra literatura: una prosa técnica, espectral y enrevesada donde proliferan expresiones como “evento súbito e imprevisible”, “estabilización”, “urgencia”, “asistencia primaria”, “continuación normal del viaje” o “preexistencia”.

Debo admitir que durante años utilicé servicios de este tipo sin mayores inconvenientes, tanto en Uruguay como en Europa o el Caribe, aunque siempre frente a síntomas menores propios o de mis parejas: gripes, anginas, videoconsultas o médicos a domicilio. Entonces respondían empresas como Universal Assistance o AXA, vinculadas a las prestaciones ofrecidas por el propio Banco Santander. Pero algo parece haber cambiado en la lógica empresarial del dispositivo. El banco cierra sucursales, acelera procesos de digitalización, terceriza servicios y reemplaza prestadores de asistencia –ahora Chubb– aunque ni siquiera resulte del todo claro dónde termina la responsabilidad de unos y comienza la de otros. Lo único inequívoco es otra cosa: sus balances continúan creciendo año tras año.

La reiteración de fórmulas, cláusulas y sintaxis resulta tan homogénea que deja de parecer casual. A partir de la experiencia comencé a revisar las condiciones generales de distintas compañías, y AXA, Assist Card, Europ Assistance, Omint, Pax, Universal Assistance y otras firmas reproducen, con variaciones menores, una misma arquitectura conceptual. Todas aclaran, de una u otra manera, que no brindan cobertura médica integral. Todas limitan sus obligaciones a cuadros agudos, súbitos o contingentes. Incorporan mecanismos de exclusión progresivamente expansivos y parecen diseñadas para que la cobertura retroceda exactamente en el momento en que la complejidad clínica comienza a aumentar.

Inclusive existen páginas web que se presentan como plataformas neutrales de comparación y asesoramiento entre servicios de asistencia al viajero, al punto de ofrecer rankings, recomendaciones y supuestas evaluaciones objetivas. Simulé interés, ingresé destinos y fechas posibles y el sistema recomendó exclusivamente dos programas de una empresa llamada “Assisto”, hasta entonces completamente desconocida para mí. Pregunté entonces de qué compañía se trataba y recién allí apareció la aclaración: la empresa recomendada pertenecía al mismo grupo que administraba la página supuestamente comparativa y neutral. La escena resulta casi pedagógica. Incluso los dispositivos destinados a orientar al consumidor parecen organizados bajo la misma lógica circular de opacidad, autopromoción y simulación de independencia que atraviesa buena parte del mercado contemporáneo de asistencias médicas en viaje. La experiencia puede comprobarse fácilmente en múltiples plataformas.

3. La metafísica de la preexistencia

Y allí emerge la verdadera estrella filosófica del sistema: la “preexistencia”, noción utilizada incluso por muchos sistemas privados nacionales para restringir o eludir coberturas. No se trata de una novedad reciente. Mi madre ya lo había padecido décadas atrás en la hoy fundida prepaga del Hospital Francés. La palabra resulta extraordinaria porque, bajo su apariencia técnica y burocrática, encierra una inversión moral gigantesca. Toda vida humana está hecha de preexistencias: cicatrices, predisposiciones, genética, envejecimiento, memorias fisiológicas, procesos silenciosos, inflamaciones latentes, pequeñas anomalías acumuladas durante décadas. El cuerpo no despierta cada mañana como una hoja clínica en blanco. Arrastra historias. Y, sin embargo, las aseguradoras transforman esa historicidad inevitable del organismo en fundamento potencial de exclusión contractual.

Las definiciones contractuales de “preexistencia” son tan amplias que bordean lo metafísico. Incluyen enfermedades diagnosticadas, procesos latentes, síntomas previos, predisposiciones, patologías silenciosas o etiologías anteriores al viaje aunque recién se manifiesten durante él. Es decir: casi cualquier episodio grave puede ser reconducido retrospectivamente hacia algo que el sujeto “ya traía consigo”. Y entonces ocurre la operación decisiva. La contingencia deja de pertenecer al viaje para volver a pertenecer al individuo.

La empresa no niega frontalmente la cobertura. Hace algo más sofisticado: promete amplitud ex ante y restringe interpretativamente ex post. No dice “no cubrimos”, sino: “cubrimos, salvo que el origen profundo del episodio ya estuviera en usted”. Y así la biografía termina convertida en culpa actuarial.

Más notable aún resulta que muchas compañías ni siquiera entreguen la póliza completa antes de contratar. Primero se paga; después, y solo mediante trámites insistentes y engorrosos, se accede al entramado definitivo de exclusiones. Aún hoy no tengo la póliza completa de mi propia desatención por parte de Chubb. Tampoco realizan evaluación médica alguna. Venden a un clic y luego aplican cláusulas que la víctima desconoce. No investigan, no advierten ni formulan objeciones antes de cobrar. Pero conservan amplias facultades para reinterpretar retrospectivamente la causalidad del cuadro clínico. El sistema parece diseñado no tanto para cubrir riesgos complejos como para administrar financieramente la denegación.

4. La privatización de la irresponsabilidad

Y acaso lo más perturbador no sea siquiera la eventual exclusión, sino la disolución misma de la responsabilidad. Durante la crisis respiratoria aparecían nombres corporativos superpuestos –Visa, Chubb, AXA– que coexistían operativamente mientras desplazaban mutuamente cualquier obligación concreta. El certificado pertenecía a Chubb. El teléfono remitía a Visa internacional. El WhatsApp respondía desde AXA, aunque luego aclaraba que la cobertura correspondía a compras realizadas con American Express, modalidad que efectivamente había utilizado durante años, salvo en esta última oportunidad, cuando una teleasistente del Banco Santander recomendó utilizar Visa. Todo parecía diseñado para que la responsabilidad circulara indefinidamente entre marcas, plataformas y prestadores tercerizados sin terminar de alojarse nunca en ninguna estructura identificable. Bots, menús automáticos, supervisores tardíos, sistemas de tickets, formularios digitales y derivaciones infinitas componían así una maquinaria de anonimización donde nadie respondía plenamente porque todos participaban parcialmente.

El capitalismo contemporáneo perfeccionó no solo la privatización del cuidado, sino también la anonimización de la irresponsabilidad. Y tal vez allí resida una de sus mutaciones históricas más profundas. Ya no vivimos únicamente en mercados que venden mercancías. Vivimos dentro de arquitecturas empresariales que comercializan simulaciones de seguridad mientras tercerizan sistemáticamente la contingencia real hacia los individuos, los sistemas públicos o el azar biológico.

La cobertura funciona impecablemente mientras el cuerpo permanece hipotético. Pero cuando la respiración se vuelve urgente, cuando la madrugada exige oxígeno y no slogans, la retórica premium suele evaporarse con sorprendente rapidez. Entonces reaparece, desnuda, la pregunta que las campañas publicitarias intentan anestesiar: quién cuida realmente a quién cuando la fragilidad humana deja de ser una variable estadística y comienza a amenazar la rentabilidad prevista.

5. La rentabilidad de abandonar

Y detrás de toda esta arquitectura emerge otra figura particularmente reveladora de época: el abogado corporativo especializado en transformar la fragilidad humana en tecnicismo defensivo. Ya no el viejo jurista solemne de bibliotecas silenciosas y códigos subrayados, sino operadores del desgaste, expertos en dilación y administradores profesionales del agotamiento ajeno. Su tarea no consiste necesariamente en demostrar que la empresa tiene razón, sino en volver tan extenuante el recorrido del reclamante que la propia persistencia termine funcionando como mecanismo de selección. En el caso de Chubb eligió para la función al Estudio López Saavedra & Villaroel quien envió a la mediación a la joven letrada María Paula Landaburú Sassone para ejercitar ese oficio.

Porque el sistema no funciona solamente gracias a cláusulas ambiguas. Funciona también mediante un ecosistema jurídico diseñado para desalentar la persistencia del reclamante. En los expedientes aparecen entonces escenas de una densidad moral perturbadora: jubilados, adultos mayores y pacientes obligados a demostrar que ignoraban enfermedades que jamás supieron que tenían. Empresas que venden “tranquilidad global” y luego despliegan verdaderos dispositivos hermenéuticos para reinterpretar retrospectivamente cualquier síntoma como expresión de una condición previa. Demandadas que, aun cuando sus propias pólizas exigen dictámenes específicos de sus departamentos médicos, rechazan coberturas sin siquiera producirlos.

Los fallos judiciales más rigurosos comienzan lentamente a reconocer el mecanismo. La Cámara Comercial argentina sostuvo recientemente que estas cláusulas de “preexistencia”, redactadas de manera expansiva y unilateral, desnaturalizan la finalidad misma del contrato y convierten la exclusión en regla general. Más aún: señaló algo particularmente revelador. La reiterada inclusión de expresiones como “conocidas o no por el titular” permite a las empresas liberarse de responsabilidad incluso frente a enfermedades asintomáticas o ignoradas por el propio viajero.

Es decir: el consumidor debería probar no solo que no padecía determinada enfermedad, sino incluso que desconocía procesos biológicos silenciosos que ocurrían dentro de su propio cuerpo. Una verdadera prueba diabólica. Y no se trata de una exageración retórica: la propia jurisprudencia utiliza esa expresión.

Efectivamente, padezco EPOC desde hace décadas, consecuencia de años de tabaquismo compulsivo, patología que afecta aproximadamente al 15% de la población argentina en registros oficiales, sin contar el enorme subdiagnóstico existente ni la exposición histórica de millones de fumadores pasivos. Pero el EPOC no produce por sí mismo crisis respiratorias severas en ausencia de infecciones pulmonares agudas. Superar aquella emergencia requirió varias consultas en el Hospital de Clínicas, cambios sucesivos de antibióticos e inhaladores y un par de semanas hasta recuperar cierta normalidad respiratoria. Nadie reclamó tratamientos extraordinarios: solo atravesar una urgencia concreta que finalmente la asistencia pública sí logró resolver.

Hay algo casi teológico en esta mecánica. Como si el viajero debiera responder no solo por lo que sabe de sí mismo, sino también por aquello que todavía ignora que habita en él. El cuerpo transformado en territorio bajo sospecha actuarial permanente. Jamás oculté información alguna porque el objetivo de toda consulta médica es precisamente la cura, y para ello resulta indispensable ofrecer el máximo de información veraz. Exactamente lo contrario de lo que hacen muchas empresas: convertir esa misma sinceridad clínica en argumento defensivo contra quienes contrataron protección.

Los jueces comienzan además a advertir otro aspecto decisivo: si las empresas consideran determinante la existencia de enfermedades previas, deberían entonces indagar seriamente el estado de salud antes de contratar y no reservar esa pesquisa únicamente para el momento en que aparece un siniestro costoso. La ausencia de controles previos, declaraciones juradas o auditorías médicas ex ante difícilmente parezca casual. Forma parte de la propia racionalidad comercial del sistema. Porque preguntar demasiado antes de vender obstaculiza el negocio. Mucho más rentable resulta vender rápido y reinterpretar después.

Y allí reaparecen los abogados carroñeros del sistema, atentos a cada ambigüedad contractual como aves entrenadas para detectar fatiga económica y emocional. No necesitan necesariamente ganar todas las causas. Muchas veces les basta con prolongar discusiones, multiplicar exigencias documentales y apostar a que el tiempo haga el resto. El objetivo profundo no siempre consiste en demostrar jurídicamente la razón, sino en volver antieconómica la persistencia del damnificado. Para eso se forman profesionales en enseñaderos privados como el caso de la abogada de Chubb.

Por eso muchos expedientes revelan una coreografía repetida: pedidos interminables de documentación; cuestionamientos ex post; exigencias probatorias imposibles; reinterpretaciones médicas tardías; auditorías inexistentes; y silencios administrativos prolongados. En un fallo particularmente revelador contra Universal Assistance, la justicia observó que la empresa había dejado transcurrir meses enteros sin explicar siquiera el motivo concreto del rechazo de cobertura, mientras la usuaria era perseguida por cobradores estadounidenses debido a una deuda hospitalaria que debía asumir para no quedar registrada como morosa. La escena parece escrita por Franz Kafka con asesoramiento de un estudio jurídico internacional.

Y sin embargo, incluso frente a estas prácticas, las empresas suelen presentarse judicialmente como víctimas de consumidores oportunistas que “pretenden transformar un servicio de asistencia en un seguro médico integral”. La formulación merece ser observada con atención porque allí se condensa la lógica entera del dispositivo. La publicidad vende exactamente esa expectativa de integralidad; luego el litigio se encarga de desmontarla, cláusula por cláusula, con precisión casi quirúrgica.

En realidad, buena parte del negocio parece descansar sobre esa oscilación permanente entre amplitud comercial y restricción contractual: prometer mucho, cubrir poco y discutirlo todo. Mientras tanto, el viajero envejece, se enferma, se angustia o directamente abandona el reclamo agotado por el desgaste burocrático. Allí radica, quizás, la eficacia más silenciosa del sistema: no necesita derrotar jurídicamente a todos los consumidores; le basta con administrar estadísticamente el desaliento.

Y quizás por eso la jurisprudencia más lúcida comienza a comprender que el problema excede el mero incumplimiento individual. Algunos tribunales ya hablan abiertamente de cláusulas abusivas, inversión ilegítima de la carga probatoria y afectación estructural de derechos de consumidores hipervulnerables, particularmente adultos mayores, precisamente quienes más suelen necesitar aquello que el mercado promete con entusiasmo y discute luego con ferocidad.

Porque cuando una empresa comercializa protección sanitaria global mientras diseña simultáneamente mecanismos expansivos para negar cobertura, ya no estamos simplemente ante una discusión técnica sobre contratos. Estamos frente a una forma contemporánea de organización de la incertidumbre donde el mercado privatiza ganancias, socializa angustias y devuelve finalmente el riesgo hacia el cuerpo solitario del individuo.

Y ni siquiera se trataba de costos hospitalarios extraordinarios. La emergencia respiratoria había sido absorbida íntegramente por el Hospital de Clínicas de Montevideo. Lo discutido posteriormente eran apenas medicamentos e inhaladores de valor insignificante frente a los balances multimillonarios de las corporaciones involucradas. Y quizá precisamente allí aparezca la dimensión más reveladora del mecanismo: no se rechaza únicamente lo costoso. Se rechaza, sobre todo, aquello que el sistema considera rentable rechazar.

En tiempos donde hasta la tranquilidad cotiza en mercados globales, millones de viajeros siguen comprando la ilusión de que alguien responderá cuando el cuerpo falle lejos de casa. Pero tal vez la verdadera asistencia que brindan ciertas corporaciones consista en otra cosa: acompañar cordialmente al consumidor hasta el instante exacto en que la rentabilidad aconseja abandonarlo. Y entonces sí, entre logos relucientes y promesas evaporables, el viajero descubre que nombres como Chubb, AXA y Visa no conformaban exactamente una red internacional de protección, sino una sofisticada arquitectura transnacional diseñada para funcionar mientras nadie la necesita.

Y cuando finalmente se accede a las condiciones generales –no las de Chubb en mi caso, porque siguen ocultas, sino las que logré investigar de otras compañías– se comprende por qué esa vaguedad resulta tan funcional. La definición contractual de “preexistencia” suele ser extraordinariamente expansiva: incluye no solo enfermedades previamente diagnosticadas, sino cualquier proceso fisiopatológico cuyo “origen o etiología” pueda considerarse anterior al viaje, incluso si la manifestación clínica ocurre recién después. La cláusula termina funcionando así como una máquina retrospectiva de reinterpretación infinita. En términos prácticos, eso significa que la compañía se reserva la facultad de reconducir casi cualquier episodio médico relevante hacia una condición previa potencialmente excluyente.

El problema excede largamente a las aseguradoras de viaje. El capitalismo contemporáneo no solo produce desigualdad en el acceso a bienes materiales, patrimonios o consumos suntuarios. Produce además una estratificación cada vez más brutal alrededor de derechos que las democracias modernas proclamaron universales. La salud ocupa allí un lugar central. Formalmente reconocida como derecho humano básico, en la práctica aparece crecientemente subordinada a la capacidad de pago, al tipo de cobertura, a la posición contractual y a complejas arquitecturas privadas de selección del riesgo.

Ya no se desiguala únicamente la calidad de vida en función del acceso a la riqueza, sino también su duración, estadísticamente expresada bajo el nombre de expectativa de vida. Allí reside una de las grandes mutaciones silenciosas de época: el lenguaje de los derechos permanece, pero la materialidad efectiva de su ejercicio se fragmenta, terceriza y mercantiliza. El ciudadano deviene cliente; el paciente, usuario; el cuidado, prestación condicionada; y la vulnerabilidad biológica, variable actuarial.

Tal vez allí resida la verdadera “preexistencia” del sistema. No en los cuerpos fatigados, envejecidos o atravesados por historias clínicas inevitables, sino en una racionalidad económica previa, persistente y omnipresente que antecede a cualquier contrato, diagnóstico o viaje: la necesidad de preservar la rentabilidad incluso allí donde comienza la fragilidad humana. La verdadera condición preexistente no habita en el cuerpo del viajero. Habita en el sistema que transforma el cuidado en mercancía y la enfermedad en amenaza financiera. Su nombre no es EPOC, insuficiencia respiratoria ni patología latente.

Su nombre es plusvalía.