Sin duda, la inseguridad es el principal problema que enfrenta México. Más allá de los procesos democráticos, cambios demográficos y transformaciones hegemónicas, la incapacidad de darnos un país seguro, donde la impunidad no sea la norma, es el mayor dilema y obstáculo del siglo XXI mexicano. Cuestiones como crecimiento económico, combate a la corrupción, democracia y desarrollo humano encuentran en la violencia descontrolada e impunidad que sufrimos desde hace años.

El narcotráfico y el crimen organizado son fenómenos con profundas raíces en la estructura social y política de México. Suponer que es un problema sencillo y monocausal es ridículo y un atrevimiento en el que solo caen los ignorantes no culposos y los propagandistas. Estos últimos simplifican intencionalmente todo tema abandonando todo matiz con la intención de defender los intereses de un grupo social. Pero cualquier discusión seria de este problema debe reconocer la complejidad del mismo y cuyas causas son diferentes, variadas y compatibles.

En México la impunidad no es un accidente o error; es por diseño. Nuestra vida política y social gira en torno a la posibilidad de romper la ley sin consecuencias. La impunidad permitió a un político, gobernante y burócrata premiar a sus leales y fieles como una herramienta del ejercicio del Poder. Desde el presidente de la república hasta el más humilde de los servidores públicos se benefician de la impunidad de la posibilidad de hacer para ellos el papel de jueces, legisladores y fiscales; de volverse los líderes tribales sin límites. Y la impunidad tiene siempre ciudadanos dispuestos a convertir su dinero y posición social en privilegio que comprar.

El Estado y la sociedad mexicana necesitan para funcionar la impunidad. Es por eso que no hemos visto esfuerzos serios y completos para combatirla. Una reforma aquí, un cambio acá; todo parcial, todo superficial sin llegar a tocar el problema real. En México la ley y su aplicación no son como la lluvia que cae sobre lo justo y lo injusto, sino el chorro de una manguera que de modo preciso riega a algunos y ahoga a otros. Hoy, como hace 20, 30 y 70 años, la estructura de nuestro sistema político, judicial y jurídico gira en torno a la impunidad. El infame Arturo “el negro” Durazo Moreno es la encarnación de este periodo en la historia nacional.

Durante muchos años, la impunidad no generó violencia criminal ni inseguridad como la que vivimos hoy. La dictadura del partido hegemónico del PRI controló al país. El Estado Priista estaba en todos lados, su presencia monopólica en todos los aspectos y espacios del país garantizando con su presencia opresora la pax priista. El Estado ejercía el monopolio legal e ilegal de la fuerza.

El narcotráfico se originó en estos años, con figuras como Ignacia "Nacha" Jasso en Ciudad Juárez, con la intención de introducir ilegalmente a EU sustancias prohibidas como heroína, morfina, marihuana, opio y cáñamo. Este primer narcotráfico era permitido y controlado por el Estado. Existía bajo la sombra que la impunidad oficial le permitía, haciendo que sus nagancias fluyeran hacia burocratas y jefes políticos. Existía el consenso “dejar pasar la droga, que no se note y, de vez en cuando, entregar drogas y personas para hacer ver que combaten el narcotráfico”. Durante esos años el flujo de drogas ilegales a EU era sobre todo por el Caribe y Miami; así que México era un eslabón secundario. Era el equilibrio perfecto.

El equilibrio se rompió en la década de los noventa, cuando tres fenómenos transformaron el mapa de seguridad en México. En primer lugar, la democratización de México y el paso de un sistema de partido hegemónico a una partidocracia hicieron que el Estado mexicano dejara espacios y huecos en su control. El monolótico monopólico se comenzó a quebrar y entre las grietas nuevos poderes comenzaron a emerger. En segundo lugar, el gobierno americano, encabezado por Bill Clinton, logró cerrar el tráfico de drogas por Miami, provocando que los carteles colombianos tuvieran que buscar nuevas rutas. Por último, en el 2004 se levantó a nivel federal en Estados Unidos la prohibición a la comercialización y portación de rifles de asalto.

Así en pocos años México se presentó como el escenario perfecto para el tráfico de drogas: armas, dinero e impunidad. Ni Satanás había podido construir un pandemonium de este tipo. Armas, dinero, una gran oportunidad de negocio, Estados ausentes en un contexto de impunidad.Los carteles de las drogas comenzaron a crecer; su violencia, asesinatos y ataques llegaban a los medios de comunicación. Los siguientes años el Estado mexicano comenzó a ser infiltrado, el viejo acuerdo no funcionaba más y la lógica que se impuso fue “plata o plomo”.

En ese contexto, el 10 de diciembre de 2006, el rookie presidente Felipe Calderón cometió uno de los errores políticos más dañinos en la historia reciente de México, declaró una ofensiva total contra todo cártel de la droga en México con las fuerzas armadas, dando oficialmente inicio a la guerra contra el narcotráfico. La impunidad es institucional en México, encarnada entre otras en las fiscales (antes procuradurías de justicia), jueces, penales y fuerzas policiacas, pero Calderón, dominado por la hibris, solo lanza al ejército y la marina. Hamartía dirían los antiguos que pagamos todos.

El ejército y la marina mexicanos mostraron su verdadero rostro, ineficiencia ante el crimen organizado y el de una máquina de violación de derechos humanos. No solo no detuvo a los carteles de las drogas, estos se fortalecieron, quemaron el país, arruinando vidas enteras. La lejanía de las fuerzas armadas con las poblaciones locales despertó el apetito voraz del ejército y la marina. En México la violencia del crimen organizado fue catalizada por la violencia del Estado y sus fuerzas armadas, dejando en fuego cruzado a la población civil que adaptó la brutalidad y crueldad a su cultura.

Si el corto plazo fue terrible para México, el largo plazo ha sido peor. No solo hemos visto la corrupción cultural, al incorporar al narcotráfico a la cultura, sino que hoy tenemos un ejército infiltrado por el narco, un narcoejército, que fue derrotado. Nadie puede negar la derrota de México frente al narcotráfico. El territorio, las relaciones políticas y el uso de la fuerza han sido arrancados al Estado mexicano. Hoy se habla, adentro y afuera de nuestras fronteras de un narcoestado, por el nivel de infiltración y síntesis entre ambos que es un fenómeno resultado de años de malas decisiones.

Pareciera que Calderón no consideró las consecuencias de una derrota a las fuerzas armadas. Ya que, una vez derrotados los militares, ¿qué le queda a un país para hacer frente a sus enemigos? Derrotado el ejército, derrotado el Estado y el país, perdiendo así toda legitimidad posible, orillando a México a cuatro alternativas: continuar la guerra a pesar de la derrota asumiéndolas bajas, aceptar la derrota y abandonar la plaza, buscar el apoyo extranjero a expensas de los intereses externos o refundar el país. Peña Nieto decidió continuar la guerra, y así nos fue. López optó por entregar la plaza y negociar con el vencedor, al tiempo que entregó al ejército mexicano derrotado dinero y negocios para dejarlo tranquilo. Un valsamo millonario para evitar golpes o fuego amigo.

Hoy, la presidenta Sheimbaum se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, ha quedado claro que el uso de las fuerzas armadas mexicanas es un error terrible, por otro, abandonar la plaza y negociar desde una posición de debilidad ha mostrado que el narcotráfico aprovecha el vacío para hacerse más fuerte e incrementar su poder. Es un segundo catalizador para la síntesis entre el crimen organizado y el poder político. Y si esto fuera poco, desde la abominable administración de Donald Trump se presiona para aceptar una intervención armada americana, que parece ser la peor opción: pues los intereses de EU al intervenir raramente están alineados con los del país intervenido, como demuestra la situación de Venezuela que pasó de dictadura a protectorado americano con una dictadura. Además, para bien y para mal, la gobernabilidad de México pasa por las alianzas entre el gobierno y el crimen organizado, y una intervención americana podría desatar una ola de violencia como la que sigue viviendo Culiacán.

Mientras, el infierno que es México sigue. Un horror constante. La crueldad y la violencia como el pan “muerto” de cada día. Sin soluciones reales y fácticas, pues la impunidad sigue siendo la herramienta política favorita de México.

Tiempos oscuros sin la esperanza de un nuevo día.