Costa Rica ha sido reconocido como un país —como una República— de una tradición democrática muy sólida y antigua: la más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías y despotismos gubernativos caben en una mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy, esta situación se siente amenazada. Existen posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido, algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas y civiles en general. Militares, de hecho, desde 1890, solo uno por un breve período, mientras duró su dictadura: 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica por haber eliminado su ejército desde 1948, y se la reconoce como una “Democracia Desarmada”. Al decir Costa Rica, se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable desde 1825, cuando se constituyeron sus poderes públicos, el ejecutivo, el legislativo, el Judicial y, desde 1949, el electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la dirección política estatal y administrativa del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE, tienen carácter inapelable. Hasta hoy, nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este estado de derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los poderes públicos en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se ha tenido entre sí y por sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares desde que se eligió al diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia, se dio la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia, con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824 y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica (luego llamada República Federal de Centroamérica), período en que Costa Rica se llamó “Estado” y nombró sus Jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal, elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838, Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848, cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los Presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los Jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando: 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos (1871-1917 y 1919-1948): la de 1917-1919, que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual, desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales que, desde 1943, incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica (la Constitución de 1871 y a la de 1949) derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional: José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Óscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica, el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI, fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889, el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, cuando se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953 y en el 2010 se eligió la primera mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible (y hay gran probabilidad) que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta de que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público: Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que, en términos generales, ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos, exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929, cuando se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942.

En 1943, el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940.

Varios intentos de partidos de izquierda para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por sí mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy, ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX, se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones y eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente. No así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica, desde 1953 hasta hoy, ha habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. En nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado. En seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político para destacar el control que del gobierno, especialmente, han tenido el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata) y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998, este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran, para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010, el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002: Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con exmilitantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento, bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022 y funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones como verdaderos tiranos y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas, donde actúan a ser acatadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan.

Del Banco Mundial salió expulsado, acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho banco.

En la campaña electoral, Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginados o excluidos, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones, su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso que “no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde la institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con una mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y sin la institución Contraloría General de la República.

En su accionar y en sus ataques, ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocado que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contraloría General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un estado de excepción que le permita gobernar sin leyes y en condiciones de un estado de sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés por continuar gobernando a partir de mayo próximo, cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperar ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el estado de derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su exministra de Planificación y exministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su estado de derecho, con su estado social de derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la “bukelización” de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina, José Antonio Kast, en Chile, Nayib Bukele, en El Salvador, Rodrigo Paz en Bolivia, Daniel Novoa, en Ecuador, Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.