Entre los suboficiales y sobre todo en el seno de la tropa, las tendencias constitucionalistas y de izquierda son bastante más claras. Prácticamente todos los marinos que hemos entrevistado estiman que la mayoría de los marineros y suboficiales es más o menos de izquierda y ciertamente allendista.

Existen algunos indicios. Aunque resulta difícil evaluar la cantidad de militares que se niegan a participar en el putsch, las listas —incompletas— de militares condenados, muertos o despedidos permiten afirmar la existencia en la tropa de una fuerte corriente de militares opuestos al golpe de Estado.

En el proceso organizado contra los disidentes de la Fuerza Aérea, son condenados a penas diversas 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos fueron asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles 1. La Marina condena a 88 marinos y seis civiles2 y –al menos– un oficial. En 1991, el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación constata que entre 1973 y 1990, agentes del Estado provocaron la muerte de 17 soldados, 2 marinos, 6 aviadores, 9 policías civiles y 3 guardianes de prisión. Un total de 373.

Las numerosas demandas de reparación constituyen también un indicio interesante. En 1993 el gobierno de Aylwin vota la ley 19.234 titulada “Programa de reconocimiento de la exoneración política”, que concede una pequeña pensión a las personas despedidas por razones políticas. En su primera versión, bajo la presión de las fuerzas armadas, la ley excluye de sus beneficios a los militares despedidos. Sin embargo, en 1998 una nueva ley (19.582) extiende los beneficios a los funcionarios de la Justicia, parlamentarios y militares despedidos por motivos políticos. En 2003 la ley 19.881 otorgó un plazo adicional para introducir el pedido, hasta el 30 de junio del año 2004.

La proporción es esclarecedora. En 1973 el Ejército contaba con unos 24.000 hombres, la Marina más o menos lo mismo (personal de los astilleros navales incluido), la Aviación con unos 8.500 y los carabineros eran casi 25.000. Si se añaden los detectives y los gendarmes, podemos afirmar que había unos 80.000 hombres militarizados.

Un total de 1.319 militares han sido reconocidos definitivamente como excluidos a causa de su oposición al Golpe o por su negativa a participar en las exacciones, y 6.070 revindican esta situación, lo que representa respectivamente un 1,64% y un 7,52% del total.

Se trata a veces de soldados que cometieron intencionalmente alguna falta disciplinaria para ser excluidos, evitando así la suerte reservada a los que manifestaron abiertamente su desacuerdo. Este número impresionante representa sólo a los que llegaron a actuar; muchos otros, seguramente aterrorizados, callaron sus desacuerdos.

Todo esto confirma que las fuerzas armadas no actuaron como bloque en 1973. Un grupo significativo de oficiales y hombres de tropa se negó a participar y una parte de ellos intenta organizarse para impedirlo, especialmente grupos de aviadores y marinos. Nuestro proyecto es rescatar la historia de estos últimos.

Los “militares disidentes”

La disidencia en las fuerzas armadas en 1973 se aplica a una gama de comportamientos que va desde los que se inclinaron ante el hecho consumado del putsch, pero se negaron a maltratar o ejecutar prisioneros, lo que provoca su despido –o cosas peores–, a los que, opuestos al golpe, se propusieron enfrentarlo con las armas. Los primeros generalmente actuaron en conformidad a valores humanistas, mientras que los segundos, añaden a éstos ideas de izquierda pues defienden principios y un gobierno legitimo con el que se identifican. El primer comportamiento se da sobre todo entre los oficiales disidentes, mientras que la reacción comprometida es mayoritaria entre los disidentes de la tropa.

En 1973 todos los opositores al golpe tienen la ley de su parte y el punto de encuentro entre todas las disidencias es la legalidad. Todos reivindican el Derecho. Por consiguiente, se puede designar a los militares disidentes como “legalistas” o “constitucionalistas”.

Los marinos antigolpistas

Entre 1970 y 1973 varios centenares de marinos intentan oponerse al golpe de Estado que ven prepararse. Sargentos, cabos y marineros organizan grupos antigolpistas en las cuatro secciones de la Marina: la escuadra, las escuelas de especialidades, la unidad de aviación naval y los astilleros. Establecen contactos con dirigentes políticos próximos al gobierno para informarlos de la conspiración en marcha y se organizan para enfrentarla. Son descubiertos por los servicios de inteligencia. La primera detención se efectúa el 15 de junio de 1973; las siguientes a fines de julio y a partir del 5 de agosto se desata una verdadera razzia dentro de la Marina.

Los años trágicos que se aproximan se encuentran resumidos en este drama. Durante los 36 días transcurridos entre la detención de los marinos de la flota y el golpe de Estado, los mandos de la Armada, mayoritariamente golpistas, comienzan a imponer el régimen que preparan. Los marinos detenidos serán los primeros en ser aislados ilegalmente y brutalmente torturados en recintos de la Marina que escapan al estado de derecho.

El término “primera vez” puede aplicarse a menudo al caso de los marinos, que encarna el ocaso de la democracia y la emergencia de la dictadura. Por primera vez militantes de izquierda retiran de sus domicilios, con apresuramiento, toda documentación o libro revelador de sus ideas políticas; por primera vez comandos de la Marina interrumpen ilegalmente transmisiones radiales; por primera vez destacamentos de soldados (no de carabineros) cercan un teatro y detienen a los participantes de una manifestación de solidaridad con los marinos detenidos, con una violencia entonces desconocida. Más grave, la fracción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales.

Nunca antes se había negado a los abogados el derecho a entrevistarse con sus defendidos y no se respeta el plazo de cinco días para presentar a un detenido ante un juez. Pese a las denuncias abrumadoras, los partidos de derecha descalifican las denuncias de “presuntas” torturas y la Armada las niega oficialmente. Durante los últimos días del gobierno de Allende nacen los primeros comités de defensa de los derechos humanos y también por primera vez reúnen antecedentes para enviarlos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y los primeros nombres de torturadores son denunciados públicamente.

En resumen, las leyes republicanas se extinguen primero en los cuarteles navales, luego en zonas enteras, mientras emerge la futura dictadura. La tropa es informada de que los marinos detenidos planeaban asesinatos masivos y algunos jóvenes crédulos se ensañan con ellos.

Hacer entrar el movimiento de los marinos antigolpistas en la historia es el primer objetivo de este trabajo. Pese a ser un episodio fundamental del período, es poco conocido y no ha sido objeto de investigaciones de largo aliento, tal vez a causa de su posible impacto sobre la actualidad.

En efecto, si la conjura de 1973 es obra de una fracción golpista, las fuerzas armadas actuales son sus herederos directos. La irrupción de los militares constitucionalistas en la historia reciente puede plantear de manera punzante la cuestión de su lugar en la sociedad: ¿Por qué son los golpistas de 1973 y no los defensores de las instituciones democráticas los que inspiran a las fuerzas armadas modernas? La historia de los militares que dijeron “No” está comenzando a conocerse. Esta investigación busca revelar su acción, sus dudas, su comportamiento, motivaciones y organización, cuando la hubo.

Sus demandas de reintegración a las fuerzas armadas sobrepasan las cuestiones materiales como pensiones, acceso a hospitales, terrenos de vacaciones y otras ventajas de los uniformados.

El comportamiento de los militares antigolpistas plantea de forma quemante la relación entre legalidad y disciplina militar. Los golpistas reivindican la verticalidad del mando: el principio de la obediencia debida implica que un soldado debe obedecer siempre a su superior y que es irresponsable de sus actos. En cambio, los legalistas postulan la preeminencia de la ley sobre las órdenes y el derecho de los soldados a incumplirlas cuando las órdenes violan la ley o los derechos humanos. Y todos son responsables de sus actos.

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Tablero establecido según las informaciones transmitidas por Patricio Maragaño Angulo, analista del Programa de reconocimiento al exonerado político, el 6-8-07.

Hasta hoy, este problema jurídico no está resuelto: ¿Qué hacer en caso de conflicto entre la obediencia a la ley y la obediencia a su jefe? ¿Tiene derecho un subordinado a discernir sobre una orden y referirse a una autoridad superior a la de su jefe? ¿Qué sentido tiene, para la defensa nacional, una disciplina a menudo servil y humillante?

Los intentos por impedir que las fuerzas armadas rompieran con la ley en 1973, plantea también la cuestión esencial de la herencia política: ¿Los principios que motivaron la opción constitucionalista en 1973 deben sustituir la exaltación del golpe aún presente dentro de las fuerzas armadas? ¿Debe incluirse en ellas el principio de la preeminencia de la Ley sobre las órdenes de los superiores? Los libros de los militares constitucionalistas y sus principios democráticos ¿deben ser enseñados en las escuelas militares?

Las reuniones entre los marinos y dirigentes políticos: un caso emblemático y un mito fundador del golpe de Estado Hacer la historia del movimiento de los marinos antigolpista tiene también otro significado. Las campañas publicitarias insistentes destinadas a justificar el “pronunciamiento” militar han estigmatizado a los marinos y a los dirigentes políticos que se reunieron con ellos, fabricando una leyenda negra que se transformó en un argumento mayor justificador del "Golpe".

En efecto, tres son los argumentos mayores con que se justificó –y a veces se justifica aún– el golpe de Estado:
1 La Unidad Popular habría cometido un fraude electoral en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y por lo tanto no dispondría del apoyo de 44% del electorado. Esta acusación, presentada con escasa convicción, se evaporó después del Golpe. No hubo ni procesos ni condenas.

2 Había en Chile un ejército extremista secreto compuesto por 13.000 extranjeros (a veces ascienden a 15.000 y se les otorga nacionalidad cubana), sin embargo, nadie ha conseguido divisar a alguno de ellos. Tampoco hubo ni procesos ni condenas.

3 Siguiendo un espeluznante “Plan Z”, el gobierno de la Unidad Popular planeaba el asesinato masivo de los mandos de las fuerzas armadas y sus familias el 19 de septiembre de 1973. Este “plan” es presentado en el Libro Blanco, una publicación del gobierno dictatorial. El movimiento de los marinos es un elemento mayor de este Plan Z. Aunque tampoco hubo ni procesos ni condenas, y en realidad se trata de un falso, sigue figurando en los textos que justifican el golpe, aconsejados a los futuros oficiales4.

Notas

1 Villagrán, 2002, pp. 287-285.
2 Copea, 2001.
3 Fajardo, 2000, pp. 245-251.
4 Primera parte de la introducción.