Mi país, Costa Rica, es reconocido por ser una de las democracias más longevas de América y del mundo. Costa Rica está regida por su Constitución Política desde el 7 de noviembre de 1949, como resultado del establecimiento de un "Acuerdo Nacional" para la fundación de la “Segunda República de Costa Rica”, un tratado alcanzado luego de finalizada la guerra civil de Costa Rica de 1948 liderada por José Figueres Ferrer, declarado presidente del gobierno defacto de la Junta Fundadora de la Segunda República entre 1948-1949, tras el denominado Pacto de Ochomogo que concilió a tres fuerzas políticas aparentemente irreconciliables: José Figueres Ferrer, líder del Movimiento de Liberación Nacional, Manuel Mora Valverde, líder del Partido Vanguardia Popular, y el presbítero Benjamín Núñez Vargas, quien actuó como garante y facilitador del diálogo para poner fin a la “Guerra del 48” y asegurar las “conquistas sociales”, más tarde llamadas "garantías sociales" en la Constitución Política de República de Costa Rica de 1948.
Costa Rica había sido consistentemente clasificada como una democracia plena por el Índice de democracia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés) y consolidada como uno de los países mejor ubicados de América Latina y uno de los pocos a nivel mundial en esa categoría a lo largo de los años. Pero tuvo un leve retroceso en el Índice de Democracia del año 2021 al 2024. Para ser precisos, se estancó entre el año 2022 y el 2023 y retrocedió levemente en el año 2024.
Los Factores Clave del Retroceso (2024) fueron en las categorías de funcionamiento del gobierno (7.5) y cultura política (6.68), que mostraron puntuaciones más bajas que el promedio de democracias plenas. Específicamente en funcionamiento del gobierno, el desempeño de Costa Rica en el índice de la EIU señala un retroceso en los siguientes ámbitos:
Falta de soluciones efectivas: Existe una percepción generalizada de que las autoridades e instituciones públicas no logran ofrecer soluciones efectivas a los problemas cotidianos de la población, como la inseguridad y la situación económica.
Ineficiencia: Esta ineficiencia erosiona la confianza en la capacidad de la gobernanza democrática para cumplir sus promesas.
Percepción de corrupción: A pesar de que la percepción de corrupción ha mostrado ligeras mejoras o estabilidad en ciertos años, sigue siendo un problema sistémico y un factor persistente de preocupación.
Inacción contra la corrupción: La falta de acciones contundentes o resultados visibles en la lucha contra la corrupción contribuye a una evaluación más baja en este indicador.
Disfunción gubernamental: El índice global ha identificado problemas de disfunción gubernamental para solucionar problemas que afectan a Costa Rica.
Falta de transparencia: El gobierno exhibe falta de transparencia en cómo realiza algunos de sus procesos internos.
Ocultamiento de información: El gobierno oculta información a medios que la solicitan.
Rendición de cuentas: El gobierno no rinde cuentas en procesos clave para la democracia.
En cultura política, los cambios reflejan una creciente desafección ciudadana y un cuestionamiento de las normas democráticas tradicionales, lo que impacta negativamente la puntuación:
Desconfianza institucional: Hay un notable nivel de desconfianza hacia las autoridades e instituciones públicas, así como hacia los partidos políticos tradicionales. Esta desconfianza se refleja en encuestas nacionales y contribuye al "malestar en Costa Rica" que varios estudios han identificado.
Desencanto ciudadano: La ciudadanía, aunque mayoritariamente apoya la democracia como ideal, está desencantada con su funcionamiento real. Factores socioeconómicos como la percepción de inseguridad y la desaprobación de la situación económica reducen la satisfacción con la democracia, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Polarización social y económica: La brecha social y económica se ha incrementado, lo que ha aumentado la polarización entre la ciudadanía.
Figuras "anti-sistema": El ascenso de figuras políticas que encarnan la frustración de los votantes, como el presidente Rodrigo Chaves, refleja un cambio en la cultura política, donde los ciudadanos buscan alternativas fuera del “establishment”.
Aparte de los cambios funcionales y culturales ya mencionados, el país ha sufrido una serie de amenazas (Ataques) contra la institucionalidad democrática entre los años 2022 y 2025. Las principales amenazas han sido:
Erosión institucional y populismo: Discursos que descalifican organismos electorales, judiciales y de prensa, debilitando la confianza ciudadana y los contrapesos democráticos, a menudo bajo narrativas de "voluntad popular" o "lucha contra la corrupción".
Corrupción y desconfianza: El estancamiento en índices de corrupción y la percepción ciudadana de la misma generan descontento y reducen la legitimidad del sistema.
Inseguridad y crimen organizado: El narcotráfico y el crimen organizado son preocupaciones críticas, con aumento de la violencia y tiroteos, lo que afecta la vida diaria y genera miedo.
Conflictos entre poderes: Tensiones entre el Ejecutivo y otras instituciones (Fiscalía, Poder Judicial, Asamblea Legislativa), que generan crisis institucionales.
Desigualdad y pobreza: Crecimiento de la pobreza y desigualdad, fracturando el contrato social y alimentando el descontento.
Ataques a la prensa y libertad de expresión: Deterioro en índices de libertad de prensa, con ataques sistemáticos del Ejecutivo a periodistas y medios.
Abstencionismo y polarización: Alto abstencionismo en elecciones (40% en 2022), creando un caldo de cultivo para discursos populistas y autoritarios que prometen soluciones rápidas, pero amenazan pilares democráticos.
Amenazas directas y violencia simbólica: Hechos como amenazas de bomba a universidades (UCR) y ataques a funcionarios, en un contexto político polarizado, que generan un clima de hostilidad.
Lo peor para nuestra querida y reconocida democracia es que muchas de las amenazas a la institucionalidad democrática de Costa Rica han sido producto de, o generadas por el populismo y los discursos que erosionan la confianza en las instituciones, provenientes del propio Gobierno de la República de Costa Rica. Muy a menudo, estos discursos son pronunciados por el presidente Rodrigo Chaves en conferencia desde la Casa Presidencial. Los ataques verbales a la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o la prensa han generado en Costa Rica:
Debilitamiento de entidades técnicas: Intromisión política en decisiones técnicas (ej. política ambiental).
Violencia urbana y social: Incremento de homicidios y tiroteos en zonas vulnerables.
Desconfianza y desinterés: Menor participación electoral y mayor crítica hacia el sistema.
Estos factores, según expertos, actúan de forma combinada, erosionando la democracia no de golpe, sino por un desgaste progresivo desde adentro.
Así las cosas, para evitar un sesgo de juicio o una eventual parcialidad de mi parte, pregunté a la IA de Google: "¿De continuar esta Cultura Política en Costa Rica, se podría presumir que podríamos pasar a ser una democracia imperfecta?"
Esta fue su respuesta:
"Sí, existe un riesgo real, advertido por expertos, de que Costa Rica pueda perder su estatus de 'democracia plena' y pasar a ser clasificada como una 'democracia imperfecta' si la actual cultura política de polarización, desconfianza y ataques institucionales persiste o se agrava.
Aunque las sólidas instituciones del país han proporcionado una barrera de contención significativa hasta ahora, los analistas consideran que el deterioro de la cultura cívica y la erosión institucional son problemas graves que no deben ignorarse".
El riesgo de conversión a "democracia imperfecta"
La clasificación de "democracia imperfecta" (flawed democracy) en el índice de la EIU se aplica a países con elecciones libres y justas y libertades civiles básicas, pero que enfrentan problemas significativos como:
Debilidades en el funcionamiento del gobierno;
Bajos niveles de participación política;
Una cultura política subdesarrollada;
Problemas de corrupción;
Gobernabilidad obstaculizada.
Expertos y organismos como el Programa Estado de la Nación y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) han emitido alertas sobre la posibilidad de que Costa Rica caiga en esta categoría si no se abordan los problemas de fondo. El país ya ha caído una posición en el ranking mundial recientemente, un indicio de estas presiones.
El papel de figuras populistas y la desinformación
El análisis de la EIU y otros centros de pensamiento sugiere que el accionar de figuras populistas y la propagación de desinformación son factores que aceleran este deterioro:
Ataques a los contrapesos: El discurso que busca "desmantelar y erosionar" los contrapesos democráticos (prensa, Contraloría, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes) debilita la rendición de cuentas, un pilar fundamental de una democracia plena.
Polarización intencional: La retórica populista a menudo fomenta la polarización, lo que reduce la capacidad de los actores políticos para llegar a consensos y resolver los problemas del país, afectando directamente la gobernabilidad.
Erosión de la confianza pública: La desinformación y los ataques constantes a las instituciones aumentan la desconfianza ciudadana, lo que puede llevar a una mayor apatía electoral y a un menor apoyo a los valores democráticos a largo plazo.
En resumen, la continuación de esta cultura política no garantiza una caída inmediata a "democracia imperfecta" debido a la resiliencia histórica de Costa Rica, pero sí aumenta significativamente el riesgo y mantiene al país en un estado de "alerta democrática", como han señalado varios especialistas.















