Primero, recordemos que la introducción del término negacionismo en las ciencias sociales es relativamente reciente. Fue aplicado por primera vez los años 1980 por el historiador francés Henry Rousso (especialista del régimen de Vichy) a quienes negaban la intención del régimen nazi de exterminar a los judíos o la existencia de las cámaras de gas. A partir de entonces el término “negacionismo” se ha extendido a la negación de crímenes masivos reconocidos cuya perpetración ha sido probada. Más allá de falsear la historia, el negacionismo busca retirar a las víctimas su condición de víctimas y negar que el Estado tenga un “deber de memoria” con la sociedad.

Por su parte, digamos brevemente que la memoria histórica son hechos del pasado que un individuo, o una colectividad, escoge como parte de un sistema de referencias para determinarse en el presente. El “deber de memoria”, en cambio, es la obligación que tiene la autoridad de mantener viva la memoria social de los crímenes masivos, principalmente a través de investigaciones, símbolos, y de la enseñanza. Lo que implica establecer la realidad de esos crímenes, educar sobre ellos, reconocer a quienes fueron víctimas y victimarios, propiciar la justicia, y tomar medidas para evitar la repetición.

En Chile, si nos limitamos a la historia reciente, el término “negacionismo” concierne las políticas para ocultar, negar o disminuir, la exterminación planificada de opositores acontecida bajo la dictadura, igual que las políticas para aterrorizar a la población para imponer sus instituciones y un sistema económico. O peor, la de exaltar a los dirigentes de la dictadura. Los hechos que pueden ser objeto de negacionismos comienzan antes del 11 de septiembre de 1973, pues conciernen también, como veremos, la planificación del golpe de Estado.

Señalaré un ejemplo, particularmente revelador. El almirante José Toribio Merino fue uno de los principales organizadores del golpe, coludido con agentes de una gran potencia extranjera, fue parte del gobierno que decidió de torturas y desapariciones, para predicar luego un régimen similar al de Franco en España, a quien admiraba intensamente. Merino no solo se insubordinó contra el Presidente de la República, sino también contra su superior, el comandante en jefe de la Armada. Sin embargo, un grupo de empresarios partidarios del golpe financiaron el monumento al almirante golpista y la Armada aceptó que se colocara, en 2006, en un recinto naval en Valparaíso, ensalzando al almirante autoproclamado comandante en Jefe como ejemplo para los futuros oficiales navales.

Esta exaltación del golpe y desafío a la democracia permaneció allí hasta junio de 2022, protegido por los mandos navales, sin que ninguno de los gobiernos exigiera a la Armada su retiro. El monumento fue finalmente desplazado gracias a persistentes movilizaciones populares y acciones jurídicas.

En cuanto al deber de memoria, sin nos limitamos a la historia reciente, este concierne dos procesos históricos: el golpe y la dictadura. Aunque puede también extenderse a la obra de los gobierno anteriores, particularmente del gobierno de la Unidad Popular, incluyendo su proyecto, sus realizaciones, y los problemas que vivió, que han sido objeto de graves deformaciones, por razones de tiempo optamos desarrollar este tema en otra ocasión.

La dictadura: mutación de sus justificaciones

Durante las semanas y meses que siguieron al “pronunciamiento”, los chilenos fueron sometidos a insistentes campañas propagandísticas por la prensa adicta –no había otra– destinadas a justificarlo. Utilizaron tres argumentos mayores. El primero es que la Unidad Popular habría organizado un fraude electoral en las elecciones de marzo de 1973, acusación que desvaneció al poco tiempo. No hubo ni procesos ni condenas. El segundo es la presencia en Chile de un ejército compuesto por 13.000 extranjeros (a veces llegan a 15.000 y se les otorga nacionalidad cubana). Sin embargo nadie ha conseguido divisar a alguno de ellos. Tampoco hubo ni procesos ni condenas y este ejército se evaporó.

El tercer “argumento” justificador del golpe es el espeluznante “Plan Z”. El gobierno de la Unidad Popular planeaba el asesinato masivo de los mandos de las fuerzas armadas, incluyendo sus familias, y el de los líderes de oposición. Afortunadamente los militares se adelantaron y dieron el golpe antes que esto ocurriera, salvando a Chile de este terrible plan. Aunque tampoco hubo investigaciones, procesos o condenas, y en realidad se trata de la falsificación más transcendente de la historia de Chile, la existencia del plan Z fue presentada en el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, publicado por la Secretaría General de Gobierno, de la dictadura, redactado principalmente por Gonzalo Vial Correa. Sin embargo, la existencia del Plan Z fue respaldada por periodistas de Ercilla y por los líderes de la DC, como Eduardo Frei y Patricio Aylwin, entre otros.

En efecto, en el mismo número de El Mercurio que anuncia el descubrimiento del Plan Z, Patricio Aylwin le da un aval completo:

El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del "Golpe de Praga", que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente.

(Patricio Aylwin)

La descripción de los dirigentes de la Unidad Popular como seres abyectos dispuestos a asesinar militares exacerbó el odio de los contra ellos y reforzó la decisión de tortura y matar. Según los trabajos de Elías Padilla y otros, más de la mitad de los asesinatos perpetrados por la dictadura acontecen entre septiembre y diciembre de 1973.

Corresponde preguntarse si el negacionismo comienza con estas falsas acusaciones a los dirigentes de la Unidad Popular –cuando no tenían ninguna posibilidad de defenderse– mientras, al mismo tiempo, la prensa adicta negaba la tortura y desapariciones, atribuyéndolas a mentiras de Radio Moscú o a campañas del comunismo internacional. “No hay tales desaparecidos. Nueva felonía marxista ante los tribunales”, titulaba La Segunda del 9 de febrero de 1977. Títulos como este constituyen probablemente la primera forma de negacionismo.

Años más tarde, gracias al trabajo admirable de las asociaciones de víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, la tortura y las desapariciones planificadas son hechos establecidos, reconocidos e indesmentibles. Surge entonces la teoría del “empate”, proclamada por prácticamente todos los dirigentes de derecha que participaron en los gobierno de Pinochet, y también por algunos dirigentes de la Concertación.

Afirman, en resumen, que existió un conflicto donde murieron unos y otros, en el que ambos sectores cometieron exacciones. Ergo: hubo violencias equivalentes que se anulan mutuamente. Por lo tanto, hay que dar vuelta la página, dejar el pasado que nos divide y mirar hacia el futuro.

Hubo varios gestos que intentaron consolidar la visión que hubo faltas compartidas, que se superan a través del perdón mutuo. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1998 el senador Viera-Gallo y el ex jefe de Carabineros y senador designado Fernando Cordero, depositaron flores, primero en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos y del Ejecutado Político en el cementerio general, y luego en el monumento a los Carabineros en el centro de Santiago. Igualando unos con otros. Poco antes, el senador Andrés Zaldívar y el senador vitalicio Augusto Pinochet, habían llegado al acuerdo de cambiar el feriado legal del 11 de septiem-bre por el de un día de la “Unidad Nacional”, el primer lunes de septiembre.

Es posible que esta forma de “mutualización” de las responsabilidades constituya una forma de disminuir, o incluso de negar, las responsabilidades del Estado dictatorial. Sin embargo, las posturas pregonando el empate tienen un abrupto fin en octubre de 1998, cuando Pinochet es detenido en Londres. La noticia tiene un impacto mayor y es seguida de un debate nacional sobre el pasado reciente. Prácticamente todos los chilenos reflexionan, aunque sea un instante, no sólo sobre el gobierno de Allende y la dictadura, sino también sobre la necesidad urgente de conocer toda la verdad y de hacer justicia. En cierto sentido, la detención de Pinochet marca el encuentro del país con su Historia.

A partir de entonces, se consolida la conciencia mayoritaria sobre la gravedad de lo acontecido. El negacionismo, que reivindica la dictadura y niega (o disminuye) los crímenes, queda reducido a un extremo, aunque este no deja de ser significativo.

Se trata de un sector muy poco sensible a la argumentación y a los hechos. Está compuesto por detentores de la riqueza, pero también por los que se aferran a un lugar superior en la sociedad, real o imaginario, y que defienden ese “orden” contra los categorías que consideran inferiores. Si aquel orden de ve amenazado, como ocurrió hace 50 años, no trepidan en recurrir a “todas las formas de lucha”. Su relación con la democracia es endeble: la acepta mientras se mantenga este orden. Sino muy probablemente volverán a conspirar para reprimir, detener, prohibir, e incluso cosas peores.

El antídoto es difundir argumentar y volver a argumentar, cuantas veces sea necesario, y probar que la solidaridad es una ventaja para todos. Creo interpretar a muchos de los que intentamos hacerlo al solicitar a los dirigentes más pluralismo en los medios, para que el mensaje llegue. El actual presidente prometió, cuando era diputado, que se indemnizaría a los legítimos propietarios del diario Clarín, que permanece incautado hasta hoy. Y que de obtener la indemnización, decretada por un tribunal, permitiría crear un gran medio progresista. Esto es una medida importante para enfrentar el negacionismo.

El golpe de Estado

El golpe es un proceso, en buena parte planificado, que culmina con el asalto armado a las instituciones republicanas del 11 de septiembre de 1973. Comienza a gestarse varios años antes. Ya durante los dos últimos años del gobierno de Frei Montalva hubo cuatro intentos, de los cuales uno pasó al acto. Y el golpe pasó a ser una opción política asumida por gran parte de la oposición cuando Salvador Allende ganó las elecciones en 1970.

Su historia está relativamente bien documentada, principalmente por los documentos desclasificados, aunque varias de las Covert Actions, las acciones clandestinas estadounidenses, permanecen aún en la sombra bajo el rótulo “no desclasificadas”.

Los documentos estadounidenses establecen que la decisión de perpetrar un golpe en Chile fue tomada en el salón oval de la Casa Blanca el 15 de septiembre de 1970, sólo 11 días después de la elección presidencial. Y que esta decisión de Nixon fue influenciada por informes del entonces presidente Eduardo Frei (envió un mensaje a Nixon diciendo que hay 98% de posibilidades que Chile se transforme en una segunda Cuba) y de Agustín Edwards, quien analiza en Washington con el jefe de la CIA la “opción militar” y recomienda “neutralizar al general Schneider”.

También se conoce la llegada de agentes para involucrar a militares, la organización de campañas de desestabilización, y las inmensas sumas entregadas principalmente a El Mercurio y al Partido De-mócrata Cristiano, o más bien a su sector de derecha, lo que le permite controlar el partido y su prensa, sacarlo de la política de oposición colaborativa para colocarlo en una línea golpista.

Sin embargo, la versión de la historia difundida por prácticamente todos los gobiernos electos desde 1990, omiten estos hechos.

En efecto, Ricardo Lagos en su discurso en la cena de gala por el centenario de El Mercurio de Santiago, el 31 de mayo 2000, ante Agustín Edwards afirma que:

Fue la época de las confrontaciones de las grandes corrientes que se sentían excluyentes y que terminaron en sucesivos antagonismos políticos, ideológicos y sociales, cada vez más agudos. El Mercurio, como tantos otros medios de prensa, se alineó con una de las partes en conflicto. Y fue como todos los protagonistas de la vida nacional, tanto objeto como responsable de aquella división que culminó en el derrumbe de nuestra democracia.

Y, concluye:

Todos fuimos responsables de lo que nos ocurrió y por el drama de lo que ocurrió, estoy cierto que vamos a iniciar éste siglo con la capacidad de reencontrarnos con la historia republicana. […] Quiero decirlo francamente. En el Chile herido y dividido de esos años, era muy difícil mantener una perspectiva nacional como la definió en su proyecto fundacional Agustín Edwards MacClure. Por eso me parece, y lo he dicho muchas veces, que la crisis del 73 fue la tragedia de la desunión. Afortunadamente, creo también, que hemos avanzado mucho en la recuperación de nuestras mejores tradiciones democráticas y republicanas. Hemos recuperado al menos la capacidad de diálogo. De llegar a consensos…

(Ricardo Lagos)

Michelle Bachelet hizo un análisis similar en 2005 cuando respondió al historiador Alfredo Jocelyn-Holt, quien la caracterizó como un producto del marketing político. La futura presidenta explicó que ella no es peyorativa ni descalificadora “no porque no tenga opinión, sino porque es mi convicción. La intolerancia, la arrogancia, la descalificación del otro nos llevó a lo que nos llevó, y, por lo tanto, me niego a ese nivel de discusión”.

Una forma de graficar esta visión de que todos somos responsable, es remplazar el término “golpe de Estado” por el de “derrumbe de la democracia”. Un derrumbe es un accidente, algo así como una catástrofe natural, que no tiene responsables. Esta visión se ha transformado en algo próximo a una historia oficial, citando al sociólogo Marcos Roitman.

Sin embargo, las fuentes históricas sobre el golpe son extremadamente claras. Fue fabricado por el gobierno estadounidense que organizó boicots económicos, campañas de prensa, más de mil atentados terroristas y, sobre todo, financió abundantemente a los sectores políticos que contribuyeron a polarizar al país y crear las condiciones para que se produjera. Contó con el concurso de casi toda la derecha; de la mayoría de la DC; de las organizaciones empresariales y de una fracción mayoritaria de las fuerzas armadas. Esos organizaron el golpe y portan la responsabilidad. Y nadie más. Insistimos: nadie más.

Al atribuir el golpe a la “desunión” (¿qué es eso?) o a la descalificación, se equipara a un militante que vociferaba con el agente que organizaba atentados, contactaba militares, y estudiaba los “objetivos de ataque”. Y torna a estos últimos irresponsables de sus actos. Es una argumento de la misma índole que el que dice “la violaron porque andaba con minifalda”.

Tal vez por esos motivos, y pese a las consecuencias mayores que el golpe ha tenido sobre la sociedad chilena, debemos constatar que aspectos esenciales de su preparación y perpetración permanecen en una especie de “hoyo negro” donde se mantiene oculta una parte crucial de la historia del país.

El golpe tuvo promotores, organizadores, financistas y ejecutores. Implicó desestabilizar las instituciones democráticas a través de “propaganda negra” destinada a fabricar una imagen de caos; hubo intrincadas maniobras para producir una parálisis institucional; la frágil economía chilena fue boicoteada para producir carestía y descontento incluyendo el contrabando masivo de ganado y los acaparamientos; se perpetraron cientos de atentados terroristas para crear un clima golpista, mientras se incitaba a los militares a “salvar la patria”. Salvo algunos trabajos históricos, poco se sabe sobre quien tomó decisiones, quien proporcionó los medios, quienes recibieron el dinero estadounidense.

Sin embargo, conocer su historia es un derecho del pueblo, particularmente los hechos duros. Si han existido algunos avances, como el plan de búsqueda de los desaparecidos y la demanda de publicación de documentos desclasificados, consideramos que las autoridades pueden y deben ir más allá.

De ahí invitamos a reflexionar sobre tres propuestas:

Una aspecto importante del combate contra el negacionismo, es la erradicación de todos los símbolos que exaltan la dictadura y sus dirigentes. Para eso, es necesario que las autoridades competentes identifiquen los monumentos, nombres de calles, contenidos de los manuales de estudio, particularmente en las escuelas militares, y otros símbolos que exalten el golpe y la dictadura. (Existe una calle “Da Cámara Canto” el embajador de Brasil que participó activamente en el golpe; y otras “Almirante Merino” en Algarrobo; General Bonilla, estatua a Patricio Mekis, alcalde designado…).

La promoción de la democracia implica su remplazo por otras figuras, u otros temas, más representativos de las mayorías, junto con una labor educativa, explicando porqué los dirigentes de la dictadura no pueden ser considerados ejemplares.

La segunda idea es que las autoridades chilenas se pronuncien sobre el derecho del pueblo a conocer toda su historia. Para eso es indispensable que Chile solicite oficialmente al Gobierno de Estados Unidos la información completa sobre su intervención en la desestabilización de la democracia chilena de 1964 a 1973, incluyendo a los intermediarios y colaboradores chilenos, en las Fuerzas Armadas y en el ámbito civil. Algo se hizo en 2023 y se consiguió la publicación de dos nuevos documentos desclasificados. Pero el conocimiento de la historia requiere la desclasificación total. Si es necesario, que Chile recurra a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para obtener esa información.

En tercer lugar, nos parece necesario que se esclarezca el proceso que condujo al golpe de Estado. Recordemos que Estados Unidos ha organizado dos comisiones parlamentarias para investigar su intervención ilegal en Chile. En 1975 la comisión presidida por el senador Franck Church que produjo el célebre informe Covert Action in Chile. Y en 2000 la comisión presidida por el diputado Maurice Hinchey que pidió a la CIA que explicara lo que hizo en Chile; la Central presentó, en 2002, un informe reconociendo sus responsabilidades, o al menos parte de ellas.

Hasta hoy en Chile no ha existido nada similar. Es decir una comisión dotada de los medios de investigación necesarios para de interrogar, consultar archivos (incluyendo los de los servicios de inteligencia), y pedir informes a especialistas. Su misión sería identificar a los actos de desestabilización, de financiación, las acciones terroristas, y la planificación del operativo que culminó con el asalto armado.

Esperamos que los gobernantes asuman, por fin, su responsabilidad de arrojar luz sobre la historia del país. El conocimiento cabal de los hechos y de las responsabilidades, permitirá una reflexión sobre comportamientos golpistas a evitar.

La verdad es sin duda el mejor antídoto contra el negacionismo y reforzará la democracia.