En la última década, más de 30.000 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa. Detrás de cada número hay una vida, una historia y una identidad. Este reportaje aborda la política migratoria española y su coordinación con la Unión Europea. Un sistema que a menudo olvida lo esencial: no se trata de cifras, sino de seres humanos que dejan su vida para buscar otra.

Los nombres son importantes. Son lo primero que decimos cuando nos presentamos. Cuando alguien habla de nosotros es lo que utiliza para acotarnos, para darnos significado. El nombre nos ancla al mundo, nos da presencia y nos acerca a los demás. Sin un nombre que nos identifique solo somos un concepto impersonal. Con forma, pero sin identidad.

Amal, Gamal y Fatou son solo nombres al azar, comunes en Marruecos, el Sahara Occidental y Senegal. Pero hay muchos más nombres de los que hablar.

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Más de treinta mil nombres que, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo desde 2014. Cada uno de esos números deja atrás una vida, una familia, una comunidad. Una identidad. Cuando se habla de ellas, no se les da un significado, son un número más. No tienen presencia ni parecen ancladas a este mundo. No nos acercamos a ellas. No se puede empatizar con un número.

La otra cara de la moneda, los que lo consiguen. Según datos del Ministerio del Interior español, 55.618 personas llegaron a España por vía marítima solo en 2023. Personas que dejaron atrás sus hogares y arriesgaron la vida huyendo de guerras, persecuciones y falta de oportunidades. Ellas también tienen nombre.

España, por su cercanía al norte de África, ha sido durante años un destino principal para miles de personas que buscan llegar a Europa. La frontera sur española, que incluye tanto el estrecho de Gibraltar como Ceuta, Melilla o las islas Canarias, tiene uno de los flujos migratorios más grandes de la región mediterránea.

De acuerdo a los datos oficiales, en torno a trescientas veinte mil personas entraron de forma irregular al país desde 2015.

Problemas y limitaciones de la política migratoria española

La Ley de Extranjería española, junto con la cooperación internacional y la política de la Unión Europea, juega un papel central en la gestión de la inmigración en el continente. Esta ley regula las condiciones de entrada y estancia de quienes acceden al país. Para unos insuficiente, para otros abusiva e injusta. Lo único cierto es que un puñado de párrafos legales condicionan las vidas –y las muertes- de cientos de miles de personas.

El sistema de inmigración español no está exento de problemas. Una de las prácticas más controvertidas llevadas a cabo en extranjería son las llamadas devoluciones en caliente. La organización Amnistía Internacional las define así:

Se trata de la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo. Es decir, ocurren cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado expulsan a personas migrantes o refugiadas sin la debida protección ni garantías. Estas personas no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión.

Entre 2017 y 2022, fueron unos seis mil. Seis mil los nombres y apellidos a los que, tras haber huido de sus países y dejado todo atrás, se les negó cualquier tipo de ayuda u oportunidad. Son nombres que, aunque sin hundir, no se pronunciarán en una realidad europea que para muchos es un sueño.

El peor caso se dio en junio de 2022. Seis metros de altura. Dos vallas paralelas. Barrotes en peine para impedir el salto, reemplazando las concertinas que, hasta hace cuatro años, cortaban manos y piernas. Puestos de guardia. Un helicóptero con cámara térmica. Policías. Perros. Esta fue la bienvenida que Melilla dio a las dos mil personas que intentaron escalar la frontera. La mayoría había cruzado África desde Sudán.

El resultado fue de entre 37 y 100 muertos dependiendo de la fuente consultada. Unos quinientos fueron devueltos en caliente. Algunos de ellos heridos, muchos metidos en autobuses y abandonados en Marruecos, un país que ni siquiera es el suyo. Otros fallecieron en el camino. La intervención de la policía española y marroquí a ambos lados de la frontera fue denunciada por diversos colectivos y asociaciones. Los hechos no han sido investigados y todavía hoy no hay responsables.

Otro problema, el derecho al asilo. Un derecho humano internacional que cualquier persona en situación de persecución política en su país de origen puede ejercer. Sin embargo, el sistema de asilo español no está preparado para gestionar la avalancha de solicitudes, unas 119.000 solo el año 2022, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Lo que en principio debería ser un proceso rápido para ofrecer protección a quienes lo necesitan se convierte en un largo calvario burocrático, donde la espera media para una respuesta puede durar hasta dos años.

Durante este tiempo, los solicitantes entran en un limbo legal. Carecen de cualquier acreditación que diga que están a la espera de confirmación de asilo, por lo que sus derechos son limitados y corren el riesgo de ser detenidos y expulsados de España por situación irregular. Aun después del proceso, nada les asegura que el asilo les va a ser concedido. En 2022 se aprobaron el 16,5% del total de solicitudes, mientras la media europea es del 38%.

Una vez se ha denegado un asilo, la persona afectada debe abandonar el país en quince días, deshacer el camino y volver al riesgo y la miseria o –por el contrario- permanecer en España como “ilegal” e intentar vivir con todo lo que ello supone. No poder firmar un contrato de residencia, ni de trabajo. Tener nombre, pero ser un desconocido.

Si ese desconocido decide quedarse y las autoridades le paran, será llevado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramita su expulsión. Esta figura se esfuerza mucho en separarse –en teoría- de un centro penitenciario. No es una cárcel. Los internos están allí por no ser españoles y no tener los recursos para serlo. No han cometido ningún delito, pero no es un órgano de castigo. No es una cárcel. Tienen privada la libertad de salir del centro. No es una cárcel. Están rodeados de vallas, barrotes y guardias. No es una cárcel.

ONGs y asociaciones han denunciado los CIEs en repetidas ocasiones por las condiciones en las que mantienen a los internos. Además, hay cientos de testimonios de personas que han sufrido agresiones, abusos y racismo por parte de la Policía.

Coordinación internacional

Allí, lejos de la gente como Amal, Gamal o Fatou, la Unión Europea. Las decisiones que se toman en este órgano de gobernanza supranacional ignoran a menudo el sufrimiento de los desesperados. Los nombres de quienes huyen de la guerra, la persecución o la pobreza se ahogan en el ruido y las cifras de las negociaciones burocráticas.

La Unión Europea aprobó el año pasado un aumento de la financiación a Marruecos para parar la inmigración irregular antes de llegar al continente. 500 millones de euros que recibirán entre 2022 y 2027 a cambio de reforzar sus fronteras, sus recursos policiales y la detención de migrantes.

Esta es una acción común en el continente. Desde 2016, la UE ha pagado más de 6.000 millones de euros a Turquía por su gestión de la inmigración como puerta del Medio Oriente a Europa y 60 millones a los Balcanes Occidentales. Además, países como Libia, Nigeria, Bangladesh y Pakistán también han recibido decenas de millones como apoyo en relación a la migración.

Sergio Carrera, investigador en el Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) criticó en una entrevista para Euronews la falta de transparencia de los fondos que la Unión Europea destina a otros países en materia de inmigración.

"La guardia costera libia y otras entidades estatales financiadas por la UE están profundamente implicadas en crímenes contra la humanidad. Están implicados en el contrabando, el tráfico y la esclavitud. Mantienen detenidas a las personas. Las torturan para obligar a sus familiares a pagarles”, declaró Carrera.

Además, España tiene diversos acuerdos bilaterales con países como Marruecos, Mauritania y Senegal. En los dos últimos, se acepta la readmisión de inmigrantes procedentes de esos países. En otras palabras, facilitar el devolver a las personas a su país de origen de forma rápida, horas y días después de haber arriesgado la vida para salir. Marruecos no contempla esta cláusula con sus nacionales, pero sí con inmigrantes procedentes de terceros países.

El cumplimiento de los acuerdos actúa como una condición indispensable para que estos países reciban una “ayuda necesaria al desarrollo” en otras áreas estratégicas. Miles de nombres con los sueños rotos a golpe de talonario.

Inmigración como herramienta diplomática

La caja de herramientas en las relaciones internacionales es grande y muchas veces no responde a la moralidad. La inmigración ha sido y es usada por muchos países para desestabilizar territorios, mostrar su capacidad coercitiva o presionar para llegar a acuerdos. Esto lo sabe bien España.

En mayo de 2021, Marruecos aflojó su control fronterizo, permitiendo que más de 8.000 personas cruzaran hacia Ceuta en solo unos días. Esta acción fue una clara respuesta a la decisión de España de acoger y brindar asistencia sanitaria al líder del Frente Polisario. Este movimiento lucha por la independencia del Sahara Occidental, territorio que Marruecos reclama como suyo.

El gobierno español envió al Ejército a la frontera, cargaron contra quienes cruzaban y se realizaron miles de devoluciones en caliente. Podían verse imágenes de inmigrantes exhaustos y desesperados que no podían contener las lágrimas, algunos de ellos niños.

Turquía es otro de los países que ha aprovechado su localización como frontera con Europa para usar la inmigración. En 2020, abrió las puertas a 13.000 refugiados sirios, de acuerdo a la estimación de la Organización Internacional para las Migraciones.

Las razones de esto podrían ser tres, de acuerdo a expertos en geopolítica contactados por EuroNews. Una, llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación en Siria, que amenazaba con aumentar la afluencia de refugiados hacia Turquía. Dos, la búsqueda de garantías de que Europa seguiría financiando la acogida de refugiados en territorio turco. Y tres, que la UE presionase a Rusia para que dejase de apoyar al gobierno sirio.

Fuera del tablero de las políticas, de los acuerdos y las cifras, lo que quedan son las personas. Cada migrante es una historia, un nombre que lucha por no perderse en las estadísticas. No se puede empatizar con un número. Amal, Gamal, Fatou, y tantos otros no son números. Son personas que han muerto; personas que son llamadas “ilegales” en el país en el que viven; personas que ahora mismo navegan en una barca, escalan una valla o caminan continentes enteros buscando oportunidades. Todos ellos son personas. Todos ellos tienen nombre.

Fuentes

Por qué Turquía ha abierto las puertas de la UE a los migrantes y el vínculo con Siria en Euronews.
El gasto de la UE en política migratoria es cada vez más difícil de rastrear, según un experto en Euronews.
Número de devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares realizadas por España entre 2017 y 2023.
Migrantes desaparecidos desde 2014 en IOM.
Inmigrantes que no pueden ser expulsados de España pasan por los CIE “una y otra vez” en Abogacía.
Ceuta: 4 claves que explican la llegada récord de miles de migrantes desde Marruecos a España en dos días en BBC.
¿En qué consiste la externalización de fronteras? en CEAR.
Informe 2023:Las personas refugiadas en España y Europa en CEAR.
La UE aumenta hasta los 500 millones los fondos que asigna a Marruecos para frenar las migraciones en Canarias Ahora.
La violencia policial extrema en los CIE, un reflejo más de la xenofobia institucionalizada en El Salto.
Inmigrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo en su camino a Europa en EP data.
¿Qué son las devoluciones en caliente? 7 claves para entenderlas en Amnistía Internacional.
Tragedia en la valla de Melilla: Un año de impunidad tras la masacre en Amnistía Internacional.
¿Qué son los CIEs y cuántas personas hay internados en ellos? en Europapress.
¿Qué llevó a Erdogan a abrir las fronteras de Turquía? en France24.
España cierra 2022 con un descenso del 25,6 por ciento en la inmigración irregular en La Moncloa.
España y Marruecos: La permisividad española con el vecino del sur en Global Affairs.