¿A dónde te llevan, Nicaragua? ¿A dónde la lleva la familia gobernante? Nicaragua hoy es un país que ha perdido todas sus estructuras constitucionales, legales y del llamado Estado de Derecho. En un Estado, una ¿república?, sin fundamentos constitucionales y legales que verdaderamente lo legitimen tanto al interior, ante sus ciudadanos, como en el exterior, ante la comunidad internacional de Estados y repúblicas, y de gobiernos democráticamente reconocidos.

Es un país que despóticamente es dirigido, administrado y gobernado. Las altas autoridades del poder ejecutivo dictan, disponen y obligan el acatamiento de sus decisiones fundamentales a los otros poderes de Estado. Les dan órdenes de actuación brincándose todo tipo de procedimientos legales y administrativos. Sus integrantes, los de estos poderes públicos, todos, se someten de manera absoluta a las decisiones que emanan de la actual vicepresidenta constitucional, que se comunica públicamente por medio del presidente constitucional, su esposo, Daniel Ortega, legalmente exhibido. El poder real hoy pareciera estar de manera efectiva en la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien han empezado a llamar y reconocer públicamente como la copresidenta.

En la estructura constitucional que tiene Nicaragua no existe la figura de la copresidencia. Ahí no hay un gobierno formalmente colegiado con dos presidentes, para que entre ellos se reconozcan como copresidentes. En esa fórmula que exhiben hoy tampoco están definidas las funciones de ambos copresidentes. No se sabe, todavía, si en esa fórmula de copresidencia, cargo que no existe constitucionalmente en Nicaragua, a modo de un triunvirato, contemplan también al hijo predilecto de ese matrimonio, al delfín político, el encargado de los negocios internacionales de la familia, Laureano Ortega Murillo, como otro copresidente fáctico, a quien le están abriendo el camino político de la sucesión presidencial.

Nicaragua hace tiempo dejó de ser una república democrática, de ejercicio pleno de libertades y derechos de sus ciudadanos, de ejercicio de derechos políticos, de libertades de prensa, de opinión, de pensamiento, de organización civil y política de los ciudadanos, de la misma condición de la ciudadanía, como una expresión suprema de los legítimamente habitantes y ciudadanos nicaragüenses, por ius solis o ius sanguinis, o por quienes hubieren obtenido, por los mecanismos legales y constitucionales existentes, la nacionalidad nicaragüense derivada. Nada de esto está funcionando en Nicaragua.

Se ha impuesto un Estado de terror, de terrorismo de Estado, directamente ejecutado de las órdenes que emanan, según Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo, que ha sido la artífice de los últimos movimientos y decisiones políticas.

Este reconocimiento que ha hecho Daniel obviamente resalta que quien está gobernando es Rosario, su enfermedad y sus males de salud lo han apartado directamente del gobierno efectivo.

En el último mes se filtró la información de una posible renuncia a la presidencia de Daniel Ortega, a quien le sucedería constitucionalmente Rosario Murillo. La discusión realizada alrededor de este tema condujo a la no renuncia inmediata, fortalecimiento de la presencia, en las decisiones públicas de Rosario Ortega, como se han venido manifestando, y en las decisiones públicas que han evidenciado la ruptura total del Estado de Derecho en Nicaragua, con la forma como han procedido con los presos políticos, los privados de libertad que el régimen autoritario y dictatorial de los Ortega Murillo tienen en este país. En esta discusión quedaba claro la predominancia de Rosario sobre Daniel y la limpieza del territorio nicaragüense de cualquier obstáculo que pudiera enturbiar el ascenso de Rosario, o del mismo Daniel, si así lo consideraran a última hora, en la reelección presidencial que están preparando.

Así se dispuso expulsar de Nicaragua a los detenidos políticos. Con ello se quería dar una falsa imagen de democratización del régimen, de respeto a la institucionalidad, de dar una imagen de que en Nicaragua no hay detenidos ni privados de libertad por razones políticas, puesto que todos los expulsados de Nicaragua de acuerdo con la decisión de su extrañamiento obedecían a su condición delincuencial, terrorista y de otros delitos contra la seguridad y soberanía de Nicaragua.

Con estos movimientos se ha pretendido descabezar a toda la oposición política, en sus principales figuras detenidas, de distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Se ha dicho que el gesto de sacarlos del país fue unilateral de Nicaragua. No el resultado de negociaciones políticas internacionales, y menos con Estados Unidos. Lo más absolutamente falso. Un avión de matrícula norteamericana o estadounidense no aterriza en Nicaragua, si no tiene los avales y permisos para realizar ese aterrizaje como sucede en todos los países del mundo. Menos aterrizaría para recoger ciudadanos libres y mucho menos para ir a recoger ciudadanos que mantenían en cárceles y presidios por razones políticas. Todos los que abordaron el avión recibieron un documento de la embajada de los Estados Unidos, o de su gobierno, que transó con los Ortega Murillo, para que pudieran salir de Nicaragua, abordar el avión y aterrizar en suelo de los Estados Unidos, y pasar sus trámites migratorios para vivir allí, transitoriamente, mientras se arreglan sus situaciones, por el plazo al menos de dos años.

¿Qué negoció Estados Unidos? Por ahora eso no está totalmente claro. ¿Qué negociaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, el Consejo de Gobierno de Nicaragua y la Junta de Gobierno que dirige al cascarón que tienen de Frente Sandinista de Liberación Nacional como partido gobernante, porque todos ellos tuvieron que ver con esa decisión y las consecuencias políticas internas que asumían, de violar la Constitución Política y la institucionalidad formal existente?

¿Negoció Estados Unidos el alejamiento de Nicaragua con Rusia, y hasta con Cuba, en el contexto internacional, y casi mundial, del conflicto Rusia-Ucrania, a cambio de un posible reconocimiento diplomático del gobierno de Ortega y Murillo, de manera más efectiva? Las relaciones Nicaragua-Venezuela no le interesan tanto a los Estados Unidos porque ellos ya han estrechado lazos con el gobierno venezolano, intercambiando prisioneros, entre ellos los sobrinos del presidente Maduro, capturados por narcotráfico internacional, y adquiriendo derechos importantes en la explotación y comercialización del petróleo venezolano, como parte del juego estratégico también de la situación Ucrania-Rusia. ¿El oro de Nicaragua, lo más importante que hoy tiene Nicaragua para sus exportaciones, será parte de esta negociación, con Estados Unidos, que sigue preparando ciudadanos nicaragüenses para su expulsión territorial, despojados de su nacionalidad como se ha anunciado recientemente con otro centenar de nicaragüenses?

La perversidad de la reunión familiar, de hace un mes en el Barrio El Carmen, de Managua, donde residen los gobernantes autoritarios de Nicaragua, donde se valoró la renuncia de Daniel Ortega, resultó en la decisión de despojar de la nacionalidad nicaragüense a los opositores políticos, de expulsarlos del país sin nacionalidad, de inhabilitarlos de por vida de sus derechos y libertades, de su ciudadanía, de prohibirles su retorno, de impedirles participar en política interna y en posibilidades electorales en Nicaragua.

La expulsión del territorio nacional de Nicaragua a un nicaragüense está prohibida constitucionalmente. El despojo de la ciudadanía también está prohibido constitucionalmente. El impedimento de un nacional nicaragüense a regresar a su país también está prohibido constitucionalmente. Con esos actos no solo se violó la Constitución Política de Nicaragua, sino que violaron tratados internacionales de derechos humanos, que habían sido suscritos por Nicaragua.

A los castigos penalmente impuestos a los expulsados de Nicaragua, que los tenían como presos políticos reales, violándoles sus derechos y libertades constitucionales, les impusieron de la noche a la madrugada esos otros castigos o penas, la expulsión, la desnacionalización y la inhabilitación política y civil de por vida, que la familia dinástica dictatorial corrió a introducir con medidas legislativas de trámite ultra rápido, fuera de todo orden procedimental legislativo y constitucional, para justificar su proceder, aplicando «nuevas penas» con carácter retroactivo lo que ningún régimen penal ni Estado de Derecho admite cuando estas afectan negativamente a las personas o a los privados de libertad. Todo sin publicación oficial de estas nuevas leyes o reformas constitucionales o legales, que debió haber hecho la dictadura.

Los actos realizados por el gobierno nicaragüense fueron una forma de matar a esas personas, una forma de declararlos muertos civiles para Nicaragua, ya inexistentes, de cortarles y borrarles sus raíces históricas, familiares, culturales, sociales y políticas. Solo que en su muerte han vuelto a nacer, han recobrado su dignidad, su condición de personas humanas, su libertad.

Los ciudadanos expulsados de Nicaragua, expulsados de las cárceles de la dictadura ortega-murillista, mientras estuvieron en sus mazmorras nunca fueron doblegados en su integridad, nunca bajaron la cabeza ni el espinazo. Fueron obligados a vestir uniformes de presidiarios sin perder su dignidad ni moral. Fueron vistiendo esos uniformes en un ejemplo vivo de decoro y dignidad ante un país y pueblo acallado por la fuerza.

Los Ortega Murillo han expulsado de su país a una buena parte de los más distinguidos personajes de la oposición política y de la intelectualidad de Nicaragua, ha procurado descabezar políticamente los grupos opositores y enmudecer hasta donde puedan al pueblo nicaragüense. Con las últimas decisiones de la semana pasada de seguir despojando de la nacionalidad a opositores está imponiendo el terror de Estado, el miedo reverencial al gobernante, al dictador, a quien se le ocurra disentir porque puede sufrir igual suerte.

La dictadura ha quedado desnuda, ha crecido su aislamiento internacional, se ha quedado con las manos vacías. El irrespeto a la voluntad popular permanece, se consolida y fortalece, la eliminación de organizaciones independientes continúa, la persecución contra la iglesia católica especialmente arrecia, la prohibición de partidos políticos opositores es la realidad para el pueblo nicaragüense, la corrupción de los poderes públicos galopa por todo el territorio nicaragüense.

Pese a toda su represión, a sus formas brutales de enfrentar a los opositores, mientras haya opresión en Nicaragua, siempre habrá luchadores contra esa opresión.

Mientras haya limitaciones a la libertad y los derechos ciudadanos y humanos siempre habrá luchadores por esos derechos y libertades.

Mientras haya gobernantes alejados de su mandato popular siempre habrá lucha por restituir esa relación armónica que debe haber entre gobernantes y gobernados.

Los muertos que sigan dándose en la lucha contra esta dictadura no callan. Hablan y viven con su ejemplo y sus ideales de libertad.

El peligro más grande lo corren ahora los que se negaron a la expulsión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, a quien, al negarse a salir de Nicaragua, le han recetado una pena de prisión de 26 años de cárcel. Su vida es la que corre peligro en este momento. A la dictadura no le interesa tener un punto omega en prisión, una figura religiosa que puede convertirse en punto de peregrinación por su libertad. En la visión del régimen dictatorial lo prefieren muerto y totalmente desaparecido. No quieren en el gobierno de Nicaragua voces proféticas.

El pueblo de Nicaragua es el que tiene la palabra. La dictadura no va a caer por acciones de nicaragüenses desde el exterior. No hay condiciones para ello. Esa tarea la tiene heroicamente quienes desde el interior de Nicaragua están dispuestos a revivir a Monimbó, al pueblo antidictatorial de Nicaragua… En esta lucha el pueblo nicaragüense seguirá sacrificándose… Managuan vado iterum crucifigi… irán a Managua para volver a ser sacrificados. Los días de Ortega y de Murillo, no tengo duda, de que están contados…