Las pensiones, el seguro de desempleo, la asistencia sanitaria, la acogida de solicitantes de asilo… Todos estos temas aparecen con frecuencia en la agenda política, pero ¿hay alguien que analice el sistema en su conjunto, cómo evoluciona y cuál es su futuro?

La protección social sigue siendo un tema difícil de abordar. No se puede tratar sin tener en cuenta también el contexto económico y el sistema fiscal. Tampoco se puede pasar por alto la exigencia de la sostenibilidad ecológica.

Hoy en día se plantea otro problema. Muchos países del Sur nunca han conocido el «lujo» de los Estados del bienestar occidentales, con seguridad social, servicios públicos, derechos laborales y lucha contra la pobreza. Si, en ese contexto, el Banco Mundial impone un programa de «protección social», es normal que la gente piense que la suerte le sonríe. Sin embargo, lo que las instituciones financieras internacionales denominan «protección social» tiene muy poco que ver con lo que es o fue en Europa Occidental. No es más que una lucha contra la pobreza velada, con un «universalismo» dirigido a «quienes realmente lo necesitan», con «servicios sociales» privatizados, una legislación laboral mínima y flexible, y una política contra la pobreza orientada a la supervivencia.

Todo ello complica mucho el debate.

En primer lugar, porque las necesidades materiales de las personas —alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, educación, seguridad…— sí son universales y siempre deben tener prioridad, por encima de otras cuestiones importantes como la democracia. El derecho a la protección social es uno de los derechos humanos más fundamentales. Tanto los estudios como los resultados electorales recientes han demostrado repetidamente que la frase de Bertolt Brecht «Erst das Fressen, dann die Moral» (Primero comer, luego la moral) sigue siendo válida.

Una segunda razón es que el actual «modelo social» de Europa Occidental necesita una renovación urgente. Tras los ataques neoliberales, hoy son los conservadores quienes se han apoderado de él y están recortando gran parte de la protección. Además, a las puertas se encuentran los gurús de Silicon Valley y otras inteligencias artificiales que tienen en mente algo completamente diferente. Si a esto le sumamos los cambios sociales muy concretos de las últimas décadas y las exigencias ecológicas que deben tenerse en cuenta, queda claro que los progresistas deben iniciar urgentemente un debate en profundidad sobre la protección social deseada.

Un enfoque global

La política social es siempre una competencia nacional. Aunque instituciones internacionales como la ONU, la OIT o la Unión Europea pueden realizar estudios, promulgar convenios internacionales o llevar a cabo labores de coordinación, en última instancia son siempre los gobiernos nacionales los que deben concretarlas.

Sin embargo, esto no quita que exista una dimensión internacional. Ya desde el siglo XIX se celebraron conferencias internacionales que más tarde dieron lugar a los primeros pilares de la seguridad social en Europa Occidental. Al término de la Primera Guerra Mundial se fundó la OIT y la justicia social se relacionó de inmediato con el mantenimiento de una paz duradera. Uno de los primeros convenios internacionales tras la Segunda Guerra Mundial versaba sobre las normas mínimas de seguridad social.

A partir de 1990, es el Banco Mundial el que impone en todo el Sur la «lucha contra la pobreza». Es él quien ha hecho desaparecer en gran medida los ya de por sí muy limitados Estados del bienestar de los países más pobres para sustituirlos por una política de lucha contra la pobreza. Para disimularlo en cierta medida, desde principios del siglo XXI se denomina «protección social».

Los Estados del bienestar de Europa Occidental presentan grandes diferencias entre sí, pero se basan en una serie de características comunes. Están indisolublemente ligados a la ciudadanía y otorgan acceso a una serie de derechos, no en función de la nacionalidad, sino de la propiedad colectiva de los fondos de solidaridad. Se basan en contratos de trabajo formales y, por lo general, también en una gestión paritaria entre trabajadores y empresarios. Constituyen un compromiso entre el trabajo y el capital.

Todos ellos abarcan el ciclo de vida completo, desde la infancia hasta la vejez. Aunque tienen, hasta cierto punto, un carácter redistributivo, su principio básico es el seguro, partiendo de una responsabilidad colectiva ante la mala suerte o las desgracias que pueden sobrevenir a las personas. Los Estados de bienestar garantizan una solidaridad estructural horizontal de todos con todos.

Hoy en día, el sistema se encuentra en peligro, una vez más, debido a los cambios sociales y económicos de las últimas décadas y a las numerosas reformas neoliberales que ignoran los derechos.

Neoliberalismo

En el neoliberalismo, los mercados ocupan un lugar central y sustituyen al Estado como entidad reguladora. Los seguros pueden ser ofrecidos por el mercado, por lo que los «servicios públicos», desde la sanidad hasta la educación, pasando por el transporte público, la vivienda y el servicio postal, pueden ser privatizados. Se concede mayor importancia a la responsabilidad individual, por lo que los sistemas de pensiones de reparto (pay-as-you-go) deben sustituirse por la capitalización individual. La regulación del mercado laboral obstaculiza la competitividad, por lo que debe flexibilizarse en gran medida.

En la «protección social», tal y como la propone el Banco Mundial, se recurre principalmente a las «transferencias en efectivo» y se parte de la base de los numerosos «riesgos y crisis» a los que pueden enfrentarse las personas, desde la enfermedad hasta la inflación, pasando por los conflictos y las catástrofes naturales. Ya no se habla de derechos.

Se puede ayudar a las personas pobres con programas de inclusión en el mercado y, en su caso, con una prestación.

La «protección social» está, a partir de ahora, al servicio de la economía. Se sigue hablando de «universalismo», pero se añade: «para quienes lo necesiten». Las cotizaciones que pagan los trabajadores y los empresarios se denominan ahora «impuestos» y se utilizan en la argumentación para denunciar la presión fiscal.

Conservadurismo

El caos económico y social provocado a nivel mundial por el neoliberalismo lo están absorbiendo cada vez más líderes conservadores y, a menudo, autoritarios. Se oponen a la globalización y al libre comercio, y defienden otros ideales sociales. Su punto de partida es que no puede haber redistribución sin una creación previa de riqueza.

Al igual que en el neoliberalismo, se sigue privatizando y desregulando. La protección social se aplica «a quien la necesita», pero se muestra mucha más reticencia en lo que respecta a las prestaciones. Se añade una función de control y disciplina. Vuelven a existir los pobres «buenos», a los que hay que ayudar, y los pobres «malos», a quienes se sanciona o se les abandona a su suerte. Se permite excluir a los migrantes.

El sistema funciona mejor cuando está gestionado íntegramente por el Estado. Ya no se trata de un derecho humano.

Fascismo

La visión conservadora abre de par en par la puerta al fascismo. El ideal es entonces una sociedad en la que cada uno tiene un lugar y una función fijos. Eres quien eres y te quedas donde estás.

Como ejemplo de un enfoque fascista, podemos fijarnos en la reciente publicación de dos de los fundadores de Palantir, la empresa que se hizo grande y rica gracias a la inteligencia artificial.

En este sector se da por hecho que nos encontramos ante una auténtica revolución y que la IA no solo transformará profundamente el mercado laboral, sino toda la sociedad.

En su libro, los autores sostienen que el Estado debe gestionarse como una empresa, con un director ejecutivo al frente. La democracia está fuera de lugar, ya que requiere mucho tiempo y no es eficiente. Las empresas también deben dedicarse por completo a defender los intereses nacionales y colectivos, y no ceder ante los caprichos del mercado. Por lo demás, se oponen a ese «mercado libre», al igual que se oponen al liberalismo.

La ciencia ya no debe buscar la «verdad», sino que debe inscribirse en los «valores y normas» establecidos por la sociedad. Se oponen a la «diversidad» y a la «tolerancia» hacia quienes piensan de forma diferente.

Para el «nuevo mundo» que se avecina aún no existe una propuesta social definida. Sin embargo, se está reflexionando intensamente al respecto y se están lanzando algunas ideas al mundo. Estas, por supuesto, ya no tienen nada que ver con los derechos, la redistribución o los sindicatos. La identidad colectiva (sin migrantes) debe convertirse en el caldo de cultivo del progreso. Los impuestos ex post (sobre los beneficios, por ejemplo) se consideran obsoletos, aunque sí se podría gravar la aportación de capital, crear un fondo soberano y pagar una renta básica. O bien, se permite a los trabajadores participar en el capital de la empresa.

¿Gurús tecnológicos ilustrados o libertarios?

En OpenAI, de Sam Altman, el tono es algo menos radical.

En un documento de abril de 2026 también se plantea un mundo completamente nuevo, pero que debe «beneficiar a todos». Hay que idear nuevas instituciones democráticas para poder distribuir ampliamente el progreso. Es necesario establecer un nuevo contrato social, ya que se es consciente de que, con el aumento del desempleo y la desigualdad, las cosas pueden acabar mal.

No se piensa tanto en la redistribución —«la renta básica puede generar dependencia»— como en la «predistribución», es decir, un impuesto sobre la aportación de capital, un fondo soberano y un reparto del capital entre los trabajadores.

Así pues, en este nuevo mundo de la IA aún queda mucho por hacer en cuanto a la forma de abordar la «cuestión social». Y, sobre todo: aún no se ha decidido absolutamente nada. Las nuevas propuestas provienen de las empresas, no de los gobiernos. Por el momento, los gobiernos siguen recortando derechos, aunque aquí y allá se añadan nuevos programas para niños, personas mayores o con discapacidad.

Llama la atención que no se le dé mucha importancia a la democracia, ya que se considera que frenaría el progreso, o incluso lo haría imposible. La libertad no es compatible con la democracia. Se rechazan la política y la ideología porque, al fin y al cabo, a la gente solo le interesan las ventajas prácticas y materiales para sí misma.

En algunas propuestas, el Estado también debe desaparecer y el mundo se parecerá a un mosaico descentralizado en el que los «ciudadanos por contrato» pagan una cuota de afiliación y pueden darse de baja en cuanto el modelo deje de gustarles. Piensa, por ejemplo, en las «ciudades chárter» (charter cities) que están surgiendo ahora. Ya no tiene por qué haber una sociedad cohesionada; los individuos soberanos deciden por sí mismos dónde y cómo quieren vivir y trabajar.

Al igual que ocurre con la «Ilustración oscura» (dark enlightenment), a menudo se trata de proyectos utópicos que fusionan ideas de izquierda y de derecha, y que recuerdan más a la ciencia ficción que a la realidad de las criadas y los sirvientes que seguirán siendo necesarios.

Alternativas progresistas

El pensamiento social para este nuevo mundo aún no existe. Los gurús tecnológicos no piensan en la sociedad, que, por cierto, para ellos apenas existe. Además, no hay ninguna razón por la que sus sueños descabellados vayan a hacerse realidad. Porque las sociedades y sus movimientos sociales sí que existen y pueden oponerse.

Ahí es donde está el problema. Porque las propuestas progresistas alternativas son escasas. Los movimientos sociales y los sindicatos se aferran a lo que existe ahora y defienden lo que deben y pueden defender. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que el tan famoso «modelo social europeo» pueda sobrevivir.

Cabe mencionar dos propuestas esperanzadoras, de alcance mundial y orientadas al futuro.

En su último informe como relator especial de la ONU sobre la pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter esboza un proyecto verde sin crecimiento. De hecho, para que la pobreza desaparezca no hace falta crecimiento, sino un mejor sistema económico, sostenibilidad ecológica y redistribución. La cuestión es si esto es posible con un modelo de economía social y solidaria, en paralelo a un capitalismo inalterado.

Una segunda propuesta proviene del grupo en torno a Thomas Piketty. Está orientada al largo plazo, al año 2100, y está respaldada por una gran cantidad de cifras y estadísticas. No contiene nada que no exista ya de alguna forma o que no haya existido en el pasado. El objetivo es alcanzar la habitabilidad planetaria, la justicia social y una reforma de la arquitectura financiera.

El proyecto no contempla el «decrecimiento», sino que considera que una economía sectorial basada en la suficiencia puede ofrecer mejores resultados apostando más decididamente, entre otras cosas, por la educación, la sanidad y otras formas de producción inmaterial. Se produciría una reducción drástica de la jornada laboral. El grupo también baraja la creación de un banco central mundial, una moneda mundial y una reducción de las desigualdades de ingresos y patrimonio.

El grupo subraya que la propuesta es técnicamente viable en su totalidad y supone una mejora material concreta para una amplia mayoría de la población.

Una cosa es segura: es urgente trabajar en un nuevo contrato social que preserve los logros más importantes del antiguo «modelo social europeo», pero que tenga en cuenta las nuevas exigencias: otras formas de convivencia, la sostenibilidad ecológica, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y una nueva economía.

Debido a la creciente desigualdad, los ricos tienen una influencia política enorme y lo máximo que cabe esperar es un enfoque filantrópico benevolente. En el peor de los casos, nos encaminamos hacia un darwinismo social que abandona a su suerte a los más vulnerables. La lucha ha comenzado. Si los progresistas quieren que sigan existiendo los derechos socioeconómicos —con educación, sanidad e ingresos garantizados en un planeta habitable—, es urgente celebrar un debate en profundidad sobre cómo defenderlos.