La firma del nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más importantes ocurridos en el Ártico desde el final de la Guerra Fría, no porque transfiera la soberanía de la isla a Washington, como algunas declaraciones políticas podrían hacer pensar, sino porque reconoce que la seguridad de Groenlandia, la defensa de América del Norte y la estabilidad del Atlántico Norte forman parte de un mismo espacio estratégico.

El acuerdo amplía la presencia militar estadounidense, fortalece la participación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y conserva a Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca, al mismo tiempo que le concede una voz propia en una decisión que afecta directamente su territorio y su futuro.

El pacto fue firmado el 22 de septiembre de 2026, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras varios meses de tensiones entre Washington y Copenhague —en los que el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos necesitaba un control mucho mayor sobre Groenlandia, recordando la vulnerabilidad de la isla frente a Rusia y otras potencias con un lenguaje que provocó una comprensible reacción en Dinamarca y entre la población groenlandesa—, el resultado final no fue la adquisición del territorio ni una ruptura dentro de la alianza atlántica. Fue una negociación que transformó una crisis diplomática en un arreglo de seguridad: Estados Unidos obtuvo una presencia más amplia, Dinamarca preservó la soberanía del reino y Groenlandia logró participar como parte firmante y no solamente como objeto de una negociación entre potencias.

Para comprender la importancia del acuerdo es necesario recordar que la relación militar entre Estados Unidos y Groenlandia no comenzó con Trump. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca estaba ocupada por Alemania, Washington estableció instalaciones en la isla para proteger las rutas del Atlántico Norte y evitar que una potencia hostil controlara un territorio decisivo para la defensa continental.

En 1951, Estados Unidos y Dinamarca firmaron el Acuerdo sobre la Defensa de Groenlandia, que reconoció expresamente la soberanía danesa y concedió a las fuerzas estadounidenses amplios derechos militares. En 2004, ese marco fue actualizado en Igaliku, con una participación más clara de las autoridades groenlandesas y con mecanismos de cooperación en materia económica, ambiental y tecnológica. El pacto de 2026 no surge, entonces, en un vacío jurídico; representa una nueva etapa dentro de una relación estratégica que tiene más de setenta años.

La geografía explica esa continuidad: Groenlandia se encuentra entre América del Norte, Europa y el océano Ártico, y ocupa una posición central para la vigilancia aérea y marítima, para la detección temprana de misiles, para las comunicaciones por satélite y para el control de las rutas que conectan el Ártico con el Atlántico Norte. La trayectoria más corta entre determinados puntos de Rusia y Estados Unidos pasa cerca de esta región, por lo que la isla es esencial para los sistemas de alerta y para la futura arquitectura de defensa antimisiles estadounidense. También es importante para vigilar el llamado paso GIUK —formado por Groenlandia, Islandia y el Reino Unido—, una zona por la que submarinos y fuerzas navales rusas tendrían que desplazarse para acceder al Atlántico.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos llegó a mantener diecisiete instalaciones y más de diez mil efectivos en Groenlandia. Con el paso de las décadas, esa presencia se redujo considerablemente y quedó concentrada en la actual Base Espacial Pituffik (antes conocida como Thule), donde permanecen alrededor de ciento cincuenta militares estadounidenses.

El nuevo pacto permite ampliar nuevamente esa huella mediante el fortalecimiento de Pituffik y la utilización de dos sitios adicionales: Narsarsuaq, en el sur, donde funcionó una importante base estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría, y Mestersvig, en la costa oriental, una instalación utilizada por la patrulla danesa Sirius para ejercer vigilancia y soberanía en condiciones extremadamente difíciles.

La ampliación no debe interpretarse únicamente como una acumulación de tropas o infraestructura; su propósito principal es mejorar la vigilancia, la capacidad de respuesta, la logística y la interoperabilidad entre aliados. El Ártico ya no puede considerarse una periferia congelada y separada de las grandes disputas internacionales: el deshielo facilita el acceso a rutas marítimas y recursos, mientras Rusia ha modernizado bases y capacidades militares a lo largo de su extensa costa ártica.

El acuerdo contiene además una dimensión política decisiva: ningún país ajeno a la OTAN podrá establecer una presencia militar en Groenlandia y la seguridad del territorio se vincula más claramente con la responsabilidad colectiva de la alianza. Dinamarca ha insistido en que la protección del Ártico no puede descansar solamente sobre sus capacidades nacionales ni quedar exclusivamente en manos de Washington. Esta fórmula distribuye responsabilidades y evita que la cuestión groenlandesa se convierta en una disputa bilateral permanente entre dos aliados. La OTAN ofrece un marco conocido, basado en la defensa colectiva, la consulta política y el respeto a la soberanía de sus miembros; por esa razón, el pacto puede fortalecer la cohesión atlántica si sus disposiciones se aplican con transparencia y con una participación efectiva de Groenlandia.

La soberanía es precisamente el punto que exige mayor claridad. El presidente Trump describió el acuerdo como una concesión de control permanente sobre la seguridad y otras necesidades de Groenlandia. Dinamarca y las autoridades groenlandesas han presentado una interpretación diferente: para ellas, la isla continúa dentro del Reino de Dinamarca, no existe una transferencia territorial y la ampliación militar se realiza mediante consentimiento. La diferencia entre ambas narrativas responde en parte al lenguaje político utilizado ante públicos distintos: Trump presenta el pacto como la satisfacción completa de las preocupaciones estadounidenses, Copenhague lo presenta como una defensa de la soberanía mediante la cooperación, y Nuuk lo presenta como una garantía de seguridad acompañada de reconocimiento político. Desde el punto de vista jurídico, la soberanía no desaparece porque un Estado permita instalaciones militares extranjeras, siempre que esa autorización emane de un acuerdo válido y conserve límites definidos.

El reconocimiento de Groenlandia como actor es uno de los elementos más novedosos. La isla dispone de un amplio autogobierno y conserva el derecho a avanzar hacia la independencia mediante un proceso democrático. Su participación directa reduce la imagen colonial de un arreglo decidido exclusivamente por Dinamarca y Estados Unidos; también establece que el pacto podría continuar si Groenlandia alcanza algún día la independencia, siempre que permanezca vinculada a la OTAN. Esta previsión no determina el futuro constitucional de la isla, pero reconoce que cualquier arquitectura duradera debe ser compatible con el principio de autodeterminación y con la voluntad de sus habitantes.

Para Groenlandia, la oportunidad viene acompañada de obligaciones y riesgos. Una presencia militar ampliada puede generar inversión en puertos, aeropuertos, comunicaciones, energía y capacitación, al tiempo que puede mejorar la búsqueda y rescate y reducir el aislamiento de comunidades remotas. Pero también puede producir impactos ambientales, dependencia económica y tensiones culturales: la historia de la presencia estadounidense dejó beneficios estratégicos, pero también episodios de desplazamiento, contaminación y decisiones adoptadas con escasa participación local. El éxito del pacto dependerá de que los contratos, el empleo, la protección ambiental y la relación con las comunidades sean tratados como elementos centrales, y no como asuntos secundarios frente a las necesidades militares.

También existe una dimensión económica que no debe confundirse con el contenido estrictamente defensivo. Groenlandia posee recursos minerales importantes y ocupa un lugar creciente en la discusión occidental sobre tierras raras y cadenas de suministro. Estados Unidos y Europa buscan disminuir dependencias estratégicas respecto de otras potencias; por eso, la seguridad física de la isla, la protección de infraestructura crítica y las reglas sobre inversión extranjera adquieren mayor importancia.

Sin embargo, impedir una presencia militar adversaria no equivale automáticamente a conceder a Washington el control sobre los recursos naturales. Esos recursos pertenecen al ámbito de decisión groenlandés; la cooperación será más legítima y estable si combina inversión, respeto ambiental, beneficios locales y reglas claras, no si reproduce una competencia por materias primas ajena a la población.

Desde la perspectiva estadounidense, el acuerdo demuestra una característica recurrente de la política exterior de Trump: el presidente eleva la presión, formula demandas maximalistas y procura convertir la incertidumbre en capacidad de negociación. Esa estrategia puede resultar peligrosa cuando se dirige contra aliados, porque erosiona la confianza y ofrece argumentos a los adversarios, pero en este caso terminó produciendo concesiones concretas sin modificar las fronteras ni destruir la alianza. Estados Unidos obtiene mayor acceso militar, reduce el riesgo de penetración de otras superpotencias y fortalece la defensa del territorio continental. Trump puede presentar el resultado como una victoria, mientras Dinamarca y Groenlandia pueden afirmar que evitaron una anexión y trasladaron la seguridad ártica a un marco multilateral.

Dinamarca también obtiene ventajas. Durante años recibió críticas por invertir insuficientemente en la defensa de Groenlandia, un territorio enorme, difícil de vigilar y sometido a condiciones climáticas extremas. El pacto permite compartir costos y capacidades con la principal potencia militar de la OTAN, al mismo tiempo que obliga a Copenhague a mantener su propio esfuerzo y a tratar a Groenlandia como socio político. No basta con permitir nuevas instalaciones estadounidenses: será necesario ampliar patrullas, vigilancia marítima, radares, drones, infraestructura y presencia aliada. La seguridad compartida funciona únicamente cuando cada participante asume responsabilidades y cuando la cooperación no se convierte en un sustituto de la capacidad nacional.

La experiencia deja además una enseñanza para las democracias occidentales: la soberanía no se protege solamente con declaraciones jurídicas; necesita capacidad efectiva para vigilar el territorio, controlar la infraestructura y responder frente a amenazas. Durante muchos años Europa confió en que el Ártico conservaría un carácter excepcionalmente pacífico y que la cooperación científica podría mantenerse separada de la competencia estratégica. Esa expectativa perdió fuerza con la militarización rusa y la nueva importancia de las rutas septentrionales. El pacto reconoce esa realidad sin aceptar que la única respuesta posible sea cambiar la soberanía de Groenlandia.

También modifica la relación entre territorios pequeños y grandes potencias. Groenlandia tiene una población cercana a cincuenta y seis mil habitantes, pero su posición geográfica le concede una importancia muy superior a su tamaño demográfico y económico. Esa asimetría puede convertirla en objeto de decisiones externas o puede darle capacidad para negociar mejores condiciones; la diferencia dependerá de la fortaleza de sus instituciones y de la unidad con que defienda sus prioridades. Participar en el acuerdo constituye un avance, pero la participación verdadera deberá mantenerse durante la ejecución, especialmente cuando se decida dónde construir, quién contrata, cómo se protege el ambiente y qué beneficios recibe la población.

El pacto puede considerarse una solución realista porque concilia tres intereses que parecían incompatibles: Estados Unidos necesitaba mayor seguridad y acceso, Dinamarca debía proteger la integridad del reino y Groenlandia exigía respeto por su voluntad. La fórmula alcanzada no satisface de manera absoluta todas las aspiraciones, pero evita que la disputa territorial fracture la OTAN. Además, transforma el Ártico en una responsabilidad colectiva y no en una zona donde la falta de inversión occidental permita que otros actores establezcan condiciones.

Su valor definitivo dependerá menos de las declaraciones que de la aplicación: será necesario conocer con precisión el alcance de las nuevas áreas de defensa, las facultades de las fuerzas estadounidenses, los procedimientos ambientales, la participación de las autoridades groenlandesas y los mecanismos de supervisión democrática.

También será indispensable impedir que la retórica de control eclipse el principio que hace legítimo el acuerdo: Groenlandia no es una pieza vacía en un tablero ni un territorio disponible para ser adquirido; es una sociedad con identidad, instituciones y derecho a decidir su futuro. La seguridad puede ser compartida, la soberanía debe ser respetada y la cooperación solo será duradera si produce beneficios reconocibles para quienes habitan la isla.

El nuevo pacto confirma que el Ártico ha dejado de ser un espacio distante para convertirse en una frontera central de la competencia mundial; confirma también que Estados Unidos continúa siendo indispensable para la defensa del Atlántico Norte, pero demuestra que el poder puede ejercerse con mayor eficacia cuando se convierte en alianza y no en imposición. Dinamarca aporta la continuidad jurídica, Groenlandia aporta la legitimidad territorial y democrática, Estados Unidos aporta capacidades militares que ningún otro aliado puede ofrecer en igual escala, y la OTAN proporciona el marco común. Si esos elementos permanecen equilibrados, el acuerdo podrá ser recordado no como el momento en que una potencia obtuvo Groenlandia, sino como el momento en que tres gobiernos encontraron una fórmula para protegerla sin negar su identidad ni su porvenir.