10 de abril de 1982. Masivo acto en Buenos Aires de respaldo a la ocupación de las Islas Malvinas por parte de las fuerzas armadas argentinas. Las Madres de Plaza de Mayo desfilan con un lienzo: “Las Malvinas son argentinas; los desaparecidos también”.

Recordar el contexto de la guerra de las Malvinas de 1982 es necesario, sobre todo ahora, cuando la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, con su aliento a los afanes electoralistas de su par argentino Javier Milei, tiende a soliviantar nacionalismos que no solo involucran a Buenos Aires y Londres y al archipiélago en disputa, sino también desatan una militarización del entorno del Estrecho de Magallanes. Volvamos a 1982. El general Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe de turno de la dictadura militar instaurada en 1976, lanzó la “Operación Rosario” como una fuga hacia adelante.

El régimen castrense enfrentaba una honda crisis económica acompañada de un creciente aislamiento político. La represión, con su saldo de unos 30.000 asesinados y desaparecidos, se mostraba incapaz de contener las movilizaciones por los derechos humanos y el retorno a la democracia. El ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo calaba hondo, mientras las fuerzas políticas opositoras se reagrupaban en una Multipartidaria que iba desde peronistas y radicales hasta democristianos. También coincidían en el rechazo a la política económica de la dictadura las grandes centrales sindicales y organismos del empresariado.

El 30 de marzo hubo más de dos mil detenidos en Buenos Aires y centenares de arrestos en otras ciudades, además de numerosos heridos, con las agresiones policiales contra la movilización convocada por la poderosa CGT (Confederación General del Trabajo).

“Malvinas sí, Proceso no”

Desde febrero se venían desarrollando negociaciones entre la dictadura argentina y el gobierno británico de la conservadora primera ministra Margaret Thatcher, con el aval del gobierno estadounidense de Ronald Reagan. Buenos Aires planteaba la recuperación de su soberanía sobre el archipiélago de las islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. La dictadura estaba dispuesta a ceder tanto en la autodeterminación de los kelpers, habitantes ingleses de las islas, como en aceptar capitales británicos y estadounidenses en la explotación de los recursos de hidrocarburos de la plataforma marítima.

Se suponía que las conversaciones arrojarían resultados en el transcurso de abril y en los círculos del régimen argentino se hablaba del 17 de mayo, según versiones extraoficiales, como fecha para proceder a una ocupación militar si fallaban las vías diplomáticas.

Acosado por la situación interna, Galtieri anticipó la acción al 2 de abril, día de la Virgen del Rosario, y ordenó movilizar ocho mil infantes de marina que ocuparon Port Stanley, rebautizado más tarde como Puerto Argentino.

El respaldo popular a la recuperación del archipiélago no fue un cheque en blanco para la dictadura. La CGT desfiló con la pancarta “Malvinas sí, Proceso no”, aludiendo a la denominación que la dictadura daba a su proyecto, en que la represión iba acompañada de una política económica monetarista orquestada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz.

Como se sabe, la guerra no declarada entre Argentina y el Reino Unido culminó el 14 de junio con el triunfo de la poderosa fuerza expedicionaria naval y aérea que Thatcher envió a las islas el 5 de abril. Los 74 días de combate dejaron un saldo de 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

La baza que jugó Galtieri le fracasó en todas sus líneas. La derrota aceleró el fin de la dictadura argentina, que se vio obligada a convocar a elecciones y entregar el poder el 10 de diciembre de 1983 al radical Raúl Alfonsín. Margaret Thatcher, a su vez, tuvo en la guerra la oportunidad de revertir el creciente rechazo de los británicos a sus drásticas políticas neoliberales y asegurar su reelección como primera ministra en junio de 1983, con una abrumadora mayoría para su Partido Conservador.

Los militares argentinos no esperaban una réplica tan contundente del gobierno inglés. Tampoco preveían un alineamiento tan decidido de Reagan con Gran Bretaña, ya que se consideraban buenos aliados de Estados Unidos en el escenario de la Guerra Fría y particularmente en la cruzada anticomunista, con la cruenta represión en su propio territorio y su disponibilidad para apoyar intervenciones en terceros países.

A comienzos de la década de los 80, la insurgencia guerrillera adquiría fuerza en América Central luego del triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979. El punto más neurálgico para la Casa Blanca estaba en El Salvador, donde el régimen cívico-militar de Napoleón Duarte se mostraba incapaz de derrotar al Frente Farabundo Martí. En agosto de 1981, el general Vernon Walters, enviado especial de Reagan, visitó Buenos Aires con la tarea de sumar a los militares argentinos a una fuerza interamericana de intervención en El Salvador. La propuesta tuvo apoyo del entonces jefe de la dictadura, el general Roberto Viola, y sobre todo un entusiasta respaldo de Galtieri, a la sazón comandante del Ejército.

El TIAR, instrumento de conveniencia

La iniciativa de Reagan tenía el respaldo “legal” del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que facultaba acciones diplomáticas o militares conjuntas para combatir agresiones de potencias extra hemisféricas contra cualquier país del continente americano. En este caso, la guerrilla salvadoreña constituía en la retórica de la Guerra Fría una intervención extracontinental promovida por el comunismo internacional a través de Cuba, expulsada a su vez del sistema interamericano desde 1962.

Tal vez con ingenuidad, la dictadura argentina esperaba que Estados Unidos y los demás gobiernos del continente actuaran en bloque contra la agresión extracontinental representada por la acción militar británica de recuperación del archipiélago de Las Malvinas. Pero Reagan privilegió la alianza con Londres en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), avalado con el acuerdo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril, de condena al “uso de la fuerza” por parte de Argentina, exigiendo su inmediato retiro de las islas. El acuerdo tuvo 10 votos a favor, el solitario voto en contra de Panamá y las abstenciones de la Unión Soviética, España, Polonia y China.

El 28 de abril, los cancilleres de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocados en Washington, aprobaron por 17 votos a favor una resolución en que exhortaban a Londres y Buenos Aires a una tregua en la guerra y a la búsqueda de una salida pacífica. La resolución incluyó un punto de categórico reconocimiento de la OEA al “derecho de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas”. Estados Unidos, Colombia, Trinidad-Tobago y Chile se abstuvieron de aprobar la resolución, en un implícito desacuerdo con este último punto. El voto de la dictadura chilena respondió a factores geopolíticos, en medio de la disputa con Argentina por el control del canal de Beagle y el Estrecho de Magallanes.

Más tarde se conocería que Chile no fue neutral en la guerra, sino que apoyó a Gran Bretaña con información de inteligencia y facilidades de abastecimiento de su fuerza aérea expedicionaria. Ese fue uno de los argumentos de Thatcher en 1999 para interceder por la liberación del exdictador Augusto Pinochet durante su largo arresto en Londres, cuando estaba reclamado por la justicia española.

Fue bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) que Chile reconoció el derecho de soberanía de Argentina sobre las Malvinas.

Los pormenores diplomáticos, políticos y estratégicos de la guerra argentino-británica de 1982 dejaron en mal pie al llamado sistema interamericano, con la demostración de que Estados Unidos, su integrante hegemónico, consideraba a sus socios hemisféricos como aliados menores, sin peso ante la prioridad de la alianza atlántica y la relación privilegiada con Gran Bretaña, en una comunidad de intereses no solo militares, sino también económicos entre Reagan y Thatcher.

Adicionalmente, la “asistencia recíproca” interamericana se demostraba como una declaración vacía en cuanto a los conflictos territoriales y un retórico anticolonialismo. El TIAR fue un instrumento ideológico y militar, apto para derrocar gobiernos nacionalistas, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, aislar a Cuba o propiciar la instalación de dictaduras militares de extrema derecha.

La debacle de los militares argentinos mostró asimismo que las dictaduras instaladas al abrigo de la Doctrina de Seguridad Nacional eran efectivas en reprimir a sus propios pueblos y violar los derechos humanos para combatir la “insurrección comunista”, pero absolutamente inútiles para mantener una guerra contra una potencia desarrollada.

La “Doctrina Donroe”

Al fin de cuentas, las relaciones de Estados Unidos con América Latina han tenido, con matices temporales, como eje desde el siglo XIX la Doctrina Monroe, como quedó demostrado en la guerra de Las Malvinas. Y es sintomático que el litigio del Atlántico Sur retome actualidad cuando el megalómano presidente de los Estados Unidos la reflota con la etiqueta de “Doctrina Donroe”.

En su enfermiza persecución del Nobel de la Paz, Donald Trump se presenta como el solucionador de conflictos, aunque para ello necesite crearlos.

No hay un afán anticolonial en los guiños de Trump a Milei que sugieren un apoyo a la reclamación argentina sobre el archipiélago. Se trata, según varios analistas, de una estrategia combinada, que busca presionar a Gran Bretaña para un alineamiento más estrecho con Washington en la OTAN y al mismo tiempo fortalecer alianzas con los gobiernos latinoamericanos de extrema derecha, que tienen en Milei a un exponente de primera línea.

Si Galtieri recurrió a las Malvinas en 1982 con el fallido propósito de ganar apoyo popular para la dictadura, Milei repite el libreto este 2026 ante los vaticinios de próximas derrotas electorales para su partido “La libertad avanza”. La apelación a sentimientos nacionalistas es siempre rentable, y en esa línea decreta castigos económicos de incierto efecto para quienes inviertan en las Malvinas y, sobre todo, anuncia compras armamentistas y una gran base militar en Tierra del Fuego, con previsibles apoyos financieros del gobierno estadounidense.

Pese a la afinidad de Milei con el presidente chileno José Antonio Kast, se ha abierto un foco de tensiones en el extremo sur de Sudamérica. Una vez más, la diplomacia se ve desplazada y también los derechos humanos, aunque las Madres de Plaza de Mayo, ahora Abuelas, sigan clamando por justicia para los desaparecidos.