A través de este artículo se analizan los enlaces existentes entre el crimen organizado transnacional, el terrorismo transnacional y la existencia de agrupaciones islamistas asentadas inclusive en América Latina y muy en particular la presencia de Hezbollah.

Por medio de información recopilada de estudios de organizaciones como Naciones Unidas, RAND Corporation, UNICRI, la Organización de Estados Americanos y textos académicos, se presenta la manera cómo la región se ha transformado en un escenario de financiamiento, logística y penetración ideológica de actores externos, especialmente por medio de la República Islámica de Irán, realizado por redes criminales locales, abordando los factores estructurales que facilitan esta cercanía, así como sus implicaciones en la gobernabilidad y seguridad hemisférica.

Tradicionalmente los fenómenos del terrorismo y el crimen organizado han sido abordados de manera independiente, sin embargo, en los últimos tiempos se ha comprendido que ambos han evolucionado como modelos que presentan interdependencia operativa y financiera. En el caso de América Latina, ha sido considerada una región periférica en los conflictos del Medio Oriente, pero que ha ganado una relevancia geoestratégica por la presencia de actores como la organización chiita libanesa (de capital iraní) Hezbollah, quienes actúan como el brazo ejecutor de los intereses de Teherán (RAND, 2025).

Desde los atentados terroristas perpetrados contra la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires en el año 1992, así como la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el año 1994, la región latinoamericana ha evidenciado la inserción progresiva de estructuras terroristas que interactúan con redes criminales locales, generando una convergencia híbrida de narcotráfico, corrupción y radicalización religiosa según lo menciona López de Miguel (2023).

La situación se agrava en situaciones de debilidad institucional, con fronteras porosas o poco controladas, así como en contextos de desigualdad social. De acuerdo con el programa europeo EL PAcCTO (2021), la región latinoamericana presenta más de 430 grupos criminales activos, de los cuales poco más del 60% son cárteles o pandillas operando con estructuras empresariales y fuertes alianzas internacionales. Este tipo de estructuras favorecen la incursión de organizaciones terroristas en otras redes ya consolidadas en temas como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.

En este sentido, Sangaré (2021) define este híbrido entre el terrorismo y el crimen organizado como un proceso mediante el cual ambas estructuras intercambian elementos de beneficio mutuo, generando organizaciones híbridas financiando la violencia por medio de actividades ilícitas y con crimen organizado. Este tipo de dinámicas ha sido reconocido inclusive por las Naciones Unidas mediante la resolución 2482 (2019) sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacional, advirtiendo el enlace existente entre terrorismo y crimen organizado, siendo una amenaza directa a la estabilidad internacional.

En el caso de la región latinoamericana, los grupos terroristas no necesariamente buscan directamente el dominio del territorio, aunque desde una perspectiva ideológica su islamización sería un valor añadido, pero su enfoque principal se encuentra en aprovechar los flujos ilícitos existentes. De acuerdo con la UNODC (2020), el tráfico internacional de drogas continúa siendo la principal fuente de financiamiento de los negocios ilegales alrededor del mundo, con montos que superan los 150.000 millones de dólares al año; de estos, casi la mitad se genera en la zona de América Latina (Morán Blanco, 2021).

El elemento funcional de la cooperación entre carteles de la droga y crimen organizado en Latinoamérica con las organizaciones terroristas se puede ver de acuerdo con UNICRI (2014) en tres diferentes niveles básicos, la colaboración operativa, el financiamiento cooperativo y la transformación organizativa al poder mimetizarse con otro tipo de organizaciones de crimen que ya se encuentran asentadas en la zona.

Una de las organizaciones más importantes en este sentido es el grupo islamista libanés Hezbollah, que aparece en el mapa de este país en los años 80 y que a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los principales instrumentos del poder inteligente (blando y duro) del gobierno de Irán. Ha logrado un asentamiento importante en Latinoamérica incluso desde la propia década de su aparición con la presencia del Imán Mohsen Rabbani de la mezquita At-Tauhid, donde radicalizó el discurso chiita y la creación de redes de apoyo para el gobierno islamista de Teherán, así como impulsar la creación de células vinculadas con Hezbollah en la zona de la triple frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y en la captación de fondos, parte de los cuales serían los responsables de los atentados de los 90 en Buenos Aires.

La expansión de Hezbollah en América Latina, de acuerdo con Melamed et al. (2024), tenía como objetivo consolidar su presencia en el hemisferio occidental y diversificar sus fuentes de financiamiento. Así también, según RAND Corporation (2025) y la Revista Científica General José María Córdova, la red del grupo islamista Hezbollah en la región se sostiene a través de personas pertenecientes a la diáspora libanesa chiita, principalmente asentada en la zona de la Triple Frontera, desde donde se sospecha que han articulado operaciones de contrabando, lavado de dinero y narcotráfico.

En este sentido, López de Miguel (2023) señala que esta zona se ha transformado en “una de las áreas más volátiles y peligrosas del planeta”, donde se dan prácticas de tráfico de drogas, la falsificación de documentos, trata de personas y financiación del terrorismo de los cuales se desprendieron los atroces actos de 1992 y 1994 en la Argentina.

Es importante señalar que la conexión con el terrorismo y otras formas de crimen organizado surge porque las rutas empleadas para el envío de cocaína o armas son utilizadas para la transferencia de recursos ilícitos hacia la región de Medio Oriente. Así, Operaciones de la DEA, como el caso Ayman Joumaa, del año 2011, y el de la inteligencia colombiana, Chekri Harb, alias “el Talibán”, confirmaron que la canalización de ingresos provenientes del narcotráfico hacia Hezbollah se realizaba a través de bancos en el Líbano y Panamá (RAND, 2025).

Por su parte, Morán (2021) advirtió que el narcotráfico, al tratarse de la expresión más consolidada del crimen organizado, ha provocado no solo efectos económicos y sociales, sino también impactos políticos tales como la penetración en el Estado, la corrupción institucional y el debilitamiento de la gobernanza de los diferentes países. Creando el caldo de cultivo perfecto para que actores externos inserten agendas políticas e ideológicas encubiertas bajo la fachada del comercio ilícito y el narcotráfico.

De igual manera, la Evaluación de Amenazas Transnacionales (IDEAL) destacó que los países de tránsito como Panamá, Costa Rica y Ecuador dejaron de ser simples corredores logísticos y se han transformado en espacios de consumo y lavado de activos financieros. En Costa Rica, por ejemplo, se han detectado estructuras dedicadas al “crimen como servicio” (CaaS), especializadas en blanqueo de capitales para terceros (EL PAcCTO, 2021, p. 16).

En el informe sobre Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes (OEA, 2022) se señala que el tráfico ilícito de migrantes se ha transformado en una vía alterna de financiamiento para redes terroristas y criminales. De ese modo, las rutas de tráfico humano provenientes del Caribe y Centroamérica hacia los Estados Unidos han sido aprovechadas por organizaciones criminales para mover capitales y productos del crimen transnacional.

Esto, coincide con la observación del Programa EL PAcCTO (2021), el cual ha ubicado la trata de personas como la segunda amenaza más importante del crimen transnacional en la región Latinoamericana por encima del 71% de los países participes y se señala como un aspecto de prioridad. Estas redes, donde se mezcla el coyotaje, la explotación sexual y tráfico de estupefacientes, constituyen las estructuras financieras paralelas al terrorismo y erosionan la capacidad estatal de combatir toda forma de delitos internacionales.

Siendo incluso más complejo en la actualidad debido al uso de nuevas tecnologías y canales digitales para la transferencia de fondos a través del criptolavado de activos, así, Hezbollah y otras organizaciones han impulsado un sofisticado sistema de economía de las sombras en la región, vinculando las criptodivisas, el comercio y el contrabando por distintas vías, las llamadas incluso zonas grises.

Estas “zonas grises” o black holes, concepto adoptado por UNICRI (2024), se trata de espacios donde la autoridad estatal se ve sustituida por redes criminales. Este tipo de patrones se pueden observar en zonas conflictivas con poca operatividad estatal e inclusive complicidad, como son los casos de la Triple Frontera, la región del Orinoco venezolano e incluso en la selva del Darién panameño, solo por mencionar algunos ejemplos.

Mientras tanto, la OEA (Morán, 2021) ha destacado que la falta de coordinación interinstitucional y la corrupción política permiten la consolidación de estos enclaves criminales, donde países tales como Venezuela y Nicaragua se han convertido paulatinamente en “Estados canalizadores”, lo que facilita la logística de actores no estatales bajo la protección o complacencia de élites políticas cercanas a los intereses políticos y criminales de países de pensamiento radical como Irán.

La correlación entre crimen organizado y terrorismo no es solamente una amenaza para la seguridad internacional, sino que inclusive se convierte en un gestor de violaciones a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Para Sangaré (2021) esto hace que las redes híbridas fomenten desplazamientos poblacionales, incentiven la explotación laboral, se practique todo tipo de violencia sexual (prostitución, violaciones, etc.) y la destrucción de entornos ambientales debido al uso de químicos para la promoción de la minería ilegal o el desarrollo de narcocultivos.

Mientras tanto, en el ámbito económico, Morán (2021) ha señalado que la infiltración del crimen organizado en sectores lícitos provoca la desinversión, el crecimiento de la inflación y el deterioro del turismo, además, debido a los costos indirectos de la militarización de la seguridad pública para la implementación de programas de “mano dura” contra el crimen, incrementan los niveles de violencia y socavan la confianza de los ciudadanos.

En este punto, las acciones de la comunidad internacional para combatir este flagelo han tenido aristas un tanto difusas. A nivel hemisférico, la OEA y su Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) han impulsado desde mediados de los 80 mecanismos de cooperación, aunque con impacto limitado. Para Morán (2021), la OEA debería modernizar su enfoque hacia un paradigma que integre todos los aspectos de la protección civil, y ayuda a promover la lógica más allá del carácter punitivo tradicional que han venido ejecutando los gobiernos.

Por su parte, el informe IDEAL (2021) ha propuesto fortalecer la cooperación en materia policial y judicial a nivel regional a través de plataformas conjuntas y sistemas de inteligencia comunes. Sin embargo, su implementación enfrenta problemas en materia de soberanía y confianza mutua entre los Estados miembros de la OEA.

De esta manera, un enfoque de seguridad integral, basado en prevención, desarrollo y educación como el que sostiene Morán (2021) puede ser la única vía sostenible para reducir las condiciones estructurales que alimentan la afinidad entre las organizaciones criminales y los grupos terroristas.

La alianza entre grupos irregulares es un desafío regional con repercusiones globales a nivel global. Para poder combatirla se requiere de una estrategia multidimensional que combine elementos de inteligencia financiera, con la responsabilidad de cooperación judicial y políticas de desarrollo inclusivo que ayuden a sacar a personas de focos de miseria que se ven tentadas a participar de espacios ilícitos u obligadas debido al contexto en el cual se desarrollan.

Sin un abordaje serio de las causas estructurales de la sociedad, tales como la corrupción, la pobreza, la exclusión y la desconexión de los gobiernos centrales hacia las periferias, cualquier política que se concentre solo en materia represiva estará destinada al fracaso.

Finalmente, la organización terrorista Hezbollah y sus aliados en Latinoamérica han demostrado que el crimen puede ser una herramienta tanto política como económica. Por esta razón, América Latina debe asumir la interconexión entre seguridad, gobernanza y justicia como el eje de su arquitectura estratégica frente al crimen transnacional.

Referencias

Azevedo, C. V. (2024). The Nexus Between Transnational Organized Crime and Terrorism in Latin America. UNICRI.
Cardona-Orozco, A. F., Fernández-Osorio, A. E., & Fonseca-Ortiz, T. L. (2022). Relaciones internacionales, terrorismo y derechos humanos. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 17(2), 69–87.
EL PAcCTO. (2021). Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en Latinoamérica (IDEAL). Unión Europea.
GRADE & IEP. (2015). Hacia un desarrollo inclusivo y sostenible en América Latina. Lima: GRADE-IEP.
López de Miguel, M. (2023). Terrorismo transnacional en América Latina. Universidad de Murcia.
Melamed Visbal, J. D., Niño, C., & Gómez Arias, M. E. (2024). Hezbolá como delegado iraní y su progresiva expansión en América Latina. Revista Científica General José María Córdova, 22(45), 133–151.
Morán Blanco, S. (2021). Lucha contra el narcotráfico en América Latina-Caribe: La labor de la OEA. Tirant lo Blanch.
RAND Corporation. (2025). Hezbollah’s Networks in Latin America: Potential Implications for U.S. Policy and Research. RAND Expert Insights, PEA3585-1.
Sangaré, I. (2021). Hibridación del terrorismo y crimen organizado desde África Occidental hasta América Latina vs. derechos humanos. Revista Ciencia Jurídica y Política, 7(13), 51–65.
Secretaría General de la OEA. (2022). Riesgos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo derivados del tráfico de migrantes. Washington, D.C.