En la era de la hiperconectividad, la ausencia política se vuelve más evidente que nunca.

En las democracias modernas, muchas personas podrían pensar que la primera obligación de un gobierno es estar presente cuando la población más lo necesita. Es así como se construye una legitimidad que encuentra eco en una población que espera un desempeño adecuado de sus representantes en distintos niveles y en los cuales se deposita confianza para la conducción de un país.

Sin embargo, la historia reciente ha sido clara en mostrar episodios reiterados, en distintas latitudes y contextos sociales y políticos, en los cuales las autoridades desaparecen, reaccionan tarde o simplemente no ofrecen respuestas claras ante crisis profundas y que tienen consecuencias que se extienden en el tiempo.

Desde catástrofes naturales hasta situaciones en que se evidencia un malestar social de la población, las ausencias – físicas o políticas – de quienes gobiernan suelen agravar el daño y alimentar la desconfianza ciudadana. La falta de presencia y de decisiones concretas ante situaciones extremas se vuelve una metáfora profunda y muy pesada de una desconexión que se hace evidente en una clase política que, simplemente, deja de cumplir su deber.

A continuación, algunos ejemplos concretos y comprobados que ilustran este patrón, y que nos permiten abrir una reflexión genuina sobre las razones a las que podemos atribuir esa ausencia política en momentos críticos.

Portugal: tormentas e inundaciones en comunidades aisladas

A comienzos de 2026, Portugal sufrió temporales devastadores, poco vistos en su historia reciente. La borrasca “Kristin”, por ejemplo, dejó muertos, cientos de miles sin electricidad y localidades incomunicadas durante días. Sumado a esto, se registró una seguidilla de episodios de lluvias y vientos que pusieron al país al límite de su capacidad para gestionar catástrofes de este tipo.

A pesar de que diferentes autoridades realizaron visitas a algunas de las zonas afectadas en los días posteriores a “Kristin” – pero todavía en medio de otros episodios de fuertes aguaceros –, numerosas comunidades denunciaron la tardanza en la llegada de la ayuda y la falta de coordinación. Una de las frases que caló profundamente en la población fue precisamente la del primer ministro Luís Montenegro, quien dijo en días posteriores a la catástrofe: “aquellos que no evitaron la trágica consecuencia de perder la vida”. Esto evidenció un intento de responsabilizar a las víctimas ante una situación en la que no hubo una gestión adecuada de las instituciones responsables.

Como respuesta ante la urgencia, diversos grupos surgidos desde la ciudadanía que reaccionaron e hicieron campañas y redes de apoyo para ayudar a quienes quedaron sin casas, negocios o cualquier tipo de bienes materiales. La inacción del gobierno llegó a tal nivel que la ministra de Administración Interna, María Lúcia Amaral, renunció a su cargo, por no reunir “las condiciones personales y políticas”, en medio de una polémica que se ha extendido más allá de los episodios puntuales que ocurrieron luego de la catástrofe.

Eventos similares –como grandes apagones o inundaciones previas– han reavivado críticas sobre la capacidad del Estado para responder con rapidez y liderazgo. Durante un apagón que dejó sin luz al 93% del país en abril de 2025, incluso se reportaron colapsos en servicios de emergencia y críticas a la falta de conducción gubernamental.

Los impactos de la DANA en Valencia, España, más allá de la catástrofe

En octubre de 2024, una “Depresión Aislada en Niveles Altos” (DANA) provocó lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana en pocas horas, equivalentes a un año entero de precipitaciones en algunos lugares. Fue una de las catástrofes naturales más devastadoras para esa zona del país, la que dejó un saldo desolador: más de 220 muertes, miles de personas afectadas y vastas zonas sumergidas bajo el agua.

Más allá de lo que un episodio de estas dimensiones puede provocar, a pesar de que la información se conocía, previamente, este caso se transformó en una crisis política y judicial que se ha extendido durante más de un año. Las responsabilidades han apuntado a Carlos Mazón, de quien posteriormente se supo que estuvo durante la tarde de la tragedia en una reunión privada con una periodista en un espacio reservado del famoso “Ventorro”, un restaurante de la ciudad que también ha estado en el centro de la polémica. La demora y ausencia física de Mazón se tradujeron en un episodio que incluso ha llevado a las familias de las víctimas de la DANA a manifestarse públicamente para pedir la renuncia del presidente de la Generalitat Valenciana, además de las responsabilidades políticas y judiciales que, para muchas personas, deben ser aplicadas rigurosamente.

El caso escaló hasta la apertura de una comisión de investigación en el Congreso español para analizar la gestión de la catástrofe, mientras que, en los meses posteriores a ese trágico episodio, salieron a la luz diversos testimonios que comprueban que efectivamente hubo errores en la preparación y emisión de alertas, así como decisiones administrativas que pudieron costar vidas. Y todo lo anterior, inevitablemente, recae sobre la figura de Mazón, que evidenció, con su ausencia y silencio, esta inoperancia política y de gestión. Este caso se ha cruzado con una situación política específica, en la que el Partido Popular, al que pertenece Mazón, ha entregado informaciones falsas, en un claro intento por no asumir una responsabilidad política en un caso que ha significado un punto de inflexión en la intersección entre política y responsabilidad en la gestión.

El caso de la DANA en Valencia se ha convertido en un emblema de cómo una gestión evaluada como lenta, contradictoria o ausente –tanto en la comunicación con la población como en la coordinación de recursos – puede convertirse en una crisis política de largo plazo, más allá del impacto climático y de la lamentable muerte de cientos de personas, las cuales podrían haberse evitado con una presencia activa y una gestión eficiente.

Chile, 2019: el entonces presidente en una pizzería mientras se gestaba la mayor revuelta social de las últimas décadas

El estallido social de octubre de 2019, que tomó por sorpresa al sistema político chileno. Lo que comenzó como una manifestación estudiantil que rápidamente escaló hacia dimensiones poco vistas en la historia reciente del país, con focos de descontento en distintos puntos de la ciudad, con grandes manifestaciones que evidenciaron la necesidad de respuestas claras y oportunas ante demandas que atravesaban diversos ámbitos de la población.

Sin embargo, una de las primeras imágenes que evidenció esta desconexión del poder político con las demandas ciudadanas es la del entonces presidente Sebastián Piñera en una pizzería del sector oriente de Santiago en el mismo momento en que se generaban las manifestaciones en otros puntos de la capital. Este episodio fue uno más de una serie de declaraciones que diferentes ministros del gabinete habían realizado en semanas y meses anteriores, que terminaron por catalizar una rabia que se venía gestando en gran parte de la población hace meses e incluso años.

Durante los primeros días, el gobierno de Sebastián Piñera fue ampliamente criticado por su desconexión ante la magnitud del descontento. Mientras millones protestaban, la respuesta inicial fue imponer el estado de emergencia y sacar a los militares a la calle. Esto generó una nueva ola de recriminaciones y episodios de alta violencia, con represión de las fuerzas policiales que resultaron en siete personas muertas y muchas otras mutiladas – principalmente en los ojos – por el uso de balines de goma por parte de Carabineros.

En 2023, cuatro años después de esta crisis social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile informó de un total de 3.777 víctimas, con un promedio de edad de 26 años. De este total, 591 correspondieron a niños, niñas y adolescentes, y 959 a mujeres, mientras que 3 mil 581 personas (94,8%) sufrieron algún tipo de lesión física.

La percepción de ausencia no fue solo física, sino política: varios días después se anunció una agenda social concreta, mientras el país vivía saqueos, incendios y violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos internacionales. La sensación ciudadana fue que el poder reaccionaba desde la distancia, sin comprender la profundidad del conflicto.

Huracán Katrina, 2005: el símbolo global de la inacción

Este caso se convirtió en referencia mundial. Tras el paso del huracán Katrina, miles de personas quedaron atrapadas en Nueva Orleans sin agua ni alimentos durante días. Este fenómeno tocó tierra el 29 de agosto de 2005 como huracán de categoría 3 y tuvo consecuencias catastróficas en distintos niveles. Se estima que más de 1.800 personas murieron, mientras que más de un millón fueron desplazadas, lo que se considera como el mayor movimiento humano desde la Gran Depresión. También se estima que el costo de las consecuencias de este huracán alcanzó los 125 millones de dólares, lo que transformó a Katrina en el desastre natural más costoso del país durante años.

La lenta respuesta de las autoridades federales y locales fue duramente criticada. Las imágenes de ciudadanos abandonados en el Superdome dieron la vuelta al mundo y evidenciaron fallas graves en la gestión de emergencias. Hasta ahí se estima que llegaron cerca de 25 mil personas, quienes se enfrentaron a un escenario de precariedad, con falta de comida, agua y una infraestructura adecuada que pudiera acoger a quienes habían perdido todos sus bienes materiales.

Este hecho mostró cómo la ausencia y la ineficiencia estatal pueden transformar una catástrofe natural en una crisis humanitaria en pocos minutos. De hecho, el entonces presidente George W. Bush fue duramente cuestionado por la lentitud en reaccionar y por sobrevolar la zona en avión en lugar de visitarla inmediatamente, imagen que se volvió emblemática de este distanciamiento político y de esta desconexión entre quienes detentan el poder y quienes exigen respuestas rápidas en momentos críticos.

La ausencia como forma de gobierno

Casos como los anteriormente nombrados se multiplican, tristemente, con el paso de los años. Si los analizamos en detalle, todos ellos comparten un patrón: la ciudadanía no solo exige soluciones técnicas, sino liderazgo visible, empatía y presencia en las zonas afectadas. Cuando autoridades desaparecen, tardan en reaccionar o minimizan la crisis, se produce un vacío que suele llenarse con indignación, rumores y desconfianza. Esto, como consecuencia, abre el espacio para que promotores del populismo se expandan y se instalen.

En la era de la hiperconectividad, la ausencia política se vuelve más evidente que nunca. Y esto es una paradoja que cuesta comprender. Un silencio, un viaje inoportuno o una visita tardía pueden convertirse en símbolos de abandono y de profundización de la desconfianza hacia un poder político que viene siendo cuestionado a lo largo de muchos años.

Es importante comprender que en momentos críticos gobernar no es solo administrar recursos, sino que implica presencia y una demostración concreta de que quienes están en política están para servir a quienes les eligen. Cuando quienes deben hacerlo no aparecen, la crisis deja de ser solo natural o social y adquiere otras dimensiones, que también se extienden en el tiempo.

Estos episodios dejan en evidencia una serie de reflexiones y aprendizajes: por un lado, queda claro que la gestión de emergencias es también gestión política; la presencia y comunicación de los líderes importa tanto como la ayuda material, y la prevención (infraestructura, planificación urbana o la anticipación, que cada vez es más posible gracias al perfeccionamiento de los sistemas de monitoreo de catástrofes naturales) puede salvar más vidas que la reacción posterior, entre otros. Estos puntos evidencian por qué es importante que las autoridades estén a la altura de las exigencias y que sepan responder ante las necesidades que surgen cuando se desencadenan crisis de estas magnitudes.