Su situación ha sido, y todavía lo es, una de las más difíciles entre los asuntos internacionales sin solución. Desde 1979, luego de la dominación del país por los Ayatolas y la expulsión de la monarquía del Sha, los gobernantes sucesivos, con mayor o menor énfasis, se han preocupado de consolidar un Régimen Islámico de tendencia Shii, sumamente estricto, tanto desde el punto de vista religioso como político. Lo que se ha extremado, particularmente, por el actual Ayatolá Jamenei, auxiliado por la Guardia Revolucionaria en las últimas semanas. Los medios de comunicación han informado de ello, así como de la disponibilidad del hijo del Sha para asumir el poder.

Tampoco es el único problema en Irán. Sabemos que, pese a las numerosas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las que se suman los continuos llamamientos de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) para permitir que inspeccione el grado de avance del programa nuclear de Irán, no han dado resultados. También, se deben recordar las dos oportunidades en que Irán atacó con todo lo disponible a Israel, el que respondió, destruyendo instalaciones misileras y parte de la fuerza aérea iraní. Una situación que podría repetirse.

Debemos agregar, el preciso bombardeo de los Estados Unidos a las instalaciones de dicho programa nuclear, su máxima preocupación. Trump sostuvo que había sido todo un éxito y que el programa quedaba retrasado por años. Irán sostuvo que en pocos meses estaría nuevamente en funciones. No resulta posible saber la verdad. En todo caso, fuentes de inteligencia, sin confirmar, indican que, dentro de poco, Irán estaría en condiciones de enriquecer el plutonio en niveles extremadamente altos, para poseer el arma nuclear. Preocupa también a los países occidentales, y de manera particular, a sus enemigos islámicos, sunitas y otros, en la disputa ancestral.

Advertido de ello, Estados Unidos ha reiterado que no lo permitirá, movilizando una importante flota cerca del Golfo Pérsico, indispensable para el flujo del petróleo de los países del Golfo y para el propio Irán, y asegurando que está dispuesto a bombardearlos nuevamente, si fuere necesario. Bien sabemos que lo haría, si bien hay negociaciones alternadas paralelamente en Omán. Son los hechos conocidos, y no es necesario volver a examinarlos, pues hay otros nuevos, ocurridos internamente en Irán, sumamente graves, añadidos a los anteriores, tornando la situación todavía más urgente y peligrosa. Son las protestas civiles.

Comenzaron a fines de diciembre del año pasado, como una nueva ola de demostraciones juveniles. Se han ido extendiendo, y en muchas ciudades se han replicado. No habría pasado de ser otra manifestación más, como varias en el pasado, las que siempre han concluido con una fuerte represión, para que todo siga igual. Pero hay mucho más en juego. Al cansancio de la población, especialmente estudiantil, pues en todos estos años no ha visto ningún progreso en sus reclamaciones, se une una crisis económica mucho más amplia, debida a las sanciones, el gasto enorme del restablecimiento del programa atómico, costos en armamentos para hacer frente a los ataques; aunque venda drones a Rusia, y siga con su producción petrolera. En todo caso, hay un manejo deficiente que no logra equilibrar la economía y la población se resiente.

Las informaciones de la prensa internacional, independiente del régimen, se encuentran sumamente limitadas en su acción. Por lo que no reflejan toda la verdad de lo que ha venido ocurriendo. Por lo tanto, una de las maneras de conocerla es recurrir a las recientes discusiones del Consejo de Derechos Humanos en su 39° período de sesiones del 23 de enero de 2026. Sus conclusiones son preocupantes.

Se basan en los informes del Relator Especial para Irán, y el Consejo prorrogó por dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, y por un año al propio Relator Especial. Exigió una investigación urgente de la misión, en el contexto de represión y protestas nacionales desde el 28 de diciembre, muerte de miles de personas (5.000 o muchas más según otros testimonios terribles).

Instó a Irán a respetar, proteger y cumplir las disposiciones sobre derechos humanos, y adoptar todas las medidas necesarias para detener y prevenir las ejecuciones extrajudiciales y otras formas de privación arbitraria de la vida, desapariciones forzadas, violencia de género y sexual, prisiones arbitrarias, régimen de incomunicaciones y tortura; así como otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, incluso contra manifestantes políticos.

El Alto Comisionado, Volker Turk, aseguró que la brutalidad persiste y se ha intensificado. Se utiliza munición real, instrucción de sumarios y sentencias desproporcionadas. Instó a los altos dirigentes a ponerle fin y realizar investigaciones independientes. Mai Sorto, la Relatora Especial, denunció las graves dificultades económicas que desencadenaron todo. Señaló que las autoridades han actuado con violencia y la situación se deterioró, se bloquearon los accesos a Internet y a las telecomunicaciones, y que las cifras no son verificables. Irán, por su parte, rebatió lo expuesto y acusó a los occidentales de sancionarlo, organizar la violencia organizada, efectuar ataques terroristas y un “doble rasero” en la acción del Consejo.

Se adoptó la Resolución A/HRC/S-39/I, por la Comisión, con 25 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones. Sus términos indican claramente la verdadera situación en Irán. Llama la atención que, en esta oportunidad, la limitación a Internet y su posterior desconexión fueron el detonante principal para los jóvenes que protestaban. Todo indica que la violenta represión habría logrado su objetivo, y que las manifestaciones han disminuido para que, forzadamente, todo siga como antes, o peor, hasta una nueva insurrección.