El retorno de Trump a la política “sin complejos” de “América para los americanos”, y también a la del “Gran garrote” que propugnaba Theodore Roosevelt para imponer los intereses estadounidenses en el Continente, pretende, en primer lugar, reducir la presencia de China en la región. El Gran garrote se utiliza incluso, cuando es necesario, contra aquellos países cercanos a Washington, como Panamá, al que Trump amenazó con volver a anexionarse el Canal si las empresas chinas que operaban en su entorno no eran expulsadas.

Lo cierto es que, en 2024, todos los países de Sudamérica, excepto Colombia y Paraguay, mantenían un mayor volumen de comercio con China que con EE.UU., algo que al comenzar este siglo sería inimaginable. Trump quiere revertir esta situación como sea, además de luchar contra las drogas —la excusa reconocida y repetida como un mantra para justificar su proceder y enmascarar los demás propósitos— y frenar la inmigración.

Pero, de forma destacada, Trump no parará hasta contar gobiernos dóciles y afines en toda la región:

  • Ahí está su apoyo financiero a Argentina por 20 mil millones, con la aclaración de que, si en lugar de Milei, gobernase el peronismo, ese apoyo se suprimiría.

  • Su castigo al Brasil de Lula con el mayor aumento de aranceles del mundo —el 50%—, una penalización no relacionada con cuestiones comerciales.

  • Las amenazas contra Venezuela, con un enorme despliegue de fuerzas militares en el Caribe y una recompensa por la cabeza de Maduro.

  • El castigo al colombiano Petro, retirándole la visa de entrada a los EE.UU. por no alinearse con su agenda.

  • Y las amenazas, incluso a aliados como el ecuatoriano Noboa o la peruana Boluarte, por resistirse a cerrar las puertas a China cuando a sus empresarios les van bien los negocios con esa potencia.

Así que, en cuestión de meses, está cambiando el mapa de la región, si bien no siempre, y no sólo, debido a las injerencias de Trump. Estas no son la única razón para explicar el ocaso que experimentan los gobiernos progresistas, pero, sin duda, refuerzan las alternativas conservadoras.

Véanse cómo están las cosas en los siete países que hasta 2025 contaban con gobiernos democráticos y progresistas: Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Honduras; con una mención, también, a los casos singulares de México y Guatemala.

Bolivia

El Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó durante casi dos décadas este país perdió aparatosamente las elecciones celebradas en octubre pasado, las cuales ganó Rodrigo Paz, líder del centrista Partido Demócrata Cristiano. Este resultado estaba cantado después del enfrentamiento fratricida protagonizado en el seno del MAS entre Luis Alberto Arce y Evo Morales, quien nunca se resignó a dejar de ser presidente. El MAS ni siquiera consiguió pasar a la segunda vuelta. Otra derecha, la liderada por Jorge Quiroga, ocupó ese segundo puesto. A EE.UU. le bastó con ser mero espectador de una derrota anunciada.

La interpretación del resultado es clara: el pueblo boliviano, ante el penoso espectáculo ofrecido por el MAS y la crisis económica que esa fuerza no supo atajar, optó por la moderación que representaba Paz, quien se ha mostrado dispuesto a mantener los programas sociales que han mejorado la vida de las comunidades indígenas frente al radicalismo del derechista Quiroga. Se eligió a Paz para no perder por completo los avances logrados con el MAS, incluyendo la dignidad conseguida por las etnias indígenas. Quedarían al nuevo gobierno los retos de resolver la crisis económica, controlar el precio de los alimentos y mantener la subvención a los combustibles, si bien se han anunciado ya subidas a su precio, lo que augura movilizaciones populares en contra. Y otra cosa: Paz tendrá que decidir sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados con China y Rusia para la explotación del litio, el gas y otros recursos.

Chile

En este país también se atajó la continuidad del gobierno progresista que ha encabezado Gabriel Boric: en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 14 de diciembre, Jeannette Jara, ministra de Trabajo con Boric y vencedora en las primarias que celebró la izquierda, perdió por un margen considerable ante José Antonio Kast, candidato de la ultraderecha y líder del Partido Republicano. Kast aparcó asuntos que le llevarían a perder votos de la derecha moderada, como el aborto, el cierre del ministerio de la Mujer o el cambio climático, y se concentró en la seguridad, la inmigración y la economía. La irrupción de Johannes Kaiser, con un discurso de ultraderecha puro, también favoreció el voto a Kast al regalarle una imagen más moderada.

La caída de la opción progresista se debe en parte a las dificultades que enfrentó Boric para llevar a cabo un programa de transformaciones sociales en favor de las mayorías, dificultades relacionadas con la vigencia de la Constitución de Pinochet -que aún no ha podido ser sustituida-, la cual otorga al Estado un papel subsidiario en la economía; y, por otra parte, al fuerte poder de la derecha, opuesta siempre a cualquier conquista popular. Los logros de Boric, como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de las pensiones, no han sido suficientes para contrarrestar la opinión negativa que la derecha consiguió instalar sobre su gobierno centrando el discurso en la inseguridad y la inmigración.

Kast ya ha anunciado un gran recorte de impuestos y un severo ajuste fiscal y prescindirá de la posibilidad de reforzar el papel social y económico del Estado para afrontar los grandes retos económicos y sociales pendientes en Chile, como favorecer la educación, la inversión pública, la innovación o la labor de las pequeñas y medianas empresas.

Brasil

La Corte Suprema de este país condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado en 2022, cuando perdió las elecciones frente a Lula. La reacción de Trump no se hizo esperar: aumentó un 50% los aranceles a los productos brasileños, sancionó, retirándoles las visas, a ocho de los once jueces que componen la Corte Suprema de Justicia de Brasil y aplicó sanciones adicionales a Alexandre de Moraes, el juez encargado del caso Bolsonaro.

El “arancelazo”, como se llamó allá, no ha tenido que ver con cuestiones comerciales, pues la balanza comercial y de servicios entre ambos países muestra un enorme superávit para EE.UU., sino con el hecho de que Lula resulta muy incómodo para EE.UU. por su pertenencia a los BRICs, sus críticas al gobierno de Israel o su posición favorable a reducir el papel del dólar en la economía mundial. Brasil, además, ha aprobado regulaciones que afectan a las grandes tecnológicas norteamericanas y, por si fuera poco, contempla la construcción de un corredor ferroviario bioceánico con Perú con la participación de empresas chinas.

Nada puede haber peor para Trump aunque, como siempre que un país poderoso se enfrenta con firmeza a sus bravatas —¿aprenderá la UE?—, está aflojando ahora su presión: acaba de borrar al juez Moraes de la lista de sancionados e, incluso, a mediados de diciembre de 2025, parece dispuesto a reconsiderar los aranceles al café, la carne y otros productos de exportación brasileños.

Aun así, no será fácil que Lula gane las elecciones previstas para octubre de 2026, aunque las encuestas le dan como favorito. Está a punto de cumplir 80 años y la mayoría social y parlamentaria en Brasil la detentan fuerzas ligadas al agronegocio, el bolsonarismo y las iglesias evangelistas. El gobernador de Sao Paulo, Tarsicio de Freitas, sería el favorito para suceder a Bolsonaro, aunque Claudio Castro, gobernador de Río, el mismo que el pasado octubre ordenó el operativo policial que acabó con la vida de más de cien personas en dos favelas, podría postularse como otro de los candidatos. Para evaluar la fuerza de la derecha, piénsese que tanto el Congreso como el Senado acaban de aprobar, con amplia mayoría, un proyecto de ley para rebajar las penas de cárcel a Bolsonaro y a los demás condenados por golpismo. Lula previsiblemente vetará esa ley, pero el Congreso puede, y lo hará, imponer su última palabra.

Colombia

Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán en mayo de 2026. Petro muestra logros, como la reforma tributaria, una moderada reducción de la pobreza, la entrega de tierras al campesinado y un mayor respeto a los derechos humanos, pero saldrá debilitado por lo que quedó sin cumplir. Entre otros puntos, la ansiada “Paz Total”, pues no ha logrado la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni la de otras facciones guerrilleras.

La violencia sigue presente en Colombia, como muestran los casos del choque en el Catatumbo entre el ELN y disidencias de las FARC por el control territorial, el cual terminó con el desplazamiento de docenas de miles de personas; el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático que lidera Álvaro Uribe; el estallido de un camión bomba que dejó varios muertos y decenas de heridos; el ataque de disidencias de las FARC contra un helicóptero de la policía o, el último, el pasado 7 de diciembre, cuando grupos armados derribaron varias torres de energía eléctrica en la zona de Cúcuta y atacaron una estación de policía.

El enfrentamiento de Petro con Trump también pesará en los comicios. El colombiano no ha dejado de criticar al estadounidense por su política con respecto a los derechos humanos, su apoyo al gobierno de Israel en el genocidio contra Gaza o el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe sin someter a juicio previo a sus ocupantes. Trump, por su parte, ha retirado el visado a Petro bajo la acusación, nada menos, de estar vinculado con el narcotráfico, no permitiéndole ni asistir a las reuniones de Naciones Unidas, y también retiró la certificación de que Colombia coopera en la lucha contra el narcotráfico, lo que dificultará el acceso a préstamos internacionales a este país. Petro, más aún que Lula, es la “bestia negra” del Continente para Trump, no en menor medida que Maduro.

Aunque “Pacto Histórico”, el partido de Petro, cuenta con reconocidas personalidades, como el senador Iván Cepeda, bien posicionado en intención de voto y ganador de la consulta popular en la izquierda el pasado octubre, el futuro del gobierno colombiano es incierto. En la derecha, la favorita será la senadora Paloma Valencia, elegida como candidata por el partido del expresidente Álvaro Uribe, un personaje oscuro pero con gran predicamento entre las fuerzas conservadoras de su país.

Uruguay

Uruguay continúa sin novedad. Orsi, del Frente Amplio, ganó las elecciones el pasado año y mantiene una buena valoración ciudadana, aunque no despierta un gran entusiasmo entre sus seguidores, entre otras razones, porque, como se ha argumentado, la “caja de recursos estatal” quedó vacía después del Gobierno de Lacalle Pou -durante el mandato de éste, la deuda pública creció en casi 10 puntos del PIB-. Aun así, con Orsi se han multiplicado las becas en la educación media y la financiación para la Universidad, entre otros avances sociales.

Este país sigue destacando por su calidad democrática: según The Economist, es el único con “democracia plena” en Latinoamérica y mantiene una buena distribución de la renta en comparación con los demás países de la región. Otro avance: Uruguay es el primer país de la región que en octubre pasado legalizó la eutanasia por ley.

Honduras

En las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, Rixi Moncada, exministra de Defensa y candidata por el partido Libertad y Renovación (“Libre”) —el de la presidenta actual Xiomara Castro—, quedó muy atrás en el recuento de votos. Los candidatos de la derecha, Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasry (Tito) Asfura del Partido Nacional, dos veces alcalde de Tegucigalpa, van muy empatados, sin que hasta mediados de diciembre se disponga de los resultados definitivos. Gane quien gane, la derecha volverá a gobernar el país.

Para explicar lo sucedido hay que tener en cuenta:

  • En primer lugar, que Trump amenazó con que si no ganaba Tito Asfura, EE.UU. no invertiría en el país (y es curioso porque el partido de Asfura gobernó entre 2010 y 2022 con un presidente, Juan Orlando Hernández, que fue detenido, extraditado y condenado a 45 años de cárcel en EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico; y más curioso aún: Trump ha indultado a Hernández sin explicar bien los motivos).

  • En segundo lugar: el gobierno de Xiomara Castro no fue capaz de lograr mejoras apreciables en la economía, en la lucha contra la corrupción o en la inseguridad, y no se ha visto libre el propio gobierno de acusaciones de corrupción -aunque consiguió cierta reducción de la pobreza y una disminución en las elevadas tasas de homicidios que se producían en Tegucigalpa y San Pedro Sula-. Y, en tercer lugar, bajo la presidencia de Castro, Honduras estableció lazos económicos y relaciones diplomáticas con China, todo un atrevimiento para un país enclavado en el “patio trasero” de EE.UU.

México

En México nada se explica sin su vecindad con EE.UU. Sus exportaciones a ese país superaron en 2024 los 600 mil millones de dólares; el 80% de su comercio exterior se concentra en EE.UU. Las remesas que le llegan de allí alcanzaron el pasado año los 64 mil millones de dólares; y la inversión directa norteamericana —a pesar de su reducción debido a la política de Trump de “América first”— superó en el primer semestre de 2025 los 20 mil millones. Así que Claudia Sheinbaum se ha guiado por el pragmatismo y ha puesto un cuidado exquisito en sortear las provocaciones de Trump.

Siempre es difícil encuadrar a México, cuyos gobiernos no son progresistas pero tampoco conservadores. Podría hablarse de una bipolaridad en la política mexicana: se combinan medidas populares, como las ayudas sociales, con políticas económicas que benefician a sus élites y a EE.UU. —por ejemplo— se ha evitado una reforma fiscal que permitiría recaudar más recursos para salud, educación y fomentar estrategias de desarrollo.

La prioridad, sin duda, es mantener la buena relación con Washington en los grandes asuntos que preocupan a ambos países, como el comercio, las migraciones o el narcotráfico; evitar los aranceles de Trump y la expulsión de los emigrantes ya instalados en EE.UU. y, por supuesto, conjurar una intervención militar de ese país con la excusa de la lucha contra el narcotráfico. Para curarse de la salud, el Gobierno de Sheinbaum ha multiplicado las operaciones contra el tráfico de drogas y ha extraditado a numerosos “narcos” a EE.UU. Por otro lado, para “compensar”, el gobierno ha duplicado el salario mínimo, los días de vacaciones y las cotizaciones empresariales para la jubilación, y lleva a cabo una política de “gestos” con Cuba y Venezuela.

El gran reto en México sigue siendo, desde hace décadas, el control de la violencia. Sólo en el primer año del Gobierno de Sheinbaum desaparecieron más de 14 mil personas y quedan innumerables fosas esparcidas por todo el país con restos humanos sin identificar.

Guatemala

Bernardo Arévalo, presidente electo desde enero de 2024, puso sus prioridades en la lucha contra la corrupción y en reestablecer la democracia; pero, precisamente, la corrupción del Ministerio Público, con la fiscal general Consuelo Porras a la cabeza, la de los jueces aliados a ésta y, por otro lado, el apoyo de personajes corruptos del Congreso y del empresariado, dificultan la labor presidencial hasta lo indecible y actúan, desde la impunidad, contra defensores de la democracia. Es el caso de Luis Pacheco, presidente de un órgano de poder maya kiché en Totonicapán, acusado de terrorismo y asociación ilícita por la fiscalía por liderar las protestas para que se respetasen los resultados electorales cuando el llamado “Pacto de corruptos” trató de anular la investidura de Arévalo. Ahora está en prisión. Y es el caso del periodista José Rubén Zamora, quien lleva encarcelado, muy injustamente, más de tres años.

Reflexiones finales

A la región latinoamericana le esperan tiempos difíciles. A los países que contaban con gobiernos de derecha y que eran mayoría, se les unen los hasta ahora progresistas Bolivia, Honduras y Chile. Guatemala, en el medio plazo, también podría perder el gobierno centrista de Arévalo, pues previsiblemente sufrirá los embates de Trump. Por su parte, México probablemente resistirá con los gobiernos de Morena, el partido de Sheinbaum, quien mantiene una elevada popularidad y quien es capaz de caminar con prudencia y cabeza fría en el filo de la navaja que sostiene Trump.

Así que, con la incógnita de lo que pueda suceder en 2026 en Colombia, en las reñidas elecciones que esperan a la izquierda contra los uribistas, y en Brasil, en las que Lula se enfrentará con los bolsonaristas, Uruguay podría quedar como el único pequeño islote progresista y un ejemplo de que un país puede crecer, redistribuir —aunque sea moderadamente— disfrutar de las libertades ciudadanas, respetar los derechos humanos e incorporar a la política nacional asuntos que figuran en la Agenda 2030 de la ONU.

Asuntos como redistribuir la renta, erradicar la violencia de género o cuidar el medioambiente, y asuntos fundamentales en una región que sigue siendo la más desigual del mundo, en la que se registran elevadas cifras de feminicidios —casi 4 mil en 2024— y donde, entre 2012 y 2014, fueron asesinados mil seiscientos defensores de la tierra y el medio ambiente de los dos mil contabilizados en el mundo.

Mientras tanto, ¿dónde está Europa? Pues todo indica que ni está ni se le espera. La UE se está plegando a Trump también en su “América para los americanos”. A la última Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC) celebrada en Colombia en noviembre pasado no asistieron ni Macron, ni Merz, ni Meloni, ni siquiera Ursula von der Leyen. Cierto que tampoco lo hicieron numerosos presidentes latinoamericanos, aunque en su caso no es difícil imaginar la razón: agradar a Trump. En fin, confiemos en que estos tiempos sombríos no duren demasiado.