A fines de octubre de 1973, la Secretaría General de Gobierno publica un Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, varias veces reeditado en castellano y en inglés. Las primeras 96 páginas, organizadas en cinco capítulos, intentan explicar por qué “Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de la República de Chile –cumpliendo una decisión previa y absolutamente unánime– depusieron al Presidente Salvador Allende”. Más allá de la irreal unanimidad —ya por entonces varias disidencias militares eran conocidas—, esta parte del Libro Blanco concentra prácticamente todas las acusaciones lanzadas contra el gobierno de Allende. Las 150 páginas siguientes son una recopilación de textos. Pero la pieza central del Libro Blanco es sin duda el “Plan Z”.

Presentado como apéndice documental al capítulo II del Libro Blanco, de la página 53 a la 65, su nombre completo sería “Plan de movilización y operaciones para el golpe de Estado. Nombre de código: Plan Zeta”. Este contempla, ni más ni menos que la “Iniciación del golpe de Estado para conquistar el poder total”, esto eliminando “físicamente los Mandos Superiores y a los oficiales Jefes de las Unidades” durante las fiestas del 18 y 19 de septiembre. Alguien trazó a bolígrafo una letra “Z” sobre cada página (en realidad parece un número 2). Como veremos, se trata de un montaje.

En la presentación, uno de los mayores argumentos para justificar el golpe es la existencia de un complot para subvertir a la marinería, organizado por altos dirigentes de la Unidad Popular. Consistía en capturar las naves asesinando a cuchillo a los oficiales, para luego bombardear el puerto e “imponer la dictadura del señor Allende”. Para impedir estos perversos planes, las fuerzas armadas se decidieron a actuar. Citémoslo extensamente:

Un «autogolpe» para mediados de septiembre, preferiblemente durante las festividades de conmemoración de la Independencia (18 y 19). Este autogolpe se daría con equipos terroristas y paramilitares escogidos en todo el país, y en especial en Santiago [...].

El autogolpe comenzaría con la eliminación física, por comandos terroristas, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Tan sangriento operativo se conocía como el ‘plan Z’.

Después del 11 de septiembre, aparecieron instrucciones escritas y detalladas para el plan Z, con toda clase de datos personales relativos a quienes serían eliminados y con la asignación de los terroristas que –en los documentos hallados– se identifican mediante seudónimos [...].

Simultáneamente [a proyectos de Allende de llamar a retiro a la oficialidad superior], la Unidad Popular desató una violenta campaña de discursos, concentraciones, prensa, radio y TV contra las Fuerzas Armadas y Carabineros. Criticaba con creciente virulencia su cumplimiento de la Ley de Control de Armas y llamaba a los soldados a desobedecer a sus oficiales. Se llegó a pegar afiches en igual sentido en las murallas de los cuarteles y en los cantones de reclutamiento, así como a distribuir volantes en el interior de los recintos militares.

Mientras aquello sucedía, tres de los más altos dirigentes de la Unidad Popular intentaban subvertir a la marinería de la Armada. Miguel Enríquez, secretario general del MIR; el senador Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, mayoritario de la combinación de gobierno y colectividad a la que pertenecía el ex Presidente Allende; y el diputado Oscar Guillermo Garretón, secretario general del MAPU, impulsaron un complot de marineros y de unos pocos suboficiales para capturar los buques de guerra en Valparaíso (el crucero « Almirante Latorre » y el destructor « Blanco Encalada »), asesinando a cuchillo a su oficialidad, y con ellos bombardear el puerto e imponer la dictadura del señor Allende. El complot tenía ramificaciones en otro puerto, Talcahuano, donde funcionan los astilleros de la Armada, y el número de implicados se acercaba a cien.

Los señores Enríquez, Altamirano y Garretón se reunieron por lo menos cinco veces con los jefes de los conspiradores. La conjura debía estallar a comienzos de agosto; sin embargo, a pocas horas del día señalado para ello, fue descubierta y se inició el juicio militar. En su curso, más de veinte testigos se envolvieron en los hechos a los señalados políticos de la Unidad Popular, por lo que se pidió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso su desafuero. Este se hallaba pendiente de resolución el 11 de septiembre. (En Chile, un parlamentario no puede ser objeto de proceso criminal sin una autorización previa de la Corte de Apelaciones respectiva; esa autorización se llama « desafuero »).

Los servicios de inteligencia militar fueron detectando y comunicando a las esferas superiores de los institutos todos estos hechos.

La conclusión era clara: la Unidad Popular y Salvador Allende, no satisfechos con atropellar la voluntad mayoritaria del país, con infringir el fondo y la forma de la Constitución y de las leyes, con desoír la condenación y las advertencias de los demás poderes del Estado, con arruinar económicamente al país y con haber sembrado el odio, violencia y muerte, se aprestaban a dar un autogolpe para conquistar un poder absoluto basado en la fuerza y en el crimen, implantando al « dictadura popular » que reclamaba, en la portada de uno de sus últimos números (17 de julio) la revista «Punto Final», vocero del MIR.

Ante ello, las Fuerzas Armadas se decidieron a actuar1.

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Portada del Libro Blanco, en la página 54 es donde comienza el « Plan Z ».

El almirante Ismael Huerta, ministro de Exteriores de la dictadura, reitera las acusaciones en un discurso pronunciado en la XXVIII Asamblea general de la ONU, el 8 de octubre de 1973, ante una sala casi vacía. El texto habría sido redactado por Julio Philippi y Enrique Bernstein, dos civiles colaboradores de la dictadura. Huerta se refiere al plan siniestro y los “criminales intentos de subversión en la Armada”:

Mientras mañosamente [quienes dirigían la marcha del país] organizaban marchas contra la guerra civil, en forma subrepticia continuaban entrando al país agitadores profesionales, armas y otros elementos de alto poder destructivo, con el preciso objetivo de preparar el sangriento golpe de gracia contra nuestro sistema democrático. [...].

La criminalidad aumentaba día a día; un alto oficial de la Marina, Edecán del Presidente, fue víctima de una oscura asonada; un joven oficial de Ejército caía asesinado por un extremista extranjero; los Servicios de Inteligencia Militar detectaban criminales intentos de subversión en las filas de la Armada, instigados por personeros destacados del régimen, entre los cuales se encontraba el Secretario General del Partido Socialista, al cual pertenecía el Jefe de Estado”2.

El primer anuncio del Plan Z se hace cinco días después del Golpe, el domingo 16 de septiembre. El ministro secretario general de la Presidencia, coronel Pedro Ewing, convoca una conferencia de prensa para anunciar que en la caja fuerte del subsecretario del Interior de Allende, Daniel Vergara, se habían descubierto documentos sobre un autogolpe que se llevaría a cabo el 19 de septiembre. Otra copia de los mismos documentos había sido hallada en el Banco Central.

El 19 de septiembre –explica Ewing– Allende invitaría al alto mando a almorzar a la Moneda y los GAP (escoltas de Allende), disfrazados de mozos, los acribillarían. Al mismo tiempo, en el parque, darían muerte a los que desfilaban y a líderes de la oposición. Lo mismo en provincias. Al día siguiente, en un acto presidido por Allende, se instauraría la “República Popular Democrática de Chile” cuya bandera sería toda roja, pero se conservaría la estrella3.

A partir del lunes 17, la prensa dictatorial hace del Plan Z su tema predilecto. El Mercurio anuncia el descubrimiento de “Un plan destinado a decapitar la cúpula militar”. El artículo es firmado por Julio Arroyo Kuhn, corresponsal en Concepción, muy vinculado a la Marina, quien –como veremos– poco antes había difundido falsas informaciones demonizando a los marinos detenidos (cap. 6).

Los días siguientes la opinión es bombardeada por numerosos titulares, cada uno más siniestro que el anterior: “Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción”, “Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache”, “Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera”, “Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial4. Durante años el Plan Z será uno de los temas favoritos de los medios de comunicación próximos a la dictadura, insisten machaconamente y durablemente, sin que nadie pueda contradecirlos.

En nuevas conferencias de prensa el coronel Ewing sigue revelando detalles, a medida que los servicios de inteligencia descifran los documentos, dice. En una de ellas explica que se descubrió la segunda fase del Plan, que contemplaba el asesinato de Allende. Aunque no se podían formular preguntas, los periodistas extranjeros se extrañan de que Allende fuera el autor de un plan que incluía su asesinato...5.

El almirante Merino resucita el Plan Z en sus memorias escritas dos décadas más tarde, repitiendo que el documento fue encontrado en una bóveda del Banco Central. Inserta el mismo documento aparecido en el Libro Blanco, con un añadido: “Autor: Unidad Popular”, y explica que los autores darían muerte a Allende para iniciar otra fase del plan. Cita una nota del fiscal “del proceso instruido al efecto6 que sólo él parece conocer, ya que no da ninguna referencia. En realidad, tal proceso nunca existió.

En poco tiempo el plan Z ocupa un lugar en la historia oficial. Figura en el Manual de la historia de Chile, de Francisco Frías Valenzuela, adoptado por un gran número de escuelas, desde la edición de 1974. Frías explica primero que el MIR, MAPU y PS gestaban la infiltración de las fuerzas armadas, con la finalidad de apoderarse de los barcos asesinando a los jefes. Luego, en el capítulo “Hacia el autogolpe”, los estudiantes son informados de que existía un sector “de ultraizquierda, formado por extranjeros y chilenos organizados militarmente, listos para dar, de acuerdo con Allende, el golpe final”. Y Frías lo detalla:

El día 17, unos 13.000 hombres bien armados, entrenados y decididos, de todas nacionalidades, atacarían de improviso a las tropas mientras desfilaban en el Parque, desarticulándolas y dando muerte a sus jefes y oficiales. En la noche de ese mismo día, los extremistas asesinarían a los civiles adversarios del régimen. "Semejante exterminio masivo era el llamado Plan Zeta" en cuya gestación y puesta en marcha tuvieron papel decisivo un ministro de Fidel Castro y el jefe de su policía secreta.

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El Mercurio de Valparaíso del 18-9-73 anun-cia el "Plan Z"

Los primeros años de la dictadura, quienes en reuniones sociales osaban manifestar alguna disconformidad con el maltrato de los prisioneros o con las ejecuciones sumarias, recibían invariablemente la respuesta fabricada: ¡peor habría sido el plan Z!; las fuerzas armadas nos salvaron y sus excesos son excusables.

Rápidamente el plan engendró criaturas regionales y locales: muchos militares jefes de provincias “descubrieron” su Plan Z, e incluso en muchos barrios los vecinos de derecha pretendían saber de buena fuente que en el Plan Z vecinal se habían descubierto listas de personas que serían ejecutadas, y se disputan agriamente los primeros lugares.

El periodista Hernán Millas, en esos días favorable al Golpe, testimonia cómo la prensa autorizada era presionada por los partidarios del régimen, o por los que necesitaban que se les viera así, que rogaban y suplicaban figurar en las listas del Plan para poder así pronunciar la frase: “me enteré que yo también iba a ser asesinado...”, signo de pertenencia a la nueva elite. Un agricultor que comenzaba gestiones para recuperar su fundo expropiado, ofreció 100.000 escudos (25.000 dólares) para que su nombre figurara en las listas7.

Este comportamiento será confirmado en 1990 por las conclusiones del informe Rettig: el documento publicado en el Libro Blanco no parece realista y no hay información sobre sus autores, pero por vía del rumor se transformó en una justificación para matar:

El Plan Z –por la vía del rumor y de la noticia intencionada– se convirtió en una minuciosa lista de personas opositoras a la Unidad Popular, que debían ser eliminadas, con variantes regionales y locales, y nuevas nóminas de esas personas, ya para cada pueblo, por pequeño que fuese. Se alimentó así una justificación interna de matar, o permitir o por lo menos condonar la muerte del adversario, atribuyéndole iguales intenciones”8.

Un ejemplo son los interrogatorios a los que fue sometido Luis Vega, abogado de la intendencia de Valparaíso, detenido en el buque Esmeralda. Ya la noche del viernes 14 de septiembre (la fecha, como veremos, es importante), el oficial de la Armada que lo interroga afirma que han encontrado el Plan Z en una caja fuerte del Ministerio del Interior y lo acusa de ser el encargado en Valparaíso, a cargo de muchos hombres, metralletas, explosivos, dólares y drogas. Es brutalmente torturado por negarse a firmar una declaración “confesando” todo eso9.

El alcance del Plan Z va más allá de un montaje para justificar el golpe. Es una pieza mayor en el condicionamiento psicológico de los militares lanzados contra el “enemigo interno”. Para que los soldados repriman sin piedad, es necesario que perciban a los perseguidos no como ciudadanos, eventualmente con ideas diferentes, sino como nuestros asesinos asolapados que proyectan eliminarlos a ellos y sus familias. Deshumanizando al adversario, el Plan Z coloca a muchos militares –y civiles– en disposición psicológica para infligir al adversario el mismo tratamiento que le atribuye. En pocas palabras, proporciona el motivo para torturar e incluso para asesinar. “Son ellos o nosotros” machacan los jefes militares y contra aquellos seres abyectos todo parece permitido.

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Portada del semanario Ercilla del 31-10-73

Notas

1 Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, anónimo, sin fecha (octubre de 1973), editado por la Secretaría General de Gobierno, 3.ª edición, pp. 25-27.
2 HUIDOBRO Sergio, 1989, Decisión Naval, (sin editor, impreso en la imprenta de la Armada), Valparaíso, pp. 288-289.
3 MILLAS Hernán - FILIPPI Emilio, enero 1974, Chile 70-73. Crónica de una experiencia, Ed. Zig-Zag, Santiago, pp 23-25.
4 HERREROS Francisco, 2003, Prensa canalla y violación de los derechos humanos, en El Siglo, 4-11-2005.
5 MILLAS Hernán 1999, La familia militar, Ed. Planeta, Santiago, pp. 26-28.
6 MERINO José, 1998, Bitácora de un Almirante, Ed. Andrés Bello, Santiago, pp.148-150. 7 MILLAS Hernán 1999, La familia militar, Ed. Planeta, Santiago, pp. 25-26. 8 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tercera parte Capítulo I, Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, anónimo, sin fecha (octubre de 1973), editado por la Secretaría General de Gobierno, 3.ª edición, pp. 25-27.
9 VEGA Luis, 1983, La caída de Allende. Anatomía de un golpe de Estado, Ed. La Semana, Jerusalén, pp. 295-297.

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