En los países del medio Oriente, sus intelectuales y políticos ven con estupor e indignación la total disociación de los gobiernos de occidente respecto de los derechos humanos y la democracia que proclaman representar. El respaldo o el silencio de muchos de esos gobiernos ante la acción genocida contra civiles indefensos en Palestina por el gobierno de Netanyahu les resulta incomprensible y genera un fuerte repudio, como a muchas personas del mundo.
Así lo pude comprobar en un reciente seminario que reunió a personeros de países árabes desde Marruecos hasta el Golfo. El ex ministro de relaciones de Marruecos Mohamed Benissa, y alcalde por muchas décadas de la ciudad costera Acila, convocó a un seminario sobre Valores y Sistemas Democráticos en su ciudad. Aprovecho de hacer homenaje a ese hombre destacado y dedicado a la democratización de Marruecos, que falleció recientemente.
Las democracias nacionales son el fundamento para una democracia global
Como latinoamericano, escuchar los debates entre personeros árabes me rememoró la actitud intervencionista o amenazante que ha caracterizado por casi dos siglos a la política exterior de EE.UU. hacia nuestra región. Pero en los países árabes, el problema tiene una dimensión distinta, no solo por la religión y las diferencias culturales, sino por la violación sistemática del derecho internacional, el derecho humanitario, los crímenes de guerra, y la consiguiente falsedad que significa proclamar los valores de la democracia y los derechos humanos en e sete momento histórico. Lo que acontece fue descrito por el Papa Francisco “esto no es una guerra es crueldad”.
Para los latinoamericanos es imperativo bregar por el respeto al derecho internacional y a los valores morales que sustentan la dignidad humana. ¿Cómo contribuir a ese propósito?
La base de la política internacional latinoamericana es la democracia y su combate al autoritarismo. La democracia está asediada y debemos defenderla a nivel de cada una de nuestras naciones. Ella no puede subordinarse a los intereses de seguridad nacional que proclaman las potencias dominantes. Nuestra tarea es colaborar para fortalecer un sistema de gobernanza mundial que haga respetar el derecho internacional. Las normas democráticas instauradas en cada uno de nuestros países, tras prolongadas luchas, deben extenderse a nivel global.
Debemos trabajar unidos y participar en la definición de reglas que se acuerden multilateralmente. Sin esas reglas, institucionalizadas en los organismos internacionales, la democracia de cada país queda expuesta a la primacía de los países poderosos que violan esas reglas y permanecen en la impunidad. Esta situación es más peligrosa en el momento político actual cuando la administración Trump va encaminándose a quebrantar las normas constitucionales o irrespetando los acuerdos internacionales, generando desconfianza e inestabilidad.
Lecciones de la experiencia latinoamericana y nuevas perspectivas de la democracia
A fines del siglo pasado América latina vivió un largo periodo de lucha contra las dictaduras, luego se inició un período de transición a la democracia y de afianzamiento institucional. A partir de 2015, en los últimos 10 años, han emergido síntomas de retroceso o estancamiento democrático, lento crecimiento, desigualdad y Estados débiles para garantizar la gobernanza. ¿Cuáles son los principales desafíos para salir de esta situación y fortalecer las democracias? Mencionaré algunos temas prioritarios:
Un crecimiento estable es indispensable para generar empleo, reducir la informalidad y proveer recursos para reducir las desigualdades.
La autonomía del sistema judicial es un aspecto crucial. Todo gobierno autoritario intenta el control de los jueces. Se debe ganar legitimidad mediante un sistema de selección y evaluación de los jueces objetivo y transparente. La experiencia mexicana de elegir a los jueces por voto popular despierta importantes temores.
El respeto al sistema electoral es el principal instrumento contra las amenazas autoritarias. Las experiencias antidemocráticas en Venezuela y en Nicaragua y el fraude electoral deben ser denunciados. La calidad, eficacia y legitimidad del sistema electoral cobra primera importancia.
Los partidos políticos deben fortalecerse, elevar su calidad y capacidad de gobernar, incentivar la formación de coaliciones de mayoría en los Congresos. La fragmentación del sistema de partidos, la indisciplina y pugna son caldo de cultivo para el desencanto y el surgimiento de regímenes autocráticos.
La seguridad personal es un derecho humano. El crimen y el desorden alimentan el temor y el autoritarismo, por ello el orden público debe ser prioridad. La democracia requiere una reforma y mejor preparación de las policías nacionales y medidas de coordinación internacional para combatir el crimen, así como políticas sociales efectivas que protejan a barrios abandonados cuyas familias y jóvenes son presa fácil de bandas criminales. La corrupción y la droga han avanzado corroyendo los organismos del Estado. América Latina es hoy día una zona violenta, con altos índices de homicidio.
El buen funcionamiento del aparato estatal es fundamental para llevar a cabo los cambios sociales y promover el desarrollo. Hoy se aprecia un debilitamiento de las capacidades estatales para ejecutar las políticas públicas, servir a todos los ciudadanos y resolver problemas con rapidez y probidad. La participación ciudadana y la transparencia son esenciales para fortalecer las instituciones y el prestigio de ellas ante la ciudadanía. Hacer buen gobierno es un requisito para fortalecer la legitimidad.
La democracia se sustenta en una cultura de respeto y convivencia. Se debe asegurar la decencia y probidad, la solidaridad ante el individualismo, el respeto y dignidad de cada ciudadano. El buen político debe gobernar con su ejemplo personal para generar confianza. La ciudadanía aún cree en las elecciones como el mejor procedimiento para resolver sus problemas. Esa confianza y la concurrencia a las urnas es el principal sostén de la democracia en la región.
La confrontación geopolítica es un riesgo a la democracia
La geopolítica se ha vuelto a transformar en una variable determinante de las relaciones internacionales. Las grandes potencias priorizan sus intereses de seguridad a costa de la libertad y los derechos humanos de los demás países. La guerra ha tomado el primer lugar de la agenda mundial, el respeto a los valores se degrada rápidamente cuando se cometen crímenes sistemáticos contra mujeres y niños y civiles inocentes. Y el gasto en armas y su innovación tecnológica se va imponiendo sobre la defensa del medio ambiente y el bienestar económico.
Es esencial evitar la agudización de la confrontación hegemónica entre China y Estados Unidos, y combatir la tesis de la lucha de civilizaciones y el desacoplamiento económico-tecnológico. Los países latinoamericanos debemos coordinarnos para defender nuestra autonomía, establecer normas que morigeren la disputa ideológica y amortigüen una guerra comercial perjudicial para todos. Hoy China es el primer socio comercial de buena parte de los países de América del Sur, y un impulsor de tecnologías verdes que el mundo necesita. Es esencial propiciar un no alineamiento en los temas económicos internacionales.
Un objetivo prioritario clave es la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ampliando la presencia de otros países representativos, con iguales derechos de los 5 actuales con poder de veto, y restringiendo el ejercicio de este veto para bloquear acuerdos de cese de fuego y proteger la vida de civiles indefensos.
Los demócratas del mundo debemos respaldar el Pacto de Futuro aprobado en las Naciones Unidas en 2024 como guía para una acción concertada nacional y global. El pacto de futuro de las Naciones Unidas y la agenda 2030 actualizada son dos compromisos mundiales para conseguir la paz, eliminar la violencia y respetar derechos esenciales. El fortalecimiento de las Naciones Unidas es vital para el desarrollo de la democracia.
Los progresos notables en inteligencia artificial, el avance desconcertante de la biotecnología, los altos riesgos del cambio climático y el aumento de las migraciones exigen establecer reglas comunes y acuerdos en campos estratégicos.
Los actores no estatales y grandes empresas poseen un poder gigantesco que, sin regulación, amenaza a las democracias. Estos actores gobiernan las comunicaciones y los avances digitales que pueden generar narrativas y manipular a las personas. Esas plataformas de comunicación mundiales intentan imponer sus normas y controlar el uso de la IA anteponiéndose a las disposiciones legales creadas en democracia. Ello puede conducir a resultados desastrosos para la humanidad. Sin regulaciones que aseguren la primacía de procedimientos democráticos crecerán los conflictos entre los estados nacionales y las grandes empresas que controlan las plataformas globales.
La prioridad es afirmar las democracias nacionales
Del debate entre representantes de países árabes aprecié sus coincidencias con el derecho internacional como base para la paz en el medio oriente. Aun cuando predominan visiones disímiles aprecié una convergencia en la necesidad de decisiones políticas de los gobiernos occidentales para contribuir a salidas de largo plazo que superen la tragedia actual.
Entre ellas: primero, el reconocimiento a un Estado palestino por un gran grupo importante de países, incluyendo a los europeos. Aunque su puesta en marcha tome mucho tiempo es necesario apuntar a un horizonte hacia el cual movilizar la acción diplomática y la ayuda económica. Segundo, buscar la conformación de una sola autoridad y la unidad palestina, con el respaldo de todos los países árabes; tercero, apoyar una evolución del propio proceso democrático en Israel que determine un cambio de gobierno y de estrategia para la paz. Cuarto, fortalecer a las Naciones Unidas para que pueda resolver y hacer respetar sus acuerdos y resoluciones. Estos pasos significan reivindicar la diplomacia. Las naciones latinoamericanas pueden contribuir a estos propósitos, actuando unidas.
Las normas del derecho internacional son la base de la construcción progresiva de un estado de derecho global. A pesar de los obstáculos, no nos equivoquemos, la fuerza de la democracia es incontenible. La prueba es que 2024 ha sido el año con mayor número de elecciones en la historia, a lo menos 67 países y 3400 millones de personas han realizado elecciones nacionales ese año. La gente quiere votar para decidir sus autoridades y resolver sus problemas. Sobre esa base esperanzadora deberán erigirse las nuevas metas por los derechos humanos y la paz, a través del diálogo multilateral.