Cualquier persona que haya seguido los enésimos intentos de llegar a un acuerdo de paz entre los sucesivos gobiernos colombianos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluirá que es misión imposible. Y sin embargo…

Colombia es el único país de América Latina donde una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantiene tenazmente su lucha contra el Estado ejerciendo la violencia sistemática en su acción política. Y lo hace desde hace sesenta y un años, cuando en julio de 1964 sus primeros combatientes iniciaron la marcha fundacional.

Al ELN pertenecieron el mítico cura Camilo Torres, pionero de la teología de la liberación, y el sacerdote español Manuel Pérez —“comandante Poliarco”—, quien lo comandó entre 1978 y 1998. El cura Pérez también formó parte de la comandancia de la “Coordinadora guerrillera Simón Bolívar”, creada a fines de los 80 para unificar acciones de guerra y para negociar la paz.

En su creación participaron las principales guerrillas del país: el Movimiento 19 de abril (M-19), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y ELN.

El primer acuerdo de paz se produjo en 1990 entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco. Fue el primero firmado en la época contemporánea entre un Estado y una guerrilla en Latinoamérica, y contribuyó decisivamente al proceso constituyente de Colombia en 1991, desencadenando la firma de nuevos acuerdos con otras guerrillas, como el EPL. Sin embargo, las FARC y el ELN se mantuvieron en la acción armada y quedaron al margen de la elaboración de la nueva Constitución colombiana. Las FARC, como es sabido, firmaría finalmente la paz con el presidente Santos en 2017.

Por el contrario, todas las negociaciones con el ELN han fracasado. Lo intentaron los presidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Santos llegó a pactar un cese al fuego de 90 días en octubre del 2017 -aprovechando la visita del Papa Francisco a Colombia- pero, cuando ese plazo finalizó en enero del 2018, la guerrilla atacó una formación policial en Barranquilla dejando muertos y heridos. Se suspendieron entonces las negociaciones —aunque se acabarían retomando— y aquella ventana de esperanza se perdió, pues al gobierno de Santos le sucedió el de Duque, quien exigiría unas condiciones para la negociación que la hicieron inviable. Por si fuera poco, en enero de 2019, durante el gobierno de Duque, quien no era muy proclive a la negociación, el ELN atentó contra la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá con un carro bomba, dejando 23 muertos. Cualquier posible acuerdo quedó sepultado.

Ahora es el turno de Gustavo Petro, quien llegó decidido a superar todas las violencias organizadas. Partía de un planteamiento correcto: la paz ampliaría la precaria democracia colombiana y permitiría lograr unas condiciones de vida dignas para toda la nación, incluyendo las regiones más excluidas. Ahora bien, a ese planteamiento le faltó el empuje suficiente como para lograr una transformación real en los territorios más olvidados, aquellos donde el ELN opera. En un país tan desigual como Colombia, la paz es una condición para el desarrollo, pero el coste de retrasar ese esfuerzo transformador mientras se negocia, es muy elevado.

La situación actual

Y llegamos así a la situación actual. Los combates librados este año en la región del Catatumbo entre el ELN y el “Frente 33”, unas disidencias de las FARC que les disputaban parte del territorio, provocaron nada menos que 106 muertos y 55 mil desplazados. Petro acusó al ELN de cometer crímenes de lesa humanidad, lo tildó de narcotraficante, lo quiso desconocer como actor político y dio por finalizadas las negociaciones. La distancia entre Petro y el ELN es ahora tan grande que el Gobierno ha decidido retomar los bombardeos, algo que el propio Petro había suspendido por sus efectos sobre la población civil. Resulta claro, que aunque se había propuesto en su toma de posesión conseguir la “Paz total”, esa paz se está mostrando muy esquiva.

Para complicar más las cosas, el ELN mantiene disputas con otros grupos irregulares por el control de los territorios, enfrentamientos que se suman a los provocados por los paramilitares y también a los que protagonizan las disidencias de las FARC, alguna de ellas en conversaciones de paz con el Gobierno. En fin, un verdadero quebradero de cabeza. La única noticia positiva hasta ahora es la perspectiva de un acuerdo de paz con el “Frente Comuneros del Sur”, un grupo del ELN que actúa en la zona de Nariño.

Hay que resaltar que el ELN goza de muy mala imagen dentro y fuera del país -salvo, si acaso, en algunos sectores de las zonas donde mantiene su presencia-, y que la inmensa mayoría de la sociedad colombiana está en contra de su acción. Sus métodos de lucha, además de emboscadas al ejército, han incluido el secuestro de miles de civiles -que se liberan a cambio de rescates-, cientos de voladuras de oleoductos -cuando las empresas se niegan a pagar extorsiones-, el secuestro de aviones y las siembras de minas antipersona, por no hablar del reclutamiento forzado de niños.

No será fácil olvidar la “masacre de Machuca”, ocurrida en Antioquia en 1998, cuando la voladura de un oleoducto produjo un incendio que acabó con la vida de 84 personas; el secuestro de un Fokker de Avianca en abril de 1999; o, en ese mismo año, el de docenas de personas que atendían un oficio religioso en la Iglesia La María, en el Valle del Cauca, finalmente liberadas a cambio de rescates.

Con estos antecedentes y en las actuales circunstancias, quienes hayan seguido los enésimos intentos de llegar a un acuerdo de paz entre los sucesivos gobiernos colombianos y el ELN concluirán que es misión imposible y que la causa es la nula voluntad negociadora de la guerrilla. Sin embargo, si se analizan a fondo las complejidades de la situación, también cabe concluir que es mejor retomar las negociaciones.

Por supuesto, existen enormes retos y son numerosos los factores a considerar. Véanse algunos:

El primero es la presencia del ELN en unos doscientos veinte municipios de los mil doscientos que conforman el conjunto de Colombia, una presencia que se apoya en unos seis mil quinientos combatientes y en un discurso de transformaciones en territorios de gran exclusión social. En zonas como Catatumbo y Arauca, fronterizas con Venezuela, la presencia del ELN es determinante y mayor que la del propio Estado. La ausencia de éste explica en buena parte la persistencia de las violencias organizadas, entre ellas la del ELN.

EL ELN dispone además de infraestructuras de apoyo en las grandes ciudades y también en Venezuela. Las relaciones entre la guerrilla y ese país son estrechas, vienen prácticamente de la fundación del ELN y, además de políticas, son económicas. Los dirigentes del ELN que actúan al otro lado de la frontera gozan allí de gran autonomía sin necesitar la protección del Estado venezolano.

Otro factor a tener en cuenta son los recursos económicos de que el ELN dispone. Provienen de secuestros, extorsiones y del cobro de “impuestos” al cultivo y tráfico de coca y a las ganancias de la minería ilegal -oro, diamantes, coltán- en “sus” territorios. También, de los acuerdos con Venezuela para explotar y gestionar parte de sus recursos mineros. En fin, un factor desincentivador más para la paz lo constituyen los posibles riesgos de atentado que correrían los miembros de la guerrilla si dejan las armas, algo que no ha sido infrecuente entre los desmovilizados de otras organizaciones.

Ahora bien, ¿pesan tanto estos factores como para impedir una voluntad de paz en el ELN? En Colombia hay miradas que así lo ven y que reclaman su derrota o, al menos, su debilitamiento para doblegar a su dirigencia; y, si bien es posible que los mencionados factores influyan en algún dirigente instalado cómodamente en Venezuela haciéndole rechazar la paz, la mayoría de los alzados elegirían dejar de una vez las armas, integrarse con garantías en la vida civil y gozar de oportunidades formativas y de empleo.

Por otra parte, seguir las voces que cuestionan el camino de la negociación, tal vez llevaría a expulsar al ELN de algunos territorios -lo que ya ha sucedido en el pasado-, pero su derrota definitiva por las armas parece harto difícil. El ELN ha mostrado en todo momento, también en lo que va de siglo XXI, su capacidad de acción, política y militar, frente a quienes define como enemigos: la “oligarquía” y su aliado “el imperialismo”, con un discurso en pro de la justicia social que todavía le granjea apoyos. Además, apostar por su derrota dificulta trazar una ruta alternativa para resolver el conflicto.

Así que, a la pregunta de si se debe insistir en la salida negociada, hay que responder que sí, y que debería ser posible construir un acuerdo de paz si se hace una lectura adecuada de la acción política del ELN y de sus planteamientos.

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Fernando Botero, 1999, "Car Bomb".

Las demandas del ELN

Vayamos, pues, a sus demandas. El ELN considera de plena vigencia el “Manifiesto de Simacota” que lanzó al país el 7 de enero de 1965, después de constituirse como guerrilla, una declaración que apuntaba a las causas de fondo de las pugnas: las enormes desigualdades, la pobreza, la concentración de la propiedad de la tierra, la confrontación Este-Oeste… Denunciaba allí la “violencia reaccionaria desatada por los diversos gobiernos”, “los salarios de hambre", la pobreza del campesinado, el “saqueo por los imperialistas de las riquezas de todo el pueblo” y, ante esa situación, afirmaba que la lucha revolucionaria era el único camino.

En la actualidad, el ELN ya no pretende “liberar” a toda Colombia a través de una revolución socialista, pero no parece renunciar a un cambio económico y social profundo, al menos en los territorios que controla. Y, en cuanto a sus criterios para la construcción de un acuerdo de paz, defiende la necesidad de una amplia participación de la sociedad civil en el proceso y la concreción de una agenda de transformaciones sociales. Si se quiere avanzar en el diálogo con esta organización, hacer caso de esas demandas a cabalidad parece una condición esencial y, además, nada descabellada. Todo lo anterior conduce a las siguientes reflexiones:

  • La primera, la demanda en favor de una amplia participación de la sociedad civil en la confección de propuestas relativas a la mejora de las condiciones de vida de la población, en paralelo a las negociaciones de paz, es una condición sine qua non para el ELN. Es cierto que los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC ya recogían la necesidad de políticas públicas solventes en salud, educación, medioambiente, trabajo, transporte... y la de corregir las enormes desigualdades territoriales, pero los incumplimientos han sido considerables.

Si el acuerdo se hubiera implementado de manera más profunda en los últimos ocho años, no tendríamos hoy situaciones como las que se viven en el Catatumbo o el Cauca. Así que, en el proceso de diálogo con el ELN, se tendría que abordar el cumplimiento de los incumplimientos.

(Ruiz Massieu, representante especial de la ONU para Colombia)

  • Segunda, un reto de igual calado lo constituye la desigualdad histórica en la distribución de la tierra, lo que requiere profundizar en la reforma agraria para facilitar el acceso a la propiedad de los campesinos y de los indígenas y afrocolombianos. El apoyo al campesinado debe contemplar el acceso a la tierra, al crédito, y también apoyo financiero y técnico. Por otro lado, es esencial favorecer producciones alternativas al cultivo de coca. Y, en fin, es crucial proteger los derechos de los pueblos originarios relacionados con su identidad, lengua, cultura, organizaciones y propiedades ancestrales.

  • Tercera, un escenario de paz permitiría avanzar en la autonomía política y administrativa de los territorios y contemplar gobiernos descentralizados en los cuales el ELN podría participar desde la legalidad y con la fuerza de los votos que obtenga, y no con la de las armas. Las estructuras de los estados federales (EEUU, Alemania, Brasil…), o España, donde diecisiete autonomías cuentan con parlamentos y gobiernos autonómicos con competencias y recursos propios, podrían servir de inspiración para negociaciones y acuerdos.

  • Y cuarta, no menos importante: el ELN debería mostrar su voluntad de paz. Un alto el fuego pactado sería la mejor señal, y el compromiso de abandonar los secuestros como arma de guerra sería una gran noticia.

En los últimos años, se han producido en Colombia avances notables hacia la paz. El sistema de justicia transicional y el hecho de que miles de desmovilizados participen en la vida política, económica y social del país, permite otear la “paz total” que propugna el presidente Petro. Los planes de su Gobierno para el Catatumbo recogidos en un “Pacto Social” para su transformación, son necesarios. Pero hay que concretarlos. La paz lo permitiría, y permitiría que la sociedad exija los cumplimientos al Gobierno.

La paz beneficiaría al conjunto de la sociedad, harta de tantas violencias y, sobre todo, a quienes padecen los conflictos en las tierras que habitan. En los últimos 50 años ya han perdido la vida más de 200 mil personas; es insoportable seguir así. Y, en fin, la paz favorecería también al ELN, pues le permitiría trabajar por las transformaciones sociales desde la legalidad de las instituciones democráticas.

Guerrilla y gobierno le deben al pueblo colombiano los esfuerzos necesarios para alcanzar la paz. Petro ha dicho que no ha cerrado las puertas a la negociación. Confiemos en que el ELN tampoco.

(En colaboración con Luis Eduardo Celis, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y analista sobre violencias organizadas y sus perspectivas de superación.)
Una versión corta de éste artículo a ver en la Revista Galde.