Hamás y el uso del Derecho Internacional como arma

Mientras el mundo se concentra en los costos geopolíticos inmediatos del actual conflicto armado entre Israel y Hamás, iniciado por el brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y civiles israelíes inocentes el 7 de octubre de 2023, se está librando una batalla concomitante: la manipulación estratégica del derecho internacional por parte de Hamás.

El uso de este cuerpo legal como arma tiene dos propósitos: la deslegitimación del Estado judío en la escena mundial y la socavación de las actuales operaciones militares en la Franja de Gaza, al tiempo que obtiene apoyo para sus intenciones genocidas contra los judíos y el Estado de Israel.

Históricamente, el grupo terrorista palestino ha pedido formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) que examine las operaciones militares israelíes en Gaza. En mayo de 2021, Hamás emitió una declaración en la que instaba a la CPI a investigar lo que calificaba de "crímenes" cometidos por Israel durante el conflicto de Gaza.

El grupo terrorista palestino ha pedido públicamente acciones legales internacionales contra las operaciones militares de Israel. En mayo de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel detener su acción militar en Rafah. Hamás dio la bienvenida a la decisión¹ e instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a hacerla cumplir.

Hamás ha instado a la CIJ y a la comunidad internacional a intervenir y detener las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza². También ha pedido que los dirigentes israelíes rindan cuentas por lo que califica como una campaña de hambre contra la población civil del norte de Gaza.

El hecho más reciente, el 20 de mayo, Reino Unido, Francia y Canadá emitieron una declaración conjunta sobre la situación en Gaza y Cisjordania. Las tres potencias occidentales advirtieron de que tomarán medidas «concretas» si Israel sigue adelante con, lo que calificaron como una expansión «atroz», de las operaciones militares en Gaza.

Según la declaración, el sufrimiento humano en Gaza es intolerable; permitir la entrada en Gaza de una cantidad básica de alimentos es totalmente inadecuado; la denegación de asistencia humanitaria esencial a la población civil es inaceptable y corre el riesgo de infringir el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La declaración condena el abominable lenguaje utilizado recientemente por miembros del gobierno israelí, amenazando con que, en su desesperación por la destrucción de Gaza, los civiles comenzarán a reubicarse.

La declaración afirma que el desplazamiento forzado permanente constituye una violación del DIH.

Asimismo, las tres potencias occidentales reconocieron que Israel sufrió un atroz ataque el 7 de octubre. Indicaron que siempre han apoyado el derecho del Estado judío a defender a los israelíes contra el terrorismo, pero que la actual escalada es totalmente desproporcionada.

Hicieron un llamado a Hamás para que libere inmediatamente a los rehenes restantes, retenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023, y reiteraron su apoyo a un alto al fuego y a la aplicación de una solución de dos Estados.

Hamás acogió con satisfacción la declaración conjunta

La declaración conjunta es música para los oídos de Hamás. ¿Por qué?

Considerando que la declaración refleja las críticas. De hecho, el respaldo de Hamás a la declaración conjunta³ no es simplemente de apoyo, sino que refuerza y reitera deliberadamente el lenguaje de la declaración de las potencias occidentales, subrayando una alineación estratégica.

El grupo terrorista afirmó que la declaración conjunta es un rechazo a la «política de asedio y hambre impulsada a cabo por el gobierno de ocupación contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza y a los planes sionistas encaminados al genocidio y el desplazamiento».

Hamás⁴ considera que la postura internacional es un paso importante para abordar la crisis humanitaria en Gaza, que confirma su creencia de que las acciones de Israel han sido desproporcionadas y violan las normas jurídicas internacionales. Reitera que la declaración conjunta es «un paso importante hacia el restablecimiento de los principios del derecho internacional» y crucial para proteger a los civiles y poner fin a lo que describen como «fascismo, genocidio y limpieza étnica de la ocupación contra el pueblo palestino en Gaza».

Los llamamientos de Hamás y su apoyo a la declaración conjunta forman parte de esfuerzos internacionales más amplios encaminados a exigir responsabilidades por las acciones israelíes que considera violaciones del derecho internacional. Hamas sabe cómo manipular estratégicamente el derecho internacional para obtener apoyo para su propia causa.

En este sentido, el grupo terrorista pide una «traducción urgente» de la declaración conjunta «en medidas prácticas efectivas que disuadan de la ocupación».

En concreto, ha instado «a los países árabes e islámicos, a la Unión Europea y a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas y concretas para detener los crímenes, y garantizar la rendición de cuentas de lo que calificó de «estado delincuente» y de sus dirigentes, a los que calificó de «criminales de guerra».

Hamás viola gravemente el derecho internacional

El apoyo de Hamás a la declaración conjunta es asombroso. El grupo terrorista, al tiempo que acata solamente de boca las normas del derecho internacional y las declaraciones conjuntas de los gobiernos que condenan al Estado judío, al mismo tiempo comete infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario (DIH)⁵ deliberadamente.

Basta ver los atroces atentados terroristas perpetrados contra civiles israelíes inocentes el 25 de octubre de 2023.

Hamás utiliza tácticas de guerra ilegales y asimétricas que violan los principios fundamentales del derecho internacional. Entre ellas se incluyen la utilización de escudos humanos, la toma y asesinato de rehenes y la ocultación de terroristas entre civiles, táctica que constituye una forma de perfidia. El grupo almacena armas en infraestructuras civiles como viviendas, escuelas, edificios residenciales y hospitales, desde donde lanza ataques indiscriminados con cohetes contra zonas civiles israelíes.

El grupo terrorista ha construido una red de túneles bajo edificios residenciales de Gaza para ocultar material militar y a sus miembros, poniendo deliberadamente en peligro a la población civil palestina. Estos túneles nunca tuvieron por objeto proteger a los civiles inocentes ni protegerlos del conflicto. Los túneles aumentan los daños colaterales y han generado una gran ansiedad israelí al representar una amenaza directa para la población civil y socavar su sentido de soberanía territorial.

Esta infraestructura terrorista reduce la confianza en las medidas convencionales de seguridad fronteriza, como patrullas, vallas, muros y puestos de control, lo que hace que disminuya la confianza de los ciudadanos israelíes en la capacidad de su gobierno para garantizar la seguridad. Además, erosiona la confianza pública en las instituciones estatales responsables de la seguridad nacional. Exactamente lo que Hamás desea.

Este grupo terrorista controla a la población civil de Gaza y la ha convertido en un centro de gravedad para sus operaciones ilícitas. Al elegir e imponer un campo de batalla estratégicamente amorfo a las Fuerzas de Defensa Israelíes, dispone de un alto nivel de maniobrabilidad y sigilo, induciendo en consecuencia daños colaterales al complicar el entorno del campo de batalla y desafiar los métodos militares convencionales.

Estas estrategias pretenden compensar la marcada disparidad de poder entre Hamás y las IDF, evitando al mismo tiempo la confrontación militar directa. Los enfoques ilegales de Hamás colapsan los principios fundamentales del combate y oscurecen la distinción entre combatientes y no combatientes, socavando así la integridad de la guerra legal. Al explotar tanto las vulnerabilidades como las limitaciones de las IDF -especialmente sus obligaciones legales y éticas- Hamás trata de infligir bajas civiles y provocar la condena internacional de las respuestas israelíes.

Sin embargo, las pruebas presentadas en “Palestinian Media Watch”⁶ demuestran que, «mientras la comunidad internacional culpa a Israel de las trágicas muertes de civiles en Gaza, los palestinos culpan correctamente a Hamás de utilizar intencionadamente a civiles como escudos humanos». Fatah, de Mahmoud Abbas, ha criticado a Hamás por su responsabilidad en la muerte de civiles gazatíes al utilizarlos como escudos humanos en la guerra.

En consecuencia, los palestinos dicen: «No culpen a Israel de las muertes de los gazatíes». La Autoridad Palestina «culpa a Hamás» del número de muertos.

La trágica realidad es que las víctimas civiles son una desafortunada consecuencia de la guerra, especialmente en entornos complejos y densamente poblados por civiles en los que uno de los contendientes está incrustado para obtener una ventaja estratégica. Y, mientras Hamás emplea tácticas diseñadas para aumentar el número de esas víctimas e infligir un sufrimiento innecesario, Israel es seriamente criticado por utilizar una fuerza desproporcionada y se le insta a mostrar una mayor moderación o a detener sus operaciones militares. ¿Por qué se exige, con tanta fuerza, sólo a una de las partes y no a un grupo terrorista cuyo objetivo es infligir sufrimientos innecesarios contraviniendo el principio de humanidad, uno de los principios sacrosantos subyacentes de la arquitectura normativa del DIH?

Críticas a la declaración conjunta

La declaración conjunta se ha enfrentado a considerables críticas, principalmente debido a sus insuficiencias percibidas y a las implicaciones más amplias de las posiciones adoptadas por las potencias occidentales. Los críticos han señalado que la amenaza carece de acciones concretas contra Israel si el Estado judío no detiene las operaciones militares en Gaza. Sin embargo, guardan silencio sobre las atrocidades cometidas por Hamás o sobre su desmantelamiento. Los detractores no ofrecen soluciones reales para las implicaciones de seguridad más amplias que su existencia demanda y sobre el uso de sus medios y métodos de violencia ilegales y asimétricos contra palestinos y civiles israelíes inocentes.

No es una tarea sencilla detener las operaciones militares sin solicitar concomitantemente demandas sustantivas a un grupo terrorista genocida cuyo objetivo fundamental es el exterminio del Estado judío. La carta constitutiva de Hamás es clara al respecto.

Los detractores han afirmado que el apoyo al derecho de Israel a la autodefensa socava la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza. En otras palabras, éstos argumentan que debe poner fin a su legítimo derecho a la autodefensa, porque la solución de la crisis humanitaria debe tener prioridad.

Es un argumento moralmente razonable, sostienen muchos. Sin embargo, ¿qué hacen con Hamás? ¿Qué pasa con los rehenes restantes y la amenaza permanente a la vida de los civiles israelíes? ¿Cómo concilian los observadores la grave crisis humanitaria de Gaza -causada en última instancia por Hamás- con el derecho de Israel a existir y a defenderse de futuros ataques de un grupo terrorista que ataca abiertamente a civiles, no muestra ningún respeto por la vida humana y rechaza las normas humanitarias internacionales? Las vidas y la dignidad inherente de palestinos e israelíes inocentes tienen un valor igual e incuestionable.

Suspender el derecho de Israel a la autodefensa ofrecería a Hamás una oportunidad crucial para reagruparse, rearmarse y reconstruir su capacidad para llevar a cabo nuevos atentados terroristas contra civiles israelíes inocentes.

Los críticos sostienen que las tres potencias occidentales apoyan tácitamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel. También sostienen que la declaración conjunta carece de sustancia, señalando que no afirma explícitamente un compromiso con el DIH ni esboza ninguna consecuencia para las violaciones de ese cuerpo legal.

Estos argumentos son razonables prima facie. Sin embargo, no son evidentes bajo escrutinio. Implementar las disposiciones del DIH es un desafío en conflictos asimétricos, donde uno de los contendientes es un ejército y el otro es un grupo terrorista enraizado en la población civil, como se mencionó anteriormente, y no sigue las reglas del combate.

Aplicar el DIH no es tarea fácil

La arquitectura normativa del Derecho internacional humanitario pretende limitar los efectos de los conflictos armados o el sufrimiento humano durante la conducción de las hostilidades exigiendo el cumplimiento de los principios de distinción y proporcionalidad.

La imposición de límites a las acciones militares durante los conflictos armados es una necesidad absoluta. La guerra es brutal.

No podemos analizar todas las complejidades involucradas en estas premisas, pero debido a que la norma de proporcionalidad es la más utilizada y abusada en la guerra de información, o más bien en la desinformación, resulta valioso mencionar algunos problemas a los que se enfrenta esta norma.

El principio de distinción es una norma teóricamente sencilla. Según la Corte Internacional de Justicia, es un principio inviolable y cardinal que forma parte del tejido normativo del DIH. La eliminación de las líneas divisorias entre combatientes y civiles para inducir al adversario más fuerte a ejecutar ataques indiscriminados está sencillamente prohibida.

Los contendientes deben distinguir entre civiles y combatientes y entre objetos civiles y objetivos militares. Sin embargo, es muy difícil discernir esta regla cuando uno de los contendientes está camuflado entre civiles inocentes. ¿Quién es un combatiente legítimo? Los terroristas pueden ver a los soldados con uniforme, pero ¿pueden los soldados ver al enemigo con precisión en un campo de batalla irregular? En la niebla de un campo de batalla amorfo, ¿dónde están los objetivos militares legítimos? ¿Cuáles son?

Hay pocos objetivos militares legítimos en un conflicto asimétrico. Hamás no tiene ninguno porque no puede luchar contra un ejército poderoso en un campo de batalla frontal. Israel se enfrenta a un enemigo invisible que ha elegido a la población civil como campo de batalla. La proyección del poder militar es muy difícil en estas condiciones.

Volviendo a la norma de proporcionalidad. Esta norma prohíbe los daños colaterales excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener.

La norma de proporcionalidad exige que un comandante aplique una prueba antes de ejecutar un ataque, para determinar los daños incidentales que se espera que el ataque cause, con el fin de minimizarlos. El radio y la geografía del objetivo militar legítimo deben ser lo más reducidos posible.

También exige que un atacante pueda atacar, limitar o suspender el ataque para reducir el daño a civiles si el ataque resultaría en daños colaterales excesivos. Frente a esta dualidad, la norma obliga al atacante a suspender el ataque para proteger a los civiles. Esto es una carga pesada para un ejército cuando no hay opciones claras en un campo de batalla irregular, en el que uno de los enemigos está incrustado en un entorno densamente civil. Además entre la recogida de información sobre el objetivo militar y el momento en que el comandante decide ejecutar el futuro ataque pueden ocurrir muchos factores que escapan al control de un comandante. El carácter prospectivo de la norma de proporcionalidad es muy problemático.

La norma no exige que los soldados sean clarividentes con una bola de cristal para predecir el futuro. Se trata de posibilidades razonables y decisiones tomadas antes de ejecutar un ataque.

Además, el término «excesivo» es crucial Este término no está definido por la ley y está sujeto a diversas interpretaciones. Las interpretaciones restrictivas de la proporcionalidad son un obstáculo y otorgan ventaja al enemigo. Por lo tanto, no queda otra opción que ampliar la interpretación de la norma para tener alguna posibilidad de combate.

Los daños colaterales excesivos son ilegales y los daños colaterales incidentales están permitidos. Pero el DIH no proporciona una fórmula matemática para medir los daños colaterales. ¿Dónde pueden trazar los ejércitos una línea divisoria entre los daños colaterales permitidos y los prohibidos?

La realización de una prueba objetiva para recopilar información antes de llevar a cabo un ataque en el contexto de un conflicto asimétrico, tal y como exige el principio de proporcionalidad, hace que la norma resulte inaplicable.

Hamás explota las víctimas civiles en Gaza -independientemente de quién sea el responsable- para alimentar la condena internacional de Israel. Presenta a Israel como el único agresor y autor de crímenes universales generalizados, al tiempo que oculta deliberadamente sus propias violaciones atroces de las normas internacionales y sus objetivos genocidas abiertamente declarados. Esta estrategia pretende generar simpatía y desviar la atención de sus propios abusos reprensibles.

La influencia de Hamás no termina con la utilización del DIH como arma. Ahora se está ampliando al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en virtud de este cuerpo legal, está demandando al Gobierno británico.

Hamás está explotando el Convenio Europeo de Derechos Humanos

En la última perversión, Hamás está explotando ahora el lenguaje y los principios de la legislación internacional sobre derechos humanos. ¿Por qué? En virtud de la Ley de Antiterrorismo de 2000 del Reino Unido, Hamás fue designada oficialmente organización terrorista en 2001⁷.

En abril de 2025, inició un procedimiento judicial contra la decisión del gobierno británico de designarla organización terrorista en el Reino Unido, alegando que la designación terrorista contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) por «restringir ilegalmente la libertad de expresión y de reunión pacífica» de los simpatizantes de Hamás. Lo absurdo es que parece que el gobierno infringe el derecho internacional al impedir que los simpatizantes de Hamás puedan planear atentados terroristas o poner en peligro la seguridad nacional.

Sorprendentemente, Hamás argumenta⁸ que la prohibición obstruye los esfuerzos del grupo por buscar una solución política al conflicto, suprime los debates sobre la consecución de un acuerdo político duradero y criminaliza a los palestinos comunes y corrientes de Gaza.

¡Qué conjunto de derechos utilizados como clichés, sin ninguna compunción ni contrición, por un grupo terrorista que viola sistemáticamente los mismos derechos en Gaza! Según Amnistía Internacional, organización también crítica con Israel:

Desde la toma de Gaza (por Hamás) en 2007⁹ y el establecimiento de un aparato paralelo de seguridad y aplicación de la ley, Hamás ha impuesto severas restricciones a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, haciendo un uso excesivo de la fuerza en respuesta a varios movimientos de protesta... y deteniendo y torturando regularmente a disidentes... Los servicios de seguridad de Hamás siguieron reprimiendo la libertad de expresión, incluso calificando de traidores a quienes la criticaban. Las autoridades... deben respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y poner fin a la represión continuada de los manifestantes.

¿Demandar al gobierno británico porque la designación como organización terrorista es un obstáculo para la resolución política del conflicto?

La solución política más debatida para el conflicto entre Israel y Hamás es el paradigma de la solución de los dos Estados, que prevé un Estado palestino independiente que exista junto a Israel y en el que judíos y palestinos puedan vivir en paz lado a lado. Este arreglo cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, y se considera la solución más viable a largo plazo para el conflicto palestino-israelí.

Y los palestinos han tenido varias oportunidades clave a lo largo de los años para establecer un Estado palestino, y las han rechazado:

El Plan de Partición de la ONU de 1947 proponía dividir la Palestina del Mandato Británico en un Estado judío y otro árabe. Los dirigentes judíos lo aceptaron, pero los Estados árabes y los dirigentes palestinos lo rechazaron, lo que desembocó en la guerra árabe-israelí de 1948.
Entre 1949 y 1967, Cisjordania estuvo controlada por Jordania y Gaza por Egipto. Ni los dirigentes árabes ni los palestinos intentaron crear un Estado en estos territorios.
Los Acuerdos de Oslo de 1993 supusieron el reconocimiento mutuo entre la OLP e Israel y esbozaron los pasos hacia el autogobierno palestino. Se consideraron un paso adelante hacia la creación de un Estado, pero finalmente no dieron lugar a un acuerdo definitivo.
Durante la Cumbre de Camp David de 2000, Israel ofreció una propuesta que incluía un Estado palestino en la mayor parte de Cisjordania y Gaza. Yasser Arafat rechazó el acuerdo, alegando diversos motivos de preocupación, y las conversaciones fracasaron, a lo que siguió la Segunda Intifada.
Propuesta de Olmert de 2008: El primer ministro israelí Ehud Olmert ofreció aún más territorio, incluidos intercambios de tierras y una capital en Jerusalén Este. Mahmoud Abbas no aceptó la oferta.

Desde 2012, Palestina tiene el estatus de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Aunque esta designación ofrece cierto grado de reconocimiento internacional, no confiere la plena condición de Estado ni derechos soberanos.

Pero la solución de los dos Estados es una quimera sin desmantelar Hamás, la red de otros grupos terroristas palestinos, y sin garantizar la seguridad de Israel. Las garantías de seguridad para Israel consisten en asegurar que un futuro Estado palestino no supondría una amenaza para el Estado judío.

Sería necesario otro cambio importante: unificar la fracturada autoridad política interna de la Autoridad Palestina. Sin embargo, este cambio requiere exterminar a Hamás. Hamás es una importante amenaza para la seguridad de palestinos y judíos.

La existencia de Hamás y los medios y métodos ilegales de violencia impiden una resolución política del conflicto. La decisión del gobierno británico de ilegalizarlo en el Reino Unido es correcta.

Afortunadamente, la probabilidad de que Hamás tenga éxito en un desafío legal contra el gobierno británico es sumamente baja. El Reino Unido ha designado a Hamás como organización terrorista, citando su implicación en actos de terrorismo y su negativa a renunciar a la violencia.

La ley otorga al gobierno amplias facultades discrecionales para proscribir a los grupos implicados en el terrorismo, y los tribunales tienden a hacer caso omiso de las consideraciones de seguridad nacional, especialmente cuando se trata de inteligencia clasificada. Para anular la designación, Hamás se enfrentaría a un obstáculo legal muy elevado: demostrar que la decisión fue ilegal, irracional o injusta en términos procesales¹⁰.

Además, la libertad de expresión está reconocida como un derecho cualificado en el derecho internacional. Esto implica que puede restringirse en circunstancias específicas, como las relativas al orden público, la seguridad nacional o los derechos y la reputación de otras personas. Las restricciones deben ser impuestas por ley.

De forma similar, el derecho a la libertad de reunión se considera cualificado, sujeto a posibles limitaciones basadas en restricciones necesarias y legales.