Al asumir hoy la presidencia de Chile, Gabriel Boric se convertirá, a los treinta seis años recién cumplidos después de su elección, en el presidente más joven que ha habido en el país y uno de los jefes de Estado más jóvenes que hay actualmente en el mundo. Diez años antes de ganar la elección presidencial, en 2011, fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y encabezó las protestas estudiantiles por una educación gratuita y de calidad que concitaron gran respaldo nacional, transformándose en la mayor movilización desde el retorno a la democracia en 1990. En 2013 fue electo diputado y reelecto el periodo siguiente, cargo que ocupaba hasta asumir la presidencia del país.

Los ministros de mayor responsabilidad política en el gabinete de gobierno son de aún menos o apenas mayor edad que la del presidente, con quien forjaron su relación en las luchas del movimiento estudiantil. No se trata sin embargo de un gobierno de recambio generacional; de hecho, el promedio de edad del gabinete en su conjunto es más o menos igual o incluso superior al de gobiernos anteriores. Lo que sí diferencia claramente al conjunto de ministros, como también de subsecretarios y demás autoridades de gobierno designadas, es su diversidad: de género, con la mayor parte de mujeres; de condiciones sexuales; de informalidad de vestuario y costumbres; y más aún, de origen territorial y, o socio económico; aunque todos con gran trayectoria profesional, académica o de dirigentes sociales (la ministra de Defensa Nacional es nieta de Salvador Allende, la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es ex presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, la directora general de Ceremonial y Protocolo es originaria de Rapa Nui).

Lo que con el nuevo gobierno termina de hacerse presente es, en rigor, el proceso de cambio político real que hay en curso en Chile; el que, como todo cambio, se expresa ante todo por la gestación de las fuerzas que lo impulsan y otorgan su sentido. La generación estudiantil de Boric creó, en efecto, distintos nuevos partidos, los que en 2017 conformaron la coalición Frente Amplio (FA) que, ese mismo año, obtuvo en la elección presidencial más del 20 % de los votos, se constituyó en la tercera fuerza política del país y pasó de tener tres diputados a veinte y un senador.

Más aún, en la segunda vuelta de la elección presidencial ambos candidatos representaron a partidos de corta data: Boric, al FA, en coalición con el Partido Comunista (PC), a cuyo candidato derrotó antes en elección primaria; y el candidato de la derecha también a un partido nuevo, con el que desplazó al candidato electo antes en la primaria de la coalición del resto de los partidos de derecha; y cabe agregar que, en la primera vuelta de la elección presidencial, los candidatos de todos los partidos tradicionales, todos sumados, de derecha a izquierda, obtuvieron menos del 35% de los votos. Distinta es la situación en el parlamento, donde la coalición de Boric es minoritaria y las fuerzas de izquierda y derecha están equilibradas, por lo que el presidente electo integró a su gobierno a personeros también de los partidos Socialista, Radical, por la Democracia y Liberal, configurando de hecho una nueva combinación de fuerzas.

En cuanto a las elecciones parlamentarias, cabe mencionar que aproximadamente la mitad de los senadores y diputados recién electos asumirán por primera vez; hay pues también una considerable renovación del parlamento, que contribuye a su vez a una importante y significativa renovación del personal político. Sumada a la emergencia de nuevos partidos, la declinación de otros, la redefinición de sus combinaciones y la creación de nuevas instituciones, tales como la de gobernadores regionales, es que se puede afirmar que hay en curso un cambio político.

Pero más aún, las elecciones del año pasado, presidencial y parlamentarias, se dieron en el marco creado por el estallido social que, desde octubre de 2019, remeció al país por más de un año puntualmente cada semana, por una parte, con gran destrucción vandálica y violencia represiva y, por otra, con multitudinarias manifestaciones en cada ciudad, la mayor de las cuales llegó a tener en Santiago un millón y medio de participantes; y huelgas nacionales que paralizaron reiteradamente la economía y la actividad general. Fue ante tal situación que el conjunto de los partidos, con excepción del PC, resolvieron un acuerdo llamado por la paz social y la democracia, para convocar a la elección democrática de una Convención Constitucional (CC), con candidatos no solo de los partidos, sino también de ciudadanos independientes, la que fue aprobada en plebiscito por casi el 80% de los electores.

La CC prepara ahora una nueva Constitución, que dentro de pocos meses deberá ser aprobada también en plebiscito, reemplazando el capitalismo ultra neoliberal del Estado subsidiario que implantó Pinochet por un Estado activo en la regulación de la economía, de derechos sociales básicos, garantías de equidad y de la dignidad de las personas, y una nueva forma de gobierno y régimen político.

Si así ocurre, cambiará entonces la propia forma del Estado.