Morir asesinado en una calle, hogar o escuela de Estados Unidos no es noticia: es un hecho habitual. Estadísticas recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) –así se llama a la Agencia federal de Salud Pública en EEUU– confirman que 2020 fue el año con más muertes provocadas por armas de fuego entre todos los que se tengan registro, mientras el país superaba las cien mil muertes por sobredosis en un año calendario.

Precisamente la crisis de los opioides parece haber empeorado durante la pandemia de Covid-19 y las muertes por sobredosis de drogas se aceleraron. Los opioides sintéticos (principalmente fentanilo ilícito) parecen ser el principal impulsor del aumento de las muertes por sobredosis..

El documental The Crime of the Century (El crimen del siglo), dirigido por Alex Gibney, cuenta paso a paso cómo empezó esta crisis de opioides en los 90 y cómo se desarrolló hasta nuestros días. La principal acusación de la película es que esta epidemia no ocurrió de repente, sino que fue «manufacturada» desde el inicio.

Según el documental y expertos en salud pública, el lanzamiento al mercado de OxyContin, un opioide para el dolor, a mediados de los 90, fue el principal culpable de la crisis. Purdue Pharma, el fabricante de ese fármaco, busca declararse en bancarrota y la familia Sackler, propietaria de la farmacéutica, enfrenta cientos de denuncias civiles por su papel en la epidemia.

El cartel (legal) de la droga

Las farmacéuticas, algunos académicos y los vendedores, actuaron como un cartel de drogas. La industria farmacéutica se filtró en la infraestructura médica para hacer pasar su agenda de marketing como una agenda científica. Los datos muestran que unas tres cuartas parte de los individuos que consumen heroína empezaron con recetas de opioides.

Así que la trayectoria clásica de la adicción a los opioides en el siglo XXI es recibir una prescripción médica y desde esa exposición progresar a la adicción, incluyendo opioides ilícitos, como heroína y fentanilo. Pero también hay pacientes que después de una o dos dosis pequeñas inmediatamente recurren a fuentes ilegales

La psiquiatra Anna Lembke, autora de Drug Dealer, MD: «cómo los médicos fueron engañados, los pacientes se engancharon y por qué es tan difícil parar». Señala que uno de los factores más significativos que contribuyeron a la epidemia de opioides fueron los mensajes engañosos por parte de la industria farmacéutica, como la pseudoadicción, la idea de que un paciente no puede ser adicto, aunque tenga todos los síntomas, si consume los opioides bajo receta médica.

«Eso contribuyó a la epidemia de opioides porque incentivó a los médicos a concebir a los pacientes que presentaban síntomas de adicción a los opioides como si realmente no fueran adictos, si no como pacientes con dolor que necesitaban más opioides. Les decían a los médicos que la respuesta apropiada a la pseudoadicción no era un tratamiento para la adicción, sino aumentar la dosis de opioides, lo que hacía que se volvieran incluso más adictos», añade Lembke.

La adicción es una enfermedad a largo plazo. Ya existen varias generaciones con adicción y eso no puede revertirse en un día. Aunque ya no se prescriban tantos opioides, hay más heroína y fentanilo ilegales que antes, señaló la psiquiatra a la BBC.

El problema fue que, en el siglo XXI, los opioides se volvieron el tratamiento de primera línea, incluso para dolores menores y especialmente para dolor crónico. Los médicos empezaron a recetar dosis cada vez más altas, por periodos más largos, creyendo que no había dosis que fuera «muy alta». Así fue que EEUU sumó millones de pacientes con dosis muy altas y peligrosas. Adictos.

La industria farmacéutica de los opioides fue muy inteligente promoviendo a individuos e instituciones que difundieran mensajes a favor de la industria. Impuso el término de la pseudoadicción en artículos revisados por pares, en materiales de mercadeo, en conferencias de medicina. Las farmacéuticas promovían a expertos académicos que usaban este término, los pacientes recibían materiales que incluían la «pseudoadicción».

Con una ofensiva mediática fuerte y la falta de controles estatales, las farmacéuticas promovían y financiaban (conferencias, estudios, sociedades médicas) a cualquiera que difundiera estos mensajes. Y, así, cualquiera que no recetara opioides era «opiofóbico», tenía miedo irracional a los opioides, cuando el miedo era completamente racional.

Sin embargo, el magnate farmacéutico John Kapoor, fundador de Insys Therapeutics, fue declarado culpable en 2019 de conspirar para sobornar a médicos y aumentar las ventas de Subsys, su aerosol de fentanilo, un opioide entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina.

Las armas, las carga…

En 2020, el año del asesinato del afroestadounidense George Floyd por la policía, hecho que derivó en un espiral sangriento, otras 45.222 personas murieron por disparos, cifra que incluye asesinatos y suicidios con armas, junto con otros tres tipos menos comunes de muertes relacionadas con armas: las que no fueron intencionales, las que involucraron a la policía y aquellas cuyas circunstancias no se pudieron determinar. El 54 % de todas las muertes relacionadas con armas en Estados Unidos se debieron a suicidios (24.292), mientras que el 43% fueron asesinatos (19.384), según los CDC.

Estas comprobaciones llevan a otro campo de estudio, el de cómo percibe la propia sociedad el contexto violento que la rodea. Cerca de la mitad de los estadounidenses (el 48 %) considera que la violencia con armas de fuego es una cuestión muy grave en la actualidad. Dentro de ese porcentaje, en la comunidad negra –ocho de cada diez integrantes, un 82 %- dice que es muy grande el problema. Esa percepción entre los adultos hispanos baja al 58 % y al 39 % en los blancos.

Pero la influyente Asociación Nacional del Rifle, la organización más antigua del país fundada en 1871 y con gran poder de lobby, impidió hasta ahora cualquier movimiento brusco contra sus intereses.

En medio de un repunte generalizado de la violencia en las ciudades de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció en Nueva York nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder.

Biden viajó a Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en el barrio de Harlem. Allí anunció un plan de 500 millones de dólares para afrontar la ola de violencia armada que padece el país.

El proyecto, que debe ser aprobado por el Congreso, incluye reforzar a las policías con las herramientas, el entrenamiento y la financiación que necesitan, el fomento a las actividades extraescolares para tener ocupada a la adolescencia, así como la creación de oportunidades económicas en las zonas con mayores carencias.

El casi octogenario mandatario, quien llamó a decir ya basta a la violencia generada por las armas de fuego, enfrenta un difícil panorama en que es criticado tanto por la izquierda de su partido como por la oposición republicana, y una encuesta de ABC/Ipsos afirma que 69 por ciento de la población desaprueba sus políticas en la materia y el 53 por ciento se inclina por leyes más restrictivas para el uso de armas.

El actual repunte de la violencia se inició con el estallido de la pandemia y está afectando a la mayoría de ciudades estadounidenses, llevando en algunos casos -como en Filadelfia, la sexta ciudad del país- a récords históricos de homicidios. Nueva York no se ha librado de esa tendencia y, por primera vez en una década, se acercó el año pasado a los 500 homicidios.

Con la opinión pública cada vez más preocupada por la inseguridad y continuas críticas desde el Partido Republicano, que acusa a los demócratas de ser blandos frente al crimen, el presidente dejó claro que su Gobierno no se quiere quedar de brazos cruzados ante el problema de las armas de fuego, que en 2021 se cobraron en EEUU más de 20.000 vidas -sin contar suicidios-, según el recuento de Gun Violence Archive.

Las acciones anunciadas, sin embargo, no presentan grandes novedades y se centran principalmente en aplicar con mayor rigor normas ya existentes, sobre todo en lo que respecta al tráfico ilegal de armas.

Biden aprovechó la ocasión para volver a demandar al Congreso importantes reformas legislativas que por ahora no tienen visos de prosperar, como la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, la verificación de los antecedentes de los compradores de armas o el fin de la «inmunidad» de que disfrutan los fabricantes ante posibles demandas.

Robots-policías contra migrantes

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que está probando el uso de perros robot en las patrullas que vigilan la frontera entre Estados Unidos y México. La agencia gubernamental afirmó que estos drones de cuatro patas con un rifle de francotirador, producidos por la empresa Ghost Robotics, con sede en Filadelfia, reforzarían la presencia de la Patrulla Fronteriza en la región, para reprimir a quienes buscan un futuro en EEUU.

En 2021, al menos 650 migrantes murieron al intentar ingresar en Estados Unidos cuando el gobierno de Biden seguía impidiendo que la mayoría de los solicitantes de asilo pudieran ingresar de manera segura a través de los pasos fronterizos de entrada al país. En octubre, la empresa Ghost Robotics mostró un nuevo sistema autónomo de armas que combina un robot cuadrúpedo con un rifle de francotirador.

Violencia extendida

Con la opinión pública cada vez más preocupada por la inseguridad y continuas críticas desde el Partido Republicano, que acusa a los demócratas de ser blandos frente al crimen, el presidente dejó claro que su Gobierno no se quiere quedar de brazos cruzados ante el problema de las armas de fuego, que en 2021 se cobraron en EEUU más de 20.000 vidas -sin contar suicidios-, según el recuento de Gun Violence Archive.

La Casa Blanca, que ya presentó el año pasado una amplia estrategia contra la violencia armada, se comprometió a reforzar la cooperación con las autoridades locales y estatales para frenar el aumento de los tiroteos, y buscará poner fin al continuo flujo de armas desde estados del sur del país, que en general tienen normas más laxas, hacia las ciudades del noreste como Nueva York, que son mucho más restrictivas, pero adonde esas pistolas y rifles terminan por llegar y son usados por criminales.

Un estudio del Consejo de Justicia Criminal indica que el año pasado los homicidios en 22 ciudades aumentaron cinco por ciento respecto a 2020, y 44 por ciento en comparación con 2019, mientras 2021 ha sido el año con más incidentes y heridos por armas de fuego en escuelas, con un caso cada tres días y un muerto a la semana. Cada año, en promedio tres mil menores mueren y 15 mil son heridos por armas de fuego, cifras sin parangón entre las naciones «desarrolladas».

Al menos nueve ciudades importantes han batido sus anteriores récords anuales de homicidios en 2021: Filadelfia, Indianápolis y Louisville en Kentucky; Columbus en Ohio; Albuquerque en Nuevo México; Tucson en Arizona; Rochester en Nueva York, y Portland, Oregon. Milwaukee, Minneapolis y Nashville. Los Ángeles registró 352 homicidios y Chicago ha visto 756, con aumentos en 2021 del 12% y 4%, respectivamente. En Houston, los homicidios aumentaron un 18% desde 2020.

Biden admitió que para atajar esta crisis lo primero es combatir el tráfico, el flujo de armas, algo evidente en un país en el que adquirirlas no requiere más que tener más de 21 años, una licencia de manejo y rellenar un formulario, y donde apenas cinco de los 50 estados prohíben la venta de fusiles de asalto a civiles. Y la droga –la legal y la no- circulan cada vez a mayor velocidad en el país.