De Caracas a Groenlandia: política exterior de Trump

La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión¹ en la historia política de Venezuela y en las relaciones interamericanas. Fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación en Caracas y otras zonas estratégicas del país, en el marco de lo que la administración estadounidense describió como una acción contra el narcotráfico y la criminalidad del Estado venezolano. El operativo concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para comparecer ante tribunales federales por cargos que incluyen narcoterrorismo.

Esta operación —fuera de los mecanismos tradicionales de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU— suscitó fuertes debates sobre legitimidad, soberanía e intervencionismo. La acción fue defendida por Washington como medida para promover la estabilidad regional, pero generó también preocupaciones sobre el respeto al derecho internacional y el precedente que representa una intervención militar de esta naturaleza.

Un elemento central en la narrativa oficial de la administración Trump para justificar la operación contra Venezuela fue el argumento de que Maduro y altos funcionarios de su régimen encabezaban un vasto esquema de narcotráfico transnacional, operando lo que Estados Unidos denomina el “Cártel de los Soles”².

Según la acusación formal presentada por un gran jurado federal en Nueva York —que data de procesos iniciados durante anteriores administraciones pero reforzados bajo la presidencia de Trump—, Maduro y su entorno habrían colaborado con grupos como las FARC, ELN y cárteles mexicanos para utilizar a Venezuela como punto de transbordo de cocaína hacia Estados Unidos, lavar fondos ilícitos a través de la estatal petrolera PDVSA y coordinar redes de distribución que implican “décadas de asociación con los narcotraficantes más violentos del hemisferio”, según el propio texto de la imputación. Trump y altos funcionarios como el secretario de Estado enfatizaron que estas acusaciones, respaldadas por la designación del “Cártel de los Soles” como organización terrorista extranjera, constituían una amenaza directa a la seguridad estadounidense.

Desde Caracas, Maduro³ rechazó estas acusaciones con firmeza. Negó que su gobierno estuviera implicado en la coordinación de narcotráfico hacia Estados Unidos y calificó las alegaciones como parte de una narrativa diseñada para justificar una intervención militar y usurpar la soberanía venezolana. Maduro argumentó públicamente que Estados Unidos buscaba explotar recursos naturales venezolanos —como petróleo, gas y minerales— bajo el pretexto del combate al narcotráfico, y calificó la operación como un intento de “robo de riquezas” y de deslegitimación política, sosteniendo que no existe evidencia creíble de un vínculo directo de su persona con el envío masivo de drogas hacia el norte.

Tras esos acontecimientos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Su nuevo gabinete buscó dar una imagen de normalización institucional, aunque con desafíos profundos en materia de legitimidad democrática y justicia.

La Ley de Amnistía: contenido, debates y críticas

En este contexto, la Asamblea Nacional —controlada mayoritariamente por el chavismo— aprobó en primera discusión un proyecto histórico de Ley de Amnistía⁴ para la convivencia democrática que busca perdonar delitos políticos cometidos desde 1999, año en el que se inició el proyecto chavista en el país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, subrayó la necesidad de actuar con “celeridad” para aprobar con urgencia los 13 artículos del texto propuesto, aunque reconoció que el contenido definitivo aún no se conoce públicamente más allá de los documentos filtrados, lo que ha generado dudas e interrogantes en la sociedad civil y en sectores críticos a la medida.

La iniciativa, presentada por Delcy Rodríguez, se propone otorgar amnistía a personas acusadas de delitos que frecuentemente se han aplicado contra manifestantes, líderes políticos, periodistas y activistas civiles, como traición a la patria, instigación al odio, rebelión e infracciones atribuidas en el contexto de protestas o expresión política. Esta propuesta incluye la extinción de procesos penales relacionados con tales causas, así como la revocación de inhabilitaciones políticas impuestas entre 1999 y 2026 —lo que podría beneficiar incluso a figuras opositoras como María Corina Machado.

La ley fue aprobada en primera instancia por unanimidad en la Asamblea, pero solo abarcó la exposición de motivos y el propósito general; los artículos aún deben ser debatidos en detalle por una comisión parlamentaria y luego someterse a una segunda votación, que se espera que sea un trámite formal, aunque sin texto definitivo completamente accesible al público.

La presidenta encargada describió este proceso como parte de un esfuerzo por “sanar al país del odio y de la intolerancia”, y reiteró la importancia de construir la convivencia democrática sin rencores, mientras sectores oficialistas consideran que la medida constituye un paso hacia la paz y la reconciliación.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han advertido que la aprobación exprés y la falta de transparencia del contenido pueden encerrar trampas y no garantizar medidas de reparación ni garantías jurídicas sólidas. Aunque el proyecto excluye delitos como homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos, la amplitud de ciertas definiciones y su potencial interpretación han generado inquietud en sectores de la sociedad y entre expertos legales.

Estadísticas recientes de organizaciones como Foro Penal estiman que cientos de personas siguen detenidas por motivos políticos —con cifras que rondan los 600-700 detenidos según informes de ONG incluso tras excarcelaciones parciales recientes—, lo que sitúa a la ley como una pieza central de cualquier proceso de transición política.

En paralelo, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha mantenido un papel de mediación en Venezuela durante años, viajó a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y con actores oponentes, en lo que fue descrito como un intento de facilitar un proceso de diálogo más amplio, aunque no exento de críticas por parte de ciertos sectores.

La política exterior estadounidense bajo Trump: acción directa y consecuencias

La política exterior⁵ de la administración del presidente Donald Trump ha adoptado una postura cada vez más asertiva y unilateral en escenarios globales críticos, con un énfasis particular en la seguridad nacional y la proyección de poder. La intervención en Venezuela y la captura de Maduro se inscriben en esta línea, en la que Washington ha mostrado disposición a emplear la fuerza, fuera de las autorizaciones multilaterales tradicionales, generando tensiones incluso con aliados históricos que cuestionan estas prácticas.

Este enfoque se observa también en otros ámbitos geopolíticos. La administración Trump ha expresado interés en territorios estratégicos como Groenlandia, planteando la intención de asegurar intereses de seguridad y acceso a recursos, lo que ha provocado tensiones diplomáticas con Dinamarca y con la propia Groenlandia, y ha llevado a países como Canadá y Francia a abrir consulados en Nuuk como respuesta a las preocupaciones generadas por Washington. Este episodio ha alimentado encuestas que muestran una caída en la percepción positiva de Estados Unidos en Europa Occidental tras estas amenazas explícitas sobre territorios soberanos.

La combinación de estas acciones —desde la intervención en Venezuela hasta las presiones geopolíticas en el Ártico— parece formar parte de una política exterior que prioriza la acción unilateral, la redefinición de alianzas y la competencia por recursos estratégicos, a veces en detrimento de marcos multilaterales más amplios que han caracterizado, en otros periodos, las relaciones internacionales.

Perspectivas para Venezuela, la región y el orden internacional

La situación venezolana continúa siendo profundamente compleja y su evolución dependerá tanto de decisiones internas como de equilibrios externos. En lo inmediato, mientras el Foro Penal reporta alrededor de 687 presos políticos aún encarcelados en febrero de 2026 —y más de 11 500 medidas cautelares vinculadas a casos de represión política desde años antes—, la propuesta de Ley de Amnistía representa una apuesta por cerrar etapas de confrontación, aunque enfrenta desafíos de transparencia, contenido jurídico y percepción pública, dado que sectores críticos temen que se convierta en una herramienta de supervivencia política oficialista más que en una verdadera reparación integral de derechos.

Las reacciones dentro de la sociedad venezolana son diversas: encuestas sugieren que una parte significativa de la población deseaba un cambio de gobierno tras décadas de crisis económica, hiperinflación y colapso institucional, aunque una mayoría también expresaba oposición a la intervención militar extranjera antes del 3 de enero de 2026, lo que indica un mosaico de visiones sobre cómo debe alcanzarse ese cambio. En la calle, hay quienes ven con esperanza cualquier paso que alivie la represión y facilite libertades civiles, mientras que otros temen que la transición quede subordinada a intereses foráneos o a ajustes de poder que no transformen de raíz las estructuras del Estado.

En este sentido, no expliquemos Venezuela a los venezolanos: su propio sentir revela tanto un deseo profundo de justicia y reconstrucción como escepticismo frente a soluciones impuestas desde fuera o aceleradas desde sectores oficiales. La transición política exige, además de amnistías, reformas judiciales, reconstrucción institucional y garantías de participación democrática, sin las cuales cualquier avance puede ser frágil. A nivel internacional, la intervención estadounidense y las posturas exteriores de potencias globales continúan reconfigurando alianzas en América Latina y más allá, planteando interrogantes más amplios sobre el uso de la fuerza, la cooperación multilateral y la legitimidad de las intervenciones en el siglo XXI. En un mundo cada vez más fragmentado y marcado por la competencia entre grandes potencias, los acontecimientos recientes en Venezuela deben entenderse no sólo como un episodio aislado, sino como un caso paradigmático de las tensiones entre orden internacional, derechos humanos y geopolítica.