En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, el presidente Donald Trump reunió a 15 jefes de Estado de América Latina para formalizar el llamado “Escudo de las Américas”. El propósito formal es combatir el crimen transnacional, las drogas y el terrorismo que asola con particular fuerza a algunos países. Bajo este acuerdo o pacto, Estados Unidos pretende aumentar su presencia económica, militar y política bajo un nuevo modelo que amenaza con reducir la soberanía. De América del Sur se integraron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. Curiosamente, Venezuela, país considerado hoy un protectorado luego de ser invadido, secuestrado su presidente y firmado un acuerdo con Washington para explotar las mayores reservas petroleras del mundo, no es parte del acuerdo. De América Central y el Caribe se sumaron El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Previamente, el 7 de marzo del presente año, el presidente Trump invitó a su residencia particular en Miami, de Mar-a-Lago, a un grupo de mandatarios afines ideológicamente y al cual asistió el recién electo presidente de Chile —pese a que aún no estaba investido, José A. Kast—, donde se anunció la creación del “Escudo de las Américas” para combatir la amenaza real del narcotráfico y el terrorismo. El mensaje de fondo, real, fue para contener la creciente presencia china en la región, flexibilizar las fronteras para el despliegue de fuerzas militares y asentar un nuevo tipo de presencia de Estados Unidos. Es la materialización de la mirada estratégica, geopolítica, del Pentágono que busca materializar el concepto acuñado por Trump de “Doctrina Donroe” —que ya no es la versión original de 1823 del presidente Monroe que buscaba alejar a los europeos de las nacientes repúblicas americanas—, si no del control de Estados Unidos sobre el continente en todos aquellos aspectos considerados amenazas a su seguridad nacional.

Así se desprendió de las primeras declaraciones y posteriormente del texto formal firmado en Nueva York, donde se destacan tres ejes principales: economía, seguridad y coordinación multilateral. Sin necesidad de mencionar a China, se señala que se deben “salvaguardar las cadenas de suministros de minerales críticos”, es decir, cerrar la puerta a inversiones en áreas estratégicas a países ajenos a la región. En el plano de la seguridad busca enfrentar las amenazas a través de la coordinación de acciones de los gobiernos en el plano de la inteligencia, así como “facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad” y mantener una posición común, es decir, de conformidad con los Estados Unidos, en foros multilaterales.

Además, el documento invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado en 1946, a los inicios de la Guerra Fría, que contiene una cláusula similar al artículo 5 de la OTAN, por el cual el ataque a uno es un ataque contra todos. Esto significa facilitar la intervención de tropas en un país para combatir el terrorismo y el narcotráfico considerados prácticamente como un poder autónomo, soberano.

En los hechos, pareciéramos estar frente a una nueva definición del concepto de soberanía, esta vez continental, inspirado en el principio invocado por uno de los padres de la ciencia política como Thomas Hobbes, quien en 1651 identificó al Estado como un gran monstruo, un poder absoluto, soberano, al que llamó Leviatán y que es la consecuencia de un pacto entre los individuos para superar el Estado de Naturaleza y garantizar la seguridad. Es similar al pacto propuesto por Washington y que se ha plasmado en el “Escudo de las Américas”.

Como el narcoterrorismo es una amenaza transnacional y no todos los países tienen capacidades para enfrentarlo, lo pueden hacer con el apoyo estadounidense, cediendo a cambio parte de su soberanía y a su vez abasteciéndose de material bélico, inteligencia y entrenamiento militar que están dispuestos a entregar. Ya lo aceptó el nuevo gobierno colombiano, al igual que el de Ecuador, El Salvador y Guatemala, que han autorizado operaciones militares conjuntas.

A lo anterior se ha sumado la exigencia del gobierno de Estados Unidos para que se aumente el gasto en defensa en la región, como lo declaró el secretario de Defensa, Peter Hegseth, el pasado 12 de agosto en la reunión que sostuvo en Panamá con 18 de sus homólogos latinoamericanos. Ahí, en un tono severo, autoritario, expresó que era “ridículo” el porcentaje del PIB dedicados a defensa en la región y que debería ser aumentado significativamente, ya que en promedio no llega al 2% del PIB. Argentina y Perú dieron inicio a la compra de aviones y material de guerra estadounidense.

Chile anunció el pasado 24 de septiembre que efectuará una histórica compra de reposición de material militar, no especificándose aún a cuánto ascenderá. El llamado de Hegseth fue más allá y alcanzó al plano multilateral, llamando a que los países abandonen la Corte Penal Internacional (CPI) por representar una amenaza a la soberanía nacional. Venezuela ya formalizó su retiro, que tendrá efecto a partir del 24 de julio de 2027. Veremos si otros países se pliegan a esta exigencia. Asimismo, Colombia ha procedido a romper relaciones diplomáticas con Irán, Chile anunció su retiro del Movimiento de Países No Alineados y ha procedido a cerrar la embajada de Chile en Teherán.

Estados Unidos, favorecido por una coyuntura política que ha llevado a la ultraderecha a alcanzar varios gobiernos, ha logrado alinear detrás de sí a 15 países por el momento. Si bien unos están más alineados que otros, la fuerza y poder estadounidense es muy difícil de contrarrestar por la dependencia en el plano de la defensa, tecnológico, de inversiones y cultural. La mirada de Washington está puesta en el control geopolítico absoluto de América Latina, de sus recursos naturales estratégicos, del Estrecho de Magallanes y más que nada de la proyección a la Antártica. A su vez, está Brasil, principal potencia regional, con cerca de 222 millones de habitantes y que mantiene estrechas relaciones con China en el plano de las inversiones, comercio, tecnología, ciencia e incluso de defensa.

En 2025, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó a 171 mil millones de dólares y las inversiones chinas en Brasil a 6.1 mil millones de dólares. Las próximas elecciones brasileñas de presidente, gobernadores y de parte del Parlamento, del 04 de octubre y del probable balotaje el 25 del mismo mes, definirán si el país continúa gobernado por el presidente Ignazio Lula da Silva, de centro izquierda, o por Flavio Bolsonaro, continuador de la línea de ultraderecha de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado. De ser reelegido Lula, será probablemente el único país sudamericano que mantendrá una cuota de independencia respecto de Washington. Por el contrario, de vencer Bolsonaro, lo más probable es que pase a ser otro miembro del “Escudo de las Américas”.

El hecho político que ha trascendido en varios países de la región es la división interna que comienza a crecer en algunos países entre aquellos que apoyan el ingreso a este nuevo Pacto con Estados Unidos y aquellos que lo rechazan, pasando a ser parte de la agenda de debate entre gobierno, oposición y la sociedad civil. El caso de mayor trascendencia ha ocurrido en Chile con una carta pública firmada por los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, el pasado 25 de septiembre, llamando al gobierno de Kast a retirar al país del “Escudo de las Américas” por poner en peligro nuestra independencia, erosionar la soberanía y romper con una más que centenaria tradición de autonomía estratégica que ha mantenido Chile en su historia democrática. Gobiernos circunstanciales de extrema derecha, como los de Argentina, Chile o Colombia, deben levantar la vista y calibrar el interés nacional, las tradiciones, la dignidad nacional y no doblegarse a las presiones imperialistas que asolan al continente.