Representación mediática y videopolítica

Primeros fundamentos del problema: libertad de empresa y libertad de expresión

Sin soslayar la desigual capacidad de apropiación de bienes materiales y simbólicos, uno se preocupa particularmente por profundizar en las asimetrías en la distribución del poder decisional entre los ciudadanos. En esta oportunidad, nos abocaremos al análisis de las diferencias en cuanto al poder comunicacional, es decir, a la tensión permanente entre la sociabilidad mercantil y la participación en la distribución de los mensajes. Partimos del supuesto de que la sociedad civil, basamento y destinatario directo del sistema de comunicación social, no participa ni resuelve nada al respecto. Por tanto, la sociedad política es víctima y victimario a la vez.

Libertad de empresa

Una primera constatación elemental de la práctica comunicacional masiva contemporánea consiste en su carácter casi exclusivamente mercantil, que, ubicado en el contexto capitalista actual, adquiere un despliegue completamente industrial. La comunicación de masas, al igual que las distintas ramas de la producción industrial, siguió a la rama textil en su transformación desde la artesanía, la cooperación simple, la manufactura y la gran industria, como si hubiera adoptado la sección IV del libro I de El Capital de Karl Marx como modelo de desarrollo. Es así como la producción de mensajes comunicativos asume formas predominantemente industriales con la aplicación de las más modernas tecnologías, la nueva división técnica del trabajo, etc.

El razonamiento ideológico justificatorio proviene de un silogismo casi pueril: si las actividades económicas deben ser reguladas por el mercado y la comunicación social es una actividad económica, la comunicación social debe ser regulada por el mercado. En este esquema, cualquier interferencia estatal o dispositivo político socializante alteraría los óptimos neoclásicos económicos y sociales. Sin embargo, en este mercado aparecen algunas particularidades que lo diferencian del resto de la producción de mercancías. El consumidor no paga un precio de venta por la recepción de ciertos mensajes (radio y televisión) o lo hace a un nivel que no alcanza a financiar los costos de producción (prensa). De manera que los medios de comunicación deben recurrir total o parcialmente a un financiamiento adicional que en el sistema mercantil se alcanza a través de la publicidad.

Este reconocimiento práctico supondría la mistificadora noción de una entente consumidores-publicistas (agencias y empresas) controlando el funcionamiento de los medios. Más aún, en esta alianza el papel dominante lo tendrían los consumidores, quienes, sin organización alguna, por la mera suma de sus voluntades atomizadas, serían capaces de influir, o bien alterar, el comportamiento de poderosas empresas, muchas de ellas con poderes monopólicos.

La industrialización de las comunicaciones implica producir en escala masiva o relacionarse con empresas productoras de insumos comunicacionales de naturaleza industrial. En estas condiciones, para entrar a competir es necesario cumplir un conjunto de requisitos que no están fácilmente al alcance de cualquier individuo o grupo social. Encontramos, por ejemplo, los costos de instalación y las barreras económicas y legales a la entrada. La instalación supone adquirir la maquinaria y el equipo para la reproducción o transmisión de los mensajes. Estas barreras son de diversa magnitud según el tipo de medio; por ejemplo, son más altas en la prensa diaria que en la periódica.

Los problemas de instalación se repiten y amplían en los casos de la radio y la televisión. A los altos costos de instalación hay que agregar las barreras legales a la entrada. Entre los costos de instalación es fundamental incluir el pago de los derechos de entrada, es decir, los recursos que deben gastarse para conquistar un espacio en competencia con otros medios ya existentes. Estos detentan una posición monopólica por el simple hecho de ser conocidos, resultado de la diferenciación entre medios y productos.

Los medios de comunicación masiva tienen la particularidad de alcanzar su financiamiento en un doble mercado: el del consumo primario –lectores, auditores, televidentes– y el del consumo secundario (llamado publicidad en el modelo mercantil), es decir, empresas anunciantes y agencias de publicidad. El peso de la publicidad es decisivo para la subsistencia de cualquier medio. En la práctica de Argentina, coexisten medios de propiedad estatal aún en decadencia, ligados a los partidos (un gobierno mediante, especialmente) y corrientes políticas. A esto se suman los grandes grupos económicos con empresarios específicos de la comunicación en proceso de centralización creciente de capital. Para cada uno de los tres primeros actores no cuentan las leyes de la competencia en el mercado de la comunicación, tal como lo indican, por ejemplo, las pérdidas del efecto Sofovich.

De la misma manera, las grandes empresas anunciantes tampoco utilizan el solo criterio de los consumidores primarios para apoyar al medio. Es perfectamente posible –y de hecho ha ocurrido frecuentemente– que algunos medios de comunicación de circulación elevada no reciban publicidad por motivos ideológicos o políticos, aunque las empresas respectivas se esfuercen por obtenerla; esto es la censura privada a los medios masivos.

Al mismo tiempo, otros medios de escasa circulación, pero que pertenecen a importantes grupos económicos, pueden subsistir con pérdidas persistentes que se cargan al resto de las empresas del grupo propietario. Esta opción se entiende perfectamente si se considera el valor estratégico que tiene para la subsistencia de un modelo de acumulación el disponer de estos medios. Obviamente, el grupo intentaría obtener beneficios, pero si ello no ocurre, no hay factores que lo obliguen a abandonar el mercado.

Como resultado, la publicidad opera, de hecho, como un factor de poder con una gran autonomía respecto a los consumidores primarios de los medios. Y a largo plazo, casi siempre se encontrarían métodos para sortear la escasez de público o sobrevivir con ella. El control de los mercados de cada uno de los medios se realiza por muy pocas empresas, mientras que los grupos económicos adquieren medios de prensa, radio y televisión y entran en la producción de insumos cuando esta alcanza algún desarrollo en la economía local.

Por su parte, la mediación publicitaria escamotea cualquier posibilidad de control público atomizado sobre los medios, los contenidos y su resultado comercial. Cuanto más autoritario sea un régimen, más aguda será la situación; no solo por la presión sobre los medios disidentes, sino porque la publicidad se transforma en arma política. Las agencias de publicidad y las empresas anunciantes difícilmente pueden contribuir a un pluralismo efectivo.

En suma, la inexistencia de competencia no solo proviene de los factores de alto costo de instalación y funcionamiento –comunes a otras ramas de la producción– sino también porque la naturaleza de los productos y la particular forma de organización del mercado del sistema de comunicaciones en el modelo mercantil entrega más armas a los poderes monopólicos.

La dimensión política: pluralismo y libertad de expresión

El formato político que adopta el proceso de comunicación resulta absolutamente unilineal. Por un lado, existen medios que deciden autárquicamente qué, cómo y cuánto emitir, mientras que por el otro encontramos una sumatoria de receptores pasivos sin conexión alguna ni derechos respecto a la estructura de emisión. La libertad de prensa es una bandera exclusiva y excluyente de quienes han hecho de ella precisamente un asunto privado que excluye de su ejercicio a los más amplios sectores ciudadanos. Aun la más elemental consideración del necesario pluralismo en las comunicaciones masivas exige considerar, además de los factores económicos, la dimensión política del fenómeno, condicionada por los primeros.

La naturaleza ideológico-política de la industria y su impacto en la estabilidad o no de los modelos económicos hacen posible incluso que poderosos grupos económicos estén dispuestos a soportar periodos prolongados de pérdidas económicas sectoriales, cuestión que no sucedería en otras ramas de la producción. En este sentido se manifiesta una particular tensión entre concentración y dispersión. La concentración aparece como uniformidad cultural, acumulación de poder en pocas manos y centralización geográfica, mientras que la dispersión en el sector se revela como desintegración geográfica, fragmentación social y cultural y desaliento a toda posibilidad efectiva de participación.

Esa misma naturaleza es la que impulsa a los actores políticos a actuar –por acción u omisión– en contra del pluralismo social e ideológico. Cuando se agrega el establecimiento de barreras políticas a la entrada, se consolida la eliminación del pluralismo y la inexistencia de libre competencia en ese mercado. Sin embargo, el sistema representativo tampoco ha dado una respuesta efectiva a esta cuestión. En la mayoría de los casos, la comunicación ha sido sustraída de las instituciones susceptibles de democratización. En los medios de propiedad estatal rara vez se asegura un acceso pluralista a la emisión de mensajes o a un control democrático de su gestión. Por omisión de una legislación favorable al pluralismo, este no tiene vigilancia.

El derecho a la comunicación se encuentra delegado a los entes expertos, a los medios, o, en términos más amplios, a los encargados de buscar, procesar y entregar la información a la que tenemos derecho. La necesidad de reformular la acción de los medios de comunicación en un contexto social con participación activa se funda en la realidad vigente por la cual “la existencia de un sistema empresarial ha pasado a ser sinónimo de libertad individual” (H. Schiller, Freedom From the “Free Flow”).

Las organizaciones sindicales y sociales, civiles y no gubernamentales, con grandes dificultades, en ocasiones logran disponer de prensa periódica o eventual, pero casi siempre se trata de medios artesanales con funciones internas a la organización y sin proyección verdaderamente masiva. La confluencia de las estructuras económicas mercantiles y las estructuras políticas autoritarias no permiten una representación social mayoritaria en las comunicaciones.

El sistema de comunicaciones, tal cual lo conocemos en el modelo mercantil, especialmente en su aplicación, requiere ser democratizado. Esto implica que no solo debe permitirse el pluralismo, sino que también debe fomentarse. Dada la situación desigual de la que se parte, cualquier política de laissez faire solo tendería a reproducir o a aminorar marginalmente las estructuras preexistentes, por lo que no habría efectivo pluralismo ni democratización.

Los medios masivos en la configuración política actual

Videopolítica: presente y pasado

La incorporación masiva de la política en la producción televisiva, lejos de disminuir estas tendencias, provocará una degradación política de magnitudes tales que en ocasiones dificultan el reconocimiento de su propio origen en un in crescendo paulatino. La retirada de la dictadura argentina, por ejemplo, encontró a los dirigentes políticos con un retraso en temas que estaban aceptados ampliamente en el debate de los países con tradición democrática.

Al comenzar el gobierno de Raúl Alfonsín, la mayoría de los dirigentes políticos manejaban conceptos envejecidos, incluso con relación a las ideas que circulaban entre la progresía de los setenta. Los más avanzados no iban mucho más allá de las cuestiones que propició la UNESCO en relación al “nuevo orden informativo”, es decir, la política de alentar emisores propios en la periferia para independizarse de las grandes cadenas mundiales de información. Esta posición era compartida con la cancillería argentina enrolada entonces con los No Alineados.

La coincidencia con la UNESCO no se entrelazaba con ninguna postura consistente tendiente a democratizar el sistema de información en el país, ni a incursionar en la cuestión del rol de los medios y la democracia. Algunas experiencias de programas radiales y de TV irreverentes a los esquemas tradicionales fueron rápidamente silenciadas.

Los radicales recordaban la mala relación del gobierno de Illia con los medios de prensa a los que adjudicaban, con argumentos consistentes, la preparación del “consenso” que facilitó el golpe de Estado de Onganía. Este temor justificó a los funcionarios del gobierno de Alfonsín, empeñados en controlar canales de TV y radios en manos del Estado, los cuales, junto a otros medios aliados, realizaban una serie de operaciones de prensa y propaganda oficialista. Ciertamente habían olvidado las palabras de Perón: “me voltearon con toda la prensa a mi favor y volví con toda la prensa en mi contra”.

En estas idas y vueltas, la discusión de una nueva ley de radiodifusión quedó enredada en las comisiones, cajones y despachos. Siendo invictos hasta ahora –si salvamos los retoques de Dromi, que permitieron las privatizaciones y la piedra libre para los multimedios– los decretos-leyes dictados por Aramburu, Lanusse y Videla, los únicos que, digamos, legislaron sobre la radiodifusión. Los políticos, entonces, fueron descubriendo con retraso los nuevos sucesos comunicacionales, especialmente inclinándose hacia la imagen y con algunas ideas ya superadas en otras partes. Se recordará que fue Eisenhower, en 1950, uno de los precursores en contratar una agencia de publicidad para su campaña y tomar lecciones actorales de un veterano de Hollywood. Por varios motivos que no vamos a desarrollar aquí, la moda llegó un poco más tarde a estos pagos.

Este descubrimiento de lo que algunos autores denominan “cultura audiovisual” provocó una adaptación de las antiguas prácticas políticas a la nueva situación, con pocas reflexiones sobre la necesidad de abrir un debate sobre la relación de los medios con la democracia. El debate comenzó en algunos países europeos desde las primeras evidencias en las que la TV modificaba el escenario de la política tradicional. En efecto, los medios electrónicos, en rápido desenvolvimiento en los países más desarrollados, fueron percibidos como un poderoso instrumento de poder social y, en consecuencia, se planteó la necesidad de discutir una regulación legal en el contexto de un sistema democrático.

Esta regulación se apoyaba en la necesidad de resguardar la autonomía individual y a la vez garantizar una información plural e imparcial, esenciales a la toma de decisión en una democracia; dos principios de una ecuación no siempre equilibrada. En los Estados Unidos, por ejemplo, tuvo y tiene mayor preeminencia el mercado como garante de esa autonomía individual, aunque con regulaciones antimonopólicas. El sistema europeo, por su lado, se inclinó por jerarquizar la información plural, caracterizando a los medios electrónicos como un servicio público.

La discusión sobre la información como servicio público, la garantía de la difusión de todas las opiniones y la existencia de un ente que defienda al ciudadano de los abusos del emisor del mensaje, a favor de ser informado con imparcialidad, son algunos de los derechos sociales y democráticos ausentes en la agenda de partidos y dirigentes. Tampoco ocupa un lugar central en las demandas progresistas. Por el contrario, los dirigentes políticos rápidamente se adaptaron a las exigencias de la imagen, a tal punto que muchos están convencidos de que los medios sustituyeron a los partidos.

Fascinados por la idea del poder de los medios, la videopolítica es la panacea. La fórmula del éxito, es decir, el instalarse en la sociedad política, depende de aparecer o no en los medios, lo que a su vez significa existir para las encuestas. Entonces, ¿para qué las reuniones de base, los actos públicos, las movilizaciones, las conferencias, los libros, los periódicos partidarios, los congresos y los propios partidos, si el rating y la encuesta todo lo pueden?

¿Se trata de un hecho totalmente novedoso? ¿O asistimos simplemente a un cambio del escenario? La política tradicional también fue a su modo una puesta en escena. El comité, las empanadas, el vino, el cantor popular en los teatros del pueblo. Para que esa puesta en escena fuera posible se requerían diversas mediaciones. Entre ellas, la más importante era la del puntero, que manejaba las fichas y controlaba el aparato territorial, por lo que se convertía en el mediador por naturaleza entre el dirigente y los afiliados o seguidores. En este campo la videopolítica deriva en que, al igual que las tecnologías de la revolución científico-técnica suprimen puestos de trabajo, la TV deja fuera al puntero como mediador entre el dirigente y la base.

Sin embargo, esa relación, a poco de andar, empieza a no ser controlada por el dirigente. Depende del medio y este no entiende de lealtades duraderas, ni siquiera para los que cuentan con mucho dinero para sostener esa relación. En esta larga marcha, otras desventuras acechan al político profesional. Cuando la imagen depende del rating, este tiene que adaptarse cada vez más a las exigencias del medio, hasta el momento en que sus gestos y su discurso se asimilan por completo a la banalidad del programa, amenazado por el zapping. La lista es muy larga como para eximirnos de ejemplos; solo podemos recordar cuando respetables tribunos iban a la cama con Moria Casán como parte de una campaña electoral.

El camino del rating lleva a convertir al político en animador de televisión, cantor, bailarín, deportista… con el agravante de realizar un trabajo gratis y hasta pagando. Esta mimetización forzada tiene como contrapartida a los “famosos” (artistas, deportistas, animadores…) formulando opiniones políticas hasta sustituir concretamente a los políticos profesionales.

La particularidad televisiva

La ocasión se le presenta al político de manera irresistible, ya que la TV es imagen y la imagen aparece como irrefutable; no deja lugar a dudas, da seguridad, las cosas son así como se ven y de una sola manera posible. Esto es reconfortante para el espectador, por duro que resulte lo observado. ¿No se ancla, acaso, en la fuerte confianza que el conocimiento directo le inspira al individuo medio, quien le asigna a la experiencia vivida mayor crédito que al conocimiento teórico?

La imagen seduce, quedamos atrapados en ella, va en contra del pensar y de la reflexión que exigiría un otro momento de distancia y posición activa. Esta subsume la noción de verdad a la realidad. Nos dicen los noticieros: “La única verdad es la realidad, y esta realidad se la mostramos: son los hechos que usted vive cómodamente desde su casa”. La realidad ya no se construye; nos es dada y coincide con la verdad.

La imagen no contempla el principio de contradicción, no dispone de operadores sintácticos como el de la disyunción (“o esto o aquello”) y el de la hipótesis (“si... entonces”); no hay alusión en ausencia, es siempre en presencia, es siempre sí. La imagen ignora los enunciados generales, lo universal, las categorías abstractas. Solo puede aludirse a ellas a través de la anécdota, del contexto concreto. La imagen no permite la historización, no construye un tiempo acumulativo. El tiempo de la TV es siempre presente, en instantes. Es el tiempo de la urgencia y la superposición.

Si la TV es imagen, esto no es sin consecuencias sobre las subjetividades. Del "ágora electrónico", tal como lo llama Régis Debray, no surgirá el hombre político. Son lógicas incompatibles. Lo político requiere de un sujeto pensante, con capacidad de análisis y síntesis, respeto por la palabra y compromiso con lo social. Si aceptamos que la TV es imagen, no podemos pensar los efectos indeseables como pasibles de ser modificados si los medios estuvieran en otras manos o respondieran a otra ideología, sino como inherentes a su lógica misma.

¿Por los medios los pueblos mandan?

Cuando asistimos a una virtual parálisis de la militancia política y gremial, a un bajo nivel de protesta social en los términos tradicionales, a una pérdida de los espacios públicos, a una devaluación de los partidos y de sus estructuras institucionales democráticas, irrumpe el fenómeno de la denuncia en los medios. Cada día tenemos una noticia que da cuenta de un escándalo, un abuso de poder o una cámara que pone al descubierto a un funcionario coimero o el guiño cómplice de un juez. ¿Estamos en presencia de un fenómeno inédito en la vida democrática donde los medios, de alguna manera, sustituyen al sistema político, al Parlamento, los concejos municipales, los jueces y hasta al periódico militante de denuncia? ¿O se trata simplemente de las leyes del mercado?

“Por el diarismo los pueblos mandan, la opinión se forma y los gobiernos la siguen mal de su grado”, escribía Sarmiento en 1841, cita que Clarín recordaba en conmemoración del día del periodista. Obviamente, la declaración tenía un alcance mayor que la fecha, una respuesta por elevación a uno de los tantos proyectos de Barra para controlar la libertad de expresión. También la antológica frase del ministro Barra, “sin periodismo no habría motines”, y una boutade similar del jefe de la Policía Federal, inspiraron un fuerte editorial de La Nación, que recomendaba a los funcionarios “guardarse muy bien de romper el espejo que refleja sus movimientos”. Esta fiebre de denuncias está motorizada, en gran parte, por la necesidad del medio de ganar o sostener su parte en el mercado.

El fin del milenio también afecta a los medios. Los diarios no tienen asegurado su futuro de aquí a diez años. Para algunos autores, la TV abierta está moribunda y los cables necesitan constituirse en multimedios oligopólicos para disputar el negocio global de las comunicaciones. El círculo virtuoso de los medios en la sociedad capitalista sigue siendo el mismo: noticias y mejores recursos técnicos para alcanzar mayores consumidores que promuevan más anuncios publicitarios. Advertimos, sin embargo, del peligro de caer en un reduccionismo economicista.

Podríamos plantearnos la pregunta de otro modo: ¿hay una demanda en la sociedad para que estas denuncias puedan servir al negocio de los medios? No hay un debate previo en la sociedad que permita deducir que los medios salen a satisfacer una demanda social, pero todo denunciante, desde un simple ciudadano hasta un juez, sabe que su denuncia o reclamo existe solo si aparece en algún medio. Este comportamiento generalizado realimenta la agenda informativa que los multimedios potencian a un nivel inédito. Claro está que ellos determinan su propio criterio de noticiabilidad para definir los hechos que van a destacar. De igual modo, como observamos a los medios, especialmente los audiovisuales, montar el show de la política, descubrimos en este caso que ocupan el lugar de los protagonistas de la misma.

El riesgo de este fenómeno está en la saturación de la denuncia, o lo que es lo mismo, en el montaje del espectáculo de la denuncia, sin ningún correlato en la participación ciudadana y en un contexto de crisis y descrédito persistente de las instituciones.

¿Noticia o realidad?

Ante una sociedad fragmentada, los lazos de solidaridad se ven cada vez más resquebrajados, la sociabilidad se tensa y los niveles de participación se estrangulan. En definitiva, la misma se presenta atravesada por una profunda crisis en el terreno decisional. En este contexto, los medios de comunicación de masas cumplen un rol predominante en la configuración de la subjetividad colectiva. No sugerimos que son los únicos responsables; en este aspecto es dable preguntarse si es la ciudadanía media la que demanda un tratamiento espectacular de la información como modo de poder tomar distancia del acontecimiento y satisfacer un sentimiento tranquilizador, o si son los medios los que construyen este escenario atractivo incentivando el deseo de consumirlo.

Sí inducimos a pensar en una cierta responsabilidad que recae sobre estos comunicadores en la construcción del acontecimiento, aparece el hecho, por ejemplo, pasional o policial. Esto conlleva a una seducción, a veces incontrolable, de montar el escenario del espectáculo. En esta carrera empiezan a competir los distintos medios. La esfera de lo privado empieza a volverse pública.

Esta construcción de la noticia, elevada como una llamada realidad, también abarca al análisis político con consecuencias similares: su ocultamiento teórico. De esta manera, se elabora un discurso sin fundamento teórico que lo sustente. Se le comunica al lector medio la seductora sensación de que la realidad social es el hecho que se le presenta y del cual está eximido de todo esfuerzo teórico para comprenderlo. No debe olvidarse que este efecto de seducción se retroalimenta en la pereza intelectual del receptor actual, cuyos motivos socioeconómicos y culturales son conocidos.

El hecho, naturalmente, erige la verdad que lo interpreta. La relación entre teoría y dato empírico se ve, por lo tanto, fracturada. La noticia no es presentada como una interpretación del hecho, sino como si fuera el hecho mismo. El discurso de masas disuade toda comprensión en el receptor.

El bombardeo de noticias se transforma así en un instrumento útil, al servicio de un consumo masivo y que a la vez nos proporciona la ilusión de comprender. Algunos llegan más lejos: programas periodísticos televisivos con audiencias que intervienen en directo refuerzan la idea de participación ciudadana, interacción que poco tiene que ver con la esfera decisional. Sin embargo, lo que queda instalado en el espectador es justamente la sensación simbólica de esta: se infunde en el televidente la creencia de que ha encontrado una vía directa de participación.