La segunda fase se caracteriza por una injerencia imperial más intensa contra las instituciones democráticas de los países blancos, combinando manipulaciones institucionales y acciones extrainstitucionales, violentas o no, que implican graves violaciones del derecho internacional.

También se caracteriza por dos nuevas líneas de injerencia: el cristianismo político y la participación cada vez más invasiva de Israel. De ahí la denominación de «guerra híbrida». La magnitud de la injerencia reaccionaria aumenta exponencialmente en esta fase; sus instrumentos son tan sofisticados que reducen la soberanía de los países a juguetes de niños o a chistes de bar, y el número de países implicados no deja de crecer. Se está llevando a cabo un vasto proceso de recolonización cuya forma política es el fascismo global. Se está gestando una Internacional de extrema derecha cuyos objetivos principales son los países de América Latina y Europa.

Dado el carácter secreto de lo que se está planeando, solo podemos identificar las tácticas y estrategias de manera indirecta, a través de su aplicación concreta en el terreno de las operaciones de contrainsurgencia. Es muy posible que su alcance sea mucho mayor de lo que se puede detectar en las injerencias conocidas. Ya a principios de 2026, tres casos merecen una mención especial: Venezuela, Honduras y Colombia. El hecho de que en tan poco tiempo hayamos sido testigos de tres intervenciones tan diversas, aunque igualmente intensas, revela un plan de intervención muy ambicioso. En este gran laboratorio, el departamento de opresión está trabajando a toda máquina.

Venezuela

Lo ocurrido en Venezuela desde enero de 2026 no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. La injerencia imperial en la política interna venezolana viene de lejos y se ha intensificado mucho desde que Hugo Chávez inició la revolución bolivariana a principios del milenio. A pesar del firme discurso antiimperialista de Chávez, las relaciones comerciales con EE.UU. continuaron, sobre todo en el sector petrolero. Con personalidad carismática, Chávez manifestó desde el principio su intención de ejercer la soberanía total sobre los recursos naturales del país, con el fin de utilizar los ingresos generados para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que hasta entonces no se habían beneficiado de la inmensa riqueza nacional. Se crearon amplios programas de redistribución social, entre los que destacarían las misiones, intervenciones en ámbitos como la sanidad, la educación y las infraestructuras, organizadas al margen de las normas burocráticas de la intervención estatal. Así surgió una forma de Estado paralelo que granjeó una inmensa popularidad a Chávez y, al mismo tiempo, exacerbó la oposición interna de las clases sociales que hasta entonces se habían beneficiado, directa o indirectamente, de los ingresos petroleros generados y distribuidos por el «Estado Mágico», según la denominación del gran científico social venezolano Fernando Coronil. En textos anteriores analicé, con solidaridad y espíritu crítico, el proceso bolivariano, liderado por Chávez hasta su prematura muerte en 2013 y posteriormente por su sucesor, el antiguo vicepresidente Nicolás Maduro.

En este texto me limito a señalar que la política regional e internacional de Chávez y Maduro traspasó varias líneas rojas del imperialismo estadounidense. Una solidaridad concreta y sin precedentes con Cuba. Una política regional que promovía la organización de los países del subcontinente al margen de la tutela de EE.UU. Relaciones políticas y comerciales privilegiadas con China, Rusia e Irán. Una política de gestión del petróleo que podría llegar a amenazar la posición del dólar como moneda de reserva mundial.

La respuesta imperial no se hizo esperar.

Desde el principio incluyó los instrumentos de injerencia hoy generalizados: golpe de Estado, intentos de asesinato, embargos, sanciones, confiscación de reservas depositadas en el extranjero, deslegitimación del presidente electo y promoción internacional de un presidente títere, farsa en la que la Unión Europea participó alegremente. Como nada de esto surtió efecto, el componente militar de la injerencia se fue intensificando, con el bombardeo de pequeñas embarcaciones en aguas territoriales venezolanas con el pretexto de que transportaban droga. Así surgió la caracterización del Estado bolivariano como Estado narcoterrorista. Fue la primera gran ampliación del concepto de terrorismo, a la que seguirían otras, como veremos.

El 3 de enero, fuerzas especiales de EE.UU. capturaron durante la noche al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, mataron a más de dos docenas de militares de la guardia presidencial, en su mayoría cubanos, y se llevaron a la pareja a EE.UU. para que Maduro responda ante la justicia estadounidense por supuestos vínculos con el tráfico de drogas. También neutralizaron todo el sistema de defensa antiaérea. Rápidamente se restableció la «normalidad» y la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia de la República.

Poco después se supo que la gestión de la producción y el comercio del petróleo había pasado a manos de empresas estadounidenses y que los ingresos petroleros, en lugar de ingresar en el Tesoro venezolano, lo harían en el Tesoro de EE.UU., desde donde se distribuirían a Venezuela según criterios definidos por las autoridades estadounidenses, es decir, por el secretario de Estado Marco Rubio. En pocas semanas, la Venezuela antiimperialista de la Revolución Bolivariana quedó reducida a la condición de protectorado estadounidense, gestionado por el virrey Marco Rubio.

Sorprende que esta violación sin precedentes de la integridad de un país soberano no haya provocado reacción alguna en el llamado mundo occidental, ni siquiera en América Latina, donde las críticas no fueron más allá de vagas declaraciones de protesta.

De la ONU mejor no hablar, para no echarse a llorar. Ha desaparecido, se encuentra en paradero desconocido y las búsquedas para rescatarla se están suspendiendo, dada la escasa esperanza de encontrarla con vida.

La intensidad de la injerencia imperial en la segunda fase es, por tanto, cualitativamente superior a la de la primera. Es difícil determinar hasta dónde llegará. Las señales son inquietantes. Más inquietante aún es el hecho de que la influencia israelí en la intervención sea cada vez más visible. Pongo tres ejemplos, que valen lo que valen y de los que no pretendo sacar conclusiones definitivas.

Como las tragedias nunca vienen solas, dos violentos terremotos sacudieron Venezuela el pasado 24 de julio. Varios países ofrecieron ayuda humanitaria y es comprensible que Venezuela no haya podido elegir entre ellos. No deja de ser curioso, sin embargo, la visibilidad que se le dio a la ayuda de los militares israelíes. Las fuerzas militares responsables de la muerte de miles de niños palestinos en Gaza mostraban ahora todo su celo por salvar de entre los escombros a niños venezolanos. Sin restar mérito a la ayuda prestada, aquello parecía una operación de blanqueo de imagen o, sencillamente, un subrayado de la «banalidad del mal» cometido en Gaza. No pude evitar recordar que Heinrich Himmler, el jefe nazi responsable de la muerte de muchos miles de judíos, entraba en casa por la puerta trasera para no despertar al canario.

El segundo ejemplo tiene que ver con la Corte Penal Internacional (CPI). Es sabido que Israel, con la complicidad de EE.UU., libra una lucha encarnizada contra la Corte desde que esta solicitó una orden de detención contra líderes israelíes, con Netanyahu a la cabeza. El 24 de julio, Venezuela anunció su salida «firme e irrevocable» de la CPI. Sea cual sea nuestra valoración de la CPI a lo largo de su existencia —y la mía es bastante crítica—, el momento y las circunstancias de la decisión venezolana no apuntan a una mera coincidencia. Cabe señalar que Chávez criticaba a la CPI por ser un «brazo del imperio estadounidense». No resulta creíble que esas sean las razones que subyacen a la decisión del Gobierno venezolano en este momento.

Por último, la composición de la delegación de congresistas estadounidenses que visitó Venezuela a finales de julio dice mucho de lo que se avecina. Dos de ellos, Brian Mast y Randy Fine, están estrechamente vinculados al lobby israelí en EE.UU., el AIPAC. Una congresista, Kat Cammack, está especializada en seguridad interior, fronteras y defensa. Otro congresista, Jonathan Jackson, hijo de Jesse Jackson, aboga por el fin de las sanciones a Venezuela y del bloqueo de las reservas internacionales del país. El factor Israel, con inversiones y participación en la defensa de los minerales raros, y la reformulación del Escudo de las Américas, proyecto de Trump, con la posible participación de Venezuela, parecen ser los temas que se debatirán en un futuro próximo.

Honduras

Como mencioné anteriormente, Honduras fue el primer país en sufrir el regreso del golpismo imperial al subcontinente, en 2009. En abril de 2026 se hicieron públicos unos archivos de audio con intercambios de mensajes entre el actual presidente, Nasry Asfura, y el expresidente Juan Orlando Hernández, encarcelado en EE.UU., condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por el presidente Trump en 2025. Ambos políticos pertenecen al mismo partido conservador y los mensajes revelaban las condiciones del regreso del expresidente al país, en el marco de un plan internacional liderado por EE.UU., Israel y Argentina para desestabilizar a los gobiernos progresistas del subcontinente, sobre todo en Colombia, con Gustavo Petro, y en México, con Claudia Sheinbaum. El plan incluía el uso de las iglesias evangélicas para la manipulación ideológica, nuevas bases militares, inversiones estadounidenses y la creación de zonas económicas especiales; ya conocemos la ciudad privada de Próspera, en la isla de Roatán, financiada por Peter Thiel, de Palantir. También preveía una unidad de periodismo digital para difundir noticias falsas destinadas a desestabilizar a los gobiernos progresistas y un marco jurídico que favoreciera a las empresas de inteligencia artificial de EE.UU. e Israel.

Nuevas grabaciones de audio, publicadas el 26 de julio por el Diario Red1, en un artículo de Valeria Duarte Galleguillos, revelaban proyectos para «recuperar las instituciones», como el Tribunal Supremo y la cúpula del Ministerio Público. Pero lo más inquietante de las nuevas filtraciones, de confirmarse, es un amplio plan de espionaje y cibervigilancia a cargo de empresas israelíes, en colaboración con los operadores de telefonía Claro y Tigo, que tiene como objetivo a políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos de a pie.

Los israelíes afirmaron que, siempre que las personas se comuniquen dentro de Honduras con números que se encuentren en el territorio de Honduras, es posible obtener cierta información, como con quién se comunican y otros datos. El software del que disponen se limita exclusivamente a la colaboración de Tigo y Claro.

(Nota de voz de Nasry Asfura—audio 168—)

Al parecer, nada de esto es nuevo, ya que durante la presidencia de Hernández se detectó la interceptación de llamadas telefónicas, sin dejar rastro para el usuario, mediante el uso de las tecnologías Palantir, de Peter Thiel, y Pegasus, el programa del grupo israelí NSO, que tampoco es nuevo en el subcontinente. En 2011, México fue el primer comprador mundial de Pegasus, aun bajo la presidencia de Felipe Calderón, y con él habrá vigilado cibernéticamente, ya bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, a 15 000 personas, entre las que se encontraban periodistas, activistas contra la corrupción y abogados de víctimas2. Lo mismo habría ocurrido en Colombia bajo la presidencia de Iván Duque.

Al espionaje se suma la industria de la desinformación.

El 2 de agosto de 2026, el Times of Israel informó de que Facebook había prohibido decenas de cuentas, páginas y grupos, muchos de ellos vinculados al Archimedes Group, de Israel, por:

Comportamiento “inauténtico coordinado”, con actividad en el África subsahariana, en América Latina y en el sudeste asiático, y con el objetivo de modificar la realidad según los intereses del cliente3. Su actuación se basa siempre en la misma combinación: capacidad técnica para vigilar —lo que presupone una legislación que permita eliminar el anonimato en las redes sociales y en los teléfonos— e instrumentos para fabricar ‘hechos’ y relatos.

El uso masivo del espionaje, combinado con la desinformación, parece ser uno de los instrumentos preferidos de esta segunda fase de injerencia en países soberanos con gobiernos progresistas.

Colombia

Colombia es el tercer ejemplo de las operaciones de injerencia y desestabilización de gobiernos progresistas que caracterizan la segunda fase.

Las elecciones del pasado mes de mayo dieron la victoria al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, abogado de narcotraficantes y de grupos armados paramilitares —las autodefensas—, con doble nacionalidad colombiana y estadounidense y residente en Miami. La candidatura, apoyada activamente por Donald Trump, sustituyó la plaza pública por las plataformas digitales. No solo contó con una mayor financiación. Se basó en gran medida en la desinformación y la manipulación de los votantes.

Según el periodista Lucas Ospina, en La Silla Vacía, la mayor parte de la operación se desarrolló en servidores informáticos y en grupos de WhatsApp organizados por niveles de «destinatarios», con vídeos generados algorítmicamente que se adaptaban al perfil del votante. Al uribista convencido, el candidato se le presentaba con la imagen del «Tigre» aplastando a los guerrilleros. Al evangélico, aparecía rodeado de pastores. Al joven indignado con Gustavo Petro, el presidente de izquierdas, el meme transformaba a De la Espriella en un felino omnipotente que saltaba sobre las ruinas del palacio petrista. A la madre soltera y cabeza de familia, el vídeo se lo mostraba como un marido proveedor «bíblico». Al votante de la nueva clase media que sueña con el orden, se le presentaba el vídeo épico con música de superhéroes, en el que el candidato de mano dura llega a la región devastada por la violencia para capturar al malhechor y traer prosperidad.

Cito este artículo con cierto detalle porque ilustra las estrategias de manipulación y desinformación que se utilizan hoy en día en todo el mundo. Resistirse a ellas supone conocerlas:

Un estudio del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Católica de Colombia identificó que la campaña electoral de De la Espriella fue la que dominó de forma más contundente el espacio virtual, al presentar «los problemas sociales como amenazas urgentes», creando “la necesidad de respuestas inmediatas” y reforzando “su mensaje de autoridad”.

La plataforma de la campaña electoral de De la Espriella se denominó “defensoresdelapatria.com” y funcionó siguiendo la misma lógica piramidal que gruposrodolfistas.com, el candidato de la derecha en 2022: enlaces de referencia personalizados, código QR propio, panel de puntos y un «kit de batalla» para descargar. La campaña llegó incluso a lanzar un concurso que prometía viajes al Mundial de fútbol de 2026 al militante que reuniera más contactos. Un modelo multinivel al estilo de Herbalife con bandera tricolor y camiseta.

Pero el gasto declarado es solo la cara visible. Una investigación del blog Hyperconectado documentó una campaña activa en Google Ads, con 600 anuncios simultáneos en la red de display, visibles en cualquier sitio web con monetización en Colombia, que redirige a los usuarios a un formulario de recopilación de datos personales: nombre completo, edad, correo electrónico, número de WhatsApp, departamento y ciudad. El anunciante registrado en Google se identifica como «Luisa Portela», sin identidad verificada. El financiador declarado del gasto publicitario es otra persona, “Juan Esteban Méndez”, cuya identidad tampoco está verificada. El formulario no incluía ninguna política de privacidad ni mecanismo de autorización, lo que infringe la Ley n.º 1581 de 2012, sobre protección de datos, y la Circular Externa n.º 002 de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Todo se presenta astutamente como una «iniciativa ciudadana».

Hoy en día, alguien dispone de una base de datos con los números de WhatsApp y la geolocalización de miles de colombianos que hicieron clic en un anuncio de Google. Se desconoce quién la gestiona ni con quién se comparte. Pero su valor operativo es evidente: una lista segmentada por departamento y ciudad es exactamente el activo que completa el circuito de la red multinivel, su red de contactos, nivel de consumo, educación y ubicación. Es la diferencia entre disparar con una ametralladora y disparar con un francotirador, en palabras del operador digital Lester Toledo, que colaboró para llevar a Bukele a la presidencia de El Salvador, cuando reduce a cualquier ser humano al algoritmo electoral: “Un ciudadano es alguien con un móvil”4.

Otro factor nuevo de la segunda fase de injerencia es la religión política. Los mercaderes de la fe sacan provecho de las creencias religiosas de las poblaciones desfavorecidas para ofrecerles una supuesta satisfacción que no modifica en absoluto el statu quo de la desigualdad y la precariedad social. Se trata de un factor nuevo por la intensidad con la que se utiliza ahora, ya que se viene empleando desde el informe Rockefeller de 1969, ante el fracaso de la Alianza para el Progreso a la hora de contener el impulso progresista que la Revolución Cubana había inyectado en las clases populares. Poco después, los pastores evangélicos invadieron el subcontinente, sobre todo pentecostales y neopentecostales. Sus iglesias y sus emisoras de radio, bien financiadas, fueron convirtiendo poco a poco a la religión católica progresista que entonces predominaba —la de las comunidades eclesiales de base, basada en la Teología de la Liberación— en agente del «ateísmo satánico del comunismo».

La primera señal del poder que tenían llegó desde Guatemala, cuando el general Efraín Ríos Montt, miembro de la iglesia neopentecostal El Verbo, llegó al poder mediante un golpe de Estado y con el apoyo de Ronald Reagan. Casi cuarenta años después, en 2019, Jeanine Áñez asumió el poder tras el golpe de Estado contra Evo Morales y contra el Estado plurinacional de Bolivia, empuñando la Biblia y proclamando que «la Biblia vuelve al Palacio».

La victoria de De la Espriella en Colombia no se explica sin este factor religioso5. En el Diario Red del 29 de junio de 2026 se puede leer un análisis detallado del peso del fenómeno religioso, con el ejemplo de una de las regiones del país:

El verdadero salto cuántico en las urnas se produjo a través de la Asociación de Pastores de Bucaramanga y Santander y de la red de megaiglesias aliadas, que llegó a extenderse por todo el país. El bloque confesional lanzó una campaña silenciosa, pero feroz, de educación electoral desde los púlpitos. A diferencia del voto de opinión, que varía en función de los debates o los escándalos de la semana, el voto confesional articulado responde a directrices de preservación de la identidad. Fuentes cercanas a las uniones pastorales de la región confirman que el discurso difundido en las semanas previas al 31 de mayo equiparaba la propuesta de De la Espriella a la «defensa de la familia y las libertades frente a la agenda progresista». Esta red sectorial proporcionó una base electoral inquebrantable de más de 35.000 votos altamente movilizados en el área metropolitana de Bucaramanga y sirvió para dinamizar y velar por los votos en las mesas electorales el día de las elecciones.

Colombia es el primer país latinoamericano de gran tamaño en el que se aplica con mayor intensidad la ingeniería más sofisticada de manipulación y desinformación de la opinión pública, combinada con la politización conservadora del cristianismo. Los tres pilares políticos de la injerencia son el imperialismo de EE.UU., el sionismo de Israel y el cristianismo político. Todo lleva a creer que los próximos países objetivo serán Brasil y México. Si esta ingeniería tiene pleno éxito, se cerrará, por ahora, el ciclo de políticas progresistas en el subcontinente. Dos siglos después de su primera proclamación, la Doctrina Monroe alcanza su máxima realización.

La intensidad de la manipulación y la desinformación hace que, en muchos casos, el debate sobre la existencia o no de fraude electoral pierda sentido. El fraude no se comete en el recuento de votos. Se comete antes, cuando se desinforma libre y masivamente a la opinión pública. La famosa frase, tal vez inspirada en Umberto Eco y Pier Paolo Pasolini, cobra todo su sentido: “Se vota a un verdadero fascista pensando que es falso, por miedo a un comunismo falso que se cree que es verdadero”.

Conclusión

Algunos científicos sociales latinoamericanos de izquierdas, cuyos nombres no menciono para no avergonzarlos, han criticado duramente durante años a los países y gobiernos progresistas que, desde hace más de una década, son objeto de un ataque imperial cada vez más sofisticado. Para sintetizar las críticas, inventaron el concepto de «progresismo», con el que caracterizaban de forma despectiva a esos gobiernos. De forma implícita y, a veces, explícita, defendían que dichos gobiernos no eran de izquierdas. La extrema derecha de estos últimos años se ha aprovechado de la deslegitimación procedente de los propios «aliados» para profundizar en la desestabilización. Como tantas veces en el pasado, esos científicos sociales fueron los «idiotas útiles» de estrategias que los trascendían. ¿Por qué será que una izquierda bienpensante se equivoca siempre más que una derecha que no piensa?

Estoy convencido de que el departamento de liberación del gran laboratorio latinoamericano no está completamente inactivo, pero por ahora solo se ven ruinas. Estoy seguro de que son ruinas-semillas, a la vez recuerdo de un pasado de lucha y resistencia y anuncio de un futuro de vida digna, para la vida humana y no humana.

Notas

Primera parte de "América Latina: el gran laboratorio": Ayer.
1 Diario Red.
2 Espionaje de Pegasus.
3 Modificar la realidad según los intereses del cliente.
4 Un ciudadano es alguien con un móvil.
5 Colombia: voto religioso.