De un tiempo a esta parte, debido a las políticas neoliberales de recorte del gasto público en distintas áreas del Estado, las Universidades Nacionales están siendo objeto de un especial debate a nivel social y político. La discusión se divide, por un lado, entre las voces afines al discurso del gobierno nacional —que sostienen que el presupuesto destinado en los últimos años a estas instituciones fue desmedido y, por lo tanto, es un gasto oneroso que el país actualmente no puede ni debe enfrentar— y, por otro lado, quienes entienden que las universidades argentinas han sido internacionalmente reconocidas por la formación de sus intelectuales y profesionales, y constituyen herramientas fundamentales de movilidad social ascendente para sectores que, en cualquier otro sistema sociopolítico, no tendrían la posibilidad de acceder a la formación superior.

Es importante recordar aquí que la educación universitaria es gratuita en Argentina desde la firma del Decreto Presidencial Nº 29.337/49 por parte del presidente Juan Domingo Perón en el año 1949. Con este acto, se suprimió el cobro de aranceles en todas las instituciones universitarias del país. Luego, la medida se terminó de formalizar con la sanción de la Ley 14.297 (Ley Orgánica de Universidades) en 1953, la cual fue promulgada en 1954.

Entre otros aspectos vinculados con la misión, la organización y el gobierno de estas instituciones, dicha ley elimina los aranceles vigentes hasta ese momento y establece la gratuidad de la enseñanza superior en el país. Otros de los puntos abordados por la norma se vinculan con la autarquía administrativa y la autonomía docente y científica; la regionalización —que llevó a la división del territorio en diferentes regiones, siendo cada universidad la encargada de promover el desarrollo económico, técnico y cultural de su respectiva zona de influencia— y la participación estudiantil en los órganos de gobierno.

La gratuidad de la educación universitaria significó, fundamentalmente, que esta dejó de ser un privilegio para pasar a ser un derecho. A partir de su establecimiento, las aulas comenzaron a ser un espacio al que no solamente podían acceder las clases altas, sino también las personas provenientes de las clases trabajadoras. Este modelo de educación superior no arancelada permitió la materialización del sueño social de los obreros, resumido en la expresión: “mi hijo el doctor”. La eliminación del pago de matrículas y de aranceles mensuales para ingresar y permanecer en la universidad permitió el acceso a carreras tradicionalmente prestigiosas como Medicina y Abogacía, al volverlo libre y gratuito para todos los sectores sociales.

Aquí es difícil que no resuene la voz de Juan Domingo Perón en aquella entrevista que dio desde el exilio en Madrid, donde recordaba:

La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes, ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso.

(Juan Domingo Perón, 1971)

La apertura a sectores sociales históricamente postergados e impedidos de acceder a la educación superior puede observarse en el incremento de la matrícula estudiantil de las Universidades Nacionales, la cual aumentó de 47.400 personas matriculadas en 1945 a 138.317 en el año 1955, y a 222.903 en 1965. Es decir que, a dieciséis años de la firma del decreto, el total de estudiantes inscriptos para cursar carreras universitarias se cuadruplicó ampliamente, quedando muy cerca de quintuplicarse. Estos números reflejan una verdadera explosión en el acceso que solamente puede explicarse si se toma la entonces reciente gratuidad como variable de análisis.

El 16 de septiembre de 1955 se realizó un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Entre otras medidas, el gobierno de facto derogó la normativa promulgada por el peronismo y eliminó las menciones a la gratuidad universitaria. Así, quedó bajo la decisión de cada institución, en el marco de su autonomía, fijar o no aranceles de ingreso y permanencia.

El país recuperó la democracia en 1973 y, con ella, la gratuidad mediante la sanción de la Ley 20.654 en 1974, la cual suprimió los aranceles y las tasas académicas impuestos por el régimen del 55.

Hoy en día, el incumplimiento por parte del gobierno de la Ley de Financiamiento Universitario —votada y ratificada por ambas Cámaras en términos del Artículo 83 de la Constitución Nacional Argentina— hace tambalear un sistema que no solamente se ha demostrado exitoso debido a la formación de profesionales cuyo trabajo fue reconocido a nivel mundial, sino que también contribuye a generar condiciones sociales un poco más equitativas al permitir que las clases trabajadoras accedan a una educación superior libre, gratuita y de excelencia.

Frente a este panorama, tanto los estudiantes, docentes, graduados y familiares, como los investigadores de las Universidades Nacionales y cualquier persona que reconoce el valor social de una institución que genera igualación de oportunidades, nos encontramos en alerta ante la amenaza de la eliminación de un derecho conseguido con años de luchas sociales. El desfinanciamiento de la educación superior no sólo pone en riesgo la continuidad de los estudios de miles de estudiantes, sino que atenta contra la principal vía de movilidad social ascendente de millones de personas que habitamos el territorio argentino.

Por eso, defender hoy el presupuesto universitario es defender un modelo de país en el que el acceso al conocimiento de excelencia no sea únicamente para quienes han tenido el privilegio de nacer en una familia económicamente acomodada, sino para todas aquellas personas que estén dispuestas a afrontar los obstáculos que se presenten en pos del deseo, la vocación y la fuerte convicción de que ese espacio es, también, nuestro.