a polarización se incrementa y las crisis se acumulan en México. La toma del poder por parte del Partido MORENA desde el 2018 y su confirmación en el 2024 significaron la irrupción de un nuevo proyecto hegemónico con la intención de sustituir radicalmente al proyecto de la Transición Democrática. Y en medio de este proceso de un proyecto político que no termina de irse y otro que no termina por llegar, los problemas sembrados en años recientes y remotos están germinando, al tiempo que la presión de la única superpotencia al norte lastima. Por último, el narcotráfico ocupa los espacios políticos, económicos, legítimos y culturales que el pusilánime Estado mexicano le va dejando.

Son tiempos violentos y de crisis para la República. Y la mejor solución que nuestra élite política encuentra es adelantar el proceso electoral. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, han acelerado los tiempos y las reacciones en la política mexicana, al grado de que tanto el partido en el poder, MORENA, como la principal fuerza opositora, Acción Nacional, han definido sus discursos propagandísticos para las elecciones legislativas del siguiente año.

Como toda propaganda, tanto MORENA como PAN simplifican la complejidad del momento actual. Reducen, tramposamente, las consideraciones que los votantes debemos tomar en cuenta a dos simplonas opciones. Por el lado del oficialismo, nos presenta la dicotomía: soberanía o intervención extranjera; por su parte, la oposición nos intenta convencer de seguridad o narcoestado. Ambas estrategias propagandistas no son solo lamentablemente sosas y torpes; además, son el síntoma del fracaso e ilegitimidad del Estado mexicano.

Es fundamental romper la torpeza con la que los gobernantes, actuales y potenciales, quieren llevar la discusión. Es función de los ciudadanos apelar a lo mucho o poco que nos queda de capacidad racional y de análisis; entender el México que tenemos y aquellas condiciones que nos llevaron a la situación actual. Porque los lodos de hoy fueron polvo ayer, porque una crisis existencial, como la que vive México, no inició hace dos u ocho años ni es producto de un único proyecto político.

Porque nos enfrentamos a las preguntas básicas: ¿qué significa ser una nación soberana? ¿Qué significa ser soberanos? ¿En qué medida la soberanía se relaciona con las condiciones materiales, la defensa y expansión de las libertades humanas? No faltarán quienes citen al gran Max Weber para definir la soberanía de un Estado como el uso legítimo de la fuerza. Pero mientras unos se fijan en la legitimidad y otros en la fuerza, pocos se detienen a entender el uso del poder.

Para entender cómo se usa el poder hay que volver tanto a Antonio Gramsci (1891-1937) como a Bruce Bueno de Mesquita (1946), para quienes el uso del poder depende de los arreglos, la estructura y las relaciones entre los grupos heterogéneos y contradictorios que ostentan el poder. Las élites políticas nunca gobiernan solas y necesitan formar alianzas, narrativas y transacciones, la satisfacción de los subgrupos que lo sostienen, todo para mantenerse en el allí.

El México posrevolucionario del Partido Único constituyó su régimen alrededor del control monopólico y centralizado del Partido Revolucionario Institucional de todas las estructuras políticas. Todo se guiaba y se decidía dentro de una configuración de partido hegemónico, con una sociedad dividida en dos subgrupos muy marcados: los miembros de la élite gobernante y el resto de la población.

Las relaciones entre ambos grupos eran simples; los primeros gobernaban y se repartían el poder, mientras que daban, como preventa, servicios públicos y un cuasi-Estado de Bienestar a los segundos. Este contrato social se mantenía legítimo gracias a la narrativa posrevolucionaria, la promesa de mejora en la vida de la población, la ficción de un sistema democrático y la impunidad como lubricante de la vida pública. Y en el centro del régimen hegemónico priista estaba la posibilidad de las élites del país reunidas en el partido donde la aplicación de la ley no aplicaría para ellos; al tiempo que entregaba servicios a la población despolitizada.

Impunidad para las élites y seguridad social para los despolitizados

Este sistema, que fue definido como la dictadura perfecta y el ogro filantrópico, comenzó a caer a finales de los años 60 y para el inicio de los 80 era inevitable su caída. La crueldad de sus crímenes y violaciones a los derechos humanos, sus fracasos económicos, la pérdida de toda credibilidad democrática permitieron que los distintos discursos subhegemónicos democráticos, de derecha y de izquierda comenzaran a reclamar un lugar como nueva hegemonía. Las elecciones presidenciales de 1988 confirmaron la nueva hegemonía en México.

La acusación fundada de fraude en favor de Carlos Salinas del PRI puso en duda toda la legitimidad de la política mexicana, lo que provocó que el PRI tuviera que abrirse a nuevos grupos de poder, incrementando el número de su Selectorate y su Winning Coalition. En la práctica, esto implicó transformar el sistema de partidos hegemónico o predominante en uno bipartidista con su alianza con el Partido Acción Nacional o tripartidista con la inconstante incorporación del Partido de la Revolución Democrática.

La nueva estructura consistía en una élite, formada por los tres partidos políticos principales y su Selectorate, un nuevo grupo de electores, los ciudadanos votantes, la sociedad civil y la opinión pública; por último, la población despolitizada. A la élite le tocaba,como en el modelo anterior, el ejercicio, administración y disfrute del poder al amparo de la impunidad estructural o sistémica.

Al segundo grupo le tocaban dos funciones; en primer lugar, ser el elector o criterio de reparto de puestos de elección popular, por eso, la importancia del IFE, INE y Tribunales Electorales, y en segundo lugar, ser el límite a la impunidad del primer grupo por medio del periodismo de investigación y organizaciones civiles, financiadas por la iniciativa privada o instituciones internacionales. A los últimos, nada.

Este modelo o hegemonía de la transición democrática formó una democracia liberal, imperfecta o deficiente donde existía una tensión profunda entre las élites que querían conservar sus privilegios y los electores que reclamaban más poder para sí. Era una democracia amarrada, encadenada por sí misma. La economía funcionaba de modo análogo: México se había abierto a medias al libre mercado y a la globalización, todo a medias, lo que generó una nueva clase media, incrementó brutalmente la riqueza de unos pocos, acentuó la desigualdad y fue incapaz de sacar de la pobreza a la mayoría de los mexicanos.

Con todo, el México de la Transición democrática era más libre, democrático y próspero que el anterior, pero con problemas endémicos profundos que no podía combatir y que terminarían por destruir su legitimidad. La impunidad y la desigualdad generaron dos epifenómenos emergentes: la violencia del narcotráfico y la fuerza política de López Obrador como figura cesarista en medio del tránsito de hegemonías.

Los fracasos de la Transición Democrática, primero en el sexenio de Felipe Calderón y sobre todo en el de Enrique Peña Nieto, rompen su legitimidad, haciendo que la narrativa de López Obrador y su partido MORENA tenga sentido a la mayoría de los mexicanos. Su populismo estatista, paternalista, soberanía popular y rousseauniano atrajo a la gran mayoría de los votantes hartos de la violencia del narcotráfico, la impunidad y la falta de crecimiento económico.

Andrés Manuel López Obrador puede ser interpretado como una figura que combina rasgos del hombre del sistema de Adam Smith y del liderazgo cesarista de Max Weber. En el sentido smithiano, López Obrador muestra una tendencia a concebir el orden social y político como una estructura susceptible de ser reorganizada conforme a un proyecto moral e ideológico centralizado, intentando articular la vida institucional alrededor de una narrativa de regeneración nacional impulsada desde el poder ejecutivo.

Paralelamente, desde la óptica weberiana, su liderazgo presenta características cesaristas al fundamentarse en una fuerte legitimidad carismática y en una relación directa entre líder y pueblo, frecuentemente por encima de mediaciones institucionales tradicionales, partidos o cuerpos intermedios. Esta combinación permite comprender su estilo de gobierno como un fenómeno donde convergen la aspiración de transformación estructural del Estado y la personalización carismática de la autoridad política.

El partido MORENA y su gobierno giraban en torno a la figura de López Obrador, impidiendo que el nuevo régimen hegemónico se institucionalizara. Así, la retirada del líder ha dejado un hueco político que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pretendido cubrir con una supuesta “limpia” del partido y régimen de sus peores miembros. Sin embargo, ante la falta de instituciones o procesos, el gobierno morenista es una maquinaria que se aceita con la corrupción de sus miembros.

El segundo epifenómeno de la transición democrática fue la síntesis entre el Estado y el narcotráfico. Como resultado del cierre de Miami como acceso de drogas desde Sudamérrica, la liberación de las armas de asalto en EU, la pérdida del monopolio del poder del PRI en el Estado Mexicano, en un contexto donde la impunidad es la norma y el diseño; el Narcotráfico se fortaleció, se adueño de territorios, infiltró las estructuras políticas, se volvió una de las principales fuentes de capital en nuestro sistema bancario y comenzó a suplantar al Estado en funciones fundamentales. Así, el narcotráfico se volvió una asociación de protección que rivalizó por el control de México y se volvió tan poderoso que infiltró y derrotó al Ejército y a la Marina mexicanos.

En ese contexto de cesarismo, impunidad, corrupción y derrota del Estado mexicano, López optó por una política de seguridad de capitulación frente al narcotráfico, con la esperanza de una pax márketa negociada. Abrazos y no balazos, suponía erróneamente que el problema del crimen organizado era ocasionado por problemas sociales, como pobreza y desigualdad, y por la corrupción de la virtud innata del pueblo, por lo que bastaban programas sociales y una regeneración moral para solucionar el problema. Al mismo tiempo, si yo bajo las armas, lo mismo harían los criminales. El error en el diagnóstico y en la visión antropológica fue de terribles consecuencias, al grado de que ante la retirada de un Estado y su ejército derrotados, el narcotráfico se fortaleció y como vencedor de la Guerra Contra el Narco, salió por su botín.

Así, en la formación de la nueva hegemonía morenista, centrada en una persona, no institucionalizada, con la corrupción e impunidad como herramienta de cohesión en el heterogéneo grupo dominante, el narcotráfico se posicionó como uno de los actores políticos fundamentales. Y en lugar de ser combatido se permitió e incentivó su convergencia con el Estado Mexicano, volviéndose hoy en muchos casos indeferenciable unos de los otros.

El narcoestado mexicano no surgió con MORENA, sino que constituye la culminación de un proceso histórico de larga duración, arraigado en las formas de articulación entre poder político, control territorial y economías ilícitas dentro del Estado mexicano. No obstante, el gobierno de López Obrador representa un punto de inflexión en tanto normaliza e incorpora al narcotráfico como parte funcional de la coalición hegemónica y del selectorate político, erosionando la antigua narrativa institucional que sostenía la separación formal entre el Estado y el crimen organizado. Allí donde antes predominaba la simulación de una exterioridad del narco respecto al poder político, emerge ahora una relación más visible, orgánica y estructural.

El modelo parecía destinado a funcionar. La fuerza narrativa del obradorismo, sumada al profundo desprestigio del antiguo régimen político, otorgó a MORENA y al presidente López Obrador un amplio margen de legitimidad capaz de amortiguar errores, contradicciones e incluso deficiencias estructurales del Estado mexicano. Sin embargo, todo equilibrio político encuentra límites cuando enfrenta presiones externas imposibles de controlar desde el ámbito interno. En este contexto, el retorno de Donald Trump y la transformación de la política exterior estadounidense representan una ruptura con los equilibrios estratégicos que habían predominado en América del Norte desde finales del siglo XX.

La nueva postura norteamericana abandona parcialmente la lógica liberal basada en cooperación institucional, integración económica y diplomacia multilateral, para retomar una política de poder mucho más directa, coercitiva y unilateral. Se trata de una visión que recuerda al viejo expansionismo hemisférico estadounidense de inicios del siglo XX y a la doctrina del “Speak softly and carry a big stick” de Theodore Roosevelt: negociar desde la amenaza permanente de fuerza económica, militar y política. Bajo esta lógica, México deja de ser concebido únicamente como socio comercial o aliado estratégico para convertirse nuevamente en un espacio de seguridad fronteriza y contención geopolítica subordinado a los intereses de Washington.

La presión sobre el narcotráfico, la migración y la seguridad fronteriza amenaza así con romper el delicado equilibrio político construido por la Cuarta Transformación, particularmente si sectores del poder estadounidense comienzan a considerar que determinadas formas de coexistencia entre Estado, crimen organizado y gobernabilidad territorial representan ya no un problema interno mexicano, sino una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En este sentido, la reconfiguración de la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump amenaza con alterar profundamente el equilibrio sobre el que descansó la Cuarta Transformación, particularmente en lo relativo a seguridad, soberanía y relaciones transfronterizas de poder. Allí radica quizá la principal vulnerabilidad del modelo: su estabilidad dependía no sólo de la legitimidad interna, sino también de la continuidad de un orden internacional dispuesto a tolerarlo.