Tener un techo es mucho más que un sueño, una meta o un propósito de todos los habitantes del planeta. Quizás en las ciudades sea más necesario y difícil que en zonas rurales, donde prevalecen las propiedades familiares y los valores comunales que hacen de la vivienda un asunto colectivo del que nadie se debe preocupar, pues la comunidad se ocupa de gestionar el espacio que cada quien requiere para habitar.

Puede que el mundo urbanizado de las ciudades se haya alejado de la prioridad de planificar viviendas para sus habitantes, de la mano de administraciones públicas que archivaron los proyectos de construcción y planificación habitacional para cubrir las necesidades de los ciudadanos, dejando en manos del mercado la deriva de lo que antes era un derecho fundamental.

Es que en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1), se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda. Pero esto se ha olvidado en las últimas décadas, con una realidad que es abrumadora. Y sin darnos cuenta, se olvidó el derecho y el techo se convirtió en una mercancía que afecta a la vida misma.

Vivimos una crisis global de la vivienda, con miles de millones de personas que carecen de hogar y las perspectivas para conseguir un techo que les cobije son cada vez más costosas y remotas. Precios altos, oferta insuficiente, gentrificación, viviendas turísticas, ocupación ilegal, desalojos por impago y familias enteras expulsadas a la calle son las señales alarmantes a las que desafortunadamente, parece que nos hemos ido acostumbrando.

España y México son dos países en donde la ocupación de viviendas se ha convertido en una práctica que aterra a los propietarios, quienes, ante la indefensión, prefieren cerrar sus propiedades con candado o incluso tapiarlas para evitar que extraños las ocupen. Lo que antes se consideraba un delito hoy se percibe como una lucha casi imposible para restablecer el derecho vulnerado.

La gentrificación es otro fenómeno que ha cambiado la dinámica urbana de las ciudades con atractivo turístico, con independencia de su tamaño. El uso de plataformas para alquilar viviendas por días, semanas y meses abrió un mercado que alteró el sector inmobiliario, convirtiendo zonas que eran accesibles en zonas de alto valor, con la progresiva expulsión de los vecinos de toda la vida, que terminan siendo reemplazados por turistas o nómadas digitales que, sin pretenderlo, contribuyen al encarecimiento de los alquileres y al alejamiento de quienes viven de salarios básicos.

Un factor tan inesperado como devastador fue la inversión de los fondos buitre, atraídos por la crisis de 2008, cuando los impagos de deuda hipotecaria generaron un stock de viviendas que se vendieron a precio de saldo. Como depredadores, estos fondos se hicieron con casas cuyo valor se multiplicó, sin preguntarse por el origen o el coste humano de esa operación: familias desahuciadas, sueños rotos y comunidades desintegradas, entre otras.

Porque así funciona el mercado, poco importan los daños colaterales ni los efectos sociales cuando prima el beneficio económico. Ahí es cuando las políticas públicas deberían tener sentido y las administraciones deberían actuar para evitar que los derechos fundamentales de los ciudadanos —que pagan impuestos y sostienen a la clase política con su trabajo— sigan siendo vulnerados.

Pero en este mundo al revés, cada vez hay menos sentido común, mientras que la desigualdad crece al mismo ritmo que la indiferencia frente a una realidad que preferimos no observar y mucho menos transformar.

Familias enteras despojadas de las viviendas, jóvenes condenados a vivir en casa de sus padres mucho más allá de la mayoría de edad, personas mayores obligadas a compartir espacios para hacer pagables los alquileres con sus precarias pensiones o porque deben acoger a sus descendientes carentes de recursos para independizarse... son algunas de las situaciones ocultas tras una crisis que nadie parece querer asumir.

Otro fenómeno paralelo es el auge de lugares de aparente transición para trabajadores que necesitan alojamiento: campings y áreas para caravanas, furgonetas, vehículos e incluso tiendas de campaña se convierten en alternativas para alojar a la mano de obra necesaria en el sector de servicios, especialmente en zonas turísticas como Mallorca o Ibiza, en España.

A la par que se desplazan los pobres a la periferia, aumenta el número de habitantes de altos ingresos que pueden pagar altas rentas para disfrutar del buen tiempo, con servicios más baratos que en sus lugares de origen. El caso del turismo del norte de Europa a los países del sur es una costumbre que afecta directamente al sector inmobiliario por la creciente demanda de viviendas de temporada, lo que contribuye al encarecimiento de las viviendas para los locales.

Las cifras de un colapso anunciado

Esta crisis habitacional es global, y las cifras del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat, 2025 y 2026) ponen de manifiesto la magnitud del problema.

  • 3 mil millones de personas (37% de la población mundial) carecen de vivienda adecuada, lo que se traduce en que más de un tercio del planeta no tiene un techo digno, y no solo se trata de países en vías de desarrollo, sino que este problema también se hace visible en ciudades de Europa y Norteamérica.

  • 1.600 millones de personas (20% de los habitantes del planeta) viven en condiciones severamente precarias.

  • 318 millones de personas sin hogar (4% de la población mundial), lo que significa que 4 de cada 100 personas carecen de vivienda.

Después de la crisis de 2008, los problemas lejos de resolverse han seguido incrementándose. Aunque aparentemente visibles, son síntomas claros de un sistema fallido que no garantiza el derecho a la vivienda como condición básica de vida digna. Cuando la ciudadanía no puede acceder a sus derechos fundamentales —que no son gratuitos— es porque algo muy grave está sucediendo y no lo estamos viendo o asumiendo.

Porque si te pones a pensar, el tema no solo es la calidad de las viviendas disponibles, sino el sistema creado para acceder a ellas. Desde las hipotecas, que son deudas a largo plazo, con intereses y tasas que multiplican el precio, hasta un modelo en el que el crédito se celebra como la única vía para asegurar el derecho a tener una vivienda.

Propia o en alquiler, el precio de las viviendas ha subido en la última década de manera desproporcionada respecto a los salarios, lo que explica la cada vez mayor dificultad de los trabajadores para acceder a un techo. Este desajuste también se observa entre la oferta y la demanda, afectadas por los tipos de interés de los préstamos bancarios, la inflación, la lentitud en la tramitación de proyectos urbanísticos —cuando existen— y la desigualdad de ingresos.

Más allá de los datos, hay seres humanos con la necesidad básica de tener un techo que les garantice el abrigo y el cobijo como requisito mínimo para vivir dignamente. En la sabiduría popular siempre se ha dicho que teniendo un techo, lo demás se resuelve con más facilidad, y por eso el sueño de muchos desde jóvenes es tener una casa, una vivienda a la que poder llamar hogar.

Porque el hogar es el abrigo, es el lugar en el que se enciende el fuego que garantiza el calor y permite la cocción de los alimentos. Es el punto de encuentro, alrededor del fogón que nutre a la familia o al individuo, el lugar de reposo y también de reflexión sobre el día a día, sobre la vida que merece la pena ser vivida. Pero si no tenemos ese lugar al cual llamar hogar, si esa búsqueda se convierte en una aventura imposible y el resultado de no tenerlo se transforma en frustración, ¿qué sentido tiene salir a trabajar solamente para pagar un rincón donde habitar?

En un planeta extenso, rico y abundante, el derecho a la vivienda no solo debería ser accesible para una parte de la población, sino una realidad para la totalidad de sus habitantes. Pero estamos en tiempos en que tener un hogar es casi un lujo, mientras que unos pocos pueden tener mucho más que un solo lugar para poder escoger dónde dormir y vivir. Otra de las profundas contradicciones de la desigualdad, que, en algún momento, deberán cambiar.

Por eso, esta crisis puede servir para transformar, porque lo establecido es excluyente, insostenible e indiferente. El cambio no es una opción aspiracional, sino una necesidad de supervivencia y de existencia.

Entonces es cuando se hace posible regresar a formas ancestrales de habitar este planeta, con redes colectivas que sostengan la vida. Como en las ecoaldeas, en los cohousing, las cooperativas de viviendas y todas las alternativas que construyen el derecho a la vivienda desde la comunidad y la reciprocidad que transforma el hogar en una realidad en cambio.

Además de ejercer el derecho a tener un lugar para vivir, también debemos recuperar nuestra capacidad de hacer realidad los sueños. Entonces colectivamente podremos transformar la pesadilla de la vivienda como mercancía y deuda en la realidad de un mundo en el que todos podamos despertar teniendo un hogar que le da sentido a la vida.