Estos casos, ocurridos en instituciones como la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), la Universidad César Vallejo (UCV) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), han generado conmoción en la comunidad académica y reactivado la discusión sobre los protocolos de atención, prevención y soporte emocional que deben garantizarse en los espacios educativos.

Cronología de casos en campus universitarios

El 12 de marzo, un estudiante de Derecho falleció tras un incidente dentro del campus de la PUCP. La universidad suspendió actividades al día siguiente y activó protocolos de contención, pero no reveló detalles sobre el estudiante ni las causas del hecho. Hasta ahora, el caso sigue bajo investigación y no se ha confirmado la causa del fallecimiento.

Tres semanas después, el 3 de abril, un docente de la UTEC murió tras caer desde un piso alto del edificio universitario. La hipótesis de presunto suicidio fue planteada por algunos medios, aunque las autoridades no han cerrado el caso ni ofrecido una versión oficial.

El 19 de junio, otro hecho sacudió a la UTEC: un estudiante cayó desde el cuarto piso del campus ubicado en Barranco. La universidad activó protocolos de emergencia, pero no dio a conocer el nombre de la víctima ni detalles del incidente.

Informes preliminares apuntan a un posible accidente, aunque las investigaciones continúan.

En la sede de Los Olivos de la Universidad César Vallejo se han reportado dos muertes este año. La primera, el 6 de enero, fue la de Elvira Fernández Yaipén, de 22 años, quien cayó desde el piso 12. No se planteó la posibilidad de suicidio, y la universidad anunció apoyo emocional y la suspensión de clases. El segundo caso ocurrió el 13 de abril: R.A.A.I., un estudiante de 23 años cayó desde el octavo piso. En esta ocasión, la hipótesis de presunto suicidio sí fue considerada por los primeros reportes.

En todos los casos, las universidades activaron protocolos de emergencia, suspendieron actividades temporalmente y ofrecieron condolencias. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los casos ha sido esclarecido completamente ni se han hecho públicas medidas institucionales de reforma o prevención estructural.

Testimonios y datos locales: un problema en crecimiento

Según un informe especial de RPP Noticias (2024), varios estudiantes peruanos han denunciado la falta de seguimiento y protocolos adecuados tras crisis emocionales. Uno de los testimonios relata que, tras un intento de suicidio dentro del campus, la respuesta fue: “Bueno, ya se desintoxicará sola”, sin mayor intervención institucional ni seguimiento clínico.

En la Universidad Nacional Agraria La Molina, estudiantes afirmaron que varios de sus compañeros se han retirado temporalmente por depresión, sin recibir apoyo profesional suficiente. El representante estudiantil Walter Alejos señaló que esta situación no es aislada, y que urge una respuesta coordinada entre el Estado y las casas de estudio (RPP, marzo 2024).

El Ministerio de Salud informó que, entre enero y abril de 2025, se registraron al menos 253 intentos de suicidio en el Perú, siendo la mayoría de los casos en personas de 15 a 29 años. La Asociación Psiquiátrica Peruana agregó que algunas universidades reportan entre 5 y 6 estudiantes con ideación suicida por día.

Informe de la UNESCO y recomendaciones clave

Frente a esta situación preocupante, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) publicó en octubre de 2024 un informe titulado "Apoyando la salud mental de los estudiantes de educación superior". En el documento se destaca que hasta el 50 % de los estudiantes universitarios presentan síntomas de problemas de salud mental. Uno de cada cinco sufre depresión, el 15 % ha tenido pensamientos suicidas, y entre el 2 y 3 % ha intentado suicidarse.

El informe propone varias medidas concretas que las instituciones de educación superior deberían implementar para hacer frente a esta crisis:

  1. Proveer atención psicológica gratuita dentro del campus, y garantizar su financiamiento en caso de que el sistema de salud no lo cubra.

  2. Establecer canales de ayuda diversificados: presenciales, telefónicos, por chat, disponibles 24/7.

  3. Capacitar a docentes y personal administrativo para reconocer señales de alerta en los estudiantes.

  4. Flexibilizar las políticas académicas: permitir pausas por salud mental, adaptaciones en exámenes o tareas.

  5. Integrar la salud mental en los servicios universitarios, no como un servicio aislado, sino como eje transversal.

  6. Promover campañas permanentes de sensibilización para reducir el estigma asociado a los trastornos mentales.

El documento también propone que los gobiernos aseguren que todas las universidades, públicas y privadas, cumplan con estándares mínimos en la atención de salud mental estudiantil, como parte del derecho a la educación y al bienestar integral.

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Urgencia de reformas reales en las universidades

Los casos recientes en universidades peruanas revelan un patrón de acción reactiva: se suspenden clases, se publican comunicados, se ofrecen condolencias y apoyo emocional momentáneo. Pero no hay evidencia de que estas medidas se hayan traducido en reformas reales, ni en presupuestos dedicados a salud mental, ni en ampliación de personal especializado.

A ello se suma el silencio mediático y el tratamiento superficial de los casos, donde muchas veces no se profundiza en los factores de fondo, como presiones académicas, aislamiento, falta de acceso a terapia o estigmatización del sufrimiento emocional.

Como sugiere el informe de la UNESCO, convertir la salud mental en prioridad institucional no solo puede salvar vidas, sino también mejorar la calidad educativa, la permanencia estudiantil y el desarrollo humano dentro del espacio universitario.

Ley de Salud Mental modificada

El 2 de julio de 2025, el Congreso aprobó una modificación a la Ley de Salud Mental con el objetivo de reforzar la prevención del suicidio en entornos educativos. Esta medida surge en respuesta a los recientes casos en universidades y al incremento sostenido de trastornos mentales en jóvenes.

Entre los principales cambios destacan:

  • Las instituciones educativas están obligadas a desarrollar campañas de prevención del suicidio al menos tres veces al año.

  • Cada universidad debe contar con un psicólogo a tiempo completo, con presencia efectiva y atención continua.

  • El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deberán elaborar indicadores para monitorear la salud mental en entornos educativos.

Adicionalmente, el Decreto Supremo N.º 011-2025-SA, publicado el 1 de julio, reglamenta el seguimiento y evaluación de las acciones en salud mental, exigiendo a las entidades públicas incluir presupuesto para estas actividades dentro de sus planes regulares, sin requerir recursos adicionales.

Estas disposiciones tienen un plazo de implementación de 180 días y representan un avance legal concreto frente a una problemática que ya ha cobrado vidas. No obstante, queda por ver cuán efectivamente se ejecutan estas obligaciones y si las universidades cumplen con lo estipulado en la norma.