He aquí 15 propuestas que vienen de mis muchos años como activista en derechos humanos. Se presentan sin ningún orden en particular.

  • Hace poco leí a un camarada plantear que, a veces, debemos retirarnos de los espacios que están irremediablemente capturados y pensar en formas alternativas de participación.

Estoy totalmente de acuerdo con su afirmación.

En las negociaciones de la sociedad civil en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO (respecto a directrices voluntarias sobre sistemas alimentarios), hacia el final, el grupo con el que trabajo estableció «luces rojas» no negociables.

Las mismas no fueron atendidas en la discusión con los Estados miembros, por lo que nos retiramos en la recta final de la negociación y las directrices fueron aprobadas sin el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de interés público.

Mantuvimos nuestros principios y los Estados miembros ricos y sus acólitos se salieran con la suya. El precedente que sentamos es importante: retírate públicamente si se pasan por alto las luces rojas que has establecido. Es eficaz convocar una rueda de prensa tras una derrota así.

  • Igual de importante es priorizar el apoyo a las organizaciones de base en lugar de centrarse sobre todo en gastar fondos en asistir a actos organizados principalmente por el Norte Global. (Dedicamos cientos de horas cerebrales colectivas a preparar nuestras críticas y posiciones e, invariablemente, acabamos decepcionados con decisiones/resoluciones que terminan siendo ‘diluidas’).

Así pues, ¿es provechoso que trabajemos en el ámbito de políticas públicas globales y dejemos de destinar más recursos organizativos a los niveles regional y local? (Asunto para reflexionar). Creo firmemente que los participantes en estos foros mundiales deben unirse para defender la elaboración de resoluciones/tratados vinculantes sólidos, evitando y rechazando los intentos de ya-saben-quién de controlar el proceso de negociación diluyendo los textos y convirtiéndolos en opcionales.

  • Sigue siendo la prioridad número 1 de los activistas movilizar recursos que lleguen y fortalezcan a las comunidades que se enfrentan frontalmente al extractivismo utilizando herramientas legales, culturales y/o de otro tipo. Sigue siendo una triste verdad que muchas pequeñas organizaciones o movimientos que hacen este trabajo no tienen acceso a fondos.

  • Otra lucha clave a nivel global, es conseguir que la ONU se aleje de arribar a un consenso como requisito para aprobar resoluciones. Es en estas negociaciones, hacia la fecha límite, cuando los documentos son diluidos por los Estados miembros ricos mediante negociaciones de tira y afloje (horse trading en ingles) sobre las cuestiones controvertidas restantes que quedaron entre paréntesis en el texto.

Si las resoluciones se votaran y se presentara una posición minoritaria de algunos Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil de interés público (OIP), ganarían aliados potenciales. (El pedir consenso es supuestamente para que los Estados miembros apliquen las resoluciones a nivel nacional, pero sabemos que las resoluciones se quedan en la «bandeja de entrada» y en la mayoría de los casos no se aplican).

  • Debe exigirse con mayor firmeza a los actores del sector privado que respeten los derechos humanos (y revelen sus conflictos de intereses) cuando participen en los foros de derechos humanos de la ONU o en otros foros. Como OIP, debemos evaluar cada uno de estos actores y denunciar públicamente su incumplimiento. Esto incluye denunciar el pecado de ser parte de una ‘puerta giratoria’. No denunciar los ‘pecadillos’ de estos actores debe dar lugar a sanciones.

  • La evaluación de la responsabilidad social de las empresas por parte de las OIP que actúan como perros guardianes es crucial. (Los perros guardianes son los mejores amigos del hombre: los perros muerden. Las organizaciones de la sociedad civil que actúan como perros guardianes deben vigilar como mastines que luchan contra las fuerzas oscuras de la ayuda externa al desarrollo, de la corrupción y de la incompetencia).

  • Las agencias de la ONU también tienen conflictos de intereses. Debemos insistir en que los revelen haciendo públicas todas sus fuentes de financiación en sus sitios web. Esto debe ser una obligación y no un acto voluntario. FIAN1 investigó a la FAO y no pudo obtener información sobre todos los financiadores; se les dijo que eran confidenciales].

  • Aunque no es algo nuevo, debemos seguir centrándonos en Nuestra Agenda Común 2030 en lo que se refiere al ‘multistakeholderismo’ en nuestro afán de evitar la captura corporativa. Tenemos que trabajar junto con un buen número de OIP que ahora exigen lo mismo.

El multistakeholderismo es un método de gobernanza que implica reunir a múltiples partes interesadas para abordar una cuestión común. Las partes interesadas son individuos u organizaciones que tienen un interés en la cuestión, es decir, que se ven afectados por ella o pueden afectarla. El interés propio de las empresas está integrado en el enfoque multi-partido. El multistakeholderismo también anima a los Estados a adoptar posturas que favorecen los intereses de sus corporaciones).

  • La diligencia debida obligatoria es sólo un paso (insuficiente) para acabar con la impunidad empresarial; no garantiza por sí sola la rendición de cuentas. Demasiadas organizaciones públicas y privadas a las que presionamos para que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos tienen ‘piel de elefante’; por eso la diligencia debida no funciona; no hay la voluntad política.

(La diligencia debida es una investigación, auditoría o revisión realizada para confirmar hechos o detalles de un asunto en estudio. Asegura que una institución o corporación toma las medidas razonables para satisfacer los requisitos legales y de derechos humanos).

(Permítanme que me explaye: La voluntad política suele entenderse como una mayor determinación por parte de los Estados. Pero la voluntad política no es propiedad de los políticos, que suelen actuar sólo en respuesta a la presión constante y convincente de los titulares de derechos organizados y movilizados y/o a la presión de sus aliados (sus compinches de la derecha).

Por lo tanto, no se trata de una falta de voluntad política, sino más bien de la acumulación de una voluntad política por parte de los poderosos para oponerse o paralizar la aplicación de políticas progresistas que abordan los abusos contra los derechos humanos. No podemos olvidar que una voluntad política debe partir de quienes ostentan el poder y, por tanto, depende de la capacidad de la sociedad civil de interés público local, nacional y transnacional y de los movimientos sociales para presionar a los gobiernos y a los organismos internacionales para que sean consecuentes con el marco de los derechos humanos. La falta de voluntad política depende de lo asimétrica que sea la concentración de poder.

  • Falta un mecanismo judicial independiente para la rendición de cuentas en materia de derechos humanos por parte de los actores empresariales y económicos. Debe considerarse seriamente la posibilidad de trabajar en ello, es decir, colaborar con jueces, legisladores y partidos políticos de izquierda. Esto supone una enorme tarea de capacitación por delante para implicar especialmente a jueces, parlamentarios y abogados en asuntos sobre el derecho internacional de los derechos humanos.

  • Que yo sepa, hemos hecho poco por denunciar enérgicamente la captura corporativa por parte de la industria armamentista. Dada la terrible situación actual, podemos aprovechar que esto tiene más resonancia entre el público y puede así ganarnos partidarios.

  • También, un recurso insuficientemente aprovechado, es revisar cuidadosa y sistemáticamente todos los Comentarios Generales y utilizar sus recomendaciones para reforzar nuestras demandas. Del mismo modo, debemos revisar todos los Órganos de Supervisión de los Tratados de Ginebra.

(Los Comentarios Generales aclaran el contenido de los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos de la ONU, a veces esbozando posibles violaciones de esos derechos y ofreciendo asesoramiento a los Estados Partes sobre la mejor manera de cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado de derechos humanos respectivo).

(Los órganos de tratados de derechos humanos son comités de expertos independientes que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos).

  • Tenemos que utilizar las Observaciones Finales que emanan del proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de países para monitorear su cumplimiento en materia de derechos humanos. Esto es clave para reforzar nuestros argumentos y nuestra defensa de dichos derechos.

(El Examen Periódico Universal 'EPU' es un mecanismo único del Consejo de Derechos Humanos que exige que cada Estado miembro de la ONU se someta a una revisión por pares de su historial de derechos humanos cada 4-5 años).

  • Debemos invitar a todas las OIP afines a unirse a las negociaciones en curso sobre un Tratado Vinculante relativo a las responsabilidades de las empresas trasnacionales en materia de derechos humanos. Un buen numero de OIP trabajan desde hace diez años en una campaña ad-hoc que participa en las negociaciones de Ginebra. (Si está interesado, póngase en contacto conmigo, mi correo electrónico.

  • Por último, creo que es crucial que los compañeros de las OIP y los movimientos sociales organicen retiros para revisarse/remisionarse a sí mismas teniendo en cuenta lo que se presenta en este artículo de Meer. Una de las ideas que podría tener impacto es designar un día de acción global conjunta por los derechos humanos cada trimestre.

Nota

1 FIAN.