Chile está de «vacaciones»: enero y febrero son meses donde tradicionalmente mucha gente tomas sus descansos anuales en el verano y todo se suspende. También se han suspendido las protestas sociales, pero en las redes sociales se promete que en marzo «se viene con todo». Como veremos, las grandes incógnitas que se presentan en el cortísimo plazo son muy preocupantes.

Antecedentes a considerar

Para tener una visión acerca del denominado «estallido social» tengamos presentes los «datos blandos», que, sin ser cifras econométricas, son hechos que generan indignación; y tengamos presente algunos datos, «duros», que son cifras que tras sus números están reflejando el drama social de Chile.

En mis dos artículos ya publicados acerca del tema — Causas y contexto de las protestas en Chile: Un estallido social relacionado con el paradigma que nos domina, publicado el 18 enero 2020; y el más reciente, *Decálogo para el Chile de mañana: 12 medidas urgentes para resolver el conflicto chileno, publicado el 26 enero 2020 — hago un diagnóstico acerca de por qué estalla este conflicto, y lo que se podría llegar a generar de hacer los cambios que la sociedad chilena requiere, que se traduce en reemplazar el actual modelo socioeconómico neoliberal a ultranza, por un modelo cuyo norte sea el Bien Común de los ciudadanos, más allá de las ideologías y de las creencias y más allá de los partidos políticos y de la clase política que los manejan.

Mas ahora estamos en otra fase.

Conversando con la gente, dialogando con personas de diferentes puntos de vista, pocos tienen duda acerca de que el «estallido social» es producto de la indignación y a veces de la desesperación de grandes capas de nuestra sociedad.

Datos blandos y datos duros

Los datos blandos de este estallido (lo «no cuantificable»), están relacionados con la impunidad con que actúan ciertos personajes, ciertas empresas y sus ejecutivos que son parte de quienes detentan el poder en el país, políticos, altos mandos de Fuerzas armadas, Poder Judicial , miembros del Ejecutivo incluido el presidente. También relacionado con la burla pública a que es sometida a través de los medios gran parte de la población. También los especiales privilegios de todo tipo de quienes son dueños del poder. La combinación de todos estos datos blandos, impunidad, diferente justicia penal según sea la familia, el cargo o los contactos del imputado, burlas a través de los medios y de expresiones burlescas y desdeñosas de parte de las elites hacia la población generan molestia, ira, indignación.

Los datos duros son una medida acerca de las penurias de gran cantidad de personas que sufren un modelo socioeconómico que ampara y estimula el egoísmo, la indiferencia, la inequidad en la distribución de los ingresos, la debilidad de las Instituciones, la extrema diferencia entre la educación, la salud y las pensiones entre quienes pueden pagar y tienen recursos respecto a la enorme mayoría que se mantiene con lo básico, sin compensación alguna por parte de lo público. Un sistema que ampara al sector privado que no tiene mayor control en su accionar muy especialmente las empresas de mayor poder.

Algunos datos duros:

Distribución de ingresos

El elemento más importante a tener en consideración es la fuerte disparidad en la distribución de los ingresos que percibe la población.

Es preciso reconocer, especialmente ante los suspicaces, que tal desigualdad económica no es en sí un problema para la sociedad. La dificultad se presenta, con mayor o menor gravedad, cuando la parte menos favorecida de la población no consigue vivir con su renta y menos aún, librarse de las deudas y salir de la pobreza.

Una primera revisión de tales antecedentes permite colegir que, en cuentas simples, el 76,5% de los trabajadores chilenos que ganan menos de 700.000 pesos, no puede sino tener un nivel de vida deficiente, en el que la pobreza se ancla por generaciones (fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos. 2019. Instituto Nacional de Estadísticas).

El Banco Mundial proporciona el detalle del ingreso por cada centésima de la población. De dichos datos se derivan varias conclusiones, entre las cuales, las dos más importantes son las siguientes: el 10% más rico de Chile recibe el 37,9% del ingreso nacional y el 1% más rico el 10,1%.

Según el Índice Gini, la desigualdad del ingreso en Chile es la 15ª peor del mundo (fuente: The World Factbook, Central Intelligence Agency).

La posición de nuestro país en esta clasificación es inaceptable. Es peor que la de empobrecidas naciones subsaharianas. En el marco de lo arriba señalado, cabe añadir que entre los 36 países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) la mejor distribución del ingreso es de Islandia con un 0,244. A nadie puede extrañar que nuestro sufrido Chile registre la peor. El índice es 0,465.

Endeudamiento de la población

Al primer semestre del año 2019, la deuda media total de los hogares chilenos ascendía al 73,5% de sus ingresos anuales, fenómeno que afectaba a 11 millones de personas mayores de 18 años (fuente: Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile).

Morosidad

En 2019, la deuda morosa promedio, que afectaba al 33% de la población mayor de 18 años, es decir, a 4,6 millones de chilenos, era de 1.800.000 pesos per cápita. Este número aumenta de modo inexorable. Lo verdadero es que esa deuda difícilmente va a ser pagada (Estudio de la Universidad de San Sebastián, Mapcity y su matriz Equifax, agosto de 2019).

​Pensiones

En junio de 2019 el promedio de la jubilación de los hombres llegó a 290.070 pesos. En tanto, el de las mujeres fue de solo de 176.856. Estas cifras no requieren de comentarios. Son elocuentes, tanto en lo referido a lo reducidísimas de éstas como a la brecha según sexo (fuente: Informe de género sobre el sistema de pensiones y seguro de cesantía. Superintendencia de Pensiones, 2019).

La gran incertidumbre del presente

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es el notar cómo la policía chilena simplemente está sobrepasada por quienes cometen actos de destrucción. El Plan de Valparaíso, la región en la que yo vivo, está destrozado. Los negocios incendiados o saqueados. Parece un estado de guerra. Los delincuentes, entre los cuales aparentemente hay bandas de narcotraficantes y delincuentes habituales, actúan impunemente.

Nada tienen que ver con las protestas, actúan de manera paralela, con gran libertad, han hecho lo que se les da en gana. Esto es de la más alta preocupación ciudadana. Carabineros de Chile (parte fundamental de la policía del país), ha fallado en asegurar que las protestas se realicen pacíficamente y que los delincuentes no actúen impunemente. Institucionalmente, Carabineros está altamente deslegitimado ante la población debido a la sensación de inseguridad ciudadana. No sólo por los robos cometidos por sus altos mandos de cifras altísimas de las que aún no se conocen sus montos, sino por su actuar en este periodo de protestas.

Lo fundamental es establecer cómo debe actuar la autoridad policial ante las manifestaciones pacíficas masivas, cómo lo debe hacer ante los grupos vandálicos que pueden infiltrarse en esas manifestaciones, que son muy pocos en cantidad pero que es sabido cómo actúan, y en cómo actuar frente a delincuentes que de manera organizada se ocupan en atacar cuarteles, en destruir y asaltar negocios y otras acciones delictuales de ese estilo.

Esto requiere protocolos claros, armas adecuadas, personal seleccionado que no sean psicópatas o enfermos sexuales, entrenamiento operativo y conciencia cultural. Eso es lo que está faltando en Chile.

Las fuerzas policiales deben contar con recursos para repeler eficazmente a los delincuentes que se infiltran en las protestas y a aquellos que atacan cuarteles y/o negocios. Si es necesario debe haber apoyo de cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas y una capacidad adecuada de estos tipos de organización para proceder con energía y resolución. Pero al mismo tiempo respetar a quienes pacíficamente protestan de manera masiva.

Si fallece un delincuente por este tipo de acciones o queda herido, nadie podrá reclamar nada: será un riesgo conocido e informado que el delincuente asume.

El tema es cuando los delincuentes hacen lo que se les antoja porque no hay protocolos claros al respecto en el país y se termina atacando a quienes protestan pacíficamente dejando a los delincuentes en la libertad de actuar y en la impunidad. Eso es lo más grave y está ocurriendo.

Hay una sensación de ineficiencia general de los cuerpos policiales.

El Gobierno tampoco ha estado a la altura en este aspecto. Tampoco ha sido capaz de «leer» que el tema fundamental de la protesta se canaliza por dos ámbitos principales: a) el actual modelo socio económico neoliberal a ultranza que debe desaparecer y b) la cultura de egoísmo, irresponsabilidad, injusticia, desigualdad como algo «natural y aceptable» que debe cambiarse drásticamente y que va de la mano con el cambio estructural del actual modelo.

Es un tema urgente esencial y estructural en Chile. La «cultura chilensis actual» no da para más.... Y si se logra una nueva Constitución, lo prioritario ha de ser apuntar al Bien Común, para generar un cambio cultural hacia la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, una justicia similar para todos, y así sucesivamente: un drástico cambio del modelo actual. Un papel activo del estado chileno para que nuestros inmensos recursos se aprovechen en beneficio de la ciudadanía. Por supuesto aplicar la voluntad ciudadana para lograr ese cambio cultural al mismo tiempo que el cambio de modelo socio económico ya que ambos van de la mano.

Conclusión

La población del país tiene grandes esperanzas en que se puedan ir tomando medidas en lo inmediato, mientras se realiza el «proceso constituyente» que se espera sea aprobado en el plebiscito de abril por una gran mayoría del país. Ese proceso puede ser de unos dos años. La gente espera que desde ya, con la debida urgencia, se vaya modificando la estructura del actual modelo socio económico hacia uno que apunte al Bien Común, con un papel más activo de parte del Estado, con cambios tributarios que permitan un trato diferente a las empresas privadas dueñas de concesiones de recursos mineros para generar los recursos financieros que permitan una educación pública de calidad, una mejor salud y pensiones más dignas para la población. El Estado debe ser activo en el modelo futuro de Chile y requiere urgentemente de recursos financieros que si se hacen las modificaciones estructurales están a la mano.

Que se genere un marco educacional de calidad orientado a formar ciudadanos responsables con una cultura centrada en valores humanistas y al mismo tiempo formando sus capacidades para poder aportar y contribuir a la sociedad.

Sin embargo, al mismo tiempo hay una inmensa incertidumbre por la violencia potencial existente de grupos aparentemente organizados para destruir nuestras ciudades y nuestros barrios ante la pasividad de las policías chilenas. Además, tenemos un gobierno ausente, que no toma las medidas que la población exige ya que insiste en mantener el actual modelo socioeconómico y no es capaz de escuchar la esencia de la protesta social que apunta a cambiar el actual modelo. Piñera tiene una aprobación que ha variado entre el 5 y el 9% de la ciudadanía de acuerdo a las encuestas. En la práctica Chile está sin Gobierno. La combinación de no tener policías que enfrenten a los delincuentes ni un Gobierno que realmente gobierne al país es altamente preocupante. La gente tiene incertidumbre y muchos están atemorizados. Esa es la situación actual que yo capto en nuestro país.