Después de analizar en un artículo anterior las causas y el contexto que explica la violencia que sacude Chile desde hace meses, fruto de un malestar e injusticias incubadas durante años, se presentan a continuación una serie de medidas fundamentales para la resolución del conflicto.

¿Qué hacer para encauzar el conflicto de la mejor manera (más justa)?

Esbozaré algunas pautas de acción que son fundamentales. Sólo dan una idea básica.

1. Bien Común

Definir con claridad que el país que anhelamos prioriza antes que nada el Bien Común, que se traduce en igualdad ante la ley para todos sus ciudadanos independientemente de su cuna, su ideología, creencias y así sucesivamente. Que se traduce en el respeto a la diversidad y en el aprendizaje respecto a la misma. Que se traduce en dignidad para todos sus ciudadanos, tratando de garantizar una educación laica, de calidad, gratuita y altamente orientada hacia una cultura de valores humanistas y ética, a una salud, a una previsión, a una seguridad ciudadana garantizada por el estado chileno, lo que determina el papel del estado, el papel de la propiedad privada, el papel esencial de las empresas y de los empresarios, una adecuada descentralización y desarrollo regional del país con las correspondientes autonomías regionales que la hagan efectiva y operativa, una institucionalidad renovada, recursos naturales de propiedad de la nación para generar los máximos recursos para financiar el Bien Común de sus ciudadanos en lugar de priorizar a las grandes corporaciones internacionales o a determinadas Corporaciones nacionales, un sistema tributario que genere recursos adecuados para el financiamiento de las diversas formas en que se manifiesta el Bien Común, propendiendo a que quienes más ganan más paguen, es decir un sistema progresista que ayude a generar una mayor igualdad social y de oportunidades, y así sucesivamente. Esta definición de las características que deseamos para nuestra Nación es fundamental.

2. Constitución Política

Lo anterior se ha de traducir en una Constitución Política del Estado que garantice que el país se orientará hacia el Bien Común, evitando y eliminando los privilegios sociales como los que actualmente existen según profesiones, orígenes de familia, cargos y/o contactos entre otros aspectos. Que su redacción sea clara garantizando que el espíritu de la Constitución no se vea alterado en base a maniobras de quienes a través de cualquier vía (como lo sucedido con los recursos mineros del país), caigan en manos de quienes no tengan como meta el Bien Común sino sus intereses egoístas corporativos. Es necesario reconocer que Chile es un país con muchas riquezas naturales, con un enorme potencial de su gente, un país poco poblado que sin duda alguna puede dar un bienestar mínimo garantizado a sus ciudadanos y generar las bases para que cada cual encuentre el sentido de sus vidas. Ese sentido siempre será más pleno si está orientado hacia el bien, hacia lo constructivo, hacia la plenitud del aporte al prójimo, que a la mera acumulación de poder por cualquier medio y con cualquier efecto.

3. Proyectos específicos, no partidos políticos

Requerimos un cambio fundamental en el concepto mismo de aplicación de los principios democráticos: no seguir basados en partidos políticos sino en candidatos que se presenten sobre la base de «Proyectos específicos» a concretar y/o avanzar según programa, durante sus períodos de representación popular. Ello requerirá que personas capaces, con conocimientos y experiencia, con posibilidad de asesoría técnica, con valores éticos y probidad comprobada, escuchando a la gente a través de cabildos participativos, y diversos modos de participación, esbocen un conjunto de proyectos de prioridad ciudadana y tras dichos proyectos existan personas que se presenten en determinadas listas para las votaciones. Quienes sean electos y no cumplan con concretar sus proyectos en sus mandatos, evaluados según indicadores pertinentes, tendrán una calificación que no los hará aptos para volver a postularse. Como todos los candidatos apuntarán de acuerdo a la Constitución hacia el Bien Común, y como habrá participación ciudadana, estamos hablando de un sistema participativo, comunicacional, representativo y con indicadores de eficiencia. La ciudadanía será parte de un proceso donde priorizará los proyectos orientados al bien común. A la vez podrán votar por aquellos candidatos que para la concreción de esos proyectos les da más confianza. Los partidos políticos representan determinados intereses corporativos y sin duda están sobre la base del paradigma actual de los opuestos y conflictos que se busca superar. Las ideologías que los partidos representan están obsoletas bajo el prisma del Bien Común dado que la Nación ha de gobernarse sobre la base de proyectos que apoya la ciudadanía para su beneficio como conjunto. Los diversos detalles de cada proyecto serán también de orden técnico, urbanístico, económico, y además de contar con las asesorías técnicas correspondientes se definirá con alto grado de participación ciudadana, sin perder la eficiencia requerida.

4. Descentralización

En términos de poder llegar a una adecuada descentralización económica y administrativa, cada región ha de concebirse con una adecuada autonomía política, administrativa y financiera. Sin duda, la Nueva Constitución tendrá que considerar este tema.

Cada región y cada comuna ha de tener sus representantes para proyectos de índole Comunal y Regional, los que tendrán que concretarse dentro de los plazos y avances que se hayan propuesto. A nivel nacional, habrá representantes elegidos para proyectos de esa índole tal cual se plantea en el punto anterior. Todos los ámbitos de tipo elección popular han de estar bajo sistemas participativos, comunicacionales, representativos y con indicadores de eficiencia para quienes hayan sido electos.

Las temáticas que tienen relación a las ciudades que se desean y a la compaginación equilibrada de las actividades, deberán tratarse de manera colegiada y en equipo, acordando protocolos y metodologías para definir lo más consensuadamente posible las diferentes variables en juego.

5. Sistema judicial

Un sistema judicial que garantice igualdad ante la Justicia y un grado adecuado de penalidades respecto de los delitos que a lo menos compensen la totalidad del daño efectuado hacia la sociedad. Habrá que estudiar algún sistema de penalizaciones y de defensorías que eviten la sensación de indefensión ciudadana ante una justicia que a veces parece tender hacia la impunidad de delitos, según de quien se trate el imputado y sus particulares características en lo social, familiar o de cargo que tenga. No soy abogado, de manera que en este ámbito no tengo las competencias para dar más elementos. Más como simple ciudadano que razona, siente y valora lo que sucede, comparto una sensación de complejidad y de impunidad propios del sistema actual que debe superarse. No sé si tiene sentido tratar de “actualizar” el Sistema Penal para una cantidad de delitos enorme algunos de los cuales hace pocos años ni existían. Por otra parte, a veces, el sentido común, la sabiduría del hombre sencillo, a veces podría aplicarse para que los castigos, las penalizaciones estén al nivel que correponde a lo menos con el daño causado, Es un gran desafío.

La posibilidad de trasformar los recintos carcelarios en lugares para recuperar a los delincuentes socialmente recuperables y para relegar a los irrecuperables de manera que no sean un peso tan grande para la sociedad haciéndolos trabajar para su sustento todos los días. Esta ha de ser una tarea fundamental en el corto y mediano plazo con la posibilidad de implementar islas y lugares aislados y lejanos a las ciudades como recintos de «recuperación social de delincuentes penalizados».

6. Delincuencia y represión

Respecto a la delincuencia, la represión por sí sola no soluciona lo esencial. Más aún, de quedarnos en la mera represión como sucede actualmente, puede agravar aún más las cosas. Es necesario generar una base institucional que permita aunar y combinar esfuerzos en hacer un diagnóstico al interior de las diversas formas de delincuencia que están operando, teniendo en cuenta que las Instituciones del país comenzando por las de Inteligencia y las policiales son absolutamente torpes, sin una adecuada preparación y fácilmente superables, aprovechando esas circunstancias. Es necesario generar recursos e institucionalidad de manera urgente para dar apoyo a que esas personas susceptibles de ser salvadas para beneficio de una sociedad que prioriza el bien común, se trasformen en ciudadanos aptos para aportar socialmente. Será un trabajo de mediano y largo plazo, pero debe encararse desde ya. Esto tendría que combinarse a lo señalado en el punto anterior en relación a lo judicial.

7. Salud pública y drogas: un nuevo paradigma

Habrá que estudiar seriamente la posibilidad de legalizar las drogas de manera de eliminar de hecho a los narcotraficantes y generar unas bases legales para tratar este tema de manera inteligente, aprovechando experiencias de países que llevan tiempo en este proceso, lo que además del efecto terapéutico, el control del comercio de la droga y los impuestos que genera, implicará recursos financieros para recuperar a los adictos y para desincentivar el consumo de estos elementos tan dañinos a la salud. Esto debe ser institucionalizado sobre la base de estudios serios, científicos, no ideologizados, que permitan adoptar las adecuadas soluciones a un tema de por sí complejo.

8. Instituciones deslegitimadas

En el corto plazo, las actuales Instituciones, han de reconocer su escasa aceptación ciudadana y el alto grado de desconfianza que respecto a las mismas existe. Han de generar una capacidad de escuchar a los sectores ciudadanos organizados, dialogar con estos y generar un sistema de participación ciudadana y de comunicaciones que permita escucharse y de manera urgente generar las mejoras de tipo social y económica que se requiere. El sistema tributario ha de ser rápidamente modificado para implementar de manera paulatina lo que se señala en el primer punto de esta sección (¿Qué hacer?).

9. Estado social y políticas públicas

De manera urgente modificar el papel del Estado, transformándolo desde un elemento «subsidiario al sector privado» como lo es en la práctica actualmente, en un Organismo Institucional que promueva la actividad económica, cultural, deportiva y así sucesivamente, la innovación, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales para que entreguen el máximo de recursos para el Bien Común, el estímulo al sector privado a invertir pensando no sólo en una rentabilidad adecuada sino en colaborar al Bien Común de la sociedad. Que el estado y los municipios puedan hacer empresas autónomas productivas, competentes, innovadoras en todo sentido: tecnológico, de gestión, de aporte social, asociaciones mixtas con empresas privadas que aporten aspectos necesarios y de interés técnico, financiero, de gestión, a determinadas actividades, y así sucesivamente. Un estado activo, eficiente, con personal técnico y de principios éticos y probidad conocidos, incentivador, regulador y controlado atento a generar el mayor Bien Común posible a la nación chilena. Desaparecen de todos los organismos vinculados a lo representativo y al trabajo fiscal los operadores políticos que en general no tienen especialidad alguna y su «trabajo» es promover apoyos de ciudadanos para determinados personajes en cargos de representación.

10. El plebiscito

También en el corto plazo, que el plebiscito vinculante acerca de temas de interés nacional y/o regional sean posibles según el protocolo que se determine. Ello no obsta que muchos de los aspectos señalados en el ¿Qué Hacer? puedan ser partes directas o indirectas de la Nueva Constitución Política que de manera paralela se deberá confeccionar de acuerdo a los protocolos que se fijen y según se haya elegido a nivel ciudadano. El proceso Constituyente ya está aprobado legalmente y está pensado para desarrollarse paralelamente a la labor de legislar para crear una nueva Institucionalidad, o para adoptar acciones puntuales y urgentes que se requieran por la urgencia de ir pensando en nuevas estructuras socio económicas (materias vinculadas a salud, pensiones, educación, descentralización política administrativa, etc.).

11. Institucionalidad

Dejar en claro como un aspecto fundamental actual, que ante la debilidad de las Instituciones vigentes, estas tendrán que escuchar lo que las organizaciones sociales vayan proponiendo para generar los cambios legales que sean requeridos para ser implementadas con la mayor eficiencia. Los cambios estructurales de transformación del actual modelo se pueden ir generando de manera paralela al proceso Constituyente. Hay muchos detalles prácticos que habrá que ir solucionando. En estricto rigor las Instituciones vigentes y sus personeros han de reconocer que no están validadas ante la ciudadanía y que han de ponerse en disposición de aceptar la participación ciudadana y lo que de esta determine. La Institucionalidad actual ha de ser una facilitadora de la participación ciudadana trasformando paulatinamente la legislación con miras al Bien Común.

12. Medios de comunicación

Los canales de TV y los medios han de colaborar en esta transformación de nuestra sociedad y para que eso suceda tendrán que revisarse muchos de los aspectos con que actualmente se manejan. El Bien Común ha de estar por encima de los particulares intereses de los dueños de esos medios. Eso es clave para que el proceso de culturización en un nuevo paradigma sea posible. Y las Instituciones tendrán que generar las bases legales para que esto ocurra.

Corolario

La Constitución Política del Estado ha de procurar que la Nación chilena se oriente al bien Común de la ciudadanía más allá de aparentes defensas corporativas o sectoriales. Ha de tener una redacción tal, que logre impedir que a través de «juegos leguleyos» se modifique el espíritu de la misma. Siempre interesará lograr equilibrios, acuerdos, proyectos que apunten al Bien Común, al bien de la mayoría ciudadana. Ese será un proceso paralelo pero que a su vez estará muy comunicado con las medidas de corto plazo que se vayan adoptando de manera que estén amparadas por el texto constitucional.