El lema sobre «otro mundo posible» lleva ya 25 años en boga, pero hoy es más actual que nunca y, al mismo tiempo, está más lejos que nunca. Los participantes del Foro Social Mundial que lo impulsaron en sus inicios pensaban que no necesitaban la política para crear una nueva realidad; creían que una sociedad civil global dinámica bastaría para mejorar el mundo. Sin embargo, esa sociedad civil global no existe y el proyecto fracasó.

Aunque a finales del siglo XIX ya se hablaba de «globalización» —y la exploración del mundo por parte de Occidente había comenzado quinientos años antes con las expediciones y la colonización—, no fue hasta tras la Segunda Guerra Mundial cuando se concibió el plan de convertir el mundo en un lugar «mejor». Al menos, eso era lo que se prometía.

Las colonias pasaron a ser Estados independientes, los imperios francés y británico se disolvieron y Estados Unidos asumió un papel dominante apoyado en las instituciones creadas por los vencedores de la guerra: la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se proyectaban grandes planes y se hablaba de «desarrollo» bajo premisas que hoy han perdido credibilidad tanto para los progresistas como para los neoliberales.

Los «nuevos» países se reunieron en Bandung, la ONU aprobó resoluciones sobre el desarrollo junto con una declaración para un «Nuevo Orden Económico Internacional», y Willy Brandt redactó dos informes magistrales sobre las medidas necesarias para garantizar un nivel de vida digno a la población mundial. En la Unión Europea se creó un fondo para estabilizar los precios de las materias primas exportadas por los países en desarrollo, se constituyó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y se trazaron planes concretos para un desarrollo «social».

Pero todo fue en vano. Se han hecho múltiples análisis sobre las causas de este fracaso; baste señalar aquí que la práctica de la «cooperación al desarrollo» no se correspondió en absoluto con la teoría ni con las buenas intenciones declaradas. La mentalidad colonial nunca desapareció y el desarrollo se estancó en un callejón sin salida.

Ese colapso coincidió con la crisis de la deuda externa, la imposición de los «ajustes estructurales» y la consolidación del neoliberalismo. De pronto, la «economía del desarrollo» fue sustituida por el pensamiento único (pensée unique). La economía quedó fuera del debate político y democrático: las reglas estaban fijadas y, a partir de ese momento, la lucha contra la pobreza debería darse únicamente dentro de ese nuevo marco.

Trabajar por un mundo nuevo

En ese contexto, a principios de siglo, se multiplicaron las voces que reclamaban «otro mundo». Ya en los años 80 se había acuñado el concepto de «desarrollo sostenible» y se empezó a prestar atención al papel de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Sin embargo, las alternativas al neoliberalismo —desastroso en lo económico y en lo social— brillaban por su ausencia. Inicialmente, esto podía explicarse por la caída del Muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista o comunista; estaba claro que el «socialismo real» ya no resultaba atractivo para casi nadie.

No faltaron análisis sobre cómo el capitalismo destruía el planeta ni sobre cómo el libre comercio despojaba y empobrecía a los países más vulnerables. Aunque los enfoques de la «nueva descolonización» y el «posdesarrollo» lograban visibilizar numerosos focos de conflicto, seguían sin ofrecer una alternativa estructurada.

Entretanto, hubo un país que sí se desarrolló, se industrializó y prosperó bajo sus propias reglas: China. Su éxito económico despierta admiración, aunque no se ajuste a los pregonados valores occidentales dada su limitación de derechos y libertades. Su progreso tecnológico y material, sin embargo, es innegable.

Incapacidad

Es erróneo afirmar que no se trabajó en alternativas al capitalismo occidental y a las teorías tradicionales del desarrollo. Lo cuestionable es hasta qué punto constituían verdaderas alternativas.

Tomemos como ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Vistos con objetividad, plantean un mundo diferente, se aplican tanto al Norte como al Sur y, de cumplirse plenamente, garantizarían una vida mejor para la humanidad. Sin embargo, los avances son mínimos, tal como refleja el informe de 2026 sobre la materia: de los 139 objetivos cuantificables, apenas el 15 % va por buen camino, mientras que otro 15 % presenta peores indicadores que en 2015. Actualmente, el 10 % de la población mundial vive en la pobreza extrema y 2300 millones de personas sufren inseguridad alimentaria.

Esto puede atribuirse a la falta de voluntad política, sin duda, pero también a la incapacidad de lograr transformaciones reales dentro de un marco económico-financiero donde la distribución del poder solo beneficia a quienes ya lo ostentan todo.

Suele reprocharse a la ONU ser un foro de debate incapaz de aportar soluciones concretas. En parte es cierto, pero conviene recordar que las organizaciones interestatales nunca son más fuertes que los Estados que las integran.

Lo que la ONU sí puede hacer —y hace— es elaborar alternativas sobre el papel. En ese aspecto, la institución es efervescente. Al releer los primeros informes del PNUD de comienzos de los años 90, sorprende su audacia y visión de futuro: fue la primera entidad en alertar sobre la insostenible desigualdad global y en proponer una Carta Social Mundial basada en la «seguridad humana». La sociedad civil podría haber asumido esa hoja de ruta, pero en la práctica no fue así.

Iniciativas locales

Ciertamente se trabaja en una cantidad ingente de proyectos, pero a escala local. Muchos movimientos sociales acabaron alejándose del enfoque global. Las propuestas más articuladas proceden de la denominada «economía social y solidaria» (ESS): proyectos socioeconómicos que permiten a las comunidades ser autosuficientes mediante la colaboración, erradicando la pobreza y garantizando la seguridad alimentaria. Son iniciativas muy valiosas e integrables en diversos sectores de producción y consumo. Se trata de formas de construcción social que no tienen por qué limitarse al ámbito comunitario; de hecho, en el pasado existieron grandes cooperativas nacionales e internacionales en sectores como la banca y los seguros, y hoy muchas iniciativas locales cooperan a través de redes internacionales.

No obstante, la ESS opera dentro de un marco capitalista que no puede transformar por sí sola. Además, debe competir con empresas convencionales que no están sujetas a sus elevados estándares éticos.

Por último, existen sectores donde resulta sumamente difícil sustituir los sistemas de producción global, como la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles, automóviles, aviones o barcos.

En otras palabras, la economía social y solidaria es útil a nivel local y se encuadra entre las iniciativas que «mejoran la vida», no entre las que «transforman el mundo». El sector de la ESS coexiste en paralelo con un sistema capitalista destructivo.

Incluso cuando estas iniciativas se conceptualizan bajo la noción de los «bienes comunes», las limitaciones persisten. Los filósofos que han intentado otorgarles una dimensión planetaria tropiezan con las mismas barreras: los «comunes globales» siguen siendo, por ahora, una práctica política cuya viabilidad generalizada está por demostrar.

Las iniciativas con vocación de futuro se verán obligadas a ampliar su horizonte. No se trata solo de la autosuficiencia local, sino de frenar una desigualdad global insostenible provocada por instituciones que perpetúan la miseria y consolidan el poder de las élites. La pobreza no es un fenómeno natural, sino el resultado de procesos políticos. Para cerrar las «fábricas de pobreza» no basta con actuar a escala local ni estrictamente nacional.

Iniciativas mundiales

Ni el Foro Económico Mundial de Davos ni el Foro Social Mundial de Porto Alegre han logrado trazar líneas claras para estructurar un nuevo orden internacional. Ambos se han quedado estancados en buenas intenciones que, bajo las correlaciones de fuerza actuales, carecen de viabilidad. El debate sigue oscilando entre la soberanía de los Estados nacionales y las alianzas internacionales, entre la nacionalización de la economía y la internacionalización de la lucha social. Hoy en día, las ideas más disruptivas emergen más del sector tecnológico que del Banco Mundial o de la ONU.

Debería ser evidente que ningún país, por poderoso que sea, puede resolver de forma aislada los grandes desafíos globales (sociales, económicos o ecológicos). Insistir en el marco exclusivo del Estado nación reduce la política a una mera lógica de poder, donde se pretende solucionar los problemas imponiendo la propia voluntad sobre los demás, que es precisamente el juego que juega actualmente Estados Unidos.

Quien quiera frenar el cambio climático deberá cooperar a nivel multilateral; quien busque gestionar los flujos migratorios tendrá que atajar la desigualdad; quien aspire a frenar el auge de la extrema derecha deberá poner los derechos económicos y sociales en el centro de la agenda; y quien pretenda erradicar la delincuencia organizada tendrá que armonizar los marcos legales internacionales.

Ante cada gran catástrofe se demuestra el enorme potencial de solidaridad existente. Ya sea en Gaza, o frente a inundaciones, incendios forestales y terremotos, la gente se moviliza para ayudar. Sin embargo, ese potencial apenas se aprovecha para articular a la sociedad civil a escala internacional.

No hay por qué elegir entre lo local, lo nacional y lo global; es imprescindible actuar en los tres niveles de forma complementaria.

Los movimientos nacionales deben articularse con el trabajo técnico elaborado a escala global, tanto por las agencias de la ONU —con sus rigurosos informes— como por las organizaciones de la sociedad civil que auditan los programas de austeridad del FMI y el Banco Mundial, la deuda internacional, la protección social universal o el derecho a la vivienda. Hoy por hoy, esa articulación sigue siendo mínima.

El único programa ambicioso a largo plazo estructurado actualmente es el formulado por Thomas Piketty y el World Inequality Lab. Su Global Justice Project fija la mirada en el año 2100 con propuestas técnicamente viables —muchas con antecedentes históricos— sustentadas en un riguroso análisis estadístico.

Puede parecer utópico, pero es perfectamente realizable: habitabilidad planetaria, justicia social y una nueva arquitectura financiera. Si se alcanzan esos tres objetivos, el sistema económico habrá cambiado hasta volverse irreconocible.

Ese debe ser el norte. Existen personas y movimientos en todos los niveles dispuestos a comprometerse con ello; lo único que necesitan es organizarse.