Sentirse orgulloso del propio origen exige también asumir compromisos que vuelvan congruente ese principio. Entre ellos, uno de los más decisivos consiste en participar activamente en la construcción del bienestar y de la democracia, no como una consigna abstracta, sino como una práctica cotidiana de responsabilidad.

En mis sesiones de coaching cito con frecuencia a Nicholas Murray Butler, pedagogo y filósofo estadounidense, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1931, a quien se le atribuye la idea de que el mundo está dividido en tres clases de personas: un grupo muy reducido que hace que las cosas pasen; otro, un poco mayor, que ve cómo pasan; y la gran mayoría, que nunca sabe qué pasó.

Al citarlo, exploro con mis clientes qué postura deciden asumir frente a sus adversidades y, sobre todo, ante su crecimiento profesional. La respuesta casi siempre es la misma: formar parte del primer grupo. Es decir, adoptar una postura proactiva, reducir al mínimo la segunda —la reactiva— y evitar, a toda costa, la última: la pasiva.

Participar activamente significa, precisamente, formar parte de ese primer grupo del que habla Butler: asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos y de las acciones que emprendemos. Pero ¿en qué consiste esa responsabilidad en un mundo cada vez más anónimo y, con frecuencia, mal informado?

Conviene reconocer, antes que nada, que la democracia y el bienestar no dependen únicamente de los gobiernos; dependen también de la ciudadanía, que participa —de manera visible o silenciosa— en la configuración moral, política y social de una nación.

De ahí que la construcción de una nación más equitativa nos corresponda a todos. Es en la conciencia cívica donde un país encuentra una parte esencial de su fuerza: allí el gobierno puede avanzar con legitimidad, las instituciones consolidarse, la sociedad confiar y la economía respirar con mayor estabilidad.

Por ello, me parece indispensable volver sobre una verdad esencial: la democracia no se sostiene solo en leyes ni en instituciones, sino en la conciencia de ciudadanos comprometidos que ejercen sus derechos y asumen sus responsabilidades. El bienestar colectivo depende, en buena medida, de la lucidez y de la acción consciente de cada persona.

En México, la vida pública suele quedar atrapada entre ataques mediáticos y confrontaciones partidistas. En lugar de propiciar la colaboración que exigen nuestros desafíos comunes, esa dinámica ahonda la fractura. Y cuando la disputa por el poder ocupa el lugar del diálogo orientado al bien común, lo que se erosiona no es solo la confianza social: también se debilita la posibilidad misma de un horizonte compartido.

¿Es acaso una utopía que los individuos tengan la firme convicción de estar con su país? No con un partido, sino con su país. Solo así podríamos dar continuidad a nuestro propio bienestar.

Hoy es frecuente observar que algunas fuerzas políticas parecen sostenerse más en la crítica constante al gobierno que en la presentación de propuestas claras para el país.

Mientras tanto, los avances que sí existen suelen minimizarse o descontextualizarse, y con ello se alimenta una desconfianza persistente hacia las instituciones, así como una fragmentación social que abre espacio a discursos excluyentes, ajenos al ideal de nación que convendría preservar y ensanchar.

Si insistimos en un discurso centrado únicamente en nuestras diferencias —económicas, culturales, étnicas o de género—, corremos el riesgo de olvidar lo que nos une. Por eso, más allá de toda distinción, conviene recordar nuestro denominador común: somos mexicanas y mexicanos.

El primer grupo —el que hace que las cosas pasen— exige más trabajo; por eso es también el más escaso. Asumir esa postura implica entrar en una disciplina de atención y de criterio: informarse, deliberar, contrastar, decidir con base en datos duros y en una conciencia orientada al bien común. El voto informado es una de sus expresiones más visibles; también lo son la vigilancia ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y la capacidad de interpelar al poder sin renunciar a la responsabilidad.

Conviene reconocer el alcance de la participación ciudadana en las decisiones locales, en los proyectos comunitarios y en los cambios legislativos. También es necesario dar lugar a una crítica que construya y a un debate sostenido por información fidedigna. El conflicto existe y negarlo no lo resuelve. Comprender las diferencias, trabajarlas y transformarlas en posibilidad común: en eso consiste, acaso, la madurez de quienes deciden hacer que las cosas pasen.

Cada acción y cada decisión consciente dejan una huella tangible en la vida social. Cuando una persona está bien informada, sus decisiones pueden orientarse hacia propuestas que fortalezcan el bien común. Cuando participo voluntariamente en mi comunidad, constato lo que falta, lo que funciona y lo que fracasa; y, a partir de ello, puedo actuar con mayor sentido y responsabilidad.

La transformación del entorno no es tarea exclusiva del gobernante; también lo es de una ciudadanía activa. Desde el bacheo de una calle hasta la denuncia de un mal servidor público, y desde el voto informado sobre quienes nos representan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y, hoy también, Judicial, todo forma parte de una responsabilidad compartida.

La transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas en las gestiones administrativas no son un adorno institucional: son un compromiso ineludible si de verdad queremos hacer que las cosas pasen. Cada voto, cada acción, cada decisión consciente cuenta. La construcción de un México justo y democrático no puede recaer en unos cuantos: exige una responsabilidad compartida, una vigilancia viva, una disposición ética a participar en lo común. Porque una nación no solo se define por las decisiones de sus gobiernos, sino también —y quizá sobre todo— por la calidad de la conciencia con que su ciudadanía decide habitarla.