Habitar el territorio argentino en estos últimos años y pertenecer a las clases sociales que dependemos de un salario para vivir es saber, cada vez con una certeza mayor, que el gobierno de Javier Milei no viene a representar los intereses de la mayoría del pueblo argentino. Muy por el contrario: sus compromisos y acciones están orientados al empobrecimiento inmediato de la población en pos del enriquecimiento del sector financiero y bursátil, los agroexportadores, y las empresas energéticas y mineras.

En paralelo, entre los sectores más perjudicados por esta gestión se destacan los jubilados y jubiladas, el personal estatal y de salud, las personas con discapacidad y quienes se dedican a la investigación científica en el país.

Pero no todas las noticias son económicas, porque el avasallamiento sobre los derechos y las condiciones de vida de la población va incluso más allá. Recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una propuesta de modificación de la Ley Nacional de Glaciares bajo el pretexto de fomentar la producción. El argumento oficial es que la normativa actual resulta "retrógrada" para el crecimiento económico por impedir la actividad extractiva en zonas protegidas, buscando así eliminar las restricciones a la megaminería en áreas de alta montaña.

Cabe recordar que la ley vigente reconoce a los glaciares como bienes de carácter público. Su objetivo es preservar los ambientes glaciares y periglaciares por ser reservas estratégicas de agua, resguardarlos como fuentes esenciales de información científica y proteger la biodiversidad presente en esas zonas. Para lograrlo, la norma prohíbe la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura, la exploración y explotación minera o hidrocarburífera, y la instalación de industrias1.

Desde una perspectiva opuesta a la del Gobierno Nacional, la Fundación Greenpeace sostiene que:

La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en Argentina en septiembre de 2010, fue un logro ambiental y social del cual debemos sentir orgullo. Se la considera una ley de vanguardia, que brinda una protección integral a los glaciares y al ambiente periglacial, asegurando su existencia y la de toda su cadena de valor2.

Lo cierto es que el Gobierno argentino necesita recaudar dinero y mejorar la percepción social de su gestión, y ya no sabe de dónde generar ingresos para el país por fuera de los salvatajes económicos recibidos de parte de Donald Trump y del Fondo Monetario Internacional (a un costo altísimo, tanto por los intereses de la deuda como, así también, por la pérdida de soberanía política del país). En este contexto, lo que se busca es un tratamiento exprés de la Ley Nacional de Glaciares por parte del Poder Legislativo, de modo que se apruebe rápido y la sociedad argentina no logre tener capacidad de reacción.

No obstante, desde el año 2021 el Acuerdo de Escazú (tratado regional ratificado por Argentina) busca garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano y sustentable, fomentando el desarrollo sostenible y, para ello, reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a obtener información ambiental de manera oportuna y comprensible, a involucrarse en las decisiones sobre proyectos que afecten el medio ambiente y a defenderlo ante tribunales para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Es por eso que el Gobierno nacional argentino se vio obligado a llamar a una audiencia pública para que el pueblo pudiera ejercer su derecho a tomar la voz e involucrarse en la toma de decisiones ante este intento de modificación de la ley. La citación formal fue para el 25 y 26 de marzo: un día presencial y el otro, virtual.

Con lo que no se contó fue con la movilización de las organizaciones ambientalistas y de la ciudadanía en su totalidad, la que dio como resultado una inscripción récord en el país: más de 105.000 personas se registraron para tomar la palabra en la audiencia pública y hacerse escuchar. Este número atenta contra el interés del Gobierno de darle un tratamiento rápido a la modificación de la ley, ya que -de cumplirse, como indica la ley y el Acuerdo de Escazú- las jornadas se extenderían por aproximadamente 500 días.

De todos modos, a pesar de la contundencia del interés y la acción ciudadana por defender este recurso estratégico, la postura del Poder Ejecutivo no se movió ni un milímetro del plan original. La audiencia pública estuvo plagada de restricciones e irregularidades, que la Fundación Greenpeace enumera de la siguiente forma:

  • El acceso a la palabra estuvo sumamente restringido: sólo 213 ciudadanos pudieron participar en cada modalidad, lo que representó a menos del 0,2% de la totalidad de inscriptos. Esto dejó fuera de la posibilidad de expresarse a la inmensa mayoría de la población interesada en participar de la audiencia.

  • El proceso estuvo marcado por la falta de transparencia y cambios de último minuto. No sólo se redujo el tiempo de intervención (pasando de cinco a cuatro minutos), sino que tampoco se informó adecuadamente el cronograma a los interesados.

  • El IANIGLA, ente responsable por ley del Inventario Nacional de Glaciares y el monitoreo de estas áreas, fue tratado como un participante más. Para fijar su postura técnica, el organismo debió registrarse en la audiencia pública bajo las mismas restricciones que el resto, disponiendo de apenas cuatro minutos para realizar su intervención.

  • Durante la jornada presencial del 25 de marzo, se evidenció un trato preferencial hacia el sector minero, pues se permitieron intervenciones de oradores que no figuraban en el registro oficial. De quienes tomaron la palabra, 18 manifestaron su apoyo a la reforma; sin embargo, cuatro de esos testimonios fueron aceptados de manera irregular por decisión directa de la Presidencia de la Comisión.

Yo personalmente fui una de las decenas de miles de personas a las que no se les permitió tomar la palabra para expresarse en la audiencia pública. Mi intención era exponer sobre la importancia del recurso hídrico para cualquier sociedad y para la nuestra en particular, por su vital importancia para la vida y el desarrollo de nuestro pueblo. Pero no pude hacerlo. Quienes no fuimos habilitados para participar recibimos un correo electrónico que nos instaba a presentar una ponencia escrita o una intervención a través de un video que serían incorporados al expediente.

Pero el conocimiento de nuestros derechos y del Acuerdo de Escazú, sumado a la dignidad que nuestro pueblo ha sabido ganarse a través de la historia de la nación y de las luchas que hemos librado, nos hace saber que esa no es más que una salida rápida para hacer la pantomima de una verdadera instancia de participación ciudadana.

A mí tampoco me permitieron hablar públicamente para alzar mi voz a favor de los glaciares y de un verdadero desarrollo en mi país (uno sostenible, que aproveche sus recursos en favor del pueblo y no los agote para el enriquecimiento rápido y voraz de un puñado de grupos empresariales). Es por este conjunto de razones que decidí traer mi ponencia a este espacio; esa ponencia que el Gobierno no me dejó presentar.

Ponencia para el debate por la modificación de la Ley Nacional de Glaciares

Buenos días a todos y todas.

Mi nombre es Nuria Setti y soy antropóloga.

Quería contarles que una de las primeras cosas que aprendí al estudiar Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires es que, históricamente, desde el origen de nuestra especie, las comunidades humanas eligen asentarse en aquellos territorios donde hay agua. Porque sólo en esos lugares la vida y el desarrollo humano a largo plazo son posibles. No hay sociedad, no hay cultura, no hay economía, y tampoco hay futuro sin un recurso hídrico que haga posible cualquier forma de vida.

Los argentinos y las argentinas hemos tenido el privilegio de nacer en un territorio que cuenta con mucha agua. Según datos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, nuestro país tiene 16.968 cuerpos de hielo y la presencia de glaciares en 36 cuencas hídricas. Hemos tenido la fortuna de habitar un territorio con numerosos ríos, lagos, lagunas y enormes masas de hielo que muy lejos están de ser, como dijo el senador Enzo Fullone en una clara manifestación de ignorancia, “rocas (…) congeladas que (…) no sirven para nada”.

Los glaciares no son sólo paisajes imponentes dignos de una postal: son reservas estratégicas de agua dulce en un planeta que, según la Organización de las Naciones Unidas y numerosos expertos a nivel mundial, atraviesa una crisis de estrés hídrico sin precedentes.

La modificación de la Ley de Glaciares no es un debate cualquiera: es un debate acerca de la posibilidad misma de que nuestro país tenga algún tipo de futuro. Los especialistas en la materia son unánimes al respecto: los glaciares son fundamentales tanto para el consumo humano de agua dulce como para el sostenimiento de la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo económico sostenible ligado a un turismo de bajo impacto.

Proteger los glaciares y los ambientes periglaciales es apostar por un futuro para nuestro país y para las próximas generaciones de argentinos y argentinas.

Desde que éramos niños escuchamos que la próxima guerra mundial sería por el agua. Y las advertencias internacionales son claras: el agua dulce es el recurso más crítico del siglo XXI. En este contexto, cualquier flexibilización en la protección de estas áreas nos coloca en una posición de vulnerabilidad extrema y nos habla de un proyecto de país en el que no hay idea alguna de futuro. Lo que se busca es un beneficio económico inmediato para los grandes capitales, y no para el pueblo argentino. Un beneficio de corto plazo que cancela la posibilidad de que las generaciones que vendrán puedan vivir con algún grado de dignidad.

Para finalizar, quisiera que recordemos que la naturaleza es implacable: los daños provocados no tienen vuelta atrás. Y les pido que no desprotejamos hoy lo que será imposible recuperar mañana.

Muchas gracias.

Notas

1 Fuente: Portal oficial del Estado argentino.
2 Fuente: Greenpeace.