Groenlandia se ha convertido en un símbolo del regreso de la geopolítica al escenario internacional. El presidente Donald Trump ha vuelto a presionar por el control, anexión o compra de la isla utilizando amenazas de establecimiento de aranceles de 10% a 15% a los países europeos que se opongan a sus designios.

La invasión de Rusia en Ucrania en febrero de 2022 marca el inicio del regreso de la geopolítica y de la utilización de la fuerza militar para reclamar esferas de influencia. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2025 se ha caracterizado por la utilización de los aranceles como arma geopolítica de negociación contra sus rivales, pero también en contra de sus mismos países aliados. Desde el inicio ha prevalecido el nacionalismo del America First llevado a la práctica con una política exterior transaccional.

Con el regreso de la Geopolítica, la economía ha dejado de ser un fin en sí misma y vuelve a ser un instrumento del poder estatal como en los tiempos del mercantilismo, anterior al liberalismo. Las sanciones económicas y las políticas industriales vuelven a ser hoy herramientas válidas y centrales en la competencia internacional, sobre todo entre las grandes potencias. Dicho regreso de la Geopolítica ha puesto de manifiesto con claridad meridiana las grandes limitaciones del multilateralismo y del derecho internacional. Tal parece que la administración Trump se conduce por canales del unilateralismo y al margen de los organismos internacionales y del derecho internacional.

La guerra en Ucrania, las tensiones en el Indo-Pacífico, la guerra de los Estados Unidos y de Israel contra Irán y la disputa por el Océano Ártico son manifestaciones actuales del regreso de la geopolítica.

Por décadas, Groenlandia fue percibida como un territorio remoto, casi marginal, en los márgenes del sistema internacional. Sin embargo, el acelerado deshielo del Ártico, la competencia entre grandes potencias y la transición energética global han colocado a esta isla (la más grande del mundo) en el centro de la geopolítica contemporánea. Hoy, Groenlandia es un espacio donde convergen intereses estratégicos, económicos y políticos que redefinen el equilibrio de poder en el norte global.

Groenlandia ocupa una ubicación clave entre América del Norte, Europa y el Océano Ártico. Desde una perspectiva geopolítica clásica, controla rutas potenciales de navegación y espacios aéreos estratégicos. Con el retroceso del hielo marino, el Ártico deja de ser una barrera natural y se transforma en un corredor geoeconómico y militar. En este nuevo escenario, la isla se convierte en un punto de apoyo esencial para quien aspire a influir en el equilibrio estratégico del hemisferio norte.

Para Estados Unidos, Groenlandia es una pieza central de su arquitectura de seguridad del Atlántico Norte. La base aérea de Pituffik (antigua Thule) constituye un nodo crítico para los sistemas de alerta temprana de misiles y la defensa antimisiles balísticos. En un contexto de renovada rivalidad con Rusia y del ascenso estratégico de China, Washington percibe que no puede permitirse un vacío de poder en el Ártico.

Rusia, por su parte, ha intensificado su presencia militar en la región, reabriendo bases soviéticas y reforzando su flota ártica. Moscú considera el Ártico un espacio vital tanto para su seguridad como para su proyección económica futura. China, aunque no es un Estado ártico, se autodefine como un “actor cercano al Ártico” y ha manifestado un interés creciente a través de inversiones en minería, infraestructura y presencia científica, buscando integrar la región a su Iniciativa de la Franja y la Ruta. Este involucramiento, aunque no territorial, ha sido interpretado en Washington y en Europa como una estrategia indirecta de ganancia de influencia.

El interés por Groenlandia no se explica únicamente por su ubicación. La isla posee importantes reservas de minerales estratégicos, incluidas tierras raras, uranio, zinc y hierro, insumos fundamentales para la transición energética, la industria tecnológica y el sector defensa. En un mundo que busca reducir su dependencia de combustibles fósiles, el control de minerales críticos se convierte en una nueva forma de poder estructural. Desde la óptica de la economía política internacional, Groenlandia se inserta así en una competencia por cadenas de suministro seguras y diversificadas, donde Estados Unidos y la Unión Europea buscan reducir su dependencia de China.

Sin embargo, Groenlandia no es un territorio vacío ni disponible. Formalmente pertenece al Reino de Dinamarca, una relación que se remonta al siglo XVIII, cuando Dinamarca consolidó su dominio sobre la isla en el marco de la expansión colonial europea. Durante más de dos siglos, Groenlandia fue administrada como colonia. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1953, pasó a integrarse oficialmente al Estado danés, en un proceso decidido desde Copenhague y sin un referéndum de autodeterminación bajo estándares contemporáneos.

A partir de 1979, con el establecimiento del autogobierno, y especialmente desde su ampliación en 2009, se ha fortalecido una identidad nacional groenlandesa diferenciada, basada en factores culturales, lingüísticos e históricos. Para muchos groenlandeses, la pertenencia al Reino de Dinamarca sigue siendo una relación asimétrica y heredera de una lógica colonial, aunque provee estabilidad financiera e institucional, limita el control pleno sobre recursos estratégicos, defensa y política exterior. Por ello, el rechazo a una eventual anexión por parte de Estados Unidos no implica satisfacción con el statu quo danés, sino la aspiración a una soberanía propia.

La paradoja es evidente, cuanto más estratégica se vuelve Groenlandia, más difícil resulta una independencia plena sin caer en nuevas dependencias. La isla enfrenta el dilema clásico de los territorios pequeños en un sistema internacional dominado por grandes potencias: cómo maximizar su autonomía sin convertirse en objeto de competencia externa.

En este contexto, la idea de que Estados Unidos pueda “comprar” Groenlandia no es nueva. En 1946, el presidente Harry S. Truman ofreció formalmente adquirir la isla a Dinamarca, en el inicio de la Guerra Fría, con el objetivo de asegurar una posición estratégica frente a la Unión Soviética. Dinamarca rechazó la propuesta, pero permitió una ampliación sustantiva de la presencia militar estadounidense, sentando las bases del despliegue que persiste hasta hoy. El precedente muestra que el interés estadounidense por Groenlandia es una constante histórica, que reaparece cada vez que el sistema internacional entra en una fase de competencia entre grandes potencias.

A inicios de enero de 2026, este interés volvió al primer plano con una intensidad inédita. Las declaraciones del presidente Donald Trump marcaron una escalada retórica sin precedentes hacia un aliado histórico. Al afirmar que Estados Unidos “va a hacer algo con Groenlandia, les guste o no”, Trump justificó su postura como una necesidad absoluta de seguridad nacional frente a Rusia y China. Su énfasis no se limita al acceso militar existente, sino al control territorial pleno, tanto por razones de defensa antimisiles como por el acceso a minerales críticos.

El cuestionamiento explícito de la soberanía danesa rompe con las normas diplomáticas del orden liberal occidental y reintroduce una lógica de poder territorial propia del realismo más crudo. Desde esta perspectiva, en un mundo de competencia entre grandes potencias, los territorios estratégicos no se arriendan: se controlan. Groenlandia es concebida no como un socio, sino como un activo geopolítico.

En contraste, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asumido un rol de contención diplomática. Aunque confirma que la opción preferida de la Casa Blanca es la compra, y recuerda el precedente de Truman, ha buscado tranquilizar a aliados europeos, descartando públicamente una operación militar directa y enfatizando el respeto a la autodeterminación de los groenlandeses. No obstante, su discurso mantiene la ambigüedad estratégica; la reiteración de que “todas las opciones están sobre la mesa” preserva la amenaza implícita del uso de la fuerza si Washington percibe una incursión rusa o china.

La reacción desde Groenlandia ha sido contundente. Los cinco partidos políticos emitieron una declaración conjunta rechazando tanto la anexión a Estados Unidos como la continuidad de la dependencia danesa: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”. Este consenso transversal, respaldado por encuestas con niveles de rechazo cercanos al 90 %, introduce un límite político fundamental: la legitimidad. Desde la ciencia política comparada, ningún proyecto de anexión es sostenible sin algún grado de consentimiento local, y el costo político y normativo de ignorarlo sería enorme, especialmente dentro de la OTAN.

Las advertencias de Dinamarca, calificando una amenaza militar como “el fin de la OTAN tal como la conocemos”, y la rápida reacción de las principales potencias europeas revelan la magnitud del problema. Groenlandia se ha convertido en una prueba de estrés para el sistema de alianzas occidentales y para el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuya legitimidad se erosiona cuando el lenguaje de la fuerza sustituye al del consenso.

Groenlandia se ha convertido en un punto de condensación de las tensiones centrales del siglo XXI: cambio climático, competencia por recursos estratégicos, crisis del multilateralismo y retorno de la política de poder. En este contexto, su futuro puede pensarse razonablemente a partir de tres escenarios posibles, ninguno exento de costos ni contradicciones.

El primer escenario es la continuidad de Groenlandia bajo soberanía danesa, incluso contra la voluntad creciente de su población. Esta opción ofrece estabilidad institucional, transferencias fiscales y un anclaje claro en el bloque occidental, pero sufre un problema estructural de legitimidad. Cuanto más estratégica se vuelve la isla, más difícil resulta justificar un esquema en el que las decisiones clave de defensa y política exterior siguen en manos de Copenhague. La consecuencia probable sería una autonomía formal cada vez más tensionada, con una población políticamente frustrada y una influencia estadounidense creciente de facto, pero sin responsabilidad soberana directa. Se trataría de una estabilidad aparente, sostenida más por inercia que por consenso.

El segundo escenario es la integración de Groenlandia a Estados Unidos, ya sea con consentimiento local o mediante presión política y económica. Desde la perspectiva de Washington, este sería el desenlace óptimo: control territorial pleno del Ártico occidental, seguridad antimisiles reforzada y acceso directo a minerales críticos. Sin embargo, si dicha integración se produce contra la voluntad mayoritaria de los groenlandeses, el costo político sería severo. No solo se abriría una crisis profunda dentro de la OTAN, sino que se erosionaría gravemente la legitimidad del liderazgo estadounidense. Incluso con un acuerdo formal, la relación sería inherentemente asimétrica, y Groenlandia correría el riesgo de convertirse en un territorio estratégicamente valioso pero políticamente subordinado, donde la lógica militar prime sobre la autodeterminación real.

El tercer escenario es la independencia de Groenlandia, el más atractivo desde el punto de vista identitario, pero también el más vulnerable desde la geopolítica. Un Estado groenlandés soberano se convertiría de inmediato en objeto de competencia entre grandes potencias. Estados Unidos buscaría asegurar acuerdos preferenciales de defensa y exclusividad estratégica; China intentaría ganar influencia mediante inversiones en infraestructura, minería y financiamiento, replicando patrones observados en otras regiones; Rusia, aunque con menor capacidad económica, vería con interés cualquier debilitamiento del control occidental en el Ártico. En este contexto, Groenlandia podría transformarse en un Estado tapón o en un espacio de competencia indirecta, donde la soberanía formal conviva con una dependencia estratégica estructural.

La viabilidad de la independencia dependería de una diplomacia extremadamente sofisticada, de garantías de seguridad creíbles y de la capacidad de equilibrar relaciones sin caer en la órbita de una sola potencia. Paradójicamente, sin un marco multilateral sólido, la independencia podría aumentar, y no reducir, la exposición de Groenlandia a presiones externas.

En cualquiera de estos escenarios, una conclusión es ineludible: Groenlandia ya no es periferia. Su futuro será un test decisivo de cómo se reconfigura el poder en el siglo XXI y de si el orden internacional es capaz de conciliar seguridad, soberanía y legitimidad en un mundo cada vez más disputado.