La estadística es una rama de las matemáticas que ha sido empleada como un arma arrojadiza en política desde la consolidación de las democracias liberales en Occidente. Indicadores macroeconómicos, demográficos, laborales o de condiciones de vida han sido usados recurrentemente por partidos en el gobierno para sacar pecho y por partidos en la oposición para desacreditar a sus adversarios.

De entre todos los datos estadísticos que se pueden emplear para agitar el avispero y sacar rédito político, probablemente los más efectivos son aquellos vinculados a la seguridad y la criminalidad. Y es que, con estos se ataca a una faceta tremendamente frágil del ser humano: la percepción de seguridad. Que un ciudadano sienta que su comunidad, ciudad o país es un lugar seguro, es algo extremadamente volátil y que está sometido a una infinidad de variables, generalmente de corte emocional y subjetivo.

La estadística criminal y el índice de criminalidad actúan entonces como el elemento que termina de decantar la balanza en la percepción de la seguridad del ciudadano. Si un ciudadano percibe a nivel personal y subjetivo que vive en un contexto inseguro y las cifras estadísticas van en esa dirección, interpretará lo subjetivo como algo objetivo y real.

Este proceso de formación de la percepción de seguridad de la ciudadanía tendría lógica si la estadística criminal diese resultados irrefutables y que no admiten varias interpretaciones y justificaciones. Pero nada más lejos de la realidad, una misma cifra puede ser interpretada como síntoma de mayor seguridad por unos, y de mayor inseguridad por otros. El ejemplo más evidente se puede ver en las estadísticas relacionadas con violencia de género y violencia sexual. Si uno consulta el INE, puede comprobar que en 2013 había casi mil condenados menos por delitos contra la libertad e indemnidad sexual que en 2023.

Eso a priori podría sugerir que vivimos en un contexto más inseguro que hace 10 años (al menos en ese ámbito). Sin embargo, ese aumento puede explicarse con argumentos que invitan a tener una visión optimista sobre el asunto: mayor conciencia social sobre el tema, facilidades y mejoras en los canales de denuncia o cambios legislativos y político criminales son factores que podrían explicar el aumento de la cifra sin que ello implique necesariamente mayor inseguridad.

El uso capcioso de las cifras estadísticas alcanza su pico de cinismo cuando se emplea por parte de sectores políticos de extrema derecha para intentar darle empaque científico a sus planteamientos racistas. Las estadísticas criminales dan información sobre la cantidad de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros, hecho que algunas organizaciones emplean para manipular la percepción de inseguridad de la ciudadanía y legitimar así sus propuestas políticas xenófobas.

En el caso de España, esas cifras se usan para atacar abiertamente a los migrantes, tanto de América Latina como de África, con especial inquina a aquellos procedentes de países musulmanes del norte del continente africano.

El relato que busca azuzar la percepción de la inseguridad y crear un clima hostil con el migrante suele obviar la letra pequeña de estas estadísticas. Cuando las estadísticas hablan de delitos cometidos por extranjeros, determinados sectores quieren que imaginemos a un migrante del norte de África con un machete en la mano. Sin embargo, esas cifras también incluyen a ciudadanos británicos que agreden a un policía, o a ciudadanos alemanes que causan daños en un bar. Algunos de esos delincuentes que engordan la cifra ni si quiera son migrantes o residentes en España, simplemente acuden aquí para cometer un determinado delito (tráfico de drogas o robos, por ejemplo) y son detenidos y condenados.

La campaña de los sectores xenófobos para asociar la inseguridad y la delincuencia con la población musulmana y del norte de África se sintetiza en una frase que emplean reiteradamente en redes sociales: ¿Pero comía jamón? Cientos de usuarios responden con esta frase a noticias o videos virales relacionados con robos, delincuencia, agresiones o temas de seguridad. Todo ello con la intención de vincular islam y crimen. Es decir, migración e inseguridad.

A pesar de ello, sí es cierto que la población extranjera en España (procedente de todo el mundo) representa entre el veinte y el treinta por ciento de los condenados a pesar de suponer entre el diez y el quince por ciento de la población total de España (según el criterio seguido). Una ligera desproporción que puede llevar a algunos ciudadanos a considerar la inmigración como la principal causa de inseguridad.

Dejando a un margen los innumerables factores que pueden explicar esta desproporción, ¿qué podemos hacer al respecto? Nada. O al menos nada que no vulnere derechos humanos y principios democráticos y constitucionales básicos. La población carcelaria de Estados Unidos supone más del veinte por ciento de la población carcelaria mundial, ¿Implica eso que los estadounidenses son más peligrosos que el resto de las personas? ¿Debería el Gobierno tomar medidas preventivas y no dejar entrar al país a ciudadanos estadounidenses por su tendencia al crimen? Lo cierto es que, para el racista, ese dato apenas tiene impacto en su percepción del norteamericano promedio; mientras que una noticia aislada de un migrante musulmán sí lo tiene.

Incluir datos sobre nacionalidades en estadística criminal tiene el mismo sentido que incluir los colores de pelo o de ojos de las personas condenadas. Sí, puede arrojar información sobre patrones delictivos, o sobre perfiles habituales que cometen determinados delitos, ¿pero qué medidas se pueden tomar en base a esos datos? Si resulta que la mayoría de los condenados por ciber delitos son pelirrojos, ¿cortamos el acceso a internet a todos los ciudadanos con ese rasgo?

Los datos de las estadísticas criminales deben arrojar luz e información con la que poder configurar políticas garantistas con las que reducir el crimen, prevenir la delincuencia y hacer del país un lugar más seguro respetando en todo momento algo tan básico como el derecho a la igualdad. En consecuencia, ¿tiene sentido tratar la nacionalidad en estadísticas criminales?