Estamos insertos en un paradigma que algunos estiman que tiene alrededor de 8 mil años de antigüedad y que es hora de reconocer que dado el avance y continuo desenvolvimiento de la ciencia y la tecnología, de la mano, (a lo menos en el marco teórico), con el desenvolvimiento valórico ético/humanista, permiten pensar y sentir que el actual paradigma que hemos denominado de «Opuestos en lucha por prevalecer», está en condiciones de ser desplazado de manera paulatina pero urgente por un «nuevo» paradigma que hemos denominado de «Inclusión de los opuestos» que modifica drásticamente la manera de relacionarnos, de gobernar, de legislar. En este aspecto he desarrollado algunas «aristas» en el anterior artículo y en otros relacionados a estos temas.

Ciertos aspectos fundamentales que conviene rescatar

La crisis de los partidos políticos, de «lo político», de los liderazgos, entre tantos aspectos en materia de gobernanza en este planeta es fundamentalmente similar, (guardando las diferencias), tomo como referencia el caso de Chile.

Existe en Chile un desprestigio por parte de la ciudadanía acerca de «la manera de hacer política», con un gobierno de sólo meses, que ha extremado la polarización que ya existía hasta antes de ser electo. El haber propiciado y amparado de hecho la delincuencia destructiva que ha ido acompañando las legítimas protestas pacíficas ciudadanas es uno de los principales factores de la fuerte desaprobación del gobierno en las encuestas.

Las ideologías de derechas e izquierdas parecen haber cumplido su ciclo y todo señala que debemos cambiar nuestro swich en materia de gobernanza. El actual paradigma basado en «luchas entre opuestos», mantiene el esquema de «buenos contra malos», «nosotros versus ellos», «amigos contra enemigos», «gobierno versus oposición» muy propio de un paradigma que tenemos que superar.

La altísima desaprobación del actual gobierno se mantiene a pesar de que incorporó como colaboradores, después de haber perdido el plebiscito del 4 de septiembre a algunas personas de partidos de la denominada «izquierda moderada» a los cuales habían descalificado odiosamente durante su campaña. Por ello, como gobierno, a pesar de estos pequeños cambios y de algunas declaraciones, mantiene la falta de credibilidad por las inconsistencias y «volteretas» que da el presidente Boric entre unas declaraciones y otras.

El 30 de octubre se conoció una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública-Cadem, la cual revela principalmente que la aprobación del Presidente Gabriel Boric es de un 26%, convirtiéndose octubre en el peor mes del mandatario con una caída de 9 puntos en este ítem. En tanto, un 68% desaprueba la gestión del presidente. Por otra parte, el estudio también revela que un 71% considera que el mandatario va por mal camino, mientras que el 92% cree que la economía está estancada o retrocediendo, los resultados más negativos desde que Boric asumió en La Moneda el pasado 11 de marzo.

Asimismo, el 38% evalúa negativamente su situación económica personal o familiar, el peor resultado desde abril de 2020, cuando la pandemia del coronavirus afectó a nuestro país.

Está muy claro que el actual gobierno no tiene un rumbo claro y que sus prioridades ideológicas no coinciden con las de la ciudadanía. Un gobierno que no prioriza el Bien Común Ciudadano, inmerso en el actual paradigma de «opuestos en lucha». Ilustremos lo señalado con el ultimo análisis del conocido analista, Tomas Mocciatti, acerca de las consecuencias prácticas que tiene para Chile mantenernos en el actual paradigma.

Fundamento del cambio de paradigma en la Gobernanza futura

Todo lo que acá se desarrolla son «ideas fuerza» muy preliminares pero que tratan de aportar al cambio de paradigma y a una nueva manera de gobernarse y relacionarse.

Fundamento basal: Una cultura de la sociedad. Que cada ciudadano opte por elegir abrazar valores humanistas y éticos siendo consecuente de lo que esto implica. Entre otros aspectos: ser incluyente; la convicción evidente que como seres humanos somos esencialmente imperfectos, ignorantes, diversos en nuestras características, pertenencias, ancestros, vocaciones, caracteres, pero al mismo tiempo similares en nuestras necesidades fundamentales, aun cuando se satisfagan con diferentes elementos.

No somos «iguales» como de manera superficial suele señalarse en discursos politiqueros, pero hemos de ser solidarios dado que el Bien Común Ciudadano implica ir generando en el tiempo una sociedad de bienestar. Esa sociedad no es igualitaria, pero es incluyente, colaborativa, solidaria.

De la Gobernanza: Las ideologías que se sustentan en el paradigma actual de «opuestos en lucha», están obsoletas. No necesitamos ningún «ismo» (derechismo, izquierdismo), ninguna ideología determinada para la gobernanza, dado que cuando se habla de «Nueva democracia» el poder sobre la gobernanza la tiene «la ciudadanía como conjunto comunitario» que al abrazar el Bien común como sociedad elige vivir sobre la base de los valores humanistas y éticos. Esos serían los postulados valóricos de la sociedad, de cada cual. La gobernanza se concibe como la «política» que ha de aplicarse, donde prevalecen las competencias de quienes participan activamente de dicha función.

Entre esas competencias están las de ser consecuentes con los valores éticos y humanistas, con sentido de inclusión, respeto mutuo, apertura mental para trabajar en equipo, con conocimientos, experiencia, antecedentes y características personales adecuadas para ese tipo de funciones. Las visiones, opiniones, pertenencias, entre otras características de quienes participarían en el ámbito de la gobernanza, pierden importancia dado que el Bien Común además del ámbito valorativo, se apoya en la ciencia, la tecnología, el trabajo mancomunado en equipo y un sentido de mejoría permanente en el tiempo.

La elección cultural acordada como comunidad ciudadana, plebiscitariamente, tiene consecuencias prácticas inevitables en la época en que estamos viviendo. Es evidente y preocupante la existencia de ideologías autoritarias basadas en determinadas creencias, sean de tipo seudo «religiosa» o de las mal llamadas «políticas», (o ambas mezcladas), que priorizan sus doctrinas y dogmas como obligatorias para todos/as, que a veces las tratan de imponer por la violencia al resto de la sociedad. Este tipo de personas u organizaciones estaría «fuera de la ley o más bien contraviniendo las leyes». Por elección fundamental, los ciudadanos, la sociedad de la que forman parte, eligen la inclusión, el respeto a la diversidad, el derecho que según el libre albedrio, cada cual tiene respecto a sus creencias, pertenencias o lo que estime adecuado, más siempre respetando las elecciones del resto.

Lo anterior es fundamental cuando pensamos en materias de seguridad ciudadana, armonía, paz social y especialmente en la accion necesaria que ha de tomar la sociedad, a través del estado para «neutralizar o destrabar» la accion de quienes atentan respecto a las libertades y derechos del resto de la ciudadanía, entre otras su derecho a vivir en paz.

Sin duda alguna que cualquier «Constitución» o «Conjunto de Leyes Fundamentales y orientativas» que la reemplace, ha de incluir la Seguridad Ciudadana dentro de las necesidades básicas que se debe satisfacer. En materia de seguridad ciudadana no se puede ser ingenuo ni tener «dobles estándares» en materia de derechos humanos los que han de ser concebidos para todos los ciudadanos.

Tampoco ha de descartarse la necesaria accion de índole educacional cultural, policial de todo tipo, con sus protocolos, de modo que nunca se ponga a las policías en desmedro, en inferioridad de condiciones, frente a la delincuencia, como ha estado ocurriendo en Chile. Además, y no menos importante, en Chile el Poder Judicial ha estado fallando rotundamente al proceder de manera excesivamente garantista respecto a los delincuentes cuya gran mayoría queda en la impunidad. Es un Poder cuya legislación especialmente la penal ha de ser profundamente reestudiada y actualizada.

En el caso chileno hay que reconocer que algunos pueblos ancestrales, especialmente el pueblo mapuche, tienen dentro de su heterogeneidad, aspectos históricos que están pendientes, que deben ser amparados y resueltos por el estado, junto con quienes están involucrados en estos temas, más siempre priorizando el Bien Común Ciudadano de todos. Y eso implica trabajos pendientes y acuerdos que se concreten en detalle y plazos con los involucrados.

En una sociedad democrática que trata de salir del actual paradigma, los sectores público y privado apuntan al Bien Común Ciudadano, se apoyan, se complementan y ambos han de cumplir con la legislación vigente. Las mencionamos respecto a aspectos relacionados a la prioridad cultural, social, económica, con el priorizar el Bien Común ciudadano. La propiedad privada se respeta y también la legislación, todo lo cual está bajo la priorización del Bien Común Ciudadano. La sociedad se organiza de tal modo que quienes ejercen el poder son los ciudadanos que actúan a través de las Instituciones del país. En un proceso de priorizar el Bien Común ciudadano la Institucionalidad deberá actualizarse y a través de medios que han de diseñarse, han de ser evaluadas cada cierto tiempo por parte de los ciudadanos, quienes, desde su acción activa y participativa, han de señalar los aspectos que han de mejorarse.

Destaquemos algunas necesidades básicas que se manifiestan a través de ir diseñando sistemas de educación de calidad, sean públicos y/o privados, aportantes a la formación de ciudadanos que vivan los valores humanistas y éticos, que sean capacitados para aportar a la sociedad, con equilibrio y sentido existencial de sus vidas. No se trata de «formar consumidores», sino ciudadanos responsables, con sus derechos y responsabilidades humanas que han de ir «de la mano».

Una educación que tenga un proceso de generación de igualdad de oportunidades y niveles de calidad en procesos de mejora continua en el tiempo para todos los establecimientos educacionales. Así se podrá pensar en equidades de géneros, en los empleos, dado que dicha equidad va de la mano con la adecuada competencia para los cargos a los que se postulan.

La salud concebida como un derecho sustancial de los ciudadanos y organizada de un modo que vaya mejorando paulatinamente. Con sectores público y privado complementándose y apoyándose. Un estado activo y eficiente, que tenga como funciones básicas el control de que la legislación se cumpla cabalmente sin que existan determinados privilegios para cierto tipo de minorías, corporaciones o personas, un Estado innovador, complementario al sector privado, con posibilidad, si así se requiere, de formar empresas mixtas y/o del Estado cuando eso se justifique técnica y económicamente. Al mismo tiempo, un sector privado innovador, aportante de alta tecnología y empleos de nivel adecuado, respetando las leyes. Ambos bajo la prioridad del Bien Común ciudadano.

Participación ciudadana y sistema legislativo

Priorizar el Bien Común ciudadano también implica transitar desde una «democracia representativa» basada en un sufragio cada cierto tiempo, hacia una que además tenga la posibilidad de participación activa ciudadana quizás con un Organismo que se ocupe de leer los aportes ciudadanos, generando retroalimentación adecuada para quienes consultan, opinan, proponen o señalan aspectos que interesan. Habrá que diseñar una «plataforma» amigable, sencilla, que funcione eficientemente.

La visión acerca del Poder Legislativo requiere de un desarrollo que lo dejaremos pendiente para otro artículo. Los temas a tratar pueden ser: las elecciones sobre la base de candidatos no nominados por partidos políticos sino sobre la base de las competencias de las personas que se postulen para ser candidatos. En este aspecto hay grandes desafíos: Metodología para nominar al Comité o comités que seleccionan a candidatos de elección popular (reemplazando el ello a los partidos políticos); Metodología para seleccionar los candidatos a elección popular.

Diseño de sistemas adecuados para la selección de candidatos a cargos de elección ciudadana. Transparencia con acceso público a los antecedentes de cada candidato seleccionado y de los criterios y herramientas para la selección utilizados. Lo mismo para formar los equipos de personas que evalúan y seleccionan los candidatos. Duración de cargos y evaluación de los equipos de trabajo y de las personas. Cantidad de nominados por cada Distrito del país. Necesidad de evaluar diferentes áreas de la legislación actual. Estudio previo respecto a caracterización de las personas que se requieren para los equipos de las diversas áreas. Posibilidad de equipos trabajando de manera simultánea en revisar y renovar la legislación. Equipos conformados por personas con conocimientos y experiencias multidisciplinarias. Apoyo en asesorías de todo tipo según se hayan concebido las materias que se irán revisando y actualizando y tipo de personas que se requiere elegir para ello. Trabajos en paralelo de tipo legislativo según equipos de trabajo que se formen para las materias que interesen, de manera que se avance en legislar simultáneamente para que la Institucionalidad del país se vaya legitimando. Este tipo de temas los tendremos que reflexionar en otros artículos.