Aquí estamos, metidos en la blanca Navidad. Hace un año se comenzaron a registrar casos de una extraña enfermedad en Wuhan, China; surgía así un nuevo virus en el lejano continente. En un inicio, muchos subestimaron la llamada COVID-19, pero, para sorpresa de todos, eran los antecedentes de una mortal pandemia que ha convertido a este año 2020 en materia de estudio para generaciones futuras. Pido que no sea un estudio para borregos, que analizar el 2020 no quede en las cifras de personas muertas, el precio de las mascarillas o las familias frente al televisor acostumbradas a la cara de Fernando Simón, desinformando tanto como el NODO de nuestros abuelos.

España, demos gracias al gobierno, ha dejado de ser una mesa para comer con tiempo y calidad, ahora somos un take away, todo lo que nos tragamos es política rápida, ya no probamos la democracia. No hay sitio para compartir con la oposición, no hay recomendaciones ajenas, solo el menú take away, siempre con los mismos platos numerados en función del ministro que habla. Tres de Marlasca, dos de Illa, cinco de la Montero, da igual el hambre que tengamos, desde hace un año nos comemos siempre lo mismo.

Somos una España tan rápida y veloz que nos hemos inventado expertos en pandemias que ya le gustarían a Spielberg, hemos decretado leyes verdaderamente lesivas para algunas CCAA, hemos aprobado una educación donde el castellano y el sexo feminista son una pesadilla, hemos negado la Constitución y la Monarquía Parlamentaria tantas veces que se me antoja casi imposible contarlas, seguro que ERC, Unidas Podemos y Bildu me ayudan con las matemáticas, y sí, ante la mínima duda, el presidente y vicepresidente, rapidito, rapidito nos han mostrado como se domina el poder judicial.

En nuestra España, no puede faltar la vena comunista, y digo esto porque es denominación de origen derrotar a la monarquía y silenciar cualquier crítica u oposición a sus ideas. De aquí nace el deseo de parar a los periodistas que informan libremente y controlar las noticias en Internet y las redes sociales. La última jugada del gobierno contra las libertades públicas ha sido la aprobación de un plan para luchar contra la desinformación, incluye la creación de una «comisión» dependiente del secretario de Estado de Comunicación —cargo político, y por tanto no imparcial—, y el control del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Así, dos personas de su máxima confianza se encargarán de evaluar la difusión de «noticias falsas» porque el acceso a una información «veraz y diversa» se encuentra en peligro. No es por no ir, como diría José Mota, pero el enfoque de Sánchez está equivocado, parte de una premisa antidemocrática. Un gobierno no puede erigirse en juez y parte de lo que es verdad o no, y Sánchez se ha quedado sin tiempo para su credibilidad, nunca dice la verdad. Por eso, solo le quedaba regular el pensamiento único y hacer pasar por oficial cualquier engaño masivo a los españoles con la coartada añadida de que, gracias a él, estamos protegidos contra las fake news.

Como dice Arturo Pérez Reverte, «pocas veces he visto, pese a que soy contumaz lector de la Historia, fabricar borregos con el entusiasmo de la última década. Somos borregos donde analfabetos borrachos de poder mediático o político liquidan tres mil años de cultura y razón». Solo cuando lo dice él parece una revelación; claramente debe evitarse cualquier forma de censura, el rol del gobierno en el control de la información debe ser nulo, es imprescindible para las bases democráticas la independencia de los medios de comunicación. Si la oposición no ejerce su función de control al ejecutivo, lo única palanca que le queda a España es la prensa libre. La censura es como el perro pastor que evita que el rebaño se pierda.

Mientras, Pablo Iglesias apunta que los medios de comunicación trabajan junto con la ultraderecha, en su opinión, «la mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha golpista y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad». Parece otra broma del líder de Podemos, en cualquier caso, lo mejor siempre es la pluralidad. Todos los actores involucrados deben asumir que solo un acceso universal al conocimiento de los hechos permitirá que cada uno se forme una opinión de lo que es o no verdad. Asumir que la verdad es una sola y es la que dictamina el gobierno es acabar con tres mil años de historia como dice Reverte.

El gobierno ha tomado como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 de la Unión Europea para contrarrestar cualquier campaña de fake news, que pueda ocurrir dentro o fuera de Europa. Federica Moguerino, encargada de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la Unión Europea, ya lo dijo: «la salud de la democracia depende de un debate justo, abierto y libre y por ello se deber proteger y no permitir la siembra del odio, división y desconfianza».

Sin embargo, en nuestro país la comisión de expertos para frenar los bulos son cargos políticos del gobierno; contralan la desinformación la Secretaría de Estado de Comunicación, la presidencia del gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los gabinetes de comunicación de los ministerios.

¿Esto significa que las «verdades» filtradas por el gobierno pueden vulnerar el artículo 20 de la Constitución y lesionar otra libertad pública?