El 5 de febrero del año 2015, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, de 12 años, regresaba desde el colegio a su casa en la comunidad Lupita Casas Viejas, en el estado de México; en el corto trayecto fue interceptada por tres sujetos y, tras dos horas sin que Fátima apareciera, la familia se alertó y junto a los vecinos de la zona iniciaron la búsqueda.

Su cuerpo fue encontrado semienterrado bajo una llanta en una zona boscosa. Había sido violada por los tres hombres, torturada, le cortaron la cara, le sacaron un ojo, le partieron todos sus dientes, presentaba lesiones en las muñecas y los tobillos, tenía cortaduras en las entrepiernas, le dislocaron un hombro, le abrieron el pecho aproximadamente 30 centímetros, fue brutalmente apuñalada más de 90 veces, degollada, pero sin que esto fuera suficiente, arrojaron sobre su cabeza tres piedras, una de 35 kilos y dos de 32 kilos para rematarla.

Por el feminicidio, uno de los responsables fue sentenciado a 5 años de prisión (por ser menor de edad cuando ocurrieron los hechos), el segundo a 73 años y cuatro meses de cárcel, y un tercer implicado fue absuelto por las autoridades cuando la defensa presentó unos videos que aparentemente lo mostraban en otro lugar el día y hora del grotesco crimen. No ha sido sino 4 años más tarde (el pasado 7 de junio de 2019) que un juez de control del municipio de Lerma ha decidido excluir los videos, por lo cual se deberá dictar una nueva sentencia por la responsabilidad del sujeto en el feminicidio.

Pero la búsqueda de justicia para Fátima que durante años ha llevado adelante su familia, los ha vuelto a convertir en víctimas. Han recibido numerosas amenazas de muerte, han sido agredidos verbalmente durante las audiencias en presencia de las autoridades, y su domicilio fue baleado por sujetos desconocidos. Esto los obligó a desplazarse en un intento de salvaguardar sus vidas, pero pese a las amenazas, la complicidad y la negligencia, continúan demandando justicia.

No obstante, el feminicidio de Fátima, uno de los casos más impresionantes por sus niveles de sadismo, ensañamiento y crueldad, pone en evidencia el desprecio hacia las niñas y mujeres que prevalece en la sociedad. Empero, este no es un caso aislado, por el contrario, cada día niñas y mujeres son asesinadas en el país mexicano ante la complicidad patriarcal, la indiferencia gubernamental y la impunidad judicial.

De acuerdo al Informe Información sobre violencia contra las mujeres (incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero del año 2015 y mayo del año 2019 se han registrado 3.016 feminicidios en México; específicamente 411 casos durante 2015, 600 en 2016, 742 en 2017, 894 en 2018 y 369 hasta el 31 de mayo del año 2019. Por su parte, en lo que va de 2019 (en términos absolutos) los Estados mexicanos más letales para las niñas y mujeres son Veracruz, México, Puebla, Chihuahua y Nueva León; mientras que el municipio de Juárez lidera el sitial del horror.

Estas cifras se incrementan de manera aterradora cada año, los crímenes se tornan cada vez más dantescos y, la impunidad crece ante la indiferencia, la corrupción y la revictimización institucional. Sin embargo, estas podrían ser aún más elevadas debido a que, en oportunidades, las motivaciones sexistas y misóginas de los feminicidios son invisibilizadas; una cantidad importante de ellos son investigados y procesados como homicidios comunes o adjudicados por parte de las autoridades al crimen organizado, esto para no dar cuenta de la inoperancia estatal y la verdadera magnitud de la masacre de mujeres que en México está teniendo lugar.