El viernes 9 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno está dispuesto a “desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI) piedra por piedra”. El mismo día, el presidente Donald Trump sostuvo que la Corte está “desacreditada” y que sus jueces son “corruptos”, luego de quejarse porque no se le otorgó el Nobel de la Paz, concedido, en cambio, a la sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI.

En su megalomanía, el mandatario estadounidense, secundado por su responsable de relaciones exteriores, se sintió una vez más postergado por la comisión del Parlamento noruego que discierne el Nobel y reiteró su discurso de que ha solucionado ocho guerras, un récord creado por su autopropaganda, carente de evidencias serias.

Fue un berrinche más del inquilino de la Casa Blanca que, sin embargo, no se puede tomar a la ligera, sobre todo en lo que respecta a las amenazas contra la Corte Penal Internacional, el organismo creado en el marco de las Naciones Unidas en julio de 1998, que consagró un importante vector de los derechos humanos al establecer que los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresiones armadas constituyen ofensas internacionales y que sus responsables pueden ser arrestados en cualquier país.

El Convenio de Roma, que creó la CPI, ha sido ratificado por 125 Estados miembros de la ONU. Entre los países que desconocen la CPI están China, Rusia, Estados Unidos, Cuba, India, Irak e Israel, cuyo gobierno fue el único que aplaudió las amenazas de Marco Rubio contra la Corte. No le faltaron motivos al primer ministro Benjamín Netanyahu: una comisión investigadora de la CPI, presidida por Navy Pillai, determinó en septiembre de 2025 que en Gaza las tropas israelíes cometen genocidio.

El Escudo de las Américas

Bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela inició gestiones de retiro de este organismo internacional, rechazando que la Corte investigara acusaciones de crímenes represivos. El trámite de retiro continúa con la actual presidencia encargada de Delcy Rodríguez, mientras Estados Unidos busca que prácticamente toda América Latina rompa con la CPI a través del Escudo de las Américas.

La iniciativa lanzada por Trump en marzo de 2026 consiguió hasta septiembre la adhesión de 15 gobiernos de América Central, el Caribe y Sudamérica, además, obviamente, de Estados Unidos. Publicitado como un ente de coordinación continental para combatir el crimen organizado y el terrorismo internacional, el Escudo de las Américas incluye obligaciones para los países miembros que implican un alineamiento con la política internacional de Estados Unidos.

El documento de adhesión al Escudo sacude telarañas del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para prescribir acciones colectivas del hemisferio si alguno de sus miembros enfrenta amenazas extracontinentales. En este terreno se invoca la protección de recursos estratégicos, como el petróleo, el litio, el cobre y las tierras raras, lo cual es un obvio intento no solo de cerrar mercados a China, sino también de bloquear inversiones de la potencia asiática en recursos naturales y áreas estratégicas como las comunicaciones.

Demás está decir que Trump pretende monopolizar los suministros de armamentos para las fuerzas armadas latinoamericanas y, como lógica derivación, contar asimismo con la adhesión hemisférica a sus aventuras militares. En una región que hace ya varias décadas no registra conflictos bélicos entre países y sin insurgencia guerrillera, el enemigo a combatir está en los carteles y bandas del crimen organizado, que se nutren del narcotráfico.

En septiembre de 2025, el mandatario estadounidense lanzó su guerra naval contra las drogas, concentrada preliminarmente en el Caribe y en las llamadas “narcolanchas” que zarpaban desde Venezuela para llevar sus cargas ilegales a los Estados Unidos. La marina norteamericana, con guardacostas operando en aguas internacionales, se dedicó a hundir embarcaciones sospechosas. En la mayoría de los casos, los tripulantes murieron y, en general, fue imposible verificar si eran narcos o pescadores.

Lanza del Sur y sus víctimas inocentes

Más tarde, la ofensiva se trasladó a las costas del Pacífico, con el beneplácito, en el caso de Ecuador, del presidente Daniel Noboa, de extrema derecha. La así llamada operación Lanza del Sur multiplicó su alcance y sus efectos letales, incluyendo el uso de drones en los ataques a lanchas de supuestos narcos.

Transcurridos 13 meses de estas operaciones, se calcula que la marina estadounidense ha dado muerte a 222 personas, en acciones que el expresidente colombiano Gustavo Petro calificó como “ejecuciones extrajudiciales”. Para la ONU, se trata de crímenes contra los derechos humanos, visión que comparten los gobiernos de México y Brasil. Abogados estadounidenses representantes de familiares de las víctimas denuncian “asesinatos a sangre fría”.

Se registra el caso de tripulantes ecuatorianos capturados con vida y remitidos a cárceles de El Salvador, en el marco de los acuerdos con el gobierno de Nayib Bukele para prestar sus cárceles a cambio de un pago. Enviados finalmente de regreso a Ecuador, estas personas denunciaron torturas y otros tratos vejatorios en Estados Unidos. Fueron absueltos por la justicia de su país sin cargos por narcotráfico.

Alexandra Bravo, la fiscal ecuatoriana asignada para investigar los ataques de Estados Unidos contra tres barcos ecuatorianos y los relatos posteriores de tortura y secuestro de los 36 sobrevivientes, fue asesinada a tiros el 14 de junio en la ciudad costera de Manta por un sicario que se desplazaba en motocicleta. También mató a su hermana Olinda, que intentó protegerla del ataque.

El juez federal Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso a fines de septiembre que la Administración de Trump explique, a través de un memorándum oficial y secreto, las razones del uso de la fuerza letal en sus operaciones en aguas latinoamericanas. El plazo para responder a esta exigencia de la justicia se cumplió el 14 de octubre y se supone que será determinante en la investigación de las demandas de familiares de las víctimas.

Los asesinatos de inocentes en esta guerra de Trump contra el narcotráfico pueden derivar en un procedimiento de la Corte Penal Internacional que disponga el arresto internacional de los responsables de estas muertes. Por eso, la creación del Escudo de las Américas tiene como una de sus exigencias más polémicas la de que los países que adhieran a él se retiren de la CPI.

En su amenazante diatriba contra la Corte, Marco Rubio hizo una fervorosa defensa de la Patrulla Fronteriza norteamericana, en una implícita defensa de los guardacostas y sus ataques armados a las “narcolanchas”.

Tanto el Escudo de las Américas como la operación Lanza del Sur son, a la postre, componentes de la proclamada Doctrina Donroe, como brazo articulador de la relación de Washington con una América Latina considerada otra vez como “patio trasero”.

En tanto, la parafernalia del hundimiento de lanchas con su reguero de víctimas inocentes no ha contribuido en nada al combate del narcotráfico. Los carteles han diversificado sus rutas para abastecer el mercado estadounidense, donde se concentra el mayor volumen de consumidores de drogas.

Trump ha cortado fondos para programas de tratamiento y rehabilitación de drogadictos, cuestión esencial en una lucha real contra el narcotráfico. Tampoco ha tomado medidas para controlar el contrabando de un millón de armas desde Estados Unidos a América Latina, que van a parar a manos de las mafias de la droga. Del mismo modo, es reacio al control de los flujos financieros ilegales y del lavado de activos de los carteles del crimen organizado.

Mientras tanto, resulta políticamente más rentable para Trump atacar a la CPI y comprometer a gobiernos latinoamericanos en alianzas que desconocen los derechos humanos, en un empeño paradojal para quien se cree eterno merecedor del Nobel de la Paz.