La firma de un nuevo acuerdo de cooperación naval entre Chile y el Reino Unido ha reavivado antiguas tensiones geopolíticas en el Atlántico Sur, con resonancias directas sobre la cuestión Malvinas y la proyección antártica de ambos países.

Introducción

Más allá del enfoque técnico-industrial del pacto —que promueve la reactivación de astilleros chilenos y la transferencia tecnológica británica—, el trasfondo estratégico de este acercamiento ha generado alarma en sectores diplomáticos y académicos sudamericanos. ¿Está siendo utilizada la infraestructura chilena como plataforma de consolidación británica en territorios en disputa? ¿Qué implicancias tiene este escenario para el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas? ¿Y cuál es el rol del gobierno argentino frente a estas transformaciones regionales? El presente artículo analiza estos interrogantes en profundidad.

Malvinas, Antártida y la proyección británica en el sur global

La reciente firma de un acuerdo entre Chile y el Reino Unido para el fomento de la industria naval ha reavivado tensiones geopolíticas en América del Sur, particularmente en torno a la disputa por las Islas Malvinas y el creciente interés internacional por la Antártida. Si bien el pacto está enmarcado en la cooperación tecnológica e industrial, contempla inversiones británicas en infraestructura naval en territorio chileno, lo que algunos analistas interpretan como una estrategia de proyección militar británica en el Atlántico Sur.

Francisco Martin1, especialista argentino en Políticas Públicas y Asuntos Internacionales, advirtió que este tipo de acuerdos no pueden leerse únicamente desde una óptica económica. Según señaló, el Reino Unido busca consolidar su presencia geopolítica a partir de las Malvinas, utilizándolas como plataforma para proyectarse hacia la Antártida. En este marco, el vínculo naval con Chile podría interpretarse como una forma de “militarización encubierta” o como parte de una lógica de "encierro estratégico" que aislaría a Argentina y debilitaría su posición regional.

Tanto Argentina como Chile poseen una presencia clave en el continente antártico, y sus respectivas plataformas logísticas cumplen un rol esencial para las misiones científicas y de soberanía. La cercanía geográfica con las islas y la península antártica convierte a ambas naciones en actores fundamentales dentro del Tratado Antártico. La cooperación o, por el contrario, la alineación asimétrica con potencias extrarregionales puede tener efectos significativos en el equilibrio geoestratégico de esta zona. El nuevo escenario exige una mayor articulación regional en torno a los intereses comunes en el Atlántico Sur y la Antártida. Frente a una renovada estrategia británica, que combina diplomacia, inversión y presencia operativa, los países sudamericanos se enfrentan al desafío de construir una agenda coordinada que defienda la soberanía, preserve la paz y promueva el desarrollo científico en territorios de alta sensibilidad geopolítica.

Una apuesta por la independencia tecnológica y el desarrollo regional

Más allá de las implicancias geopolíticas, desde el gobierno chileno se ha resaltado el carácter estratégico del acuerdo naval con el Reino Unido en términos de desarrollo nacional. El Almirante Juan Andrés de la Maza 2, comandante en jefe de la Armada de Chile, subrayó que este entendimiento permitirá "impulsar la construcción naval como un elemento fundamental del desarrollo nacional en todo el país".

Según De la Maza, el convenio no solo apunta a fortalecer la autonomía tecnológica del país en materia de defensa y logística, sino también a generar empleo y dinamizar economías locales en regiones clave como Arica, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, donde se encuentran instalados astilleros con capacidad para escalar proyectos industriales de gran envergadura.

"Queremos promover la construcción naval como elemento fundamental del desarrollo nacional en todo el país", afirmó3 el Almirante De la Maza.

“Por lo tanto, esta política nacional de construcción naval continua se concibe como una industria nacional y, en este caso, le dará a Chile independencia tecnológica; generará empleos en regiones con astilleros, como Arica, Valparaíso, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, que sin duda serán polos de desarrollo creativo y productivo”, explicó el jefe de la Armada de Chile.

Esta política es un verdadero incentivo para la reactivación productiva del país, su descentralización y la inversión público-privada. Hay ejemplos muy contundentes y exitosos en todo el mundo de cómo ha cambiado la vida en las ciudades gracias a los astilleros. Proyectos de esta magnitud trascienden a los gobiernos porque son a largo plazo , afirmó De la Maza.

En este sentido, la alianza con el Reino Unido se inscribe en una visión de política de Estado orientada a consolidar capacidades estratégicas propias, reducir la dependencia de proveedores externos y fomentar la sinergia entre el sector público y privado. Esta lógica de desarrollo territorial también busca equilibrar el centralismo histórico del país, redistribuyendo oportunidades tecnológicas y laborales hacia zonas tradicionalmente postergadas.

Punta Arenas: enclave logístico y la proyección británica en el extremo sur

El renovado interés por parte de actores públicos y privados en reactivar los vínculos comerciales entre Punta Arenas e Islas Malvinas ha vuelto a encender alertas en torno al papel de esta ciudad como un enclave logístico clave para la proyección británica en el Atlántico Sur y la Antártida. Si bien la narrativa oficial insiste en una lógica de "integración comercial regional", analistas advierten que detrás de esta iniciativa subyace una estrategia geopolítica más profunda, que refuerza la presencia británica en una zona donde debería estar en repliegue.

La ciudad de Punta Arenas no es un actor nuevo en este tablero. En los últimos años, se ha consolidado como un nodo fundamental de apoyo logístico para las operaciones del Reino Unido en el continente antártico. Buques de la Royal Navy, vuelos militares de gran porte como el A400M Atlas —que ha aterrizado en la Base Aérea de Chabunco— y misiones científicas con base operativa en la Patagonia chilena son solo algunos de los elementos que dan cuenta de una infraestructura al servicio de los intereses británicos en el sur global.

Este rol ha sido interpretado por diversas voces regionales como una contradicción respecto de la histórica postura de América Latina en respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras Argentina insiste en una solución pacífica y negociada en foros multilaterales como la ONU y la CELAC, Chile sostiene una posición ambigua: por un lado, formalmente apoya el reclamo argentino; por otro, facilita —en los hechos— la operatividad británica en territorio ocupado.

La insistencia de sectores empresariales y algunas autoridades chilenas en establecer lazos comerciales con las islas, bajo control británico desde 1833, ha sido recibida con preocupación por analistas como Francisco Martín, quien alerta sobre la erosión de una postura regional común frente al colonialismo remanente. La potencial "normalización" del vínculo con Malvinas —en nombre de la cooperación logística o comercial— representa, en este sentido, un desafío diplomático para América del Sur y una señal de alerta sobre el rumbo estratégico de la política exterior chilena.

Punta Arenas se ha convertido en una pieza clave dentro de una arquitectura logística británica que busca sostener su presencia en dos espacios geoestratégicos de alta sensibilidad: las islas disputadas y el continente blanco. En este marco, la definición de los alineamientos políticos en la región será crucial para determinar si América del Sur avanza hacia una postura soberana y cohesionada o si se fragmenta frente a los intereses extrarregionales.

Repercusiones sobre la cuestión Malvinas y el desafío a la unidad regional

El acuerdo naval entre Chile y el Reino Unido ha provocado una ola de críticas desde distintos sectores del ámbito internacional, particularmente por su potencial impacto en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Si bien el tratado se presenta como una oportunidad de desarrollo para la industria naval chilena, el trasfondo estratégico del pacto refuerza la presencia británica en el Atlántico Sur y debilita la posición regional en apoyo a la causa argentina.

Según explicó el especialista argentino Francisco Martin en una entrevista con el medio Acentos, el acuerdo “tiene un sentido geopolítico detrás, que básicamente es por la proyección que busca el Reino Unido a partir de Malvinas en el Atlántico Sur y, sobre todo, en la Antártida”. Para Martin, este tipo de acuerdos “termina encerrando” a países como Argentina, cuya proyección biocontinental —con presencia tanto en América del Sur como en el continente antártico— se ve afectada por el afianzamiento británico en áreas clave.

El establecimiento de vínculos comerciales entre actores chilenos y las Islas Malvinas, así como el uso logístico de Punta Arenas por parte del Reino Unido para operaciones antárticas y militares, contradice el principio de solidaridad regional consagrado en múltiples foros, como la CELAC y UNASUR, que históricamente han respaldado la soberanía argentina. En este contexto, el tratado no solo debilita la posición diplomática de Buenos Aires, sino que también desafía la unidad sudamericana frente al colonialismo extrarregional.

A través del puerto de Punta Arenas, el Reino Unido ha reforzado una presencia constante en el extremo sur del continente, ya sea mediante escalas de buques de la Royal Navy, vuelos del A400M Atlas o expediciones antárticas que cuentan con infraestructura chilena como soporte. La normalización de estos movimientos operativos contribuye a consolidar de facto la ocupación británica del archipiélago disputado y a proyectar poder hacia el continente blanco.

En suma, la firma de este tratado se inscribe en una reconfiguración de los equilibrios geopolíticos regionales, donde la coherencia entre el discurso diplomático y las acciones concretas de los Estados será puesta a prueba. Para Argentina, que continúa su reclamo por las Malvinas en instancias multilaterales, este tipo de alianzas representa un obstáculo diplomático que exige redoblar esfuerzos en la articulación de una estrategia sudamericana común y efectiva frente a la injerencia británica en el Atlántico Sur.

Implicancias del acuerdo Chile-Reino Unido a la luz de la Resolución 31/49 de la ONU

La reciente intensificación de las relaciones entre Chile y el Reino Unido en materia de cooperación naval y logística antártica vuelve a poner en evidencia una preocupante omisión por parte del gobierno argentino frente a actos que violan disposiciones del derecho internacional, particularmente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta resolución, adoptada en 1976, insta a las partes involucradas en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen la modificación de la situación en el territorio en disputa, hasta tanto se resuelva el conflicto por medios pacíficos.

El uso del puerto chileno de Punta Arenas como plataforma de apoyo logístico a operaciones británicas en las Islas Malvinas y en la Antártida, así como la promoción de vínculos comerciales con el gobierno ilegítimo instalado por Londres en el archipiélago, constituyen actos unilaterales que refuerzan la ocupación británica.

Tales acciones contradicen no solo el espíritu de la resolución de la ONU, sino también la histórica postura de América Latina en apoyo al reclamo argentino de soberanía.

A pesar de ello, la Cancillería argentina ha mantenido un silencio llamativo ante estos acontecimientos. Este comportamiento se inscribe en una línea de política exterior promovida por el gobierno de Javier Milei, que ha priorizado una relación estrecha con potencias occidentales, en particular con Estados Unidos e Israel, y que ha manifestado públicamente su admiración por el modelo económico y político británico. En este contexto, la causa Malvinas ha sido desplazada de los ejes centrales de la diplomacia argentina, cuando no directamente soslayada.

La falta de pronunciamiento ante las reiteradas violaciones del estatus jurídico internacional de las islas —como los ejercicios militares británicos, las actividades pesqueras ilegales en la zona en disputa y la reciente cooperación con Chile— revela un patrón de conducta funcional a la consolidación de la presencia colonial británica en el Atlántico Sur. Mientras las potencias extrarregionales refuerzan su posicionamiento estratégico y logístico, el actual gobierno argentino ha optado por una pasividad que compromete no solo el reclamo histórico por las Malvinas, sino también la proyección del país en el ámbito antártico.

Organismos como el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, que deberían fungir como garantes del cumplimiento de los compromisos soberanos, han quedado relegados a un segundo plano, sin capacidad de incidir en la toma de decisiones concretas. Esta situación ha generado críticas desde distintos sectores de la oposición, académicos y exfuncionarios diplomáticos que advierten sobre el riesgo de “desmalvinización” bajo una retórica de alineamiento automático con los intereses de las potencias anglosajonas.

Frente a esta dinámica, resulta urgente repensar una política exterior coherente, que combine firmeza diplomática con una estrategia de integración regional en defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur. La causa Malvinas, lejos de ser un anacronismo, sigue siendo un componente central de la soberanía argentina y una prueba de fuego para la autonomía de su política internacional.

Conclusiones preliminares

El acuerdo naval entre Chile y el Reino Unido, lejos de ser un hecho aislado de cooperación técnica, se inserta en una estrategia británica más amplia de fortalecimiento de su presencia en el Atlántico Sur y la Antártida. En este contexto, la creciente funcionalidad de la infraestructura chilena —en especial el puerto de Punta Arenas— a los intereses logísticos y militares del Reino Unido genera un escenario inquietante para América Latina, cuya posición histórica ha sido la de respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

La construcción de vínculos comerciales con un territorio en disputa y ocupado ilegalmente por una potencia colonial, como lo son las Malvinas, socava los principios de solidaridad regional y de defensa de la soberanía que América Latina ha sostenido durante décadas. El involucramiento británico en proyectos de gran escala en territorio chileno, incluyendo posibles componentes duales de carácter estratégico, debe ser leído como parte de un diseño de control e influencia que excede lo económico.

En este marco, la actitud del gobierno argentino frente a estos movimientos preocupa. El silencio de la Cancillería ante tránsitos británicos con posible dimensión militar en el Atlántico Sur —que podrían violar la Resolución 31/49 de Naciones Unidas— no solo debilita la posición argentina en los foros multilaterales, sino que implica un corrimiento de los principios tradicionales de la política exterior nacional respecto a la cuestión Malvinas. El gobierno de Javier Milei, en su afán por sostener una alianza irrestricta con las potencias occidentales, parece desatender los riesgos geopolíticos que eso conlleva en el plano regional y para los intereses soberanos del país.

En tiempos en que resurgen disputas estratégicas por el control de recursos y territorios clave, como la Antártida y el Atlántico Sur, resulta imprescindible una mirada más crítica y activa por parte de los gobiernos sudamericanos. Lo contrario solo favorece la consolidación de esquemas coloniales en pleno siglo XXI.

Notas

1 Francisco Martin.
2 Almirante Juan Andrés De la Maza.
3 La armada de Chile firma acuerdo con Inglaterra.