En el siglo pasado Chile negoció los convenios de Washington (8 de mayo de 1951) en virtud de los que:

  1. Accedió a vender por su propia cuenta el 20% de la producción –nótese que en esa época el estado de Chile no estaba autorizado para disponer de una tonelada de cobre refinado para la exportación.
  2. Obtuvo un aumento de precio para el cobre vendido en EE.UU., de US $ 24,5 a 27,5 ctvs., por libra aumento que percibía íntegramente el Estado de Chile, y que representó US $ 25 millones de mayor ingreso anual. Recuérdese que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos congeló el precio del cobre en 11,5 centavos por libra, situación que se mantuvo inamovible hasta 1946.
  3. Recibió un préstamo de hasta US $ 15 millones para la minería cuprífera nacional, es decir, una suma equivalente a 12 años del presupuesto total de la Caja de Crédito Minero de la época.
  4. Las empresas norteamericanas reconocieron a obreros y empleados de Chuquicamata, Potrerillos y El Teniente un bono de 300 millones de pesos al año.

En síntesis, para mantener su desarrollo científico, tecnológico e industrial EE. UU. necesitaba negociar las condiciones leoninas con las que se desenvolvía desde 1905 la explotación del cobre amén de los minerales de salitre y hierro y que al día siguiente de la guerra ya no eran aceptables.

En 1933, la ley de Control de Cambios Internacionales otorgó a estos minerales el privilegio de no retornar a Chile, en dólares el valor total de las exportaciones, sino solamente del costo de producción a un tipo de cambio de $ 19 por dólar.

Hasta 1941 el Estado de Chile no había revisado este desequilibrio entre los intereses de Chile y el de las compañías norteamericanas. Ese año en la ley 7160 se modificó en parte esa situación lo que representó un mayor ingreso del orden de 500 millones de pesos al año.

Este historial revela una situación en la que la potencia dominante es obligada a ceder en virtud de sus propios intereses de inserción en un proceso de reestructuración del comercio mundial y fundamentalmente de parámetros de defensa que representan su seguridad nacional.

Antes de la Primera Guerra Mundial esta era un asunto relativamente limitado al continente americano, al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial esta se amplió a la presencia americana en el mundo.

El abastecimiento de materias primas de los países industrializados, constituye la vulnerabilidad central que debe explotarse para terminar con su control sobre el comercio internacional y negociar los términos de una nueva era en el comercio internacional.

EE.UU. por su poder, su envergadura, sus carencias, en fin, sus necesidades en energía, minerales, tecnología, capitales financieros, recursos humanos, etc., fatalmente derivó en intervenciones y compromisos internacionales, lo que determinó la creación de escudos en escenarios alejados de su territorio; es más, lo obligó a crear un entramado de influencias, créditos a su favor en intercambios fatalmente desfavorables para sus eventuales socios y siempre beneficiosos para sus intereses. De ahí la importancia de un entendimiento entre las potencias locales del Cono Sur. En el ámbito del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Perú) existen las potencialidades para articular mecanismos compensatorios a las oscilaciones especulativas de precio de las materias primas.

En el pasado se han establecido este tipo de mecanismos. Uno de ellos, diseñado en función de las economías industrializadas, se refiere a la Facilidad del FMI (1979). Como se fijaba en función de las partes de capital que los países poseen en el FMI, terminaba favoreciendo las economías industrializadas. Existe además el sistema Stabex, creado en la convención de Lomé I firmado en 1975 y refrendado en Lomé II (1980). Numerosos otros acuerdos se han negociado en los últimos 40 años en el seno de la UNCTAD y la CEE. Sin embargo, estos acuerdos no han logrado remontar las barreras que han impuesto al libre comercio las empresas mineras transnacionales, pues quien controla la fundición-refinación fija el precio del cobre electrolítico pues establece las condiciones del contrato en virtud del que se transa el metal.

Tampoco podemos obviar que en el caso de Chile las empresas de la Gran Minería del Cobre se han valido de una serie de mecanismos legales en materia tributaria para crear situaciones de privilegio. Uno de ellos destinado a eludir el pago de impuestos a la renta se refiere a organizarse jurídicamente como sociedades de personas. Otros, se refieren a la existencia de precios de transferencia; presentación de pérdidas en los mercados de futuro; la sustitución del royalty por un impuesto específico, al que se agrega el establecimiento de un impuesto adicional de 35% en reemplazo del 42% de invariabilidad tributaria, que no se pagaba (presidencia de R. Lagos); el reembolso de préstamos ficticios: las utilidades se remesaban al extranjero, disfrazadas de pago de intereses a otra filial de la casa matriz, gravados con sólo un 4%, reduciéndose de esa manera artificialmente las utilidades en Chile, pagándose en definitiva menos impuestos. Se consagró así la transformación del impuesto adicional de 35% en un impuesto del 4%.

Dos reservas en relación a la producción de commodities:

  • Altos precios llevan a especializarse en estos y profundizar la dependencia y subordinación a los países del Norte. En el pasado esto llevó a la «década perdida», cuando los altos precios de los commodities a fines de los 70 y comienzos de los 80 llevaron a las economías subdesarrolladas a endeudarse. Cuando los precios bajaron, no pudieron pagar la deuda y comprometieron su crecimiento. El exceso de divisas provenientes de los commodities, neutralizaron los esfuerzos por desarrollar otros sectores de la economía que fueron abandonados. Es lo que se llamó el «síndrome holandés».
  • El comercio es el mecanismo esencial del capitalismo mercantil en los siglos XV al XVIII. Pero también lo es cuando se trata de ampliar el ámbito de la globalidad a través de los monopolios, oligopolios, carteles de materias primas y su manufactura. Su característica ofensiva modifica las reglas del mercado e impone los precios. Es lo propio del capitalismo periférico (Prebish, 1981) donde la élite política que controla el Estado no tiene alicientes para modificar sus economías, por tanto, sin una modificación previa del Estado que instaure los intereses hegemónicos de la población y como prioritarios los objetivos del desarrollo económico no se logrará un avance estructural de la economía, eliminando la heterogeneidad estructural, los bajos salarios, la desigualdad social para así acceder a niveles de modernidad propias de una sociedad avanzada.

Esto es parte de la realidad de la producción minera de las Transnacionales con prácticas productivas y tecnológicas en detrimento del futuro de nuestra economía.

Es lo que se deduce de un estudio del profesor Juan Camus (Universidad de Playa Ancha) donde se establece que, de 1 tonelada extraída en la explotación de cobre, 973,15 kg corresponde a un complejo pasivo ambiental (escombros, relave, escorias y gases), 26,84 kg de concentrado y 9,05 kg de cobre fino, lo que equivale a una relación de concentrado/cobre refinado de 3,33 (=26,84/8,05).

Los gobiernos nacionales no se han interesado por llevar adelante una política de fundición-refinación y de manufactura del cobre postergando de esa manera indefinidamente el desarrollo de un sector minero-industrial de alta tecnología.