En su informe mensual de mediados de junio, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) informó del arresto por las autoridades israelíes de dos periodistas que acompañaban la frustrada misión del barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, impedido de desembarcar ayuda humanitaria para la población de Gaza. El mismo boletín consignó que 29 periodistas permanecían arrestados por las fuerzas rusas por negarse a difundir las versiones oficiales del Kremlin sobre la guerra contra Ucrania.

RSF recordó así mismo que en la última década hubo más de 200 periodistas atacados en el mundo durante coberturas sobre impactos del cambio climático, de los cuales al menos 25 fueron asesinados.

Entre junio y mayo, añadió la ONG, se registraron los asesinatos de los periodistas Javier Antonio Hércules Salinas en Honduras, Luis Augusto Carneiro da Costa en Brasil y José Carlos González Herrera en México.

El 6 de junio, durante las protestas en Los Ángeles por las políticas anti migratorias del gobierno de Donald Trump, hubo unos 36 periodistas atacados, la mayoría de ellos víctimas de violencia policial.

En tanto, se cumplieron seis meses de la desaparición forzada del reportero Habib Moruane Camara en Guinea, mientras en Francia se denunciaban dos casos de suplantación de voces de informadores radiales mediante Inteligencia Artificial para difundir noticias falsas (fake news).

Es muy probable que este 2025 se cierre con un balance más crítico sobre los profesionales de la información que el de 2024, año en que, según RSF, se contaron 550 periodistas encarcelados en todo el mundo, con un incremento de 7% con respecto a 2023.

Desde octubre de 2023 a diciembre de 2024, el ejército de Israel mató a 145 comunicadores en Gaza, 35 de los cuales fueron asesinados mientras realizaban su trabajo. El territorio palestino se ha convertido en la zona más peligrosa del planeta, sin señales de que acabe el genocidio, donde a las muertes de mujeres y niños se suma la información como otra víctima.

Los corresponsales de guerra son considerados la expresión mayor del periodismo como una profesión de alto riesgo. Sin embargo, hoy la amenaza no es solamente de los conflictos bélicos. El crimen organizado, que se asocia al narcotráfico y otras actividades mafiosas, está a menudo detrás de la eliminación física de periodistas de investigación.

Como consigna RSF, también las investigaciones periodísticas sobre conflictos ambientales son un campo peligroso. Puede tratarse de la explotación ilegal de recursos naturales, de la apropiación fraudulenta de territorios y patrimonios de comunidades y de episodios de contaminación de ríos y aguas costeras. Y también es peligroso reportear y denunciar casos de corrupción ligados a sobornos para dar curso a proyectos minerales, industriales o inmobiliarios.

Gobiernos enemigos del periodismo

Los ataques a la prensa y los periodistas no son algo nuevo, aunque en los últimos años van en aumento, sobre todo en el continente americano. En este panorama lo más preocupante es la acción de ciertos gobernantes que no solo se desentienden de sus deberes de proteger la libertad de expresión, sino que además transforman a periodistas y medios en sus enemigos e invierten esfuerzos y recursos en denigrarlos y fomentar la difusión ampliada de informaciones favorables a sus fines, incluso recurriendo a las fake news.

Durante muchos años, sobre todo en el escenario de la Guerra Fría (supuestamente concluida en 1989), desde Occidente se propagó el discurso de que en los países del llamado “socialismo real” no existía una prensa libre, acusación que también se hacía a gobiernos dictatoriales en el entonces llamado Tercer Mundo.

Hoy en día ese discurso perdió vigencia. Es desde Estados Unidos, país que se reivindicó siempre como ejemplo de la libertad de expresión, que hoy llegan a diario noticias sobre coacciones del gobierno del presidente Donald Trump contra medios de comunicación y periodistas, a menudo acompañada de declaraciones que estigmatizan y distorsionan el trabajo de la prensa.

Señales más o menos similares provienen desde Argentina, a través del presidente Javier Milei. Declarado aliado y seguidor de Trump, Milei parece competir con él en el empleo de un lenguaje descalificador contra los medios y profesionales de la prensa que levantan informaciones y análisis alternativos a lo que quiere programar como verdad oficial.

Desde la empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hasta las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los colectivos independientes de comunicadores, se levantan voces de alarma sobre el crítico momento en las relaciones de la prensa con algunos gobiernos.

El inventario de Donald Trump en este sentido es extenso y refleja una postura megalómana y absolutista, por ejemplo, con las restricciones de acceso a fuentes oficiales a la agencia Associated Press, porque sigue mencionando al Golfo de México como tal y no lo rebautiza como Golfo de América.

Un balance de los primeros cien días de Trump en la Casa Blanca registraba el amedrentamiento contra prestigiosas cadenas informativas de televisión como NBC, CBS y ABC, actualmente bajo investigaciones ordenadas por Brendan Carr, nombrado al frente de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones por el nuevo gobierno.

“Las medidas adoptadas por la Casa Blanca que limitan la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo y documentar lo que está ocurriendo no tienen precedentes”, dijo en abril Katherine Jacobsen, responsable en Estados Unidos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). “Este intento de controlar la narrativa amenaza la libertad de prensa y los valores democráticos estadounidenses”, agregó.

El magnate Elon Musk, hasta junio fiel acompañante de Trump, llegó a declarar que los periodistas del programa “60 minutos” de la cadena CBS merecen “largas penas de cárcel”. Un ataque que no es casual, ya que Musk es uno de los principales promotores de medidas de desplazamiento de los medios tradicionales de prensa, comenzando por The New York Times.

En esa dirección, en los accesos a ruedas de prensa del presidente y sus ministros se tiende a dar privilegios a sitios online de extrema derecha y a influencers, podcasters y comentaristas afines a Trump desde su anterior gobierno.

El mandatario estadounidense quiere un sistema de difusión subyugado a sus políticas y entiende que en esa dirección no será acompañado por la mayoría de los medios tradicionales de la prensa y la televisión. Por ello, y en concordancia con las pérdidas de lectores y televidentes, su estrategia mediática pasa por saturar las redes sociales y ser permisivo con mensajes descalificadores y noticias falsas.

Milei, Bukele y Ortega

Uno de los primeros actos de Milei al asumir el gobierno fue el cierre de la agencia estatal Télam, en otro rasgo de sintonía con Trump que cerró las radios públicas de los Estados Unidos con emisiones para América Latina, Europa y Asia.

El discurso hostil y amenazante del mandatario argentino registra en entrevistas calificativos contra los periodistas opositores del siguiente calibre: “infradotados”, “lacra inmunda”, “ensobrados”, “muy mierda”, “basura humana” y “mandriles”. “El periodismo siempre ha sido la prostituta de la política. Si odiás a los políticos, odiá más a los periodistas”, declaró.

Según un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) a fines de 2024, reseñado por el diario La Nación, Milei lanzó 56 ataques contra el periodismo en su primer año. El gobierno fue responsable de 173 agresiones a la prensa en un año. El 69,3 % provino directamente de funcionarios públicos y el resto del propio presidente.

La mayoría de las agresiones fueron verbales, a través de discursos que estigmatizaban la labor periodística o cuestionaban la integridad de los profesionales. Hubo 275 víctimas de estos ataques: 153 periodistas varones, 57 mujeres, 15 medios de comunicación, y en 24 casos, el blanco fue la prensa en general.

Ya no hay diferencias ideológicas en las ofensivas gubernamentales contra el periodismo. En apariencia, Daniel Ortega, el nicaragüense amigo de Nicolás Maduro, está en las antípodas del salvadoreño Nayib Bukele, recibido con honores en la Casa Blanca por Trump en abril.

A fines de mayo, Bukele emuló a Ortega e hizo aprobar una ley que permite al gobierno calificar de “agentes extranjeros” a organizaciones civiles y medios de comunicación que reciben fondos del exterior. La normativa castiga con altas multas a las entidades que no se inscriban en un registro especial y las que lo hagan deben dar el 30% de sus ingresos al gobierno.

En su ranking de libertad de prensa del año 2025, sobre 180 países, RSF asignó el lugar 57 a Estados Unidos, el 87 a Argentina, el puesto 135 a El Salvador y el 172 a Nicaragua.