No parece, a tenor de los resultados obtenidos, que la lucha contra el cambio climático sea una de las prioridades en la agenda política de la Unión Europea. Año tras año, bosques enteros desaparecen a causa de incendios que se repiten siguiendo un mismo patrón: una biomasa que alimenta el sotobosque, que crece sin control y de la que nadie se responsabiliza, constituye uno de los factores que explican la dramática situación actual. No el único, por supuesto. Generalmente, sin embargo, hay una falta efectiva de prevención y control.

Para Víctor Resco, ingeniero de Montes y profesor de la Universidad de Lleida, la tragedia ocurrida en Los Gallardos (Almería) era algo previsible desde hacía años, y, según sus propias palabras… “hemos tenido mucho tiempo para anticiparnos y no lo hemos hecho”1.

La de Resco no es la única voz autorizada que se expresa en similares o parecidos términos. Para Israel Naveso, portavoz del sindicato de Bomberos de Madrid, “es muy evidente que el Gobierno madrileño no está invirtiendo lo necesario en el mantenimiento y la limpieza de sus montes”2.

La Comunidad de Madrid, a la que denuncia el señor Naveso en sus declaraciones, es el paradigma que explica no pocas de las plagas que asuelan en este momento al Reino de España: negligencia interesada, primacía de lo privado frente a lo público, hostilidad política permanente, nula colaboración con los aparatos del Gobierno central. El Estado de las Autonomías, transcurrido medio siglo de su formulación en la Carta Magna, más parece en este momento cueva de pillos dispuestos a arramblar con todo, que solución inteligente al problema, ya secular, de la integración territorial de la rica diversidad española. Nadie, en verdad, parece asumir que el cambio climático sea una prioridad, no ya nacional, sino continental y global. Una parte nada desdeñable de la clase política española desprecia cuanto ignora sobre este problema, y practicando la política del avestruz, confía en ese «mañana» —del que tanto abominara Mariano José de Larra— para que la solución caiga del cielo como por arte de ensalmo.

La situación no afecta únicamente a España, siendo como es uno de los países más castigados por el cambio climático. Francia, Italia, Grecia, Portugal… atraviesan tiempos de gran tensión y preocupación ante el futuro de ecosistemas que son básicos para el sostén de la vida a lo largo y ancho del territorio. Basta una somera lectura de cuanto ocurre en nuestro entorno para comprender que nuestra existencia, en un futuro nada lejano, se verá comprometida de forma irreversible.

Es esta una realidad que se venía anunciando desde hace más de cincuenta años, y a la que nadie ha prestado oídos. La única inquietud, por parte de toda clase de administraciones, era y sigue siendo la de crecer indefinidamente, como si ello fuera posible sin arrostrar las consecuencias catastróficas a las que un modelo de desarrollo de tales características nos está llevando. Eso sí, todo el mundo proclama la consabida frase de que cualquier propuesta de crecimiento habrá de contemplarse, de acuerdo con los parámetros propios de un planteamiento verosímil.

«Crecimiento sostenible»: fórmula mágica que más parece operar como conjuro o talismán que como línea política efectiva, central, por parte de los diferentes poderes que integran el entramado de la Unión Europea.

Los burócratas que nos gobiernan desde Bruselas sólo escuchan la marea de informes que diariamente reciben: datos, análisis, reuniones, solemnes declaraciones… pronunciadas con la simetría propia de una lengua aséptica, inodora e insípida.

A España, como a otros países, le «tocó en suerte», en la división internacional del trabajo diseñada por la Comisión Europea, ser un país dedicado a implementar el sector terciario, y, dentro de la amplia gama de servicios que ofrece, el de la industria del turismo se lleva la palma. La palma de oro que sociedades multinacionales explotan en beneficio, no de la ciudadanía y del estado del bienestar, sino de paraísos fiscales donde acumulan fantásticas sumas de dinero. Líquido elemento que no están dispuestos a compartir con nadie.

Así repartidas las cartas de la baraja, el problema de la energía para España es más que palpable, y el sistema ideado para soportar una demanda de tipo medio empieza a hacer aguas cuando el crecimiento que se proyecta es de carácter ilimitado, y, por ende, insostenible. Lo cual genera el efecto, entre otros, de desplazar una migración constante del campo a la ciudad y de vaciar grandes extensiones del interior peninsular en beneficio de polos urbanos que se expanden constantemente junto al litoral.

El «modelo Barcelona» es un buen ejemplo de todo ello.

La ciudad ha triplicado su población, hasta el punto de que encontrar vivienda es ya misión imposible; los precios al consumo, sobre todo los de la cesta de la compra, se han disparado de tal manera que vivir es una carrera de obstáculos sin recompensa alguna a final de mes; la sanidad, la educación, el medio ambiente… gravemente dañados por una gestión cicatera que sólo privilegia el turismo en beneficio de grandes sociedades que, como bien dicen las gentes del lugar, «se lo llevan calentito» a lugares de ensueño donde nadie rinde cuentas.

Así pues, no hay salida para una planificación de este tipo. La reproducción de la masa de capital exige recursos primarios que agotan las fuentes de las que proceden, y el campo, abandonado allí donde las grandes compañías agrícolas no obtienen el rédito requerido, se convierte en una bomba que el cambio climático detonará hasta desembocar en un incendio de carácter inextinguible.

Quienes asumen el problema y comprenden la urgencia que plantea esta situación, es decir, el Gobierno central y comunidades afines al diagnóstico emitido por el mismo, destinan más medios a combatir esos incendios que a prevenirlos. No parecen advertir la necesidad de invertir el esquema: procurar un cambio significativo en el clima cultural y político de nuestra civilización, y curarse en salud, antes que aplicar remedios que, según los expertos, llegan demasiado tarde y resultan poco o nada efectivos.

Pero donde el escándalo remueve la indignación más profunda en el alma de cualquier ciudadano, es allí donde la extrema derecha española, esa que aún reclama con orgullo la «herencia» recibida de Francisco Franco, niega cuanto es evidente. Esa es, desde cualquier ángulo que se observe, gente intratable: grosera, inculta y zafia donde las haya. Pero que constituye una masa amorfa que está adquiriendo un poder creciente en el seno de la sociedad, y a la que, para mayor escarnio si cabe, la derecha le baila el agua. No solamente niegan el cambio climático: afirman sin rubor alguno que los culpables de todo este estropicio no son otros que aquellos que empiezan a poner en práctica políticas de carácter ecologista.

Proyectos que persiguen transformaciones necesarias con relación al cambio climático, análisis científicos efectuados en todo el mundo, voces que nos advierten del grave riesgo que corremos… nos avisan del coste que tendrá esa actitud de cruzarse de brazos y no hacer nada: hundimiento general y colapso del sistema.

Mas esas voces, como la de Casandra, no solamente no son escuchadas… Están malditas para quienes —como ya sucediera en tiempos antiguos— no saben hacer otra cosa que escupir en la boca de quien tenga el don de la profecía.

Ignorando el peligro que se cierne sobre Troya, prefieren refugiarse en la evocación de un pasado que nunca volverá. Repudiando cualquier paisaje futuro, desean perecer en el fuego antes que abrir los ojos y renunciar al sueño imposible de su delirio.

Ellos, pues, conforman el anatema de nuestro tiempo; y sólo el canto de la sibila sabe en qué instante se ahogarán en el remolino de su propio descrédito.

Notas

1 El País, 11/07/2026.
2 ibid. 25/07/2026.