Para John Locke el peor gobierno es la monarquía absoluta que él denomina tiranía y que era el predominante en su época. Según su criterio se trataba del ejercicio del poder fuera de la ley.

En la monarquía absoluta el poder político estaba concentrado en una sola persona, el rey o la reina, quien elaboraba las leyes, las ejecutaba y también juzgaba como representante de la ley. Es decir que las funciones legislativa, ejecutiva y judicial del Estado estaban concentradas en la persona de un único mandatario.

Ese era el sistema político predominante en la Europa y el mundo del siglo XVII con las excepciones notables de Inglaterra y Holanda. Ante tal realidad predominante en su época, Locke publica su Segundo ensayo sobre el gobierno civil en 1690 y promueve la suscripción de un pacto social como medio para fundar un gobierno civil y legal, representativo de la mayoría de los ciudadanos.

El gobierno civil se diferenciaría de la monarquía absoluta en varios sentidos; en primera instancia, nacería de un pacto social de la mayoría y no de la herencia dinástica. Representaría a la mayoría de la población y no a una casa reinante. Asimismo, se regiría por la ley y no por la arbitrariedad y los privilegios de un monarca gobernante.

La preocupación central de Locke era cómo sustituir a las monarquías absolutas por un tipo de gobierno nuevo, desconocido en su tiempo, basado en la voluntad de la mayoría y no simplemente en la voluntad de un monarca.

Para generar ese cambio propuso varios caminos. En primer lugar, el pueblo (y no el rey) debe ser el soberano. En segundo lugar, la soberanía popular debe delegarse en los poderes legislativo y ejecutivo. En tercer lugar, los poderes del Estado deben estar divididos para evitar que se concentren en una sola persona gobernante. En cuarto lugar, en lugar de la monarquía absoluta debe instaurarse un estado de derecho o imperio de la ley que garantice al menos tres derechos naturales fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad de los ciudadanos.

En dicho nuevo orden, el pueblo deja atrás la libertad natural de la que disfrutaban en el estado de naturaleza y pasan a vivir en la libertad civil, que es una nueva forma de libertad dentro de la ley.

Este punto es esencial en Locke: la libertad civil y verdadera solamente es posible dentro de la ley y el Estado de derecho.

Por otra parte, en vez de proponer la abolición del estado, postula dividir el poder del estado en tres funciones o poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También propuso un poder federativo para que se encargara de las relaciones exteriores del Estado.

El tema de que el gobierno civil debe nacer de la mayoría y de la soberanía popular es tan esencial que en su época se llamó a dicha forma de poder como gobierno mayoritario.

Con este tipo de ideas, John Locke trató de brindar legitimidad a la revolución inglesa de 1688 y se convirtió en el fundador del llamado liberalismo político. Asimismo, influyó de manera determinante en las ideas de la Declaración de la Independencia (1776) y en la Constitución de los Estados Unidos de América.

Es importante recalcar tres rasgos del pensamiento político del autor: no propone la abolición del Estado, sino su división en tres poderes y su sometimiento a la ley. No propone eliminar la ley, sino fortalecerla y ponerla al servicio de la mayoría y de las ideas de la libertad. No promueve la libertad absoluta, sino la libertad dentro de la ley. Es decir que, claramente, el autor no era enemigo del Estado, sino su reformador, ni enemigo de las leyes, sino su promotor. No era, por lo tanto, ni anarquista, ni anarcocapitalista, sino simplemente un liberal.

Uno de sus discípulos más destacados fue el francés conocido como el Barón de Montesquieu, especialmente por su célebre capítulo sobre la división de poderes en su obra cumbre que tituló El espíritu de las leyes. Allí también Montesquieu apunta su crítica contra el absolutismo francés que se caracterizaba por la concentración del poder político en un solo personaje: «El Estado soy yo».

Su programa político de división y equilibrio entre los poderes del Estado tiene como fines destronar la tiranía de su tiempo y lograr la libertad política.

Su propuesta de división de poderes establece que cada poder del Estado debe servir de freno o contrapeso a los demás. Así, por ejemplo, el ejecutivo puede vetar las leyes del legislativo y el legislativo elabora las leyes y controla al poder ejecutivo. Dicha propuesta tiende a buscar un equilibrio o balance de poderes que haga posible la libertad política en vez de la concentración del poder y los privilegios en las monarquías absolutas.

Tanto el inglés John Locke como el francés Barón de Montesquieu fueron autores clásicos y fundadores de un liberalismo político que contribuyó de manera significativa a destronar el «derecho divino» de los reyes y los regímenes de monarquía absoluta que constituían, sin duda, formas de tiranía, de gobierno fuera de la ley que hacía imposible la libertad política.

Hay que releer de nuevo a estos dos gigantes del pensamiento para valorar las enormes ventajas y avances que representa la libertad política en la historia de la humanidad.