El pasado 8 de mayo el nuevo presidente de la República de Costa Rica hizo su juramento constitucional, de aceptación de cargo, por los próximo cuatro años, ante el presidente de la Asamblea Legislativa. Para mí este tiene enorme trascendencia porque de hecho acepta el presidente someterse ante el pueblo soberano representado en el cuerpo legislativo nacional; acto de juramento que le obliga a presentar un informe anual de labores cada año, el 30 de abril, para su discusión parlamentaria, sobre su gestión y administración del gobierno y sobre el estado de la nación durante su mandato.

El nuevo presidente es una sorpresa para toda la comunidad nacional y para la comunidad política en particular. Llegó al país después de más de 30 años de servicio en el Banco Mundial, traído por la administración anterior, del presidente Carlos Alvarado, para que dirigiera su Ministerio de Hacienda, cargo que tuvo por escasos seis meses, al que renunció por desavenencias de políticas entre ambos, con cierto impacto positivo a favor de su figura en esos días, que lo incrustaron en el proceso político electoral que estaba en marcha en el 2021.

El proceso electoral iniciaba en noviembre del 2021 y terminaba en una primera ronda de votación el 6 febrero de este año, donde quedó de segundo finalista, y en una segunda ronda, porque ningún candidato sacó el 40% de los votos exigidos para ganar, que se realizó el 3 de abril, terminando de primero y ganador presidencial.

En el aparato institucional costarricense, este nuevo gobierno inicia su actividad con un cambio muy importante en el trabajo legislativo. Por primera vez las sesiones parlamentarias, llamadas extraordinarias, donde el poder ejecutivo tiene la iniciativa de ley, de presentar los proyectos de ley, la tiene el presidente por los próximos tres meses, alternando sesiones, con ordinarias, donde de la iniciativa de ley es de parte de los diputados, por períodos trimestrales.

Con esta reforma se pretende una mejor posibilidad de arranque de gobierno, en la cual el presidente pueda presentar proyectos de ley vinculados a su plan de gobierno y de ofertas electorales hechas durante la campaña electoral. Con ello también se pretende dar confianza al electorado, hoy muy decepcionado de los políticos, de la política, de los partidos políticos, de los gobernantes y partidos gobernantes, que incumplen lo que prometen atender de los principales problemas del país y de los ciudadanos. En cierta forma se produce un desgaste de la democracia electoral misma, y hasta se ha alimentado, sin éxito el surgimiento de tendencias populistas de líderes autoritarios.

En esta campaña electoral que acaba de terminar, con el ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la república, participaron 25 partidos, con candidatos presidenciales, y entre 25 y 30 partidos a la vez, en cada una de las siete provincias del país, con candidatos a diputados. De los partidos con candidatos a la presidencia solo seis obtuvieron porcentuales de votación que les permite reconocimiento de deuda electoral por parte del Estado, y los 19 restantes, no solo quedaron fuera de este financiamiento, sino que quedaron con porcentuales de votación inferiores al 4%, la mayoría rondando el 1%.

De todos los partidos que participaron con candidatos a diputados, solo seis eligieron diputados, en un número muy parecido, el partido principal ahora de oposición, Partido Liberación Nacional, de orientación histórica socialdemócrata, con nueve experiencias gubernativas desde 1953, postulando al expresidente José María Figueres, pero primer finalista a la segunda ronda, con 19 diputados, el del nuevo gobierno, del nuevo Partido Progreso Social Democrático, con 10 diputados, el Partido Unidad Social Cristiana, con experiencia gubernativa de seis gobiernos, tres con ese nombre, el Partido Nueva República, de orientación cristiana no católica, neopentecostalista, con 7 diputados, y dos partidos con seis diputados cada uno, el Liberal Progresista, nuevo en esta elección, de concepciones neoliberales y el Frente Amplio, con su quinta fracción parlamentaria desde el 2006, la versión de la presencia de izquierda no marxista, no comunista, partido miembro del Foro de Sao Paulo, en el escenario legislativo.

El partido que estaba gobernando, Acción Ciudadana, de manera seguida desde el 2014 y el 2018 hasta el 2022, con cinco participaciones parlamentarias desde el 2002, quedó barrido del escenario electoral: perdiendo la reelección presidencial, sin derecho a financiamiento electoral, y sin elegir un solo diputado, con un rotundo fracaso político y electoral, cargado de enormes deudas resultado de la elección que tienen que cubrir por sí solos, y con deudas de procesos electorales anteriores, que se discuten en tribunales de justicia.

El número total de diputados en la Asamblea legislativa es de 57. El actual partido gobernante tiene 10, cifra igual al anterior partido gobernante, lo que le hace muy difícil su accionar político y legislativo, si no realiza una buena gestión política de relación del poder ejecutivo con el legislativo, tarea encomendada a una exlegisladora, Natalia Díaz, también candidata presidencial de uno de esos partidos pequeños perdedores electorales, pero que al haber sido legisladora le da alguna ventaja en ese manejo diplomático político entre estos poderes de Estado.

La Asamblea Legislativa eligió su Directorio Legislativo, el pasado 1 de mayo, grupo encargado de dirigirla durante un año, ante el cual se juramentó el nuevo presidente. Tradicionalmente, en los últimos dos gobiernos de Acción Ciudadana, a pesar de que habían obtenido 14 y 10 diputados respectivamente, por cortesía política institucional le habían dado la presidencia del poder legislativo en el primer año de arranque lo que no sucedió en esta ocasión, teniendo la presidencia del congreso el Partido Liberación Nacional, con un político, Rodrigo Arias, muy fogueado en este campo, dos veces Ministro de la Presidencia, de los dos gobiernos de su hermano el premio Nobel de la paz, Oscar Arias Sánchez, quien es además un empresario exitoso y representante importante de sectores empresariales, que de alguna manera se enfrentan desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa. Los primeros discursos de Rodrigo Arias han ido perfilando ese PODER de representación y de jefe real de la oposición principal legislativa. Excepto el Frente Amplio y el partido de gobierno, el resto de los partidos, todos identificados, bajo conceptos neoliberales, en sus distintas intensidades, han firmado un acuerdo de trabajo legislativo, que arrastrará inevitablemente a esos otros dos partidos, el Frente Amplio y al de gobierno, el Progreso Social Democrático, que de socialdemócrata solo tiene el nombre.

Este Partido de Gobierno es tan nuevo como el mismo presidente en sus caminos políticos. Se fundó para esta campaña electoral que acaba de terminar, es decir tiene pocos meses de existencia. Su éxito se debió entre otros aspectos a la forma como abordaron la campaña electoral, presentándose como la alternativa del cambio frente a todo lo que existía políticamente, con la intención de provocar los cambios «comprándose las broncas» que hubiera que «comprarse». Su imagen fue de cambio, de renovación, de frescura, de barrer la corrupción que se sentía en el ambiente político, de nuevas caras, y nuevas formas de gobernar, entre ellas la de escogencia de candidatos a puestos de gobierno, no por afinidad política, experiencia política, que ese partido obviamente no tenía, sino por escogencia de perfiles profesionales para los puestos ministeriales, como se escogen los funcionarios de las empresas en general. Así se integró su primer gabinete o consejo de gobierno, con gente que entre sí no se conocía, no tenían experiencias políticas comunes. De esos primeros nombramientos, en una semana resultaron dos bajas, una de carácter ministerial porque no tenía los requisitos legales que el puesto exigían y un viceministro de cultura por enfrentar un juicio que no se la ha resuelto aún. Ha habido ciertos desacuerdos relacionados entre lo que dice el presidente y alguno de sus designados, que han tratado de explicar indicando que es cuestión de interpretaciones de palabras. El presidente sí ha marcado su cancha indicando que los ministros no tienen agenda propia, que están sujetos en todo a las directrices que él determine.

La Asamblea Legislativa prácticamente ha estado paralizada, trabajando a muy baja intensidad por la falta de proyectos de ley que no envía el poder ejecutivo, y porque hasta el lunes 16 de mayo, se ha iniciado el nombramiento de las Comisiones Parlamentarias, que es donde deben llegar los nuevos proyectos de ley, motivo que el gobierno ha aducido para su atraso. Sin embargo, el presidente, hábilmente, en ausencia de proyectos de ley preparados por él o su equipo de gobierno, ha solicitado a los cinco partidos opositores, que le presenten sus tres o cinco proyectos prioritarios, cada uno, para introducirlos a la corriente legislativa para su debate, con lo cual tiene agenda para trabajar, y hacer sesionar a la Asamblea Legislativa que, en caso contrario, sin proyectos de leyes, en estos tres meses no podría sesionar.

Una de las manifestaciones que hacía de fuerza el presidente electo es que gobernaría por decreto, lo que normalmente hace el poder ejecutivo. Hasta ahora no ha podido articular un grupo de decretos que marquen ruta presidencial. Habla de decretos, que no firma ni publica oficialmente, que es como si no existieran. Uno de ellos, el de eliminar el uso de las mascarillas para la atención de la covid y de liberar a la población de la vacunación obligatoria, fue una cesión que hizo a los grupos pentecostales y antivacunas por el apoyo que recibió de ellos para las elecciones en la segunda ronda, sin que se pueda determinar con certeza cando influyeron o apoyaron en ese sentido. Esta medida que se presentó como la más importante e impactante ha provocado la reacción de los grupos científicos y autorizados del país en contra de esa medida, las universidades públicas y privadas en sus escuelas de Medicina, del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de grupos de especialistas médicos. Frente a esta reacción el presidente hizo el ridículo de aplicarse la cuarta vacuna, al mismo tiempo que decía, mientras lo vacunaban en cámaras de televisión, que él se vacunaba pero que respetaba a quienes no lo hicieran.

El impacto de la irresponsabilidad presidencial, en materia de salud pública, ya se está viendo. En Costa Rica están aumentando los casos de contaminación de la quinta ola de la covid, diariamente. Los sistemas hospitalarios y sanitarios del país ya lo están advirtiendo y llamando la atención sobre este problema, que finalmente se atiende en hospitales, lo que puede llegar a ser un serio problema nacional y de salud pública.

La comunicación, es el talón de Aquiles de los últimos gobiernos, y de casi todos, porque no le dan un enfoque de comunicación política. En este momento la comunicación oficial está fallando mucho. Sigue arrastrando los males de la comunicación de los gobiernos anteriores, sin justificar el proyecto político de gobierno por las acciones que se ejecutan.

De seguir así el país va a entrar a jugar a la piñata, a ver que sale… de cada acto de gobierno. De seguir así me parece que la tendencia es la renovación constante de los miembros del gabinete… Eso lo veremos en los primeros pasos de este primer año.

No es lo que se desea del nuevo gobierno, pero expresa que quienes están al frente, hasta ahora, conocen muy poco de la administración pública y de los procesos legislativos y pueden hundir más al país…